El Ayuntamiento niega el acceso de un investigador a expedientes franquistas
El Ayuntamiento niega el acceso de un investigador a expedientes franquistas
Pablo Martínez denuncia que le impiden consultar informes de empleados municipales, entre ellos el de su bisabuelo
El gobierno avilesino viene negando desde hace dos años permiso a un investigador para consultar información de varios trabajadores municipales relacionados con los expedientes de depuración abiertos por las autoridades franquistas desde noviembre de 1937. El investigador es el castrillonense Pablo Martínez Corral quien, curiosamente, fue contratado por el gobierno para realizar una investigación sobre la represión franquista en el concejo avilesino. Entre los expedientes que solicita consultar, un total de 30, se encuentra el de su propio bisabuelo, que también le deniegan. Martínez Corral sopesa denunciar a los responsables de este bloqueo de los archivos que repercute directamente sobre su investigación.
Como respuesta a su petición inicial, formalizada ante el Ayuntamiento hace dos años -y realizada en calidad de investigador de la asociación «Todos los nombres de Asturias»- Pablo Martínez Corral recibió una contestación en la que se le pedía acreditar la existencia de un interés histórico, científico o cultural. También se le reclamaba que determinara el tipo de dato de consulta para verificar que no iba a vulnerar la ley de protección de datos de carácter personal.
A este respecto, el investigador presentó un recurso de reposición, alegando su «interés histórico en los expedientes personales solicitados de trabajadores municipales y los de depuración abiertos por el franquismo desde 1937». Y justificaba este interés por su condición de historiador e investigador colaborador de la asociación «Todos los nombres de Asturias». Respecto a la determinación del tipo de datos solicitados, aclaró, eran los relativos a expedientes personales del personal municipal represaliado y depurado desde 1937. En cualquier caso, asegura el investigador, los documentos que solicita no afectan a datos relacionados con el origen racial, la salud o la vida sexual, sino a los relativos a las represalias ejercidas sobre una serie de personas durante la guerra civil y la posguerra, por tanto ya fallecidas.
«La Constitución garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a la cultura y mi investigación pretende contribuir a ella. Además, según la ley, las administraciones públicas tienen que cumplir con los principios de transparencia y de participación», argumentó Martínez Corral. Este recurso de reposición no recibió ninguna respuesta, hasta ahora, por parte del Ayuntamiento. Sin embargo el historiador asegura que ha obtenido sin problema documentación militar de Ferrol relativa a alguno de estos funcionarios avilesinos que investiga.
Las depuraciones que estudia, y para las que necesita acceso a estos documentos municipales, se realizaron a partir de noviembre de 1937, despues de la entrada de las tropas nacionales, ya que el Ayuntamiento sancionó en aquél momento a todos los leales a la República. Según Martínez Corral, en su mayoría eran secretarios judiciales, trabajadores administrativos, guardias urbanos y peones. «Muchos fueron fusilados, como mi bisabuelo, y otros juzgados por los militares».
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