Euskadi reclama su memoria histórica

Euskadi reclama su memoria histórica

PNV y PSE han presentado sendas iniciativas en el Parlamento Vasco en las que piden a los gobiernos de Vitoria y Madrid que aceleren el traslado a Euskadi de los "papeles" de Salamanca.



AUNQUE parece un tema ya lejano en el tiempo, tan sólo hace cuatro años que los papeles de Salamanca sacudieron la actualidad política del Estado. La reclamación catalana de reparar el expolio realizado por las tropas vencedoras en la Guerra Civil en las administraciones locales y regionales que fueron conquistando para la causa franquista se convirtió para muchos en un ejercicio de separatismo documental.

La durísima oposición al traslado de los documentos de la Generalitat a Barcelona, un gesto puramente simbólico en la era digital, se trasladó incluso al terreno de lo localista, pues los partidos de derecha y los medios afines promovieron la rebelión de los salmantinos ante lo que consideraban un nuevo expolio, aunque en este caso democrático. Sin embargo, se constató que en la polémica hubo mucho más humo que fuego, pues finalmente se hizo copia electrónica de todos los documentos, se cargaron en cajas y se trasladaron los originales a la capital condal sin mayores consecuencias que la devolución de los papeles a sus legítimos propietarios.

Se hizo el traslado en virtud de la Ley aprobada al efecto el 17 de noviembre de 2005, y otras administraciones autonómicas, entre ellas la vasca, tomaron nota del precedente que se acababa de sentar. Así, el 27 de abril de 2006, un día después de que se cumplieran 69 años del bombardeo de Gernika, el Parlamento Vasco pidió a Madrid que, "a la mayor brevedad, y, en todo caso, en la presente legislatura de las Cortes Generales", -la que expiró en 2008-, trasladara a Euskadi los documentos sustraídos al Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos.

Sin embargo, el ruido mediático que generaron los papeles de Salamanca había ya menguado, y la Proposición No de Ley de la Cámara Vasca quedó aparcada en un cajón en espera de la oportunidad adecuada para volver a la actualidad.

Y ese momento ha llegado. La Ley de Memoria Histórica, la apertura de fosas comunes, la acción del juez Garzón y la reacción de la Falange, han devuelto al primer plano los episodios de la Guerra Civil y de la década de miseria y represión que vivió el Estado a partir del 1 de abril de 1939, cuando el "cautivo y desarmado Ejército rojo" no dio ya más de sí.

Así, el pasado 30 de abril, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, presentó una Proposición No de Ley en la que recuerda al Gobierno de Madrid que la reclamación vasca sigue pendiente de ser satisfecha. Los jeltzales dan seis meses a los gobiernos de Gasteiz y Madrid para alcanzar un acuerdo que permita el traslado de los documentos vascos del Centro Documental de la Memoria Histórica, el antiguo Archivo General de la Guerra Civil, a sus propietarios. En el caso del Gobierno Vasco, el PNV reclama los archivos de sus órganos de Gobierno, de su Administración y de sus entidades dependientes, y añade un punto para pedir que se envíe a las diputaciones los documentos que les fueron confiscados en la contienda.

Otro apéndice pide idéntica medida hacia los ayuntamientos, a través de Eudel, y por último se reclama el depósito de los documentos del Ejecutivo en el Centro de Patrimonio Documental Irargi, hasta que se constituya el Archivo Nacional de Euskadi, cuyo proyecto quieren ver los jeltzales en el Parlamento en un año.

El pasado 18 de mayo, el PSE enmendó la propuesta del PNV, pero al margen de evitar el extenso preámbulo del texto de Egibar, no hay diferencias sustanciales entre una y otra iniciativa, al margen de que los socialistas dan un año de plazo a los Ejecutivos vasco y español para alcanzar un acuerdo. Con estos precedentes, no es aventurado predecir la redacción de una enmienda transaccional que seguramente recabará el apoyo de todos los grupos vascos, a excepción probablemente del PP.