LAS FOSAS Y LOS NIÑOS PERDIDOS SON DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD"...
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Los trabajos del investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el ciudadreleaño Miguel Ángel Rodríguez, en los que pone de manifiesto siguiendo la jurisprudencia europea que las fosas de Franco y los niños desaparecidos son crímenes contra la humanidad, han unido ya a más de 70 asociaciones de la memoria histórica en torno a un comunicado en el que piden al Gobierno que cumpla el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Su correcta aplicación, según explica Rodríguez a este diario, supondría una “profunda reforma” de la Ley de la Memoria Histórica que para él se podría calificar como la de “la vergüenza histórica”.
Las investigaciones de Rodríguez se han basado en la jurisprudencia de los procesos de Nuremberg y de Srebrenica. Su objetivo principal era demostrar que “las fosas de Franco y los niños perdidos son crímenes contra la humanidad” y que los gobiernos democráticos posteriores a 1979 “al no reparar con la diligencia debida” han incurrido en “trato inhumano y violación del derecho a la vida familiar”, puesto que dejar en manos de las familias de los desaparecidos la iniciativa de localizar las fosas incumple los convenios europeos.
De hecho, Rodríguez afirma que el Tribunal Europeo dice que ante la mera noticia -aunque ésta sea periodística- de que hay una fosa, las autoridades están obligadas a iniciar una investigación oficial, efectiva e independiente. Algo que no contempla la actual Ley de la Memoria Histórica que, apunta, no tiene que tratar “sólo de homenajes”.
“Cuando no se investiga se está dejando a las familias en el sufrimiento y eso es trato inhumano, es la reunificación familiar de la que tanto oímos hablar en otros contextos. Estamos hablando de niños que fueron robados por el Estado español”, dice.
“Niños cuyas madres, prosigue, han estado esperando a las puertas de la justicia durante años, como en el caso de Emilia Girón y muchas madres más. No hace falta leer muchas sentencias para entender que hablamos de humanidad”, sostiene.
La investigación de Rodríguez abre nuevas vías de actuación para las víctimas y sus abogados. “Yo digo que la Ley de la Memoria Histórica viola derechos humanos y por eso no cabe ningún reglamento”, apunta. Otra de sus denuncias se refiere la que esta ley, de diciembre de 2007, copia una orden de Franco de mayo de 1940 sobre “las exhumaciones de fosas de asesinados por la orda roja”.
Este experto mantiene que si España no adapta la ley al Convenio de Derechos Humanos, que se firmó ya con la democracia, el país estaría “en una situación de ilegalidad” porque estaría violando distintos artículos con una jurisprudencia “que no tiene dobleces, con una sola línea de interpretación”.
Y añade: “Cada fosa que se abre en la que no se sigue la Ley de Enjuiciamiento Criminal está violando el Convenio Europeo”. Para el investigador, la actual ley que “es un laberinto jurídico”y no cumple con los principios en materia de verdad, justicia y reparación.
A día de hoy se calcula que el número de desaparecidos en España víctimas de la Guerra Civil podría estar en torno a los 150.000. Los cálculos del juez Garzón fijan en 30.000 el número de niños que desapareció durante el franquismo.
Miguel Ángel Rodríguez, cuyos trabajos han sido utilizados por el juez Garzón, quiere abrir ahora una nueva línea de investigación en la que pretende demostrar que los atentados de ETA también son crímenes contra la humanidad
Los trabajos del investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el ciudadreleaño Miguel Ángel Rodríguez, en los que pone de manifiesto siguiendo la jurisprudencia europea que las fosas de Franco y los niños desaparecidos son crímenes contra la humanidad, han unido ya a más de 70 asociaciones de la memoria histórica en torno a un comunicado en el que piden al Gobierno que cumpla el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Su correcta aplicación, según explica Rodríguez a este diario, supondría una “profunda reforma” de la Ley de la Memoria Histórica que para él se podría calificar como la de “la vergüenza histórica”.
Las investigaciones de Rodríguez se han basado en la jurisprudencia de los procesos de Nuremberg y de Srebrenica. Su objetivo principal era demostrar que “las fosas de Franco y los niños perdidos son crímenes contra la humanidad” y que los gobiernos democráticos posteriores a 1979 “al no reparar con la diligencia debida” han incurrido en “trato inhumano y violación del derecho a la vida familiar”, puesto que dejar en manos de las familias de los desaparecidos la iniciativa de localizar las fosas incumple los convenios europeos.
De hecho, Rodríguez afirma que el Tribunal Europeo dice que ante la mera noticia -aunque ésta sea periodística- de que hay una fosa, las autoridades están obligadas a iniciar una investigación oficial, efectiva e independiente. Algo que no contempla la actual Ley de la Memoria Histórica que, apunta, no tiene que tratar “sólo de homenajes”.
“Cuando no se investiga se está dejando a las familias en el sufrimiento y eso es trato inhumano, es la reunificación familiar de la que tanto oímos hablar en otros contextos. Estamos hablando de niños que fueron robados por el Estado español”, dice.
“Niños cuyas madres, prosigue, han estado esperando a las puertas de la justicia durante años, como en el caso de Emilia Girón y muchas madres más. No hace falta leer muchas sentencias para entender que hablamos de humanidad”, sostiene.
La investigación de Rodríguez abre nuevas vías de actuación para las víctimas y sus abogados. “Yo digo que la Ley de la Memoria Histórica viola derechos humanos y por eso no cabe ningún reglamento”, apunta. Otra de sus denuncias se refiere la que esta ley, de diciembre de 2007, copia una orden de Franco de mayo de 1940 sobre “las exhumaciones de fosas de asesinados por la orda roja”.
Este experto mantiene que si España no adapta la ley al Convenio de Derechos Humanos, que se firmó ya con la democracia, el país estaría “en una situación de ilegalidad” porque estaría violando distintos artículos con una jurisprudencia “que no tiene dobleces, con una sola línea de interpretación”.
Y añade: “Cada fosa que se abre en la que no se sigue la Ley de Enjuiciamiento Criminal está violando el Convenio Europeo”. Para el investigador, la actual ley que “es un laberinto jurídico”y no cumple con los principios en materia de verdad, justicia y reparación.
A día de hoy se calcula que el número de desaparecidos en España víctimas de la Guerra Civil podría estar en torno a los 150.000. Los cálculos del juez Garzón fijan en 30.000 el número de niños que desapareció durante el franquismo.
Miguel Ángel Rodríguez, cuyos trabajos han sido utilizados por el juez Garzón, quiere abrir ahora una nueva línea de investigación en la que pretende demostrar que los atentados de ETA también son crímenes contra la humanidad
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