BOLETÍN INFORMATIVO

REHABILITACIÓN SIMBÓLICA|DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA


El Gobierno se limita a "reconocer" a Companys
• De la Vega afirma que el compromiso "se agota" con la declaración de reparación


El presidente Companys habla a través de Radio Barcelona.
MANEL MANCHÓN
MADRID
Una reparación y un reconocimiento a la figura del president Lluís Companys, el único presidente democráticamente elegido fusilado tras la guerra civil y en el contexto de la segunda guerra mundial. No habrá más. O, por lo menos, ese será el gesto del Gobierno, cuya vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que con esa iniciativa "se agota" el compromiso del Ejecutivo español, "más allá de las decisiones que puedan adoptar las familias o las instituciones" que traten de anular el juicio sumarísimo que le llevó al fusilamiento en los muros de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Pero en ese intento no estará el Gobierno, aunque la propia vicepresidenta prometió que trabajaría en ello en el 64° aniversario del fusilamiento, en el 2004.
La iniciativa llega por parte del Ministerio de Justicia, que ha aprobado la declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del president Companys, tras analizar la solicitud de sus familiares, en concreto de su nieta, María Luisa Gally, que se acogió a esa posibilidad dentro de la ley de memoria histórica. Junto a la petición de Gally, Justicia aprobó el pasado mes de diciembre otras 41 solicitudes.

CONSEJO DE GUERRA
La cuestión es que la ambición del Gobierno era otra, la que le reclamaba y la que exige ahora el Govern y el conjunto de los partidos catalanes. Tras el Consejo de Ministros del 15 de octubre del 2004, que concidió en el día con el 64° aniversario del fusilamiento de Companys, Fernández de la Vega aseguraba que el Gobierno aprobaría una ley que permitiría anular las sentencias franquistas, incluido también el consejo de guerra instruido contra el president de la Generalitat.
La iniciativa legal, que la propia vicepresidenta defendía de nuevo, el mismo día, con su presencia en el Palau de la Generalitat junto al president Pasqual Maragall, daba cumplimiento a una proposición no de ley del Congreso, que el 28 de septiembre del 2004 instaba al Gobierno a tramitar la anulación del consejo de guerra a Companys y a rehabilitar su honor.
El Ministerio de Justicia se ha limitado a recoger las solicitudes que se acogen a la ley de memoria histórica, que dignifica a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. De la Vega, que insistió en que el Gobierno daba por cumplido su compromiso, aseguró que el reconocimiento de Companys se solemnizará con algún acto "especial", en el que estarían presentes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y miembros de la Generalitat. Pero el Ministerio de Justicia no supo ofrecer ayer más detalles, ni si se convocará ese acto para reconocer de forma conjunta a Companys con las otras 41 solicitudes, o únicamente al president de la Generalitat fusilado.
De la Vega dejó claro ayer que los familiares de Companys podrán seguir el camino que crean oportuno para lograr la anulación del consejo de guerra, aunque el Gobierno no les acompañará. Pero la declaración de reparación y de reconocimiento es necesaria para llegar a ese fin. Así lo consideró la propia nieta del president, que entregó a Bermejo la petición de restitución junto con el conseller Joan Saura, el pasado 12 de octubre en Madrid.
Este último, para defenderse de las críticas que recibió de ERC, argumentó ese primer paso. La razón es que, siguiendo la ley de memoria histórica, solo se podría conseguir anular un juicio franquista si se aporta un elemento novedoso que sirviera para activar un recurso de revisión. Y el elemento novedoso podría ser, precisamente, la declaración de reconocimiento de Justicia.

COMISIÓN
Más lejos que la propia distancia en el tiempo parece quedar la voluntad del Gobierno de encarar el caso desde el propio ámbito jurídico. De la Vega puso en marcha una comisión interministerial, el 10 de septiembre del 2004, para estudiar la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y la propia vicepresidenta reclamaba a la comisión que diera prioridad a la elaboración de la ley con el objeto de anular el consejo de guerra de Companys. Era otro momento político.

*Fuente: El Periódico, 31 de enero de 2009

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=583199&idseccio_PK=&h=090131