Se niega a la familia de Don Angel Ossorio y Gallardo la devolución de lo incautado que está en poder del Archivo de Salamanca

La Audiencia rechaza devolver los documentos incautados durante la Guerra Civil

El tribunal advierte sobre la discriminación que la ley ejerce con los españoles a los que el franquismo arrebató sus documentos, pero rechaza la devolución de éstos a la familia de Ángel Ossorio y Gallardo, defensor de la República y ministro con Alfonso XIII

SERGIO LEÓN - Madrid - 23/12/2008 13:02

La Audiencia Nacional ha lanzado una advertencia sobre la discriminación que sufren los españoles no catalanes cuyos documentos fueron arrebatados por el franquismo, aduciendo que no existe una norma, como la 21/2005 con la que se devolvió a la Generalitat los llamados "papeles de Salamanca", que regule su restitución.

Sin embargo, en el caso de la documentación de Ángel Ossorio y Gallardo (Madrid, 1873-Buenos Aires, 1946), defensor de la República durante la Guerra Civil y ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII, ha rechazado su devolución a la familia porque no hay "sustento legal" para ello, aunque sí declara su derecho a conocer por medio del Ministerio de Cultura si la documentación incautada se encuentra en el Archivo General de la Guerra Civil.

Fuentes de la defensa del caso han declarado a Público que piensan "recurrir al Tribunal Supremo, ya que el ordenamiento jurídico tiene los instrumentos necesarios para eludir el resultado discriminatorio de la incautación de la documentación".

Asimismo, las mismas fuentes han dejado constancia de que "los actos de fuerza producidos durante la Guerra Civil no generan derechos de propiedad a pesar de la posesión prolongada de los documentos", lo que da más fuerza a la posible devolución de todos los documentos incautados.
Declaración de intenciones

A pesar de que el tribunal declara que muchos de los documentos arrebatados por el franquismo y custodiados en el Archivo de Salamanca, como los que reclaman los Ossorio, "constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad", no ha querido ir más allá y la sentencia se ha quedado en una simple declaración de intenciones.
Los documentos "debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados"

"Como patrimonio que son de su intimidad, si así lo desean los interesados o, si ya han fallecido, sus legítimos sucesores, debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados", concluye la resolución, dictada por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

"Sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en aras a preservar ese derecho (...) a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en circunstancias similares", señala el documento.
"Papeles de Salamanca"

La Ley 21/2005, "de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica", regula la restitución de los papeles al Gobierno catalán y a los ciudadanos de esta Comunidad, pero no a los del resto de España.
La Ley de Memoria Histórica tampoco ha remediado la situación


Con la aprobación, hace un año, de la Ley de la Memoria Histórica, se esperaba que la situación pudiera cambiar, pero nada más lejos de la realidad. En este caso, tampoco se habilitó ni reguló los procedimientos a seguir, confirmándose, de hecho, que todos los documentos "obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura" constituyen parte del patrimonio del Estado.

La nueva sentencia de la Audiencia Nacional ha supuesto un mazazo para la familia de Ángel Ossorio. Además de ministro, fue también decano del Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Ateneo y de la Real Academia de Jurisprudencia, diputado nacional, gobernador civil de Barcelona y embajador de España en Bruselas, París y Buenos Aires, según se ha hecho eco la agencia EFE.

Este hombre luchó contra la sublevación franquista y fue defensor de los valores de la República hasta el día de su muerte durante su exilio en Argentina.

Los alcaldes de Alburquerque, Villar del Rey y San Vicente de Alcántara recogen mañana las cenizas de las personas asesinadas en Valdihuelo (Badajoz).

Mañana, víspera de Navidad, ellos también volverán a casa. Eran 30, 60, o 117 personas, hombres y mujeres, la mayoría jóvenes. Uno de ellos tenía sólo 14 años, otro, apenas un año de edad.

Fueron sacados de sus hogares por la fuerza y han permanecido más de 70 años en el interior de la mina de Valdihuelo (San Vicente de Alcántara). Sus restos serán incinerados mañana todos juntos en el crematorio del cementerio nuevo de Badajoz, y luego regresarán en forma de cenizas a sus pueblos de origen.

Por mucho que los paleopatólogos de la Universidad de Extremadura han estudiado los restos, hueso por hueso, no se sabe con certeza cuántos de los que fueron detenidos en las noches de verano de 1936 en los pueblos de Alburquerque, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey terminaron sus días arrojados de cualquier manera en el interior de la mina de Valdihuelo, en realidad una cata minera en forma de pozo, de 12 metros de profundidad.

Los estudios historiográficos estiman que fueron 62 personas, aunque los informes de los paleopatólogos hablan de un mínimo de 30 cuerpos y un máximo de 117. Sus restos, custodiados en la Facultad de Medicina de Badajoz, apenas llenan ahora el interior de una caja del tamaño de un ataúd.

Los huesos, que permanecían custodiados en la Facultad de Medicina, serán incinerados todos juntos por deseo expreso de las familias y el acuerdo de las instituciones y los municipios de origen. Los cuerpos habían permanecido así durante todo este tiempo, mezclados, en la oscuridad y el silencio de la mina, y juntos seguirán. La corrosión y la humedad los dañaron de tal forma que resulta imposible cualquier intento de identificación individualizada.

Tras la incineración, las cenizas serán colocadas en tres urnas distintas que serán recogidas en el lugar por los alcaldes de los tres pueblos que se vieron unidos por el triste destino de sus antiguos vecinos: Andrés Hernáiz (San Vicente de Alcántara); Ángel Vadillo (Alburquerque); y Eduardo Durán (Villar del Rey).

El proceso, cargado de simbolismo, será seguido por responsables de asociaciones de la Memoria Histórica y familiares de algunos de los que fueron arrojados a la mina.

«Cuando no encontramos razones materiales exactas, proponemos símbolos, y en esta historia pasa eso. Como no hay anatomías completas que devolver a las familias, hay que hacer un símbolo, porque el hombre es un animal simbólico que sigue pensando en la trascendencia de la muerte», explica Cayetano Ibarra, coordinador del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.

San Vicente

Andrés Hernáiz se muestra muy satisfecho con la celebración de este acto que pone y punto final a la larga intervención llevada a cabo en Valdihuelo, que empezó a excavarse en 2005.

En su opinión, la solución de incinerar juntos los restos de vecinos fusilados de varios pueblos y luego devolver las cenizas a sus localidades de origen puede servir de ejemplo en otros lugares.

«El espíritu de este acuerdo alcanzado entre las familias y los municipios implicados es muy bueno. La solución tomada es una decisión compleja que costó muchas horas de reflexión y de conversación», explica el alcalde.

En San Vicente de Alcántara ya está todo preparado para recibir las cenizas. En el cementerio, sobre el lugar en el que se cree que está la fosa común de los que fueron fusilados allí, se ha construido un monolito en el que se colocará la urna.

En el monumento se escribirán los nombres de todos los represaliados para que sus familiares y amigos tengan un sitio en el que poner flores y recordarles. «Darles un enterramiento digno era una cuestión pendiente», reconoce Hernáiz.

Alburquerque

En Alburquerque las cenizas permanecerán custodiadas en el Ayuntamiento durante varios meses, hasta la primavera.

El pueblo ha decidido esperar a Rosa Casanovas Roca, la primera persona que rompió el silencio que pesaba en Alburquerque sobre el paradero de los desaparecidos durante la Guerra Civil, y que exigió que se abriera la mina para recuperar los restos de su madre, Serafina Roca Solana que, cuando desapareció, tenía 36 años, y estaba embarazada de seis meses.

Rosa Casanovas, que vive ahora en Gandía, tenía ocho años. «Desde entonces, toda mi vida he tenido en el corazón la obsesión de encontrar a mi madre».

Serafina Roca era una ama de casa, «que sólo se ocupaba de sus hijos, y que nunca entró en cuestiones políticas». Estaba casada con el que era entonces alcalde de la localidad, Martín Casanovas. Cuando llegaron los Nacionales, y sabiendo que habría represalias, el alcalde huyó convencido de que no les pasaría nada a su esposa y a sus dos hijos.

Pero sí pasó. A pesar de su avanzado estado de gestación, fusilaron a Serafina y sus dos hijos quedaron solos en el pueblo, ya que carecían de familia que se hiciera cargo de ellos.

Primero fueron acogidos por los guardianes de la fábrica de su padre, y posteriormente sufrieron un largo periplo hasta que pudieron volver a reencontrarse con su progenitor en París, cuando había terminado la II Guerra Mundial.

Ahora, después de toda una vida esperando ese momento, Rosa no podrá acudir el martes al acto de incineración de los restos de su madre por motivos familiares y de salud. Sin embargo, en reconocimiento a sus esfuerzos, el Ayuntamiento de Alburquerque no procederá al entierro oficial de las cenizas hasta que ella pueda estar presente.

Villar del Rey

En Villar del Rey también esperan las cenizas de los siete vecinos que se cree que fueron arrojados a la mina: Francisco Melara Acosta, Pedro Prudencio Pacheco, Bonifacio Barroso Carballo, Miguel Cano Palacino, Ángel Castaño Robles, Josefa Vivas López y Manuela Muñoz Santo.

El alcalde de la localidad, Eduardo Durán, anuncia que su colocación en el monolito que se erigirá en el cementerio se aplazará hasta que reciban los resultados de las pruebas de ADN que se han realizado a los descendientes de otros represaliados que fueron arrojados en otro paraje, una fosa común situada en el conocido puente de Los Cinco Ojos, oficialmente denominado puente Zapatón, a cinco kilómetros de la carretera de Aliseda.

Aunque se tiene noticia por diversos testigos de los hechos de que a la fosa fueron arrojadas siete personas, de las que se conocen sus nombres y apellidos, al tratarse de un enterramiento muy poco profundo, los huesos encontrados son escasos y muy amalgamados. En la fosa sí aparecieron un crucifijo, pendientes y un espejo que se cree que pertenecían a la mujer que se sabe fue allí fusilada, Olalla Manso Serra.

Más pruebas de ADN

Con el objetivo de dilucidar a quiénes corresponden los restos, se han practicado también pruebas de ADN a los descendientes de los únicos cuatro fusilados de los que aún quedan familiares directos conocidos: Antonio Bueno García, Ezequiel Melara Acosta, Dionisio Pérez Núñez, y Carlos Rodríguez Durán. Cuando lleguen los resultados de las pruebas, el Ayuntamiento organizará un acto simbólico de sepultura para todos los restos de los vecinos represaliados encontrados hasta el momento. Aunque un monolito recordará todos sus nombres, el Consistorio ofrecerá nichos particulares a los familiares que deseen disponer de una sepultura individual.

La excavación de la mina de Valdihuelo fue la primera que se hizo en Extremadura bajo la dirección del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, que en el año 2005 estaba en pleno proceso de gestación.

Primer campo de trabajo

Debido a la escasez de medios y de experiencia, todas las dificultades que planteó la intervención en un pozo de 12 metros de profundidad se fueron abordando sobre la marcha, recuerda Ibarra.

Fue la primera vez que se organizó un campo de trabajo para la excavación de la fosa, que fue dirigida por el paleopatólogo Diego Peral y el historiador Ángel Olmedo. También intervinieron la arqueóloga Inmaculada López y el forense Mariano Casado.

La mayor dificultad, aparte de los trabajos de rescate de los restos, para lo que hubo que bajar al principio con máscaras de oxígeno, fue la clasificación de los huesos, ya que estaban muy deteriorados y mezclados con osamentas de animales.

Tras arrojar los cuerpos al interior de la mina, los autores de los fusilamientos tiraron también dentro varias granadas, algunas de las cuales no explotaron, y tuvieron que ser detonadas 70 años por la Guardia Civil durante las tareas de excavación.

Durante los años siguientes se arrojaron al interior numerosos cuerpos de animales, cuyos restos terminaron mezclándose con los de los humanos. La humedad y el paso del tiempo hicieron también su trabajo de destrucción, por lo que no se pudo plantear la realización de las pruebas de ADN.

En realidad, la apertura de la mina en el año 2005 no sirvió en principio para cerrar heridas ni devolver el sosiego a las familias. La mayoría sólo quería recuperar los cuerpos para darles digna sepultura, y la espera fue demasiado larga.

«En el tiempo que siguió a la excavación de la mina hubo mucho malestar entre los familiares porque nadie les explicó que nunca recuperarían los cuerpos, porque era imposible», reconoce Cayetano Ibarra. Ahora se les dará sus cenizas, y lo que es casi más importante para la Memoria Histórica, sus nombres constarán en los cementerios de sus pueblos como los de todos los muertos que descansan hace tiempo en paz.

La Iglesia y su papel en la guerra civil española por Javier Cervera Gil

Últimamente asistimos a un constante cuestionamiento del papel de la Iglesia durante la Guerra Civil y el franquismo no exento de cierta ignorancia e injusticia.

A favor de la actuación de la Iglesia este artículo demuestra que no por el momento al menos, no existe conciliación posible...Será que nuestras heridas continuarán abiertas por siempre? El olvido tiene que ser solamente republicano, el perdón también??

Parto de que es innegable que miembros de la Iglesia tuvieron comportamientos desacertados o claramente reprobables, pero también lo es igualmente que otros muchos son dignos de ensalzamiento y alabanza. También es un hecho que la mayor parte de la Iglesia católica española se alinea en 1936 con el franquismo. La razón es tan lógica como simple: en ese bando no se les mata ni tortura, ni tampoco se queman sus templos. Mientras, en el otro lado hay gente como José Díaz, secretario general del PCE, que en 1937 afirmó que "en las provincias donde dominamos" la Iglesia ha sido aniquilada. Y hoy, cuando la Iglesia, perseguida con saña entonces, reconoce la santidad de aquellos que dieron su vida por causa de su fe no pretende que se niegue la posibilidad de santidad a muchos que fueron buenos y justos mientras defendían la causa de la República Española. Simplemente es muy complicado, dada la realidad de la guerra, que en ese bando alguno muriera en circunstancias de martirio. Por otro lado, tampoco se debe considerar a la Iglesia como un todo que se alineó con el franquismo. Porque también son Iglesia conocidos católicos laicos y que lucharon por la República como Vicente Rojo, Antonio Escobar, Alcalá Zamora, Osorio y Gallardo o los nacionalistas vascos… O también son Iglesia un cardenal como el francés Verdier, muy crítico con el franquismo, o el mismo Papa Pío XI que se negó sistemáticamente a bendecir o dar su aprobación al bando de Franco.

Y aunque es verdad que la mayoría del episcopado español se alineó con el régimen vencedor que le protegió en los tres años de terrible persecución, ello nunca supuso que la Iglesia católica bendijera la represión del franquismo. Desgraciadamente, en manos del sacerdote siempre presente en una ejecución no estaba para impedirla sino, únicamente, asistir espiritualmente al que iba a morir. Tal vez ello sea irrelevante para los no creyentes, pero para los que tenían fe suponía un gran alivio, y testimonios hay de ello, algunos publicados por quien suscribe estas líneas. Más aún, voces tan autorizadas como las de Pío XII y en fecha tan temprana como el 16 de abril de 1939, piden "generosidad para los equivocados" y que "a ellos se ha de encaminar con paciencia y mansedumbre vuestra solicitud pastoral: orad por ellos". No hay un solo texto doctrinal de la Iglesia en el que se justifique la represión, ni del franquismo ni ninguna otra.

Con todo, posiblemente las declaraciones más injustas de las últimas fechas son las de personas, ámbitos, medios, etc… que exigen que la Iglesia española pida perdón por su actuación en la Guerra Civil y durante el franquismo. Quien eso reclama ignora u oculta que ya el 8 de agosto de 1939, sólo cuatro meses después de finalizada la Guerra Civil, el cardenal Primado de España, Isidro Gomá, solicita en la pastoral Lecciones de la guerra, deberes de la paz el perdón para el enemigo porque ello es un deber de caridad ineludible para un cristiano. Después, en 1986, la Conferencia Episcopal Española en una declaración solemne pide "perdón porque no siempre fuimos testigos de reconciliació n, de amor…". Y ese mismo año en la Instrucción Pastoral Constructores de la paz la Iglesia española afirma que "no pretende estar libre de todo error" y solicita perdón por aquello que hiciera mal. Y, por último, en noviembre de 2007 monseñor Blázquez, referido a la Guerra Civil, afirma: "En ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo", pero, "en otras, ante actuaciones concretas, debemos pedir perdón". Por tanto, reclámese a otros la petición de perdón por los errores cometidos en el pasado. No estaría de más, que grupos, partidos, sindicatos, colectivos, etc. de la izquierda española mostraran algún rasgo de arrepentimiento o humilde solicitud de perdón por su persecución sobre la Iglesia Católica hace setenta años. Parece que algunos ven la paja en el ojo ajeno y son incapaces de encontrar la viga —y ¡qué viga!— en el propio.


Javier Cervera Gil es doctor en Historia Contemporánea y en Ciencias de la Información.
http://www.gaceta. es/17-12- 2008+iglesia_ franquismo, noticia,3, 4,41858

Angel Viñas Hubo una guerra civil, pero la República tuvo que pelear también en contra del eje. José Andrés Rojo Babelia 20/12/08

Ángel Viñas "Hubo una guerra civil, pero la República tuvo que pelear también contra el Eje"

JOSÉ ANDRÉS ROJO BABELIA - 20-12-2008
Con El honor de la República, Ángel Viñas (Madrid, 1941) cierra su trilogía sobre la Guerra Civil (que completan La soledad de la República y El escudo de la República). Han sido ocho años de titánico esfuerzo, que lo han llevado a visitar media docena de países para consultar más de veinticinco archivos en siete u ocho idiomas. Desde que hace una década distintos Gobiernos empezaron a desclasificar un amplio arsenal de documentos a propósito del conflicto, y fueron accesibles algunos archivos privados que hasta entonces no podían consultarse, la necesidad de volver a escribir sobre aquellos trágicos años se convirtió para Ángel Viñas en una exigencia impostergable. Catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, funcionario comunitario y embajador, ha residido en Alemania, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos, y desde sus primeras obras, todas sus investigaciones se han basado en fuentes primarias. Viñas reside ahora en Bruselas y visita Madrid un par de días a la semana para dar clases.

PREGUNTA. ¿Qué cree que aporta su trabajo a los estudios de la guerra?

RESPUESTA. El seguir escrupulosamente los nuevos documentos que se pueden conocer ahora. Se ha tenido mucha información del bando republicano, pero se conocía muy poco de lo que había pasado en el lado franquista.

P. ¿Por qué perdió la República?

R. Porque las democracias, la inglesa y la francesa, la abandonaron mientras Mussolini y Hitler no escatimaron medios para ayudar a Franco, y lo hicieron a crédito. Una guerra es una guerra y sólo se gana con armas. El apoyo de la Unión Soviética a la República no fue uniforme y además fue muy caro.

P. ¿Qué fue lo que provocó el conflicto?

R. Mi conclusión es que la guerra no fue resultado del funcionamiento de la República. Puedo aceptar que los conflictos que hubo durante aquellos años condujeron a que un grupo de militares diera un golpe de Estado. Pero la guerra como tal sólo se produjo cuando la Unión Soviética decidió intervenir vendiendo armas a la República.

P. No es lo que dicen muchos historiadores. ..

R. Mi discurso pretende desmontar el que ha construido la historiografí a franquista, pero no porque el mío sea un discurso de izquierdas. Hago lo que cualquier historiador profesional, buscar la verdad. Y no toda la verdad está en los documentos, pero sin ellos no se puede hacer historia. La historiografí a franquista, en cambio, es una historia ideológica y embustera: ha mentido y tergiversado, manipulado y escamoteado evidencias. Son los documentos los que te ayudan a saber, por ejemplo, que detrás del horror de Paracuellos estuvo un comunista ruso: Orlov.

P. ¿Esos documentos pueden establecer algunas verdades indiscutibles?

R. Sí. Por ejemplo, que el golpe de Estado no se hizo para prevenir una revolución comunista, que es una de las leyendas que han tenido más éxito. Otra cuestión esencial es que hubo una guerra civil, pero la República tuvo que pelear también contra el Eje. Alemania e Italia convirtieron España desde el principio en el terreno de su expansión militar. Mussolini llevaba conspirando contra la República prácticamente desde 1931. Hitler vio la posibilidad de debilitar a Francia con una intervención mínima.

P. ¿Qué pasó con Francia?

R. Su posición fue dramática para la República. Iba a ayudarla, pero una trifulca interna provocó que Leon Blum se echara atrás y lanzara la idea de la no intervención, a pesar de que muchos ministros le advirtieran del peligro del expansionismo alemán e italiano.

P. ¿E Inglaterra?

R. Baldwin está convencido de que las masas desatadas van a establecer en España la revolución. El efecto de la persecución y asesinato de religiosos y de Paracuellos, sobre todo, fue demoledor. Permitió que cristalizara entre los ingleses la idea de que el Gobierno republicano estaba en manos de un grupo de gánsteres. Así que jugaron las cartas de los militares sublevados.

P. ¿Por qué interviene la Unión Soviética?

R. El gran objetivo estratégico de Stalin era establecer una alianza duradera con Francia, y no le interesaba una Francia débil. Quería, además, mostrarle a Alemania que una agresión suya iba a ser respondida con armas. Y luego había motivos ideológicos y políticos. No podía abandonar al pueblo en armas y tampoco perder la batalla propagandística con los trotskistas, sus grandes enemigos, en relación con sus camaradas españoles.

P. ¿Se inclina la República, entonces, hacia la Unión Soviética?

R. La defensa militar de la República pasa por el vector soviético porque necesita armas. Su estrategia, sin embargo, se construyó claramente alrededor de la idea de que su lugar estaba siempre con las democracias occidentales y con la Unión Soviética sólo cuando era necesario. Creo que esta conclusión, que se deriva de los documentos, le da la vuelta como un calcetín a la interpretació n que se ha hecho de la guerra habitualmente.

P. ¿Se atribuye a Negrín una fuerte sintonía con los soviéticos?

R. La angustia de Negrín, cuando se convierte en jefe de Gobierno en mayo de 1937, es qué hacer. Intenta que intervengan las potencias extranjeras para acabar el conflicto a través de un plebiscito e intenta también negociar con Franco. Pero éste sólo acepta la rendición incondicional. Y Negrín ve desde muy pronto que eso significa, como se vio más tarde, la masacre. Así que decide aguantar y aguantar mientras intenta hacer comprender a ingleses y franceses lo que está pasando.

P. ¿Por qué no consigue la República con esa ayuda soviética frenar el avance de las tropas franquistas?

R. Fue una ayuda muy irregular. Durante casi un año casi no llegaron suministros. Y hay miles de despachos que los reclaman con urgencia. Pero Stalin había decidido colaborar con los chinos para frenar el avance japonés, que era mucho más peligroso para sus intereses. Y no podía mantener abiertos dos frentes al mismo tiempo. Stalin sólo cambió después de Múnich, en septiembre de 1938, y volvió a enviar masas considerables de material. Ya era muy tarde.

P. ¿Qué ocurrió para que la guerra se prolongara durante tanto tiempo?

R. El 5 de abril de 1938 los franquistas tomaron Lérida. Yagüe vio abierto el camino para llegar a Barcelona y acabar la guerra, y se dispone a avanzar. Es cuando Franco lo frena y ordena a sus tropas dirigirse hacia Valencia. La explicación que se ha dado de esta decisión es que Franco tenía miedo de que Francia decidiera intervenir en cuanto viera la amenaza fascista a las puertas de su frontera. Los documentos muestran que no hubo el menor peligro en ningún momento y que Franco lo sabía y no quería darle todavía el golpe mortal a la República.

P. ¿Y cómo recibió su entorno ese cambio de planes?

R. Vigón, Solchaga y Kindelán apoyaron en Lérida la idea de acabar cuanto antes la guerra. Prolongarla le venía, sin embargo, bien a Franco para quebrar la espina dorsal de la izquierda española. Quería purificar España y destruir a su enemigo.

El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin. Ángel Viñas. Crítica. Barcelona, 2008. 624 páginas. 29,90 euros.

Las asociaciones de memoria histórica se concentrarán ante los organos

Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”

Las asociaciones de memoria histórica se concentrarán ante los órganos judiciales el 1 de febrero

ELPLURAL.COM

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha anunciado su intención de realizar concentraciones frente a “los máximos órganos judiciales” de España para protestas por la inhibición del juez Garzón en la causa contra el franquismo, así como contra la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por las reticencias puestas frente al magistrado.
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La federación da por entendido, según asegura en una nota de prensa, que “es el momento de salir a la calle para hacer evidente nuestra presencia y nuestras reivindicaciones como organizaciones de memoria histórica, de derechos humanos y de víctimas del franquismo”.

Llamada al 1 de febrero
El proceso judicial que intentó iniciar el juez Garzón contra el franquismo contó con una campaña durísima de descalificaciones desde la derecha mediática, así como numerosas trabas judiciales por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Ante las expectativas creadas por un proceso cerrado en falso, la Federación de Estatal de Foros por la Memoria ha decidido protagonizar concentraciones frente a los organismos judiciales el próximo 1 de febrero.

"Es el momento de salir a la calle"
“Entendemos que después de la inhibición del juez Garzón, así como los Autos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, es el momento de salir a la calle para hacer evidente nuestra presencia y nuestras reivindicaciones como organizaciones de memoria histórica, de derechos humanos y de víctimas del franquismo”, explica José María Pedreño, presidente de la federación.

"Inmenso avance", pero insuficiente
La federación llama a los ciudadanos a no ceder ante “el desánimo, el conformismo y la resignación”; y apela al “inmenso avance” conseguido “gracias a una labor titánica del movimiento social por la recuperación de la memoria”.

"Verdad, Justica y Reparación"
No obstante, la federación denuncia que “la respuesta final” que han recibido, desde el ámbito político y judicial, es un intento “de poner límites a nuestro derecho a la justicia”. Por ello llama a acudir a las concentraciones del 1 de febrero ante los organismos judiciales, portando “las fotos de nuestros familiares y de otras víctimas del franquismo, bajo el único lema “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”.

Cuando la petición de justicia se define como venganza. Por Vincenc Navarro

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« Cuando la petición de justicia se define como venganza. Por Vicenç Navarro
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Los niños perdidos del franquismo. Por Vicenç Navarro
Published by Imma Trianoon Diciembre 24, 2008in Memoria Histórica .
Publicado por El País. 24/12/2008

Una de las sorpresas que me encontré a la vuelta de un largo exilio fue el ver que mis estudiantes (gente joven, despierta y curiosa intelectualmente, horrorizados por las barbaridades realizadas por las dictaduras chilenas y argentinas -tales como el robo de niños de padres asesinados por aquellas dictaduras-) desconocían que todos aquellos horrores habían ocurrido también en España durante la dictadura franquista, incluyendo el robo de niños de madres republicanas asesinadas por el Ejército golpista. Recordaré siempre su respuesta al excelente documental de la televisión catalana Els nens perduts del franquisme, de Montse Armengou y Ricard Belis, que documentaba tales robos durante la dictadura. Al entrar en el aula al día siguiente de haberse proyectado tal documental, noté un silencio ensordecedor. Los estudiantes estaban sorprendidos, avergonzados e indignados de que se les hubiera ocultado parte de la historia de su país. Sabían lo que había ocurrido en Argentina y Chile, pero desconocían lo que había ocurrido en España. Fue así como pude explicarles que no sólo lo que había ocurrido en aquellos países, sino incluso muchas de las cosas que habían ocurrido en la Alemania nazi, se habían dado también en España. En realidad, parte de los experimentos realizados por la Gestapo en los campos de concentración nazis se habían iniciado en España bajo la supervisión de la misma Gestapo. (Ver Michael Edwards A time of silence. Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain. 1936-1945. Cambridge University Press, 1998). No se lo podían creer. ¿Cómo es que nadie se lo había contado? Y así se lo expliqué.

En contra de lo que se ha dicho y escrito, el régimen militar liderado por el general Franco era racista. Los militares golpistas se consideraban parte de una raza hispánica superior (el día nacional se llamaba el día de la Raza), superioridad que le otorgaba el derecho de conquista y sometimiento sobre otras razas inferiores, entre las cuales incluían la raza de los republicanos rojos (término utilizado por la dictadura hacia aquellas poblaciones que se opusieron al golpe militar y a la dictadura). El ideólogo de tal doctrina era el militar psiquiatra Vallejo Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército. Parte de su formación había tenido lugar en Alemania, habiendo estudiado las teorías racistas nazis de las cuales era un ferviente admirador. Su interpretación de la raza, sin embargo, contenía un fuerte componente político-cultural y psicológico más que étnico, aunque incluía elementos antisemíticos en su definición. Fue nombrado por el dictador director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas con el objetivo de estudiar la raza española y su superioridad, con la intención de purificarla eliminando cualquier forma de contaminación que diluyera su pureza. Sus teorías quedaban reflejadas en sus libros, incluyendo Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza, en el que definía raza como espíritu. “La raza es espíritu. España es espíritu. La Hispanidad es espíritu… Por eso hemos de impregnarnos de Hispanidad… para comprender nuestras esencias raciales y diferenciar nuestra raza de las extrañas”. Este espíritu lo definía como “militarismo social, que quiere decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servicio, porque la redoma militar encierra esencias puras de virtudes sociales, fortaleza corporal y espiritual”. Y para mejorar la raza era necesaria “la militarización de la escuela, de la Universidad, del taller, del café, del teatro, de todos los ámbitos sociales”. Su purificación de la raza incluía el resurgimiento de la Santa Inquisición en contra de las personas que consideraba antipatrióticas, anticatólicas y antimilitares que corrompían la raza española. Afirmó que parte del problema racial de España era que había demasiados Sanchos Panzas (físico redondeado, ventrudo, sensual y arribista), y pocos Don Quijotes (casto, austero, sobrio e idealista), personajes imbuidos en un militarismo, identificando la cultura militar como la máxima expresión de raza superior. (Para expansión de este análisis, ver el excelente libro de Enrique González Duro Los Psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos. Península, 2008).

Vallejo Nájera tenía un gran desprecio para las personas corrientes y creía que la sociedad moderna necesitaba de una “minoría selecta… con espíritu aristocrático… imbuido en una misión especial de salvar al país y a la raza”. Era también profundamente anti-mujer, considerando que “las hembras no estaban facultadas para la lectura de libros”. Desaconsejaba a las niñas que leyeran libros excepto los de carácter religioso, y alertaba que la debilidad mental de las mujeres las hacía especialmente vulnerables al marxismo, el máximo exponente del deterioro de la sociedad. Hablaba del marxismo como de una peste transmitida a partir de los centros urbanos, los centros industriales de la costa de España.

Vallejo Nájera estableció un campo de experimentación en Málaga, “Málaga que ha importado toda clase de ideas”, ciudad costera que él consideraba proclive a tal enfermedad. En aquel campo hizo todo tipo de experimentos, asesorado por agentes de la Gestapo, incluyendo un estudio de 40 malagueñas, milicianas republicanas, consideradas todas ellas como “casos de anormalidad psíquica, exaltadas por sentimientos pasionales… que se sumaron al saqueo para satisfacer impunemente rencores y venganzas personales”. Dentro del campo de concentración agrupaba a los rojos en varias categorías, siendo una de ellas (considerada de las más degeneradas) las mujeres marxistas y catalanas. Fue en estos campos de concentración donde se realizaron tales estudios que generaron la información de la que Vallejo- Nágera concluía que el marxismo era la máxima forma de patología mental, siendo “el marxismo español una mezcla judeo-masónica que la distingue del marxista extranjero, semita puro”.

Tal señor no era una figura menor en el edificio ideológico del Ejército franquista y del régimen militar que estableció. Sus teorías se transformaron en la ideología del régimen. Eran profundamente racistas, contraponiendo la raza española (que se caracterizaba por su masculinismo, canto a la fuerza física, nacionalismo extremo y un profundo catolicismo) a la raza roja inferior, compuesta de subdesarrollados mentales, psicópatas y degenerados, contaminados por un marxismo, judaísmo y masonismo al cual eran vulnerables las clases populares por su subdesarrollo mental.

Tal inferioridad de raza podía corregirse, sin embargo, a la temprana edad de la infancia. De ahí que se requiriese que a las madres rojas se les quitaran los infantes para evitar su contaminación y degeneración. La Acción Social de La Falange y la Iglesia jugaron un papel muy importante en esta depuración de la raza “salvando” a los infantes de tal patología que podía transmitirse de madres a hijos. Tales robos eran frecuentemente hechos para el beneficio de parejas afines al régimen que deseaban tener niños. Miles de niños fueron sustraídos de sus madres rojas.

Esta política de robos era, tal como escribe Enrique González Duro, política del Estado. El Ministerio de Justicia tenía como responsabilidad robar (el término que se utilizaba era recoger) a todos los hijos de los asesinados, encarcelados o desaparecidos, a fin de “liberarles de la miseria material y moral que suponía su distanciamiento del nuevo Estado español”. En 1943 los hijos de presos bajo tutela del Estado eran 12.043.

Estos hechos se han ocultado al pueblo español. El documental Els nens perduts del franquisme, ampliamente galardonado internacionalmente, ha sido mostrado en la televisión sólo en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía (a la 1 de la madrugada). Recientemente se hizo una presentación de una versión abreviada en TV2. Por lo demás no se ha presentado en ninguna otra televisión, sea pública o privada, contribuyendo al olvido de los horrores de aquella dictadura cuyo conocimiento es muy escaso en nuestro país, y que el auto del juez Garzón hubiera podido ayudar a remediar. Su retiro del caso ha aumentado las posibilidades de que aquel horror continúe desconociéndose

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco.
Terra. es

El juez Baltasar Garzón ha vuelto a protagonizar el año judicial con su fracasado intento de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, como hizo con gran éxito en 1998 con los desaparecidos en Argentina y Chile.

Pero esta vez no pudo ser. La Fiscalía, encabezada por Javier Zaragoza, y el Pleno de la Sala de lo Penal, con Javier Gómez Bermúdez al frente, prometían desde un primer momento poner las cosas difíciles al magistrado.

Tanto para uno como para otro, esa causa, además de no ser competencia de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, tampoco era necesaria existiendo leyes como la de Amnistía de 1977 o la de Memoria Histórica de 2007.

De hecho, al rechazar la competencia de Garzón, la Sala de lo Penal destacó que 'el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura' de recuperar los restos de desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica.

Pero además, según la Sala, el magistrado nunca pudo haber abierto una causa penal por estos hechos porque los presuntos responsables de esas desapariciones, entre los que destaca el dictador Francisco Franco, estaban muertos.

El propio magistrado parecía ponerse la venda antes de la herida cuando en el auto en el que se declaró competente anunció que declararía extinguida la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen a los que creía autores de esas desapariciones cuando le fueran remitidos los certificados de defunción.

De haber seguido siendo competente cuando la Sala emitió su dictamen, en un auto del pasado 4 de diciembre suscrito por catorce de los diecisiete magistrados del Pleno, Garzón no hubiera conseguido esquivar el varapalo judicial.

Anticipándose a esa posibilidad, el 18 de noviembre, un mes después de declararse competente, optó por inhibirse en favor de los juzgados en los que hubiera fosas con restos de desaparecidos tras certificar la muerte de Franco y de los responsables del régimen.

Para el hispanista Ian Gibson no fue más que 'una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante'.

La maniobra sorprendió por inesperada, principalmente porque se produjo un día después de su vuelta al juzgado tras pasar quince días de baja después de haberse operado las cuerdas vocales.

Esa baja fue el plazo que el Pleno le dio para responder en un informe al incidente de competencia que planteó el fiscal cuatro días después de declararse competente.

Por tanto, en ese momento, de Garzón sólo se esperaba un informe defendiendo su competencia y no un auto de 152 páginas en el que dejaba la causa a los juzgados locales al mismo tiempo que acusaba al franquismo de propiciar 'la pérdida de identidad de miles de niños' arrebatados a sus padres para educarles en la afección el régimen.

No obstante, durante su baja, la carrera por la apertura de fosas siguió adelante y tras haber autorizado abrir 19 fosas al declarase competente, entre ellas en la que supuestamente reposan los restos del poeta Federico García Lorca, su sustituto Santiago Pedraz permitió exhumaciones en otros seis emplazamientos.

Pedraz permitió también a los familiares de Lorca presenciar la apertura de la fosa en la que se habían pedido exhumar los restos de Dióscoro Galindo, un maestro supuestamente enterrado junto al poeta.

La familia de Lorca no puso objeción a la apertura de la fosa, pero algunos de sus descendientes como Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, manifestaron públicamente sus reticencias.

La autorización de estas diligencias durante la baja de Garzón provocó que el fiscal pidiera la suspensión de las exhumaciones hasta que se resolviera la competencia, solicitud que fue aprobada el 7 de noviembre por el Pleno por una mayoría de 10 magistrados.

Esta decisión provocó un gran malestar en las asociaciones y los particulares denunciantes, entre ellos la nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín que recusó a esos diez magistrados, los denunció ante el Supremo y pidió que la causa se instruyera en el alto tribunal.

El 3 de diciembre, el Supremo rechazó también ser competente porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

Por tanto, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo se han considerado competentes para investigar estos hechos y ahora cada juzgado al que se le presenten denuncias de familiares de desaparecidos deberá decidir si asume la competencia.

El propio Garzón declaró el pasado día 2 a los medios de comunicación que 'lo importante no es quién sea el juez' que investigue esas desapariciones sino 'que las cosas se hagan'.

Y según seis magistrados de la Sala de lo Penal, desde hace dieciocho años 'se siguen abriendo fosas y exhumando restos', por lo que paralizar los trabajos que autorizó Garzón ha provocado una situación 'rayana en lo absurdo'

LA CUNA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La cuna de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional no ha perdido ni los orígenes ni la identidad. Nació como heredera directa del brazo judicial de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público, es decir, como un tribunal especial destinado a entender de delitos de naturaleza política

Javier Ortiz (Público, 13-12-2008)

El dedo en la llaga

Se ha dicho muchas veces que "quien pierde sus orígenes pierde su identidad". No sé por qué, siempre se pronuncia esa sentencia como un consejo de pretensiones positivas, partiendo del sobreentendido de que los orígenes son invariablemente buenos. La Audiencia Nacional no ha perdido ni los orígenes ni la identidad. Nació como heredera directa del brazo judicial de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público, es decir, como un tribunal especial destinado a entender de delitos de naturaleza política.

La excusa que se manejó para hacer caso omiso del derecho de los ciudadanos al juez natural es que los magistrados que laboran in situ podían sentirse intimidados por la inmediatez del entorno social de los acusados. Nadie habló de la posibilidad de que los integrantes de la Audiencia Nacional pudieran verse mediatizados por la cercanía de los grandes poderes del Estado, incluido el llamado "cuarto poder", y que se dedicaran a compadrear con ellos.

Para maquillar el carácter político de la Audiencia, le añadieron atribuciones en delitos de narcotráfico y monetarios, empeños en los que, a decir verdad, nunca se ha distinguido ni por su dedicación ni por su eficacia, si prescindimos de alguna redada televisada en directo.

La Audiencia ha determinado que no tiene competencia para ocuparse de juzgar los crímenes del franquismo. Lo hace apelando a unos cuantos tecnicismos, pero el fondo es transparente: acepta que se hurgue en los bajos fondos de las viejas dictaduras latinoamericanas, e incluso en las tropelías del gobierno de Pekín en el Tíbet, pero considera que la caca de casa es mejor dejarla en paz porque, cuanto más se remueve, peor huele. Y en eso tiene razón.

Comunicado de CGT: El franquismo es culpable

A sus víctimas les debemos justicia
Comunicado de CGT: El franquismo es culpable

La Confederación General del Trabajo (CGT), ante la difusión de la noticia “Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo a favor de los juzgados territoriales. El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y evita que se le declare incompetente”, que afecta gravemente al procedimiento abierto a instancias de diferentes asociaciones de recuperación de la Memoria y de este sindicato, y pendiente de analizar en profundidad el contenido exacto del auto quiere manifestar:

http://www.memorialibertaria.org/spip.php?article1025
Domingo 7 de diciembre de 2008

1. Más allá de cualquier auto, sentencia o Tribunal, el franquismo es culpable de la tortura, encarcelación, desaparición y asesinato de miles de personas. Así lo sentimos en CGT y así lo siente la mayoría civil que lo ha manifestado reiteradamente en las diferentes ocasiones en las que ha tenido oportunidad.

2. Consideramos injustas e impropias todas las maniobras dilatorias para evitar el esclarecimiento de las circunstancias de las desapariciones y muerte de miles de personas. Y mucho nos tememos que nuevamente esta decisión judicial sirva para incrementar la confusión entre la ciudadanía sobre la reparación moral de las víctimas, convirtiendo la justicia en una guerra interminable de competencias entre los diferentes juzgados y fiscalías.

3. Nuevamente esta decisión nos sirve para dejar constancia palmaria de las deficiencias y limitaciones de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento.

La Confederación General del Trabajo exige una vez más la nulidad de todas las sentencias franquistas y la condena expresa de la dictadura militar que cubrió de luto nuestra geografía a lo largo de casi cuatro décadas.

Las Asociaciones de Memoria Histórica llevan la investigación hasta el Supremo

Las asociaciones de Memoria Histórica llevan la investigación hasta el Supremo


Las asociaciones de Memoria Histórica recurrirán ante el Tribunal Supremo la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la incompetencia de este tribunal para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.

La asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en representación de todas las partes personadas en la causa que por esos hechos abrió el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, anuncia este recurso de casación ante el Supremo en dos recursos de súplica que presentó ayer ante el Pleno. Estos recursos, que según fuentes consultadas en la Audiencia Nacional serán rechazados con toda probabilidad por no ser recurribles las resoluciones, se refieren a la admisión del incidente de competencia que planteó la Fiscalía cuando Garzón se declaró competente en esta causa el pasado 16 de octubre y al rechazo de una recusación de los magistrados del Pleno.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE El alcalde cambia de denominación a ocho calles "franquistas"

Memoria.- El alcalde decreta el cambio de denominación de ocho calles 'franquistas' en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha firmado esta mañana un decreto para cambiar el nombre de ocho calles 'franquistas'.

Su rúbrica permitirá que a partir de este fin de semana la rambla del General Franco, pase a llamarse rambla de Santa Cruz; que la avenida José Antonio Primo de Rivera, se denomine por su denominación popular 'avenida Marítima'; que la avenida de General Mola, cambie a Islas Canarias; mientras las 'históricas' calles de General Goded, General Fanjul; General Sanjurjo; General Moscardó y General García Morato dejarán los galones militaries para denominarse Perdón, Olvido, Sueños, Amor y Tolerancia, respectivamente.

Fuentes municipales así lo han explicado a Europa Press señalando que este es el primer paso para adecuarse a las demandas de la Ley de Memoria Histórica y a las peticiones de los colectivos asociados que han presentado 108 propuestas diferentes, si bien algunas no serán aceptadas, como el cambio de General Gutiérrez, "ya que no guarda relación con la Guerra Civil Española, sino con el ataque del Corsario Nelson a Tenerife".

La decisión para modificar estos nombres se ha decididos porque estas personalidades "no estuvieron nunca en Canarias, ni tuvieron vinculación con el archipiélago".

UNA DEMANDA HISTÓRICA

A comienzos de los años 80 bajo el mandato de Manuel Hermoso en la capital de la isla, se presentó una moción al pleno para cambiar los nombres de las calles que fue aplazada en el momento del debate. A lo largo de los años, se han sucedido las demandas y peticiones para los cambios en el callejero, que han sido aprobadas pero sin poco éxito.

El primer cambio se produjo con la muerte de Juan Pablo II que sirvió para que la calle conocida como 18 de julio recibiera el nombre del Santo Padre, borrando la fecha de la sublevación de la Guerra Civil en Tenerife en 1936.

Proyecto para homenajear a tropas franquistas

El PP quiere homenajear a las tropas franquistas
El senador Juan José Imbroda presenta una iniciativa en la que se pide al Gobierno que informe si tiene interés en reconocer derechos sociales y económicos a los combatientes rifeños.Casi 100.000 lucharon al lado de los nacionales

PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Melilla - 18/12/2008 14:52


El senador del PP y presidente de Melilla, Juan José Imbroda, pidió ayer que se reconozcan los derechos de los combatientes marroquíes originarios del Rif que lucharon en la Guerra Civil al lado de las tropas sublevadas del general Franco. Imbroda anunció ayer esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en la ciudad autónoma, según informa Efe.

"Estas personas han tenido un abandono sistemático por parte de los diferentes Gobiernos de España, y hay que reconocerles los mismos derechos, tal y como se ha hecho con otros combatientes", señaló el presidente melillense.

Las tropas africanas que combatieron contra la II República protagonizaron algunos de los pasajes más crueles de la Guerra Civil, cuyo máximo exponente es la matanza perpetrada en la toma de Badajoz, en agosto de 1936, en la que las fuerzas marroquíes acompañaron a los efectivos de la Legión y asesinaron a más de 4.000 personas, según distintos historiadores.

Un senador del PP desempolva ahora su recuerdo para reivindicar su memoria y sus derechos. Imbroda pidió ayer que la "dignidad humana sea igual para todos". A su juicio, resulta "penoso" conocer la situación económica y social "en la que España dejó" a estas personas. El Rif formó parte, hasta 1956, del Protectorado Español en Marruecos.

Consciente de la polémica que enciende su propuesta, Imbroda puso ayer la venda antes de que se abra la herida. El presidente de Melilla pidió que su iniciativa no se vea politizada bajo el argumento de que los mercenarios rifeños lucharon a las órdenes de Franco. Según Imbroda, no se debe hacer ninguna distinción en función del bando en el que participaron en la Guerra Civil.

El PP "desconoce" la iniciativa
La iniciativa de Imbroda vivía ayer, sin embargo, en un limbo parlamentario. La propuesta cayó por sorpresa en su propio grupo y causó perplejidad en la dirección del grupo del PP en el Senado. Uno de sus portavoces aseguró a Público su "desconocimiento" sobre esta iniciativa.

La única respuesta que deslizó el PP en la Cámara Alta a propósito de esta polémica remite a la esencia de sus argumentos en relación con el franquismo: "Siempre nos hemos pronunciado en contra de los debates retroactivos relacionados con la Memoria Histórica", señalaron.

El presidente de Melilla evitó responder
La propuesta del senador Imbroda carece por ahora de timbre oficial; no ha sido aún registrada en la Cámara Alta ni consta publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, según confirmaron distintas fuentes del Senado. Este diario trató ayer de obtener la versión del autor de la iniciativa, pero el presidente de Melilla evitó responder a la petición de Público.

El resto de fuerzas representadas en el Senado mostraron su sorpresa, aunque evitaron juzgar la iniciativa del senador del PP hasta que no se registre en la Cámara, requisito necesario para que la califique la Mesa del Senado y sea vista en el Pleno.

Defensa asiste al homenaje a un grupo de soldados republicanos

Defensa asiste al homenaje a un grupo de soldados republicanos
Murieron en la Guerra Civil y sus cuerpos fueron recuperados hace un año, pero como no eran los que buscaban han estado abandonados desde entonces
CADENA SER 18-12-2008
Por primera vez, el Ministerio de Defensa asistirá al homenaje que se va a rendir a un grupo de 36 soldados republicanos muertos en la Guerra Civil. Sus restos fueron recuperados hace un año de una fosa común en Singra, Teruel, y han estado abandonados desde entonces porque la asociación que promovió su recuperación se dio cuenta que no eran los represaliados que buscaban. El homenaje se va a celebrar el próximo 23 de diciembre.


La fosa común de Singra se abrió en febrero pasado para encontrar a doce personas republicanas de Calamocha fusiladas por falangistas, pero no se pudo encontrar a las personas deseadas y los cuerpos de los soldados encontrados fueron abandonados.
El alcalde de Sindra, Manuel Martín, se había quejado de que los esqueletos permanecían en cajas de cartón en las antiguas escuelas desde que acabaron las exhumaciones.
Recibirán su homenaje casi un año después
Ahora, según ha podido saber la Cadena SER y ha confirmando el presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, el 23 de diciembre serán enterrados en un homenaje en el que participarán representantes del Ministerio de Defensa, la Subdelegación y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
En su momento, Francisco Sánchez comentó que hubiera sido deseable realizar la inhumación con todas las pruebas de los restos realizadas por si algún familiar reclamaba y quería contrastarlas con su ADN, pero la falta de dinero de la DGA y las quejas del Ayuntamiento han precipitado su enterramiento.
Por su parte, el alcalde Manuel Martín ha mostrado su satisfacción por la decisión de enterrar los esqueletos.

UN DIA LLUVIOSO SIN FRANCO por Tino Andrés de la Agrupación Guerrillera Santander

Las fotos son un símbolo. La primera nos inspira alegría, esperanza, pasó tiempo, sí, pero está hecho! abajo el dictador!. En la segunda, qué trabajo para sacar esa maldita estatua!! Franco no se quería ir, y hay muchos que no quieren que se vaya, pero seguiremos luchando, abajo el dictador!! y la última foto, un símbolo que cayó y la lucha que llevó tantos años entre los santanderinos.

El día 18/12/08, Tino Andrés escribió:
http://agrupacionguerrillerasantander.blogspot.com/


Un día lluvioso, como hoy, los obreros pusieron en marcha sus martillos neumáticos, ajustaron las cadenas y se llevaron por los aires la estatua del caudillo del centro de Santander. Este sueño, que inundó las noches de muchos represaliados, exililados, encarcelados, humillados por su gracia, se ha cumplido hoy 18 de diciembre de 2008. Antes de que dieran las nueve y media de la mañana, cuando aún la luz del día dudaba si brillar, se pusieron en marcha los obreros. Subieron a los andamios, tendieron sobre el caballo las cinchas y las cadenas que le debían librar del peso de la historia que soportaba.

La mañana fue larga, tuvieron que emplearse a fondo con los martillos neumáticos, y la radial para arrancar las raíces que el generalísimo había echado en la plaza. La gente se concentró para despedir, en una mañana de nubes y gotas, de frío y emoción, los malos sueños que embargaron a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos o quizás a ellos mismos.


Podríamos decir que es fin de un símbolo en la ciudad de Santander, sin embargo todavía quedan decenas de calles dedicadas a los generales victoriosos, a las batallas heroicas, a la falange y no se cuantos personajes oscuros, que llenaron de luto muchas familias. Podríamos decir que es el inicio del camino que nos lleve a desterrar los símbolos de la dictadura de nuestro mapa mental; pero no sé cómo interpretar que tras anunciar la retirada de la estatua de Franco, a quinientos metros, se haya inaugurado una enorme bandera, a modo de baluarte, de compensación, de aviso...


Hoy Santander está libre de él, del que representó la dictadura, la pérdida de las libertades, del miedo, de un tiempo triste...



Y yo, Valentín Andrés esto firmo en Santander, a 18 de julio de 2008

LUIS CASTILLEJO CEUTI en su homenaje

Ceuta El ceutí Luis Castillejo
El ceutí Luis Castillejo
Escrito por Francisco Sánchez Montoya
domingo, 14 de diciembre de 2008
Publicado en el FARO DE MELILLA

Plaza de los Reyes. Castillejo, fue uno de los organizadores del 1º de Mayo en 1936.El 6 de octubre de 1936, el joven dirigente anarcosindicalista Luis Castillejo Villar, fue fusilado ante los muros de la Fortaleza militar del Monte Hacho.

De profesión electricista fue empleado de la empresa de alumbrado. Desde la década de los años veinte, lideraba el movimiento obrero en Ceuta. Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, se reorganiza los anarcosindicalista ceutíes siendo el joven Castillejo su principal valedor. Tras la proclamación de la Republica, la Confederación Nacional del Trabajo, retoma un claro protagonismo y se suceden las reuniones, la prensa consultada nos dan cuenta de las múltiples asambleas y proyectos para la clase obrera ceutí en sus amplios locales de la calle Linares.
Consultando las hemerotecas de aquellos años treinta, se nos da cuenta de los numerosos mítines que se celebran tanto en el Salón Apolo como en el Teatro Cervantes y siempre presididos por Luis Castillejo. Fueron muchas las detenciones sufridas por este joven anarcosindicalista, por defender los derechos de los obreros ceutíes. En junio de 1935 organiza y preside el Partido Sindicalista, fundada por Ángel Pestana en abril de 1933. Este partido estaba orientado hacia el anarquismo; pero aceptaba las elecciones y la representación parlamentaria. Luis Castillejo, era partidario de una organización obrera disciplinada, su tesis, cercana al sector moderado de la anarco sindical, era construir un movimiento obrero sólido y responsable a la manera clásica, con un sindicato y un partido político repartiéndose entre ambas organizaciones las tareas y reclamaciones sindicales y políticas. Pretendía evitar así posibles excesos en el movimiento obrero español. La CNT fue escéptica ante el Partido Sindicalista.
La guerra, las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarquismo en un túnel del que ya no volvería a salir. Luis Castillejo fue detenido en las primeras horas, tras el inicio de la sublevación del 17 de julio de 1936. Las autoridades militares elaboraron un macrojuicio con cincuenta implicados, todos ellos ligados de alguna forma a los sindicatos en Ceuta. Escogieron a Castillejo como cabeza del consejo de guerra y todos bajo una misma acusación: “adhesión a la rebelión”, se les dividió en cuatro grupos.
Un compañero de celda en la Fortaleza del Monte Hacho, escribiría años más tarde sobre el líder cenetista, Luis Castillejo: "Sólo olvidó su situación de condenado a muerte cuando supo que era nuevamente padre. Pero fue un relajamiento momentáneo, pues aquella noche observé que no dormía. Cuando yo intenté hacerlo pasada la una y media, él mismo, me confesó mientras desayunábamos, que pensando no había pegado ni un ojo en toda la noche. El día transcurrió jugando al ajedrez, por la noche Castillejo se durmió enseguida. Pero como a la una fue descorrido el cerrojo de la puerta, y abierta ésta, apareció bajo su dintel la figura siniestra del Cabo legionario, a quien acompañaban varios de sus subordinados. El Cabo llevaba en una mano un papel y en la otra la pistola, e hizo que los suyos palmeasen para despertarnos. Después voceó el nombre y apellidos de Castillejo, pidiendo que se vistiera y saliera de la celda. Precisamente era Castillejo el único que no se había despertado y hubo de despertarlo su paisano Pacheco, que dormía junto a él. Castillejo tardaba en vestirse y el Cabo, impaciente, le espeto: ¡No se arregle tanto, que no va a una fiesta! ¡Mañana esa ropa no le servirá ni de mortaja! Creo que Castillejo no oyó sus palabras, pero salió enseguida. Por la mirilla de la puerta se pudo ver, que tanto él cómo sus compañeros de proceso, eran encerrados en los calabozos destinados a los que serian en breve ejecutados".


Juicio al anarcosindicalista Castillejo
Este macrojuicio, al sindicalismo ceutí fue fusilados veintiséis y el resto a largas condenas. El 16 de septiembre de 1936 y en el lugar acostumbrado, acuartelamiento de Sanidad, (Rebellin) se verificó el consejo de guerra a Luis Castillejo y cuarenta y nueve más. Todos seguirían el mismo procedimiento. Una vez que los acusados ocupan los banquillos de las dependencias del Cuartel del Rebellin, frente al estrado se da lectura al apuntamiento por parte del relator. La lectura se prolonga durante veinte minutos; en ella se da la relación de nombres, seguidos de las acusaciones. Cuando concluye el relator se inicia el interrogatorio, contestando éstos con simples monosílabos a las preguntas que les formulan. A continuación se produce un descanso para que el fiscal y el defensor consulten sus notas y preparen las conclusiones finales. Después de media hora se reanuda el juicio con la intervención del fiscal con sus propios argumentos.
Del primer grupo, donde, junto al líder anarcosindicalista, Castillejo, se encontraban Antonio Criado, funcionario en Telégrafos; Francisco Sánchez Ríos, tipógrafo, y secretario de la sección de artes gráficas de la UGT; el jefe de Correos Bartolomé Alcántara; el militante del PSOE y masón Lucas Bárcenas, funcionario del juzgado; José Sarria, militante del PSOE y secretario de la sección de empleados de oficinas de la UGT; José María Quesada, tesorero de las Juventudes Marxistas Unificadas y ugetista de la sección de empleados públicos; José María González, secretario de las Juventudes Socialistas; Alberto Pastor, y los socialistas Pascual Aragón Barra, Francisco Palmero Burgos y el médico Enrique Velasco Morales; éste, pese a estar integrado en este grupo, fue fusilado el 26 de septiembre en los llanos del Tarajal.
El siguiente grupo estaba compuesto por doce acusados. El consejo de guerra comenzó el 17 de septiembre. La mayoría de los implicados eran militantes de la Confederación y de profesión taxistas, como Juan González Robles, Manuel Gutiérrez Camúñez y José Ríos Soto, empleado de tejidos El Siglo; los socialistas José Rodríguez y Nicolás Troyano, agente de la policía marítima; Francisco Aznar, destacado ugetista; Pedro Perdomo, secretario del PSOE desde diciembre de 1935; Antonio González, del Partido Comunista y Miguel Burgos Castro, integrante de la directiva del Socorro Rojo en Ceuta.
De este grupo fueron condenados a la pena de muerte, Manuel Gutiérrez Camúñez, (Años después, su hijo Manolo Gutiérrez y su nieto, estuvieron muy vinculados al diario el Faro de Ceuta), Ríos Soto, Francisco Aznar, Pedro Perdomo García, Miguel Burgos Castro y Antonio González Gil; José Rodríguez Pastor a veinte años y Nicolás Troyano Uceda fue absuelto. Una vez comunicada la sentencia a los acusados son nuevamente trasladados a la prisión en espera de pasar a capilla. El fusilamiento se ejecutaría el 29 de octubre de 1936, a las nueve de la mañana, en la explana existente en prisión de García Aldave. El centinela comentó en un anexo de este consejo: "Al bajar de la camioneta e ir a desatar a uno de ellos, me dijo en tono triste, , y al preguntarle, por qué, me contestó, . Que al ver la actitud decaída de los citados, di cuenta al Teniente Jefe de la prisión, Miguel Sánchez, para que diera las órdenes oportunas a fin de que como siempre se hace en estos casos, se extremara la vigilancia. Los presos me solicitaron estar juntos, pues decían que creían que era la última vez que lo iban a estar por haberles impuesto pena de muerte, a lo que el jefe de la prisión no accedió, ordenando fueran separados en dos celdas".

CARTA A BONO SOBRE TRES FASCISTAS

Carta a Bono sobre tres fascistas
"En la anterior legislatura, la octava, y bajo la presidencia de Manuel Marín, le envié a este presidente varias cartas llamando su atención sobre la anomalía democrática que supone el ornato de tres cuadros en pasillos del Congreso"


IÑAKI ANASAGASTI - 14/12/2008 08:00


En la anterior legislatura, la octava, y bajo la presidencia de Manuel Marín, le envié a este presidente varias cartas llamando su atención sobre la anomalía democrática que supone el ornato de tres cuadros en pasillos del Congreso que agreden una mínima sensibilidad en relación con los valores democráticos a defender y exaltar.

Nunca me contestó. Y eso que en aquel entonces yo era el Secretario primero de la Mesa del Senado. Para este caballero no existía, en estos asuntos, ni la cortesía parlamentaria.

Elegido presidente D. José Bono, y tras la consabida felicitación, le recordé lo que a su antecesor le he venido solicitando. El presidente Bono me contestó es de agradecer ya esta deferencia diciendo que buscaría una fórmula para dar salida a mi petición, pero, aprobada la Ley de la Memoria Histórica, compruebo alarmado que la Mesa elude pronunciarse sobre algo, a mi juicio, de extrema gravedad. Es por ello que le envío al presidente Bono la siguiente carta abierta:

Es una auténtica vergüenza que parezca normal que cuelguen en el Congreso los cuadros de estos antidemócratas
Estimado Presidente:

Leo en distintos medios vuestra decisión en relación con la ubicación de los cuadros de los tres presidentes de las Cortes orgánicas de la dictadura el mismo día de la Jornada de Puertas Abiertas con motivo del 30 aniversario de la Constitución. Mi compañero del PNV en la Mesa no está de acuerdo.

He lamentado no haber estado en los pasillos del Congreso explicando, como solía hacer en estas fechas nuestro amigo Mardones, quiénes son algunos de los próceres que adornan los pasillos de la Casa de la Democracia y de la Palabra.

Hubiéramos llegado ante los retratos de estos tres sinvergüenzas y les hubiera dicho que están allí, para honra y prez de la democracia española, siguiendo la doctrina Roosevelt, no la del segundo, Franklin, sino la del primero, Theodore, que, refiriéndose a Anastasio Somoza, dijo aquello tan gráfico de: "Efectivamente. Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra". La frase es gruesa, pero es del primer Roosevelt, no mía.

También les hubiera dicho que están allí al aplicarse la doctrina Pilatos, que consiste en que, cuando la Mesa, órgano de gobierno de la Casa, no quiere tomar una decisión de principios, la traslada al hemiciclo a través de una proposición no de ley, cuando la Mesa es quien gobierna el Congreso y las proposiciones se dirigen al Ejecutivo.

Y para completar la cuestión, les diría que se hace lo más sencillo y menos comprometido. Se pide un informe jurídico a sabiendas de su resultado.

Les diría también a los boquiabiertos chavales y vejetes que aquel Esteban Bilbao, además de cargarse el carlismo, fue un asqueroso ministro de Justicia que firmó y propició el asesinato de socialistas, republicanos, nacionalistas, milicianos, gudaris y gente de "mal vivir" antes de avalar todo lo más sucio y antidemocrático de una feroz dictadura que abolió la democracia y el Congreso y propició que todos los diputados elegidos en 1936 murieran en el exilio.

Y les añadiría cómo aquel mal bicho sólo dejaba aplaudir a Franco, porque nunca permitió una discusión política. De Iturmendi, les diría que fue un franquista sostenedor de un sistema que cercenaba las libertades y la libre confrontación de las ideas, y de Rodríguez de Valcarce les recordaría el acto en el hemiciclo cuando, a los tres días de morir el sátrapa, gritó aquello de "En el recuerdo de Franco, ¡viva el rey!".

Se trata de un asunto de principio. Ante esto, la placa de sor Maravillas no es más que una anécdotaY todos entenderían a la primera que una colección de retratos, más bien para el museo de la represión, como hay en Jerusalén, brillen aplaudidos en la Casa de la Palabra y de la Democracia en la Carrera de San Jerónimo.

Alguno quizás comentaría que esa es la historia de España. Pues sí, pero mejor estarían estos cuadros en un museo, en un trastero o en el Basurero de la Historia, no en su exposición en un pasillo democrático. Como dice Juan Gelman: "Desaparecen las dictaduras de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido".

En un Congreso donde no hay un cuadro de Azaña, de Martínez Barrios, de Companys, de Aguirre, de Negrín, de Largo Caballero, de Carrasco i Formiguera o de Pasionaria, el que cuelguen los de estos tres perseguidores de la democracia y que os parezca algo normal, me parece, querido presidente, una auténtica vergüenza.

Aprobada la Ley de la Memoria Histórica no sólo para abrir fosas, ni sólo para quitar estatuas ecuestres del tirano, el que, en el lugar físico en el que se aprobó dicha ley, se siga homenajeando a semejantes fascistas, uno de ellos con las manos manchadas de sangre, clama al cielo.

Una cosa es el consenso y otra, muy diferente, los principios. Y esto es un asunto de principio. Y no de un tema menor, sino del nudo gordiano de un sistema de libertades. Ante esto, la placa de sor Maravillas me parece una anécdota.

Desde el respeto y el aprecio que te tengo, te recuerdo que tú has aplaudido que el Tribunal Supremo haya sentenciado que en el Parlamento Vasco ondee la bandera española. Lo consideras un asunto legal y de importancia. Permite por tanto que el hecho de que cuelguen en esa casa los retratos de tres antiparlamentarios sea para algunos, también, cuestión de principio. El consenso para un demócrata, en según qué cosas, no se puede aceptar. Y creo que esta es una de ellas.

Ante esta decisión sugiero enviéis el acuerdo de la Mesa del Congreso al Bundestag alemán y le sugieras a su presidente que, ya que Hermann Goering fue elegido presidente del Reichstag, coloquen en aquel hermoso hall de cristal un cuadro de aquel mariscal declarado tras la contienda y su juicio en Nuremberg como "criminal de guerra".

Por lo menos Goering, a diferencia de Bilbao, Iturmendi y Rodríguez de Valcarce, fue elegido democráticamente en los años 30, en representación del partido nazi, por el voto popular de los alemanes. Los tres franquistas citados ni eso. Fueron presidentes por el dedo autoritario del dictador.

Si esta cuestión tan obvia y tan de limpieza democrática necesita explicación, ya sólo esto, es toda una explicación.

Los herederos de Alcalá-Zamora decidirán sobre los documentos

El Ministerio de Cultura tendrá en cuenta la opinión de la familia



Efe/Levante-EMV, Madrid
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, aseguró ayer que su Ministerio "no va a contravenir los derechos legítimos" de la familia del que fuera presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, en el trato que se dé a los documentos intervenidos por la Guardia Civil en Valencia.
Durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press, Molina aseguró que Interior todavía no ha entregado a Cultura los cientos de documentos y manuscritos sobre Alcalá Zamora intervenidos el pasado 12 de diciembre en un establecimiento cercano a la plaza del Ayuntamiento de Valencia, dentro de la operación León, cuando un empresario valenciano se disponía a venderlos.
Cuando lo haga, dijo, "hablaremos con la familia, porque los propietarios legítimos son ellos", y precisó que la intención del Ministerio de Cultura es digitalizarlos y enviarlos al Archivo de Salamanca.
No obstante, precisó que "no vamos a contravenir los derechos legítimos de los propietarios, a quienes se les sustrajo ese archivo y esa documentación", y subrayó que aún "estamos muy en los inicios" de la negociación.
Los papeles fueron recuperados por la brigada de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, tras ser alertada por una de las nietas de Alcalá-Zamora.
La incautación se produjo durante una cita en un bar cercano a la plaza del Ayuntamiento de Valencia entre el empresario y el historiador César Vidal al que quiso tantear para vender los documentos.

LOS LISTADOS DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO, ¿Quién controlará ahora su destino?

LOS LISTADOS DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. ¿Quién controlará ahora su destino?

El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el Registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia.

La página www.todoslosnombres.org era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).

Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.

Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.

No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.



Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero

equipo www.todoslosnombres.org

Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla

Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es

AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS MAMA GRANDE DEL EXILIO ESPAÑOL EN MEXICO

Amalia Solorzano de Cardenas, mamá grande del exilio español en México
La Vanguardia

Joaquim Ibarz | México D.F. (Corresponsal) | 13/12/2008 | Actualizada a las 19:25h
| Internacional Testigo y protagonista de un siglo en la historia moderna de México, doña Amalia Solórzano, viuda del presidente Lázaro Cárdenas del Río, falleció a los 97 años en su casa de Ciudad de México. Amalia Solórzano fue una figura fundamental en la vida nacional, no sólo como compañera de un gran presidente, sino por el apoyo que brindó a los más marginados del país y al exilio español. Su muerte entristece a México, enluta a todos los grupos sociales, académicos e intelectuales. Donde más se siente la pérdida es en la comunidad de descendientes del exilio republicano español. Doña Amalia, como todos la llamaban en el país, fue como una madre generosa para cientos de niños españoles que encontraron refugio en este país durante la guerra civil. Por ello siempre fue la mujer más querida del exilio español.

Fotografía de archivo de la viuda del ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940) Amalia Solórzano, a su llegada a un homenaje que el Ayuntamiento de Madrid tributó a su esposo / EFE

Como esposa, madre y abuela de destacados dirigentes, doña Amalia personificó la crónica nacional de buena parte de la política mexicana del siglo XX. El historiador Lorenzo Meyer señala que fue la depositaria del legado y de los ideales del general Cárdenas. "Doña Amalia se convirtió en guardiana de la herencia de su esposo. Se identificó con ese auténtico nacionalismo revolucionario; el término se ha desgastado y pervertido pero ella hizo su mejor esfuerzo para mantenerlo, sobre todo tras la muerte del general. No fue radical pero nunca dejó de ser fiel representante de lo mejor del cardenismo", comentó el investigador del Colegio de México.

Amalia Solórzano, madre de Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador de Michoacán, fundador del Partido de la Revolución Democrática y tres veces candidato a la presidencia de la República (1988, 1994 y 2000), nació en Tacámbaro, Michoacán en 1911.

Su historia de amor comenzó cuando el general andaba en campaña para gobernador de Michoacán, El primer encuentro no pudo ser más romántico, merecería ser consignado en los anales del género. Ella misma lo dejó registrado en su libro "Era otra cosa la vida".

"Desde que nos vimos, yo desde el balcón de mi casa y él pasó por delante montado a caballo, me saludó desde abajo como a cualquier persona; desde ese momento, fue mutua la simpatía", comentó doña Amalia. El flechazo fue fulminante. Ella tenía 15 años y el militar 33. Al día siguiente coincidieron en una comida que ofrecieron al general en la finca Los Pinos; años más tarde, en claro homenaje de su marido, Cárdenas bautizó la residencia presidencial con ese nombre.

Los padres de Amalia, católicos conservadores, se opusieron al noviazgo porque el general Cárdenas tuvo una participación directa en la Guerra de los Cristeros, que ensangrentó a México por cuestiones religiosas. La joven fue internada en un colegio de monjas de la capital. Sortearon todas las vicisitudes y se casaron por lo civil el 25 de septiembre de 1932. A los 23 años se convirtió en primera dama de México.

Y aunque como esposa del presidente doña Amalia se mantuvo al margen de la política, durante la gestión del general Cárdenas (1934-1940) participó en dos momentos fundamentales que definieron el signo nacionalista que caracterizó el mandato de su esposo.

El primero fue la acogida a 460 niños españoles, hijos o huérfanos de combatientes republicanos de la Guerra Civil, que desembarcaron en el puerto de Veracruz el 7 de junio de 1937. Fueron llevados a Michoacán, donde se les ubicó como internos en una escuela y donde tanto ella como el general Cárdenas los visitaban con regularidad. A estos refugiados se les conoció como los niños de Morelia.

Después vino la apropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Doña Amalia tuvo un papel protagonista en la recogida de fondos con los que indemnizar a las empresas extranjeras. En sus memorias, doña Amalia relata así aquel episodio: "El general me dijo: "Chula, se debe invitar a la mujer a una participación directa, en este momento es urgente la presencia de todos. Hay que hacer labor en las escuelas, en las familias, en fin, en un llamado nacional". La colecta para pagar la deuda de la expropiación fue una ayuda más bien simbólica, pero ¡cómo fue de hermosa la respuesta!"

El 20 de noviembre de 2007, recibió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, máximo reconocimiento que otorga el Estado español, por su destaca labor a favor de los exiliados republicanos. La acogida de los transterrados sentó un precedente de solidaridad internacional, que continúa vigente
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El gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de las fosas

El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas
La Asociación de Memoria Histórica rechaza la propuesta

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 15/12/2008


El Gobierno ha elaborado ya un protocolo para regular las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, tal y como prometía el artículo 12.1 de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. De momento es sólo un borrador. Moncloa ha enviado el texto, de 11 páginas, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que le dé su opinión. No les ha gustado.


Si hay conflicto, como en el caso de García Lorca, la decisión será política

"Esto es urgente. Los hijos se están muriendo", dicen allegados de víctimas

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe paso a paso qué hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y quién debe hacerlo. En el aspecto técnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos años.

Aquel protocolo lo elaboró Francisco Etxeberria, médico forense, perito en la comisión que investiga los crímenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garzón en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antropólogos, historiadores...) a lo largo de todo el proceso.

Pero también tiene una dimensión política. Según el borrador, la intención del Gobierno es seguir prestando "colaboración" a los familiares de las víctimas y a las asociaciones que los representan, que llevarán a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos". El documento establece que los trabajos de recuperación de cadáveres se realizarán previa solicitud de los descendientes directos de las víctimas o de entidades interesadas y que "será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos". Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administración autonómica.

La apertura de una fosa necesitará, además, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, añade el texto, la entidad local o la comunidad autónoma donde se ubiquen los restos "deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión" para encontrar a las familias.

En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, "la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma", que, "tras dar audiencia a los interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los trabajos". Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, sería el Gobierno de Andalucía, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree están enterrados el maestro granadino Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico García Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde están).

A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar "en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato", que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo "para crear una oficina estatal de atención a las víctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los trámites necesarios". La asociación lamenta que se "convierta en una decisión política de una comunidad autónoma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna". A la asociación le preocupa que "esta maraña burocrática" acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. "Esto es urgente. Porque sus familiares se están muriendo. Los hijos de las víctimas son muy mayores. ¿Por qué una mujer de 80 años ha de esperar a que una comunidad autónoma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?", denuncia Silva. "El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ¿significa que se suspenden las elecciones?".

Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumación, las asociaciones pedían autorización al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucción de la zona, que generalmente, no solía responder.

El borrador del protocolo prevé que, en caso de no obtener la autorización del dueño de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administración competente iniciará "los trámites para la ocupación temporal de los terrenos", de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.

Localizados los restos, se dará parte al juzgado de instrucción competente, a la policía y a la Guardia Civil y se llevarán a un laboratorio forense que tratará de identificar a las víctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, serán entregados a las familias; en caso contrario, se inhumarán en el cementerio de la población donde se haya encontrado la fosa.
El protocolo

- Cómo exhumar cuerpos de la Guerra Civil, según propone el Gobierno:

1. Investigación preliminar. Recogida y grabación de testimonios, elaboración de la ficha ante mortem de la víctima y consulta de archivos.

2. Proyecto de intervención arqueológica. Informe sobre la ubicación y características de la fosa, estimación de medios necesarios, del coste y del tiempo de ejecución.

3. Autorización. Permiso por escrito de los familiares de las víctimas y autorización de la comunidad autónoma y los órganos de gobierno local del municipio donde se ubiquen los restos.

4. Excavación. Elaboración de un diario de trabajo y documentación de las tareas realizadas. Establecimiento de un perímetro de seguridad para evitar el expolio de los restos. Comunicación al juzgado de instrucción, a la Policía o Guardia Civil y a la comunidad autónoma de los restos encontrados. Inventario de los hallazgos.

5. Investigación forense. Identificación de la víctima, diagnóstico de la muerte, fecha y circunstancias del fallecimiento.

MORIR EN FILA en el PAIS.COM por JULIAN CASANOVA

Morir en fila
El diario de un padre capuchino detalla el horror de la represión franquista en Zaragoza
JULIÁN CASANOVA 14/12/2008


La religión y el patriotismo ampararon la matanza de varios miles de ciudadanos en Zaragoza durante la Guerra Civil y la posguerra. A cientos de ellos nunca se les inscribió en el registro de defunciones, mientras que otros muchos aparecieron como "hombre o mujer sin identificar". Al principio, en los meses que siguieron a la sublevación militar, ese terror no necesitó de procedimientos ni garantías previas. Sólo 27 de las 2.598 víctimas registradas en 1936 pasaron por consejos de guerra. A veces, las autoridades judiciales se presentaban para proceder al levantamiento de cadáveres, pero lo normal en esos primeros momentos es que quedaran abandonados a orillas del canal Imperial, en los descampados de Valdespartera o en los barrios rurales que rodeaban a la capital.

Muchos familiares intentaban salvar a sus seres queridos. Y lo que encontraban eran falsas promesas, engaños
Unos meses después, puestos ya en marcha los juzgados militares, legalizado el asesinato por las autoridades golpistas, las ejecuciones se realizaban en las tapias del cementerio de Torrero, muy cerca de la cárcel. Fue testigo de ello Gumersindo de Estella, un padre capuchino que se encargó de la "asistencia espiritual a los reos" y que escribió, en forma de diario, unas memorias estremecedoras en las que describe el rito cotidiano de los fusilamientos, las confidencias de los condenados a muerte o la actitud de una parte del clero católico, empeñado "en acreditar con su sello divino una empresa pasional de odio y violencia".

La capilla de la cárcel de Torrero de Zaragoza era en realidad un local destinado a "sala de jueces", donde los días en que había ejecuciones se improvisaba un altar con lo necesario para la misa. Un retrato de Franco presidió la ceremonia hasta que a mediados de 1938 Gumersindo de Estella consiguió que fuera retirado, tras haber señalado insistentemente a las autoridades que "la presencia de Franco en la capilla y en su altar como santo crispaba los nervios de los reos y les causaba feroz indignación porque sabían que las sentencias de muerte eran firmadas por él".

Entraban los presos en capilla alrededor de las cinco de la mañana. El sacerdote hablaba con ellos, les preguntaba por sus familias, por la causa de la muerte y sobre todo si practicaban la religión. Algunos aceptaban la confesión y la comunión "con recogimiento envidiable". A otros había que convencerles de la necesidad de "buscar consuelo en lo sobrenatural". Había quienes no admitían diálogo o se negaban a recibir auxilio espiritual. "No señor, no me invite a practicar la religión", le dijo un reo el 11 de junio de 1938. "Las derechas están matando en nombre de la religión y hacen la guerra en nombre de la religión. Y una religión que les inspira tanta crueldad, no la quiero".

A las seis de la mañana, los guardias civiles comenzaban "la faena" de atarles las manos. De la cárcel los trasladaban a las tapias del cementerio en una camioneta. Durante el corto recorrido, continuaban sin cesar los "ayes lastimosos" que el sacerdote trataba de calmar dándoles a besar el crucifijo. Los acompañaba hasta que eran colocados en fila mirando a la tapia. Tras caer derribados por los tiros del pelotón de fusilamiento, les daba la absolución y la extremaunción antes de que el teniente de turno se acercara y descargara "dos o tres tiros de pistola en la cabeza".

Los que iban a morir le contaban a menudo, minutos antes de los fatales disparos, que habían sido denunciados por sus vecinos, con cualquier pretexto, rencillas personales, políticas, de negocios, que dejaban las manos libres al denunciante mientras al otro lo metían en la fosa. Cuando le confesaban que la denuncia había salido del cura, el padre Gumersindo reflexionaba sobre el daño que ese comportamiento hacía a la religión. Él, como cristiano y sacerdote, "sentía repugnancia ante tan numerosos asesinatos y no podía aprobarlos", una actitud que contrastaba con la de otros religiosos, "incluso superiores míos, que se entregaban a un regocijo extraordinario y no sólo aprobaban cuanto ocurría, sino aplaudían y prorrumpían en vivas con frecuencia".

Nada cambió con el final de la guerra, el 1 de abril de 1939: el mismo rito de la muerte, la farsa de los juicios, la desesperación de los presos inocentes. Muchos familiares removían Roma con Santiago para salvar a sus seres queridos. Y lo que encontraban eran largas, falsas promesas, macabros engaños. Como le sucedió a aquella madre que fue el 12 de febrero de 1940 a hablar con Gumersindo de Estella. Estaba contenta porque había sido muy bien recibida en Madrid y confiaba en que su hijo iba a ser indultado. "¡Infeliz!", anotaba en su diario el fraile capuchino, no sabía la madre que su hijo, Juan García Jariod, escribiente de Caspe de 22 años, tenía la sentencia de muerte firmada por Franco y había sido remitida a Zaragoza para su ejecución. Fue fusilado al día siguiente, 13 de febrero, junto a ocho condenados. Tres días después de su muerte llegó el indulto.

Era tanto el exceso asesino que hasta perfeccionaban el escenario. El 6 de noviembre de 1939, cuando Gumersindo de Estella llegó al cementerio acompañando a los 16 condenados de ese día, observó una novedad. Habían levantado una larga valla de tablones de más de dos metros de alto. Y entre esa valla y la tapia quedaba un espacio de un metro que había sido llenado de tierra. Las miles de balas descargadas desde julio de 1936 habían destrozado la tapia y los disparos traspasaban ya la pared, alcanzando a los ataúdes de los nichos del cementerio.

La mayoría de esos fusilados que constan en los libros de registro del cementerio -más de 3.000 durante la guerra y casi 500 durante la posguerra- fueron enterrados en fosas comunes. Allí permanecieron durante la dictadura de Franco, mientras que ya en 1941 se construyó en el cementerio una capilla-osario para los "caídos de la Cruzada de liberación" y unos años más tarde, en 1953, se levantó en la plaza del Pilar un gran "monumento a los héroes y mártires de nuestra gloriosa Cruzada".

En 1979, al efectuar unas obras en el cementerio, se descubrieron dos grandes zanjas de 500 metros de longitud por dos de anchura con los restos de numerosos asesinados. En aquella España recién salida de la dictadura nada se hizo por identificarlos, localizar a sus familias, darles una digna sepultura. Con algunas excepciones, los restos fueron trasladados a otra fosa común, enterrados de nuevo en el silencio, aunque el primer Ayuntamiento democrático de Zaragoza levantó allí un monolito en memoria de "cuantos murieron por la libertad y la democracia". En ese mismo cementerio, hoy, en su entrada principal, lo primero que el visitante contempla es la gran cruz del monumento a los héroes y mártires de la Cruzada, trasladado allí en 1992 desde la plaza del Pilar.

Son los diferentes recuerdos y memorias de aquella guerra y de la larga posguerra, unos omnipresentes y los otros ocultos, silenciados, recuperados con agrios debates políticos. Porque hay quienes creen todavía que desenterrar ese pasado, reconocer a esas víctimas de la guerra y de la dictadura, es "resucitar fantasmas de la peor historia de España y suscita rencores y divisiones", como dijo hace poco un concejal del PP del Ayuntamiento de Zaragoza. No se trata de fantasmas, sin embargo, sino de miles de víctimas masacradas en nombre del orden, la patria y la religión. Son el rostro visible de una historia que la democracia no puede olvidar.

Justificando la inmunidad por Vicenc Navarro

Justificando la inmunidad

VICENÇ NAVARRO (Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra) - Barcelona - 29/11/2008

Javier Pradera, en su artículo titulado Un viaje alucinógeno (publicado en EL PAÍS el 23 de noviembre), se opone al enjuiciamiento de los responsables del genocidio que llevó a cabo el general Franco y sus aliados, definiendo como absurdo el argumento de imprescriptibilidad utilizado por el juez Garzón, que considera tal delito como un "crimen contra la humanidad" y como tal no sujeto a límites de calendario. Pradera basa su diagnóstico de absurdidad en que por mucho que los tribunales internacionales digan que tales crímenes nunca son prescriptibles, aquí estamos en España y sin transposición interna no vale ningún tribunal internacional. Voces hay en el campo jurídico que cuestionan tal opinión.

Pero lo que considero alucinógeno es que tal argumento se utilice para negar la existencia de un juicio (como ha ocurrido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas y nazis) que tendría un gran valor para la higiene democrática del país. Es más, referirse a otra ley, la Ley de Amnistía, como justificante de que no se realice el juicio es ignorar que la propia Ley de Amnistía era una ley que traducía la enorme debilidad de las izquierdas, consecuencia de la propia existencia de la dictadura. El hecho de que la aprobaran y la derecha se abstuviera es el mejor indicador de que los primeros querían sacar a los suyos de las cárceles, mientras que los segundos se sentían suficientemente seguros (controlaban los aparatos del Estado) para no necesitar una ley de punto final.

Resulta que, a la larga, está protegiendo más a las derechas que a las izquierdas. ¿Duda alguien de que si la transición hubiera sido consecuencia de la derrota de los vencedores, hoy España tendría otra Constitución, y habría habido un enjuiciamiento de los responsables de aquel genocidio? Argumentos como el de Pradera justificarían que Núremberg nunca hubiera tenido lugar.
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