JOSÉ MARÍA PEDREÑO

El proceso promovido ante el Tribunal Supremo por organizaciones de ideología fascista contra el juez Baltasar Garzón ha puesto en evidencia ante la opinión pública la vigencia del pacto de silencio de la Transición y el modelo español de impunidad. Este proceso, independientemente de otros fines o intereses entrecruzados que puedan darse en él, tiene como objetivo para los franquistas y la derecha institucional mostrar su poder, circunscribir la memoria histórica, como mucho, a una pura cuestión privada y familiar, y conseguir un castigo ejemplar para amedrentar a cualquier juez que intente investigar los crímenes contra la humanidad –y, por tanto, imprescriptibles– cometidos por el franquismo.

El procedimiento instruido por Garzón puede que adoleciera de un defecto de forma por cuestión de competencia, pero no podemos considerar que declararse competente en principio o discrepar del fiscal fuera un delito, sino una cuestión de interpretación de las leyes a la que todo juez tiene derecho. Lo cierto es que, centrando la cuestión en el proceso abierto contra Garzón, nos estamos olvidando de la cuestión fundamental: las víctimas. El Poder Judicial, tras dictar la no competencia de Garzón, aún no ha indicado cuáles son los órganos jurídicos competentes para investigar los crímenes del franquismo, por lo que a día de hoy las víctimas siguen desamparadas, los franquistas y sus herederos se aferran a los numerosos órganos de poder que aún controlan, y el franquismo sociológico sigue formando parte de nuestra cultura social. Por ello, independientemente del resultado que tenga el proceso iniciado contra Garzón, la centralidad debemos ponerla en la consecución de justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad.

Por otro lado, si realmente queremos fortalecer la democracia, no podemos desligar, en ningún momento, la lucha por la justicia del recuerdo y la puesta en valor del proyecto político democrático de la II República que defendían las víctimas del franquismo. Hay que tener en cuenta que el fascismo español decidió realizar una operación organizada y sistemática de exterminio y represión de todos los defensores de la libertad, la justicia social y la democracia; no es, por tanto, una cuestión exclusivamente privada y familiar, sino que es algo que afecta profundamente a las raíces de la deteriorada democracia actual. No se trata sólo de recuperar restos cadavéricos para entregarlos a las familias, sino de recuperar los valores de igualdad, fraternidad y solidaridad que portaban aquellos hombres y mujeres represaliados por el fascismo español. La recuperación de estos valores, en momentos como los que vivimos, son tarea fundamental de todos.

La izquierda institucional tampoco saldrá bien parada de esta historia si no es capaz de enmendar los errores cometidos hasta la fecha. Tiene que dejar de obrar por impulsos para conseguir objetivos políticos a corto plazo, entrando en contradicciones difíciles de superar al no actuar con coherencia. Leyendo los autos del juez Varela se desprende que a Garzón se le acusa de vulnerar la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de la Memoria de 2007. Son dos leyes aprobadas por el Parlamento que no respetan la legislación penal internacional, por lo que, tanto los grupos parlamentarios como el Ejecutivo, tienen la obligación de manifestar su posición. La Ley de Amnistía de 1977 porque ha sido calificada por diversos estamentos internacionales –entre ellos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas– como ley de punto final y la Ley de Memoria de 2007 porque no sólo no ha sido capaz de satisfacer las demandas de las víctimas, sus familiares y la sociedad, sino porque además da legalidad a los bandos de guerra de los golpistas del 18 de julio de 1936 y a todos los actos jurídicos represivos de la dictadura. Hoy más que nunca se hace necesario y obligatorio que el Parlamento declare la ilegalidad del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y del régimen fascista surgido del mismo y, por tanto, la nulidad de todos sus actos jurídicos represivos, para que los sumarios franquistas sólo sean el acta que un grupo de asesinos levantaba para dar fe de los crímenes que cometía. Esa es la validez que la democracia española debería dar a las sentencias de los tribunales de la dictadura.

Estudiando el desarrollo que el movimiento de recuperación de la memoria histórica democrática ha tenido en los últimos años, nos damos cuenta de la pluralidad existente en el mismo. Esta diversidad en objetivos, ámbitos de trabajo, estrategias jurídicas y políticas se materializaba en la existencia de un sinfín de asociaciones difíciles de unir, hasta la fecha, en un proyecto común; sin embargo, la situación que se ha creado con el procesamiento de Garzón ha permitido que todas estas asociaciones, en un ejercicio de generosidad absoluta heredado de los viejos luchadores antifascistas, el día 19 de abril, superando todo tipo de diferencias, decidieran, por encima de todo, establecer un mínimo denominador común que permitiese forjar la unidad: “Contra la impunidad del franquismo, verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”.

Esta consigna unitaria debe trasformarse no sólo en un lema, sino en un objetivo en sí mismo, sirviendo constantemente de instrumento para una movilización permanente hasta haberlo conseguido. Todos a una, como dice la canción, hemos dicho “¡basta!” y echado a andar.

José María Pedreño es Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria