Manifiesto del Movimiento Republicano Popular de las Islas Canarias
EL REPUBLICANISMO HISTORICO AL NUEVO SOCIAL-REPUBLICANISMO
(Manifiesto del Movimiento Republicano Popular de las Islas Canarias)
Treinta y cinco años de falsa democracia, nos ha llevado a la actual situación catastrófica de crisis económica y política, que afecta directamente a la credibilidad del régimen monárquico. Una oligarquía empresarial insaciable, en complicidad con la clase política, vampiriza los fondos públicos, al mismo tiempo que expulsa del mercado de trabajo a cuatro millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, que son los verdaderos mantenedores de la continuidad económica del país. La corrupción político-empresarial generalizada contamina a los dos partidos que se reparten el poder, así como a las más diversas corporaciones estatales o autonómicas y a la misma Corona, protegida por la impunidad que da la Jefatura Militar del Estado fijada en el título segundo de la Constitución de 1978. En este país nadie dentro del sistema de corrupción imperante ha permanecido libre de la tentación.
DEMOCRACIA FRACASADA. Pero lo grave no es sólo el desprestigio de la monarquía y de su clase política, sino el fracaso del proyecto de democratización que se abrió con la muerte del dictador. Así, el marco electoral actual no es nada representativo. Controlado como está por los dos partidos alternantes, el sistema electoral distorsiona la proporcionalidad parlamentaria de los votos de una forma extremadamente injusta.
Pero el deterioro de la democracia no se limita al ámbito electoral. La estructura social es profundamente antidemocrática, con instituciones como la prensa monopolizada por el poder económico, o la propia libertad de los partidos políticos gravemente conculcada desde la época de José María Aznar, con la ley de 1999 que prohíbe los partidos molestos. Proliferan, pues, las anomalías antidemocráticas que han culminado con la criminalización por el ultraderechista Tribunal Supremo del único juez que se ha atrevido a investigar los crímenes contra la humanidad que se produjeron durante la dictadura.
Explicar cómo ha podido prolongarse durante tanto tiempo el gran engaño de la transición requeriría un análisis sociológico de la naturaleza del régimen juancarlista. Si quitamos la corteza electoralista y la retórica constitucional, el componente clasista muestra cómo ha perdurado la continuidad de la oligarquía económica y política del viejo Estado fascista en partidos como el extinto Unión del Centro Democrático, y los actuales Partido Popular y Falange Espaoñola, e instituciones como la Conferencia Episcopal, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En resumen, la monarquía heredada del franquismo no es una democracia, su definición técnica más correcta sería la de corrupción electocrática más monarcadura militar españolista.
REFUNDACIÓN DE LA DEMOCRACIA. ¿Es posible regenerar el régimen juancarlista? A pesar de las pregonadas buenas intenciones de D. Mariano Rajoy, hay que reconocer que mientras esté vigente la Constitución otorgada de 1978, las condiciones para desarrollar el proceso de democratización se hacen imposibles, porque esa Carta Magna está llena de barreras antidemocráticas. Habrían de darse condiciones de refundación de la democracia con la recuperación de la verdadera soberanía popular, reprimida durante 40 años por la dictadura y falseada por lo que ha venido después.
Por ello afirmamos que sin ruptura republicana de la tradición franquista no hay democracia. Sin republicanización, es decir, sin legitimidad y sin razón pública en la práctica política del Estado no se alcanzará nunca la democracia verdadera.
En consecuencia, durante la transición para refundar el proceso de democratización se hacía imprescindible y no se hizo:
- Desfranquizar el aparato de Estado, depurando los cuerpos represivos antidemocráticos heredados del régimen, que habían sido cómplices de los crímenes del franquismo. Pero la amnistía de 1977 los convirtió en impunes y ni un solo funcionario fascista tuvo que dimitir.
- Restablecer la soberanía popular, lo que implicaba la consulta a la ciudadanía mediante referéndum vinculante sobre la forma de Estado y también, simultáneamente, el ejercicio del derecho de autodeterminación de las nacionalidades que habían sido oprimidas por el centralismo del anterior régimen. Pero el artículo 8 de la Constitución, que pone en manos del poder militar la salvaguarda de la unidad del Estado; el artículo 92, que elimina los referéndums vinculantes, y el anti federalista título VIII de la Constitución, cerraron el paso a cualquier esperanza de solucionar democráticamente el conflicto de las nacionalidades.
- Desplazar la ultraderechista cultura impuesta durante tantos años por la mentalidad fascista, refrito de nacional-catolicismo y españolismo militar, por una auténtica cultura democrática y moderna, ligada a la tradición ilustrada del republicanismo, que garantice la libertad de cultos y la igualdad de condiciones para todas las ideas. Pero el artículo 16.3º de la Constitución otorgada sigue privilegiando al nacional-catolicismo financiado por el Estado y con primacía en exacción de impuestos y en la educación.
Ninguna de esas condiciones de democratización se ha abordado en los 35 años de régimen juancarlista.
LA ALTERNATIVA REPUBLICANA. En esta situación límite de degeneración democrática y de bancarrota moral de una monarquía que ha agotado su ciclo político y ha perdido toda credibilidad democrática, el republicanismo aparece como alternativa. Es la forma de institucionalizar públicamente la democratización de la sociedad y del Estado en una dinámica de autodeterminación de la base ciudadana, actualizando los valores de la Revolución Francesa, –la libertad igualitaria y la solidaridad humana–, con criterios de racionalidad pública, y apoyándose siempre en la opinión refrendada por la mayoría trabajadora de la sociedad.
Esta concepción radicalmente democrática de lo político se refleja muy bien en el viejo republicanismo de la Constitución de 1931, cuando define el Estado español como “una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo”.
Pero el nuevo social-republicanismo debe afrontar plenamente todos los retos que plantea la situación planetaria en una coyuntura de profunda crisis ecológica, energética, agroalimentaria y financiero-especulativa, si quiere firmemente movilizar el inmenso potencial democratizador de la humanidad. Enlazará así con los movimientos sociales de liberación que luchan por democratizar cada una de la dimensiones sectorializadas de la sociedad presente. Frente a la destructiva evolución del capitalismo neoliberal, que nos ha llevado a la crisis global, es necesario un republicanismo confederal en un marco de internacionalismo ecológico anticapitalista para superar dicha crisis y propiciar la confluencia de todas las izquierdas a favor de más y mejor democracia económica mundial.
PACTO DE CACIQUES. En las Islas Canarias el pacto entre la fracción centralista de la burguesía (PP-PSOE) y la fracción regionalista (CC) ha prolongado el régimen oligárquico-caciquil calcado de la dictadura, aprovechándose de un sistema electoral manifiestamente injusto. El caos inversionista de un empresariado de constructores y especuladores en connivencia con el Gobierno canario ha provocado una escandalosa destrucción de recursos naturales, de suelo agrícola y de territorio, que amenaza la supervivencia de las generaciones futuras.
En esta situación límite emerge la potente movilización popular que organizó la gran manifestación del 27 de noviembre de 2004 en Tenerife, lo que marca un punto de inflexión en el proceso de democratización de las islas. Después, con la democracia participativa de Asamblea por Tenerife y de la Coordinadora de Pueblos y Barrios se ha ampliado la confluencia de los y las demócratas en objetivos de racionalidad ecologista y defensa de los intereses colectivos y de la moral pública. Es aquí donde el movimiento republicano popular está llamado a asumir la reivindicación fundamental de la regeneración democrática, superando al corrupto sistema juancarlista.
Frente al distanciamiento elitista de la clase política apoltronada y cómplice del aparato monárquico de Estado, los republicanos y las republicanas canarios, más allá de cualquier partidismo, proponen:
- Una República cuya práctica política esté encuadrada en un sentido radical de la democracia, en la que tenga cabida el derecho de autodeterminación de los pueblos, abriendo paso a las formas de adhesión que se decidiera respecto al estado central.
- Una República donde los derechos humanos sean el referente de toda acción de gobierno, y donde haya una verdadera división de los poderes institucionales del Estado.
- Una República, en definitiva, laica, solidaria y participativa.
Por la confluencia de todas y todos los republicanos, por la plena democratización participativa y asamblearia, por un régimen verdaderamente laico y aconfesional de los pueblos, ciudadanos y ciudadanas gritemos:
¡VIVA LA REPÚBLICA!
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de Abril de 2010
Plataforma por la República de Tenerife
(Manifiesto del Movimiento Republicano Popular de las Islas Canarias)
Treinta y cinco años de falsa democracia, nos ha llevado a la actual situación catastrófica de crisis económica y política, que afecta directamente a la credibilidad del régimen monárquico. Una oligarquía empresarial insaciable, en complicidad con la clase política, vampiriza los fondos públicos, al mismo tiempo que expulsa del mercado de trabajo a cuatro millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, que son los verdaderos mantenedores de la continuidad económica del país. La corrupción político-empresarial generalizada contamina a los dos partidos que se reparten el poder, así como a las más diversas corporaciones estatales o autonómicas y a la misma Corona, protegida por la impunidad que da la Jefatura Militar del Estado fijada en el título segundo de la Constitución de 1978. En este país nadie dentro del sistema de corrupción imperante ha permanecido libre de la tentación.
DEMOCRACIA FRACASADA. Pero lo grave no es sólo el desprestigio de la monarquía y de su clase política, sino el fracaso del proyecto de democratización que se abrió con la muerte del dictador. Así, el marco electoral actual no es nada representativo. Controlado como está por los dos partidos alternantes, el sistema electoral distorsiona la proporcionalidad parlamentaria de los votos de una forma extremadamente injusta.
Pero el deterioro de la democracia no se limita al ámbito electoral. La estructura social es profundamente antidemocrática, con instituciones como la prensa monopolizada por el poder económico, o la propia libertad de los partidos políticos gravemente conculcada desde la época de José María Aznar, con la ley de 1999 que prohíbe los partidos molestos. Proliferan, pues, las anomalías antidemocráticas que han culminado con la criminalización por el ultraderechista Tribunal Supremo del único juez que se ha atrevido a investigar los crímenes contra la humanidad que se produjeron durante la dictadura.
Explicar cómo ha podido prolongarse durante tanto tiempo el gran engaño de la transición requeriría un análisis sociológico de la naturaleza del régimen juancarlista. Si quitamos la corteza electoralista y la retórica constitucional, el componente clasista muestra cómo ha perdurado la continuidad de la oligarquía económica y política del viejo Estado fascista en partidos como el extinto Unión del Centro Democrático, y los actuales Partido Popular y Falange Espaoñola, e instituciones como la Conferencia Episcopal, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En resumen, la monarquía heredada del franquismo no es una democracia, su definición técnica más correcta sería la de corrupción electocrática más monarcadura militar españolista.
REFUNDACIÓN DE LA DEMOCRACIA. ¿Es posible regenerar el régimen juancarlista? A pesar de las pregonadas buenas intenciones de D. Mariano Rajoy, hay que reconocer que mientras esté vigente la Constitución otorgada de 1978, las condiciones para desarrollar el proceso de democratización se hacen imposibles, porque esa Carta Magna está llena de barreras antidemocráticas. Habrían de darse condiciones de refundación de la democracia con la recuperación de la verdadera soberanía popular, reprimida durante 40 años por la dictadura y falseada por lo que ha venido después.
Por ello afirmamos que sin ruptura republicana de la tradición franquista no hay democracia. Sin republicanización, es decir, sin legitimidad y sin razón pública en la práctica política del Estado no se alcanzará nunca la democracia verdadera.
En consecuencia, durante la transición para refundar el proceso de democratización se hacía imprescindible y no se hizo:
- Desfranquizar el aparato de Estado, depurando los cuerpos represivos antidemocráticos heredados del régimen, que habían sido cómplices de los crímenes del franquismo. Pero la amnistía de 1977 los convirtió en impunes y ni un solo funcionario fascista tuvo que dimitir.
- Restablecer la soberanía popular, lo que implicaba la consulta a la ciudadanía mediante referéndum vinculante sobre la forma de Estado y también, simultáneamente, el ejercicio del derecho de autodeterminación de las nacionalidades que habían sido oprimidas por el centralismo del anterior régimen. Pero el artículo 8 de la Constitución, que pone en manos del poder militar la salvaguarda de la unidad del Estado; el artículo 92, que elimina los referéndums vinculantes, y el anti federalista título VIII de la Constitución, cerraron el paso a cualquier esperanza de solucionar democráticamente el conflicto de las nacionalidades.
- Desplazar la ultraderechista cultura impuesta durante tantos años por la mentalidad fascista, refrito de nacional-catolicismo y españolismo militar, por una auténtica cultura democrática y moderna, ligada a la tradición ilustrada del republicanismo, que garantice la libertad de cultos y la igualdad de condiciones para todas las ideas. Pero el artículo 16.3º de la Constitución otorgada sigue privilegiando al nacional-catolicismo financiado por el Estado y con primacía en exacción de impuestos y en la educación.
Ninguna de esas condiciones de democratización se ha abordado en los 35 años de régimen juancarlista.
LA ALTERNATIVA REPUBLICANA. En esta situación límite de degeneración democrática y de bancarrota moral de una monarquía que ha agotado su ciclo político y ha perdido toda credibilidad democrática, el republicanismo aparece como alternativa. Es la forma de institucionalizar públicamente la democratización de la sociedad y del Estado en una dinámica de autodeterminación de la base ciudadana, actualizando los valores de la Revolución Francesa, –la libertad igualitaria y la solidaridad humana–, con criterios de racionalidad pública, y apoyándose siempre en la opinión refrendada por la mayoría trabajadora de la sociedad.
Esta concepción radicalmente democrática de lo político se refleja muy bien en el viejo republicanismo de la Constitución de 1931, cuando define el Estado español como “una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo”.
Pero el nuevo social-republicanismo debe afrontar plenamente todos los retos que plantea la situación planetaria en una coyuntura de profunda crisis ecológica, energética, agroalimentaria y financiero-especulativa, si quiere firmemente movilizar el inmenso potencial democratizador de la humanidad. Enlazará así con los movimientos sociales de liberación que luchan por democratizar cada una de la dimensiones sectorializadas de la sociedad presente. Frente a la destructiva evolución del capitalismo neoliberal, que nos ha llevado a la crisis global, es necesario un republicanismo confederal en un marco de internacionalismo ecológico anticapitalista para superar dicha crisis y propiciar la confluencia de todas las izquierdas a favor de más y mejor democracia económica mundial.
PACTO DE CACIQUES. En las Islas Canarias el pacto entre la fracción centralista de la burguesía (PP-PSOE) y la fracción regionalista (CC) ha prolongado el régimen oligárquico-caciquil calcado de la dictadura, aprovechándose de un sistema electoral manifiestamente injusto. El caos inversionista de un empresariado de constructores y especuladores en connivencia con el Gobierno canario ha provocado una escandalosa destrucción de recursos naturales, de suelo agrícola y de territorio, que amenaza la supervivencia de las generaciones futuras.
En esta situación límite emerge la potente movilización popular que organizó la gran manifestación del 27 de noviembre de 2004 en Tenerife, lo que marca un punto de inflexión en el proceso de democratización de las islas. Después, con la democracia participativa de Asamblea por Tenerife y de la Coordinadora de Pueblos y Barrios se ha ampliado la confluencia de los y las demócratas en objetivos de racionalidad ecologista y defensa de los intereses colectivos y de la moral pública. Es aquí donde el movimiento republicano popular está llamado a asumir la reivindicación fundamental de la regeneración democrática, superando al corrupto sistema juancarlista.
Frente al distanciamiento elitista de la clase política apoltronada y cómplice del aparato monárquico de Estado, los republicanos y las republicanas canarios, más allá de cualquier partidismo, proponen:
- Una República cuya práctica política esté encuadrada en un sentido radical de la democracia, en la que tenga cabida el derecho de autodeterminación de los pueblos, abriendo paso a las formas de adhesión que se decidiera respecto al estado central.
- Una República donde los derechos humanos sean el referente de toda acción de gobierno, y donde haya una verdadera división de los poderes institucionales del Estado.
- Una República, en definitiva, laica, solidaria y participativa.
Por la confluencia de todas y todos los republicanos, por la plena democratización participativa y asamblearia, por un régimen verdaderamente laico y aconfesional de los pueblos, ciudadanos y ciudadanas gritemos:
¡VIVA LA REPÚBLICA!
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de Abril de 2010
Plataforma por la República de Tenerife
Etiquetas: Santa Cruz de Tenerife
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