VERDAD JUSTICIA Y REPARACION. La familia de Virgilio Castilla se ha presentado en la justicia para solicitar una compensación economica

Memori Histórica · Tras resarcir el daño moral, la familia de Virgilio Castilla pide una compensación económica
"El Estado se enriqueció de forma injusta y nos dejó en la ruina total"

Los hijos de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación fusilado en el 36, presentan la primera reclamación patrimonial por la multa de 250.000 pesetas impuesta a su familia



José y Carmen, hijos del último presidente republicano de la Diputación de Granada, Virgilio Castilla, promovieron la primera solicitud de reparación moral y reconocimiento personal ante el Gobierno central. Lo hicieron el 27 de diciembre de 2007, exactamente el mismo día en que se publicó en el BOE la popularmente conocida como Ley de la Memoria Histórica.

Por aquel entonces, el abogado de José, José Miguel Castillo Calvín, no descartaba la presentación de una demanda económica contra el Estado, ya que la familia de Virgilio Castilla, tras el fusilamiento de este el 2 de agosto de 1936 junto a la tapia del cementerio de San José, fue sancionada con una multa de 250.000 pesetas que no acabaron de ser sufragadas hasta 1940. Sufrió, además, el escalofriante embargo de sus bienes por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas del franquismo.

Ese día ha llegado. Porque aunque la familia ya obtuvo el 17 de julio de 2009 la declaración de reparación moral y reconocimiento personal, el pasado 21 de octubre interpuso un escrito de responsabilidad patrimonial en el registro de la Subdelegación de Granada, dirigido al Ministerio de la Presidencia.

"En lo moral estamos resarcidos y no olvidamos el homenaje promovido por Antonio Ernesto Molina a nuestro padre en 1984, cuando era vicepresidente de la Diputación y alcalde de Huétor Vega", explica José Castilla. Sin embargo, la multa impuesta "por responsabilidades políticas" supuso "una estrangulación económica" que cambió radicalmente la vida y las expectativas de esta familia. Carmen, de 75 años, y José, de 81, tuvieron que superar en aquellos años "dificultades extraordinarias" y aún, a día de hoy, se siguen preguntando qué habría sido de ellos si no hubieran contado con la ayuda de su abuelo materno.

"Tomaron militarmente nuestra casa y embargaron todo como garantía de que pagaríamos la multa, impuesta a Concepciones Castilla, el negocio que tenía mi padre con un hermano. Apuntaron desde el frigorífico a los cuadros, así como el despacho de mi padre, que fue llevado a Capitanía General. Cogieron todo y mi madre, ama de casa con dos hijos y una niña a la que amamantaba, se quedó sin nada", recuerda José.

Carmen tenía entonces 11 meses y José seis años. Y sus expectativas de futuro habrían sido muy distintas porque, para empezar, Virgilio "tenía la idea de mandarnos al extranjero a estudiar en un colegio inglés", según comenta José. Y es que bajo su punto de vista, "se produjo un enriquecimiento injusto del Estado", que les dejó "en la ruina total". Por su parte, Carmen recuerda cómo se les partió la vida, todo cambió por completo. "Antes lo tenía más asumido pero cada vez estoy más rebelde porque veo a mis nietas con su padre y ahora me acuerdo cada día más del mío. Me lo quitaron y no pude disfrutar de él", lamenta.

Por ese enriquecimiento injusto del Estado, la familia pide ahora 262.832 euros, cantidad -según el dictamen pericial presentado- que es el equivalente actual a las 250.000 pesetas. Aunque son conscientes de que su solicitud difícilmente prosperará, los hijos de Virgilio están dispuestos a acudir a la vía contenciosa e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.