Sólo los nacionalistas y las minorías de izquierdas apoyan la pretensión de los republicanos,
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa fue 'tumbada' con los votos de PSOE y PP y sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda.

El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.

"La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.

CAMBIAR CUATRO LEYES

Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.

Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.

COMPANYS, CONDENADO TAMBIÉN POR LA REPÚBLICA

El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles.

Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.

En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".

Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a

Recogida de firmas para exigir al parlamento la anulación de todas las sentencias del franquismo
Foro por la Memoria de Málaga, 23-11-2009 - 1 Diciembre 2009

Exigimos al parlamento la anulación de todos y cada uno de los actos jurídicos represivos del franquismo



23/11/2009

Nuestros Familiares y compañeros llevan 70 años, esperando, que se haga justicia, de esos 70 años más de 30 han sido llamados democráticos, aun hoy sigue pesando la loza de los juicios que les condenó a muerte, les torturó , encarcelo, los depuró profesionalmente y les incauto sus bienes, dejándoles en la miseria o enterrados en una cuneta.

La mal llamada ley de la memoria histórica que no satisface a nadie, excepto a los que la crearon y no a todos, nos ha servido para coartarnos la libertad de poder exigir, que se cumplan las leyes internacionales de derechos humanos , al igual que nos ocurrió con la ley de amnistía; ¿cómo podemos concebir una ley que incumplen a su antojo, la iglesia , los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el estado e incluso el poder judicial?, ¿es que la ley no es igual para todos?, pues no en este país, vivimos atados y bien atados como el asesino de franco nos anunció, nos mantienen aborregados influidos por una sociedad de consumo, en el que lo que más interesa es tener un buen coche, una gran casa, en definitiva, nos influencia para que consumamos en su mayoría cosas que no necesitamos y que terminan arrinconadas o en la basura, mientras nos mantienen pegados al televisor, disfrutando de los programas basura, sobre las miserias de los demás ,para que nos sintamos afortunados, de que no son las nuestras, o el futbol donde se hacen fichajes millonarios, cuando millones de personas no tienen que llevarse a la boca.

El régimen y la posterior democracia, nos han aborregado de tal manera que no somos capaces de ver, que no tenemos libertad, que dependemos del consumo ilimitado, pero no nos desviemos del tema, la ley de la memoria o de la desmemoria, que sería su nombre , nos cierra todas las puertas, para exigir verdad ,justicia y reparación , para todas las víctimas del franquismo, pensemos un minuto como nos escandalizamos y solidarizamos cuando un terrorista pone una bomba, pero no nos escandalizamos cuando vemos las fotografías de las ciudades o la población civil bombardeadas por la aviación franquista,¿ es que los últimos no fueron terroristas?, ¿por qué no se les aplica la misma vara de medir?,¿ por qué debemos solicitar revisión de las causas?, para poder anular los juicios al que el franquismo sometió a nuestros seres queridos, es que acaso deben ser juzgados de nuevo o quizás quieran que reconozcamos la legalidad de esos tribunales, ya que fueron ilegales , al imponerse tras un golpe de estado, contra el gobierno democrático y la represión y exterminio masivo de sus defensores, extendido en el tiempo más allá de la muerte del dictador y no ilegítimos como los han declarado, no deben ser revisados, sino anulados, ¿qué ocurre actualmente cuando por un defecto de forma o error judicial, sale un delincuente a la calle? Nos escandalizamos, pero no hacemos nada, cuando nos venden una ley hecha a la medida de los interesados, que sigue manteniendo a nuestros seres queridos como delincuentes, y ya van más de 70 años ¿Cuánto más tendrán que esperar? O quizás lo olvidaremos para siempre conformándonos con las migajas, que quieran darnos, para mantenernos en silencio, mientras van apareciendo normativas que nos coartan cada día mas en nuestras comunidades autónomas, basta ver el nuevo protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía.

Yo os llamo a la insurrección contra la ley de la desmemoria, ya que si los demás pueden incumplirla, ¿por qué nosotros no?, debemos exigir al parlamento la anulación de todos y cada uno de los actos jurídicos represivos del franquismo incluidos todos los procedimientos sumariales tanto civiles como militares y administrativos , como fueron las depuraciones o incautaciones de bienes, instruidos sobre los opositores políticos del régimen al igual que la aplicación de las leyes internacionales, desde aquí queremos lanzar una campaña de recogidas de firmas para exigir a nuestro gobierno, que de una vez por todas, se hagan realidad los derechos que hemos ido consiguiendo con nuestra lucha a lo largo del tiempo.

El bebé republicano

LORENA BUSTABAD - Ferrol - 12/07/2009


En 1937, en plena contienda civil de España contra España, un tribunal militar la condenó a muerte por "roja y revolucionaria" en un proceso "plagado de irregularidades". Estaba embarazada. No hubo clemencia, sólo cárcel. El 31 de octubre, Amada García Rodríguez alumbró a su hijo en el hospital de Caridad de Ferrol.



En 1937, en plena contienda civil de España contra España, un tribunal militar la condenó a muerte por "roja y revolucionaria" en un proceso "plagado de irregularidades". Estaba embarazada. No hubo clemencia, sólo cárcel. El 31 de octubre, Amada García Rodríguez alumbró a su hijo en el hospital de Caridad de Ferrol. El único varón de tres hermanos. Le llamó Gabriel, como el padre, Gabriel Toimil. Amada sólo viviría 88 días más, lo justo para amamantar brevemente al recién nacido. El 27 de enero de 1938 moría fusilada contra el muro del castillo de San Felipe, en la bocana de la ría. Cuentan que sostuvo en brazos a su hijo hasta el último minuto. Otros presos se ofrecieron a morir en su lugar. Los mandos fascistas no se ablandaron. Las manos de los verdugos no temblaron al fulminarla contra el paredón. Tenía 27 años.



En un pequeño bote de pescadores, su padre, su esposo y su hermana se alejaban remando de la fortaleza militar hacia el otro lado de la ría, con el bebé enroscado en una manta. Aquel niño, Gabriel Toimil García, tiene hoy 72 años y una salud delicada. Es el testigo y la memoria viva de Amada, madre, esposa, mujer y republicana.



"La acusaron de bordar una bandera comunista que guardaba en casa", explica su hijo. Era falso. Fue otra mujer a la que los franquistas indultaron. El delito de Amada consistió en ser una activista valiente y una buena oradora. Cuenta que la denunciaron por recelos y envidias, "engañando" a vecinos analfabetos a los que obligaban a firmar declaraciones "inventadas". "Uno quiso retirar la acusación, pero lo amenazaron, incluso desterraron a dos curas que trataron de ayudarla", recuerda Gabriel.



Su padre fue encarcelado y se crió en Mugardos, junto a sus abuelos maternos, un pescador y una redeira. Cuenta que su familia le relató una mil y veces el tortuoso camino de vuelta, y el estruendo de la descarga de los fusiles en mitad de la ría.



Siete décadas después, Gabriel Toimil no olvida y con la ayuda de la Asociación de la Memoria Histórica Democrática de Ferrolterra buscó y rebuscó entre los laberínticos archivos militares de la ciudad naval para rescatar su tragedia familiar. El castillo de San Felipe es hoy un reclamo turístico y el Ayuntamiento, cuando gobernaban BNG y PSOE, dedicó a Camilo José Cela la plazuela que sus familiares pedían para Amada García.



En su casa de Caranza, Gabriel guarda con celo el extenso proceso del consejo de guerra que sesgó la vida de Amada García. Centenares de folios plagados de acusaciones y falsos testimonios que sirvieron a los fascistas para sentenciar a su madre y a otros 37 vecinos. También una carta escrita a lápiz por Amada a su esposo desde la prisión ferrolana donde señala, uno por uno, a sus delatores y sus motivos. Junto a su madre, los militares franquistas llenaron de plomo a otros siete vecinos de la comarca: el maestro Ángel Roldós, Juan José Teijeiro Leira, José María Montero Martínez, Antonio Caniña, Ramón Rodríguez López, Jaime González Pérez y Germán López García.

Homenaje a Manuel Azaña (Montauban, 4 de abril de 2009)

Homenaje a Manuel Azaña (Montauban, 4 de abril de 2009)

Intervención del Presidente de la AMH del Baix Llobregat


Nuestra delegación de Catalunya saluda fraternalmente a todas las autoridades presentes, a todas las asociaciones hermanas del exilio en el 78 aniversario de la proclamación de la II República. La compone unas setenta personas en representación de diversas entidades memorialistas;
# Francisco Ruiz Acevedo (Presidente de la AMHDBLL).
# Rosa Toran (Presidenta de Amical de Mauthausen)
# Adolfo Pastor (La Gavilla Verde)
# Frederic Prieto (Sindic de Greuge de Cornellá).
# Antonio Martín (Secretario ACJD).
# Jaume Valls (Presidente del Pont de la Llibertat de Hospitalet).
# Enrique Urraca ( Presidente Memoria Histórica Exili Repúblicá)
# Josefina Piquet (Exiliada y ex - componente de las Dones del 36).
# Neus Molina ( Presidenta de la Asociación Fill Roig).
# Julio Jiménez (Presidente AA.VV. del Baix Llobregat).
# Juan Requena ( Secretario pensionistas CC.OO. Baix Llobregat).
# Bernad Castany (Responsable del área de Cultura del Ateneu Barcelones).
# Cruz Roja de Cornellá de Llobregat.
# Juan José del Águila (Magistrado en activo)
# Anna Miñarro (Fundación Salud Mental).
# Antonio González (su padre fue asesinado en la cámara de gas de GUSEN)

Estamos aquí reunidos para conmemorar los sacrificios y las injusticias de todos aquellos que, de un modo u otro, soportaron y sufrieron la violencia del régimen fascista de Franco. Estamos aquí para recordar a todos aquellos que durante tanto tiempo fueron asesinados y olvidados en las cunetas o junto a las tapias de los cementerios. Estamos aquí, en definitiva, para reclamar el rescate del olvido de las decenas de miles enterrados en fosas comunes y ejecutados en los campos de exterminios nazis y de todos los que se enfrentaron a la dictadura, defendieron la democracia y por ello sufrieron prisión, exilio o asesinados por su defensa de la democracia y la legalidad republicana.


Desde aquí queremos honrarlos y recuperarlos, queremos saber dónde están, donde los mataron, queremos poder visitarlos y honrarlos como se merecen. La dictadura terminó hace ya más de treinta años y todavía no sabemos donde se encuentran muchas de sus víctimas. Pero a nuestro entender la memoria histórica no se limita a la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos y a dignificar a todas las victimas a manos de la dictadura. La Memoria Histórica esta estrechamente ligada a la recuperación de los valores republicanos y más tarde o temprano a la instauración democrática de la III República y acabar de una vez con la Monarquía parlamentaria heredada del franquismo y aceptada en los pactos de la transición. Una Monarquía que no ha jurado la constitución española y mantiene su juramento a los principios de las leyes emanadas de la dictadura de Franco.


Aquellos que sacrificaron su vida por la defensa de la democracia no desaparecieron por propia voluntad, fueron otros muchos de los partidarios del régimen franquistas, los que de un modo consciente y brutal planificaron y ejecutaron la desaparición de nuestros muertos, o al menos las avalaron con su silencio, el silencio y la oposición de los herederos del franquismo y la propia Jerarquía de la Iglesia Católica que colaboró activamente en el alzamiento militar contra la legalidad republicana. Hoy en día poco podemos hacer por las víctimas, tan sólo honrarlas y facilitar una digna sepultara, pero algo más podemos contra aquellos sobre cuyas espaldas recae todavía la responsabilidad de las torturas, los encarcelamientos y la muerte, aquellos que tras cuarenta años de dictadura han terminado y van a terminar sus días sin que se liquiden sus responsabilidades frente a la sociedad.


Estamos aquí para rendir homenaje a todos los que sufrieron el calvario del exilio, a sus descendientes y en especial al Presidente Manuel Azaña que se salvo de las garras fascistas gracias a la protección de la Embajada Mejicana. No tuvo la misma suerte nuestro President Lluis Company que fue entregado a Franco por la colaboración del gobierno francés y la GESTAPO y fusilado en octubre de 1940 en Barcelona.

Por todo ello, exigimos:

·El cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, totalmente insuficiente, sin dilación alguna.

·El apoyo de los tribunales europeos referente a los crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

·La anulación de la Ley de Amnistía recomendada al gobierno español por la comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

·La nacionalidad española de todos los exiliados y sus descendientes sin tener que jurar fidelidad al Rey.

·La anulación de todos los consejos de guerra instados por los tribunales franquistas y en especial el del President de la Generalitat de Catalunya Lluis Company, del que el actual gobierno de la Generalitat de Catalunya debe tomar parte activa.

·La depuración de las responsabilidades judiciales y política que se pudieran derivar por la actuaciones de los responsables del régimen anterior


Dicho esto ya sólo nos queda deciros: gracias, salud y a por la III república.

CONCENTRACIÓ DIA 21 DE MARÇ VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ‏

La Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes us convoca a la concentració per la Veritat, la Justícia i la Reparació, que el proper dissabte 21 de març es realitzarà a la Plaça de Sant Jaume a les 12 del migdia.



Les nostres reivindicacions són molt clares i contundents. Diem prou a la impunitat dels crims del franquisme i exigim l’anul·lació de tots els judicis d’aquesta etapa, des del cop d’estat feixista del 1936 fins a la Transició. Per tant exigim l’anul·lació del judici al President de la Generalitat Lluís Companys, representant democràtic del poble de Catalunya, assassinat pel franco-feixisme. Per una justícia més eficaç i ràpida de reparació, demanem urgentment la modificació de la Llei 52/07 de Memòria Històrica per a que totes les resolucions dictades pels tribunals franquistes siguin declarades nul·les de ple dret.



Us esperem amb les fotografies dels vostres familiars i amics, víctimes del franquisme, per posar rostre a la repressió i donar protagonisme a tan valuosos ciutadans i ciutadanes anònimes, defensors de la legalitat vigent republicana i lluitadors per les llibertats.



Nosaltres, que encara gaudim del dret de reivindicació, no deixem de fer ús d’aquest en nom de tots aquells que no van poder fer-ho durant la dictadura i que ara ja no estan amb nosaltres. Per ells, per elles: anul·lació del judicis franquistes, Veritat, Justícia i Reparació.

ERC avisa de que agotará todas las vías legales hasta que se anule el juicio a Companys tras el último 'no' del Gobierno

ERC avisa de que agotará todas las vías legales hasta que se anule el juicio a Companys tras el último 'no' del Gobierno

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador de ERC Miquel Bofill avisó hoy al Gobierno de que agotará todas las vías legales para que se anule la sentencia dictada por tribunales franquistas contra Luís Companys, ex presidente de la Generalitat, después de que el Ejecutivo considerara "improcedente" dar "instrucciones" en este sentido al Ministerio Fiscal.

Bofill se refirió así en declaraciones a Europa Press a una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita planteada por él mismo sobre si tiene previsto instar a la Fiscalía para que se revisen los juicios sumarísimos y se proceda a su anulación una vez que han sido declarados "ilegítimos" por la Ley de Memoria Histórica.

Para el Gobierno, la nueva normativa indica "la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas resoluciones judiciales contrarias a los derechos humanos" y contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron persecución durante el franquismo, recordando que la ley prevé una declaración de reparación y reconocimiento personal.

Sin embargo, el Ejecutivo considera "improcedente" dar instrucciones a la Fiscalía sobre la posición que debe adoptar en asuntos judiciales concretos. "Estas instrucciones al margen de lo preceptuado en el Estatuto, supondrían una grave interferencia de la actividad del Poder Judicial y en la imparcialidad debida de los órganos que lo componen", agrega.

El senador de ERC lamentó que "se esté jugando con los conceptos" al confundir deliberadamente los términos instar con dar instrucciones. "El Gobierno no puede dar instrucciones, pero sí puede pedir", señaló Bofill, para quien ésta es una demostración más de que la condena de los juicios "no tiene efectos jurídicos".

Así, tras recordar que el "compromiso" del Gobierno era elaborar una ley que "hiciera justicia", Bofill enfatizó que esta lucha por la anulación de los juicios sumarísimos "no caduca" y aseguró que su partido "no parará hasta desbloquear" los diversos casos en los tribunales haciendo uso de todas las vías posibles.

En este sentido, señaló que el presidente de la Generalitat, José Montilla, está "implicado" y dijo confiar en que se dirija al Gobierno para solicitar la anulación del juicio a Companys una vez que el Parlament aprobó una iniciativa en la que se pedía que se hiciera todo lo legalmente necesario para anular dicha sentencia.

"Vamos a insistir", avisó Bofill, quien acusó además al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de tratar de "cerrar en falso" una situación que "no se cerrará sin justicia". "El reconocimiento a los perseguidos por el franquismo está bien, pero no es suficiente, queremos que se anulen las sentencias a los fusilados", enfatizó.


*Fuente: Europa Press, 1 de marzo de 2009

http://www.europapress.es/nacional/noticia-erc-avisa-agotara-todas-vias-legales-anule-juicio-companys-ultimo-no-gobierno-20090301121826.html

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española. El rayo que no cesa. Empar Salvador para Rebelión

martes 10 de febrero de 2009

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80580&titular=el-rayo-que-no-cesa

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española
El rayo que no cesa

Empar Salvador
Rebelión

Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.

El hecho de presentar las denuncias, y caer en manos del juez más mediático de este país, seguro que desencadenaba una campaña de gran repercusión en la que la polémica estaba garantizada. Muchas de las atrocidades cometidas durante el franquismo se iban a conocer. Hablar de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de que miles de personas en situación de desaparición forzada era inevitable: una ocasión que de ninguna manera había que desaprovechar.

La tramitación del Sumario ha aireado que los que planificaron el golpe de estado contra la II República (Franco y sus militares, la Iglesia Católica y la derecha en general, que no aceptaron las reformas acometidas por este gobierno por el bien común), lo hicieron “en forma coordinada y consciente, determinados a derrocar el gobierno legítimo de España”, que una vez “declarado el Estado de Guerra la acción ha de ser en extremo violenta”, que “es necesario propagar una imagen de terror y que cualquiera que sea abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”, expresa el Auto de 16 de octubre de 2.008. La última frase forma parte de la Instrucción Reservada nº 1 de 25 de mayo de 1.936 del General Mola, en la que también dice: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Se cita que Franco en 1936, en una entrevista al “Chicago Daily Tribune” admite que si es necesario se matará a media España, y también cita a Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, quien declara que hay que “matar, matar y matar” a todos los rojos, para librar a España de “ratas y piojos”. Estas instrucciones ya eran conocidas en muchos ámbitos, pero no por la opinión pública en general, después de varias generaciones de desinformación y deseducación.

Joan Garcés, voz autorizada como pocas, y parte en esta causa como abogado de Carmen Negrin, en el acto de presentación en Madrid de nuestro libro “El genocidio franquista en Valencia, dijo que la represión franquista fue “una estrategia de destrucción cultural, para determinar una configuración social, tanto por la eliminación de la élite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo nacional diferenciado, dirigida la represión implacable contra clases sociales populares”, y refiriéndose a la represión padecida en Valencia “que estamos, sin lugar a dudas, ante hechos de genocidio”

Las primeras denuncias datan de diciembre de 2.006, pero el Juzgado no realiza ningún trámite, hasta que el 29 de enero de 2.008, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, al que se supone está del lado de las víctimas y de sus familias, reclamando de Jueces y Tribunales justicia para ellas, y que actúa de acuerdo con las decisiones del Gobierno, formado por el PSOE, se opone a la investigación y emite un dictamen contrario a que se admitan las denuncias. Un dictamen muy difícil de entender: este partido tiene a miles de asesinados por el franquismo entre sus filas a los que no ha hecho justicia.
Con la trayectoria del PSOE, esa actitud ya no extraña tanto. Suscribió los “Pactos de la Transición” a la muerte de Franco, en los que pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio y la destrucción de sus pruebas, el silencio de los crímenes y el olvido de las víctimas. Aceptó al rey designado por Franco con su bandera y con su himno. No aplicó las leyes nacionales e internacionales a los genocidas franquistas, pero si dejó entrar en sus filas y ocupar altos cargos públicos, a descendientes de franquistas implicados en el genocidio, como el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido, nieto de un coronel auditor del ejército del Caudillo que firmó muchas sentencias de muerte de demócratas, el ministro de Justicia Fernández Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro o el Presidente de las Cortes españolas, José Bono, hijo de falangista y según sus propias declaraciones “a mucha honra”. Pero no son los únicos, hay muchos más incrustados en cualquier ámbito de la sociedad, incluso en el movimiento memorialístico.

Para paliar la terrible injusticia padecida por las víctimas del franquismo, el Parlamento aprueba la eufemísticamente llamada “Ley de la Memoria”, que además de no hacer justicia, agravia y ofende a las víctimas por las discriminaciones que establece respecto de otros colectivos de víctimas, como por ejemplo, las del terrorismo. Ni tan siquiera anula los Consejos de Guerra Sumarísimos que fueron una farsa siniestra que llevó a miles de demócratas al paredón de fusilamiento (¿haría incurrir esa anulación en responsabilidades penales, económicas y administrativas a responsables de aquellos juicios, con descendientes ocupando altos cargos en el Estado?) Por si la protección dada a los genocidas con la Ley de Amnistía del 77 era poca, ahora esta Ley les blinda la impunidad, declarando extinguidos los delitos en razón del tiempo transcurrido

Pero no se acaba aquí el reconocimiento a los franquistas y a sus descendientes (con subvenciones a la Fundación Francisco Franco incluidas). La familia del dictador vive en España y conserva (ellos y otros muchos), bienes incautados a los republicanos, muchas veces después de asesinados, o bien obligando a los ciudadanos a pagarlos (Pazo de Meirás). En el colmo del agravio a las presas del franquismo, en 2.005, el Gobierno español concede el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, nada menos que a la orden religiosa de San Vicente de Paúl, formada por mujeres que habían sido sus carceleras, tratando con tanta saña y crueldad a las presas y a sus hijos, que en 1.945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas a petición del personal civil (de la Sección Femenina), según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo (“Resistencia y Movimiento de Mujeres en España 1936-1945” Icaria Editorial 1979)

Caso de Valencia
El despliegue informativo en torno a las denuncias ha sido grande, pero para la prensa nacional Valencia prácticamente no ha existido, y para la local, lo mínimo imprescindible. Y siempre intentando desacreditar el trabajo de documentación del Fòrum per la Memòria con el mismo argumento: las personas tiradas a las fosas del cementerio no fueron víctimas. Por qué? Porque muchos tienen anotadas enfermedades comunes como causa de muerte. Se niega lo que se acepta para el resto del país: que a las fosas comunes de dentro y fuera de los cementerios los franquistas tiraron a sus víctimas, y que los datos sobre las causas de muerte están falseados, que no eran más que eufemismos que encubrían ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y palizas.
De poco vale que cargos públicos durante la República asesinados, que no constaban en ninguna relación, hayan sido reconocidos por sus familias tras 70 años de desaparición, registrados con enfermedades comunes. Ni tampoco se cuestiona porque unos fueron registrados y otros no, y porque esas fosas, que ocupan una superficie de 41.020 m2, “las más grandes de la historia europea del siglo XX”, según escribe Francesco Cossiga, Presidente de Italia, en el prólogo del libro de Toni Strubell “El moment de dir prou” (Pagès editors, Lleida, 2008), han sido mantenidas en la clandestinidad más absoluta, y tampoco que a Valencia, una ciudad mediana, más bien pequeña, le construyeron esas fosas tan inmensas con tantos miles de cuerpos (24.529 registrados en 6 años), tirados muchos sin tan siquiera un ataúd. Tampoco parece valer que vengan tantísimos de aquéllas cárceles improvisadas que todos los de la época en Valencia conocen, pero que rara vez aparecen en algún libro, como el Manicomio, las iglesias, los conventos, el Hospital y otros, con causas de muerte repetidas hasta la angustia: hambre, desnutrición, fractura de cráneo, asfixia por suspensión, hemorragia interna…y sin discriminación de edad ni condición: niños y niñas, mayores, mujeres, presos y presas …Y eso que es universal que falangistas, ricos y afectos al régimen, no morían por esas causas ni eran tirados a las fosas sin ataúd.

Y es que una cosa es la historia oficial que escriben los vencedores, que ahora son los firmantes de los Pactos de la Transición, y otra muy diferente, la que investigamos las víctimas para encontrar a los nuestros y que se les haga justicia Son dos concepciones muy diferentes que unas veces coinciden, pero otras no. En cualquier caso, hay algo que no gusta en ciertos ámbitos, y es que sean los afectados los que lleven la iniciativa de conocer la realidad de los suyos y de sí mismos.

En el Sumario, algunas cosas respecto a Valencia llaman la atención: en el Auto de 16 de octubre se admite a trámite la denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria, pero en el desglose del número de víctimas por comunidades autónomas no constan las de las fosas del cementerio. Dicen que por error aritmético, que hay una diferencia de unas cien víctimas entre un documento y otro. Tras escrito junto a toda la documentación en soporte informático para subsanar “el error”, en Providencia de 29 de octubre, contestan que no ha lugar, aunque los datos serán valorados por el Grupo de Expertos al igual que todos los demás presentados. Es decir, se admite a las víctimas pero la cifra no se nombra.

Primero se elude a las víctimas y después a las fosas y eso que el Juzgado ordenó la exhumación de tres de ellas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargó de paralizarlas. Se habían solicitado al Juzgado de acuerdo con las recomendaciones de Amnistía Internacional, partiendo de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe asumirlas. Esta entidad denuncia que España es el único país que ha trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos, que no existen antecedentes de esta situación en ningún otro país. Son muchas las voces que dicen que han de hacerse para investigar el alcance de la represión (los cuerpos de los asesinados son la prueba de los crímenes), y para recuperarlos y darles sepultura digna, y que las realizadas sin las órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer la destrucción de pruebas del genocidio. Incluso en Colombia, las exhumaciones se hacen por orden de la Fiscalía o de los jueces.

Todo hace pensar que el pacto de silencio que ha mantenido a las fosas y a las víctimas silenciadas incluso en democracia, sigue existiendo. Ni cuando la “izquierda” gobernó durante 14 años el Ayuntamiento se habló de ellas, y eso que también les construyó encima, y destruyó por tanto, restos de represaliados.

¿Por qué este interés en que no se hable de estas fosas? Cuando se creó la Comissió de la Veritat para alertar a la UNESCO y al Consejo de Europa del afán destructor del Ayuntamiento, empeñado en destruir la única que queda construyéndole encima 1.030 nichos, el diario El País, vinculado al PSOE, no lo publicó en la edición nacional, y eso que presidía la Comissió de la Veritat Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea, y que intervinieron entre otros de igual relevancia, Desmond Tutú, Gabriel Jackon, o Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, y que Lluís Llac interpretó de forma memorable “Campanades a Mort” en memoria de las víctimas que el franquismo tiró a las fosas. Puede que algún día lleguemos a saberlo

Los Tribunales españoles declaran su competencia para investigar y perseguir crímenes cometidos en otros estados, alegando que no son aplicables las leyes de Amnistía y otras análogas, pero se declaran incompetentes para investigar los crímenes cometidos en España, así que la investigación del verdadero alcance de la represión y la justicia para las víctimas, no vendrán de su mano ni de la del Gobierno español o de otras instituciones del Estado. La falta de voluntad para poner fin a la impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, ha quedado meridianamente clara.

Ahora se cumple el sesenta aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Estado español se siguen violando. La injusticia que persiste sobre las víctimas del franquismo no es más que una muestra de ello.

Los Tribunales Internacionales, o los de otros estados por la vía de la reciprocidad, son la opción de que legalmente se haga justicia a las víctimas del franquismo, después de no lograrse en su propio estado, tras más de treinta años de democracia y de treinta y tres de muerto el dictador.
Empar Salvador. Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valenci

NULIDAD DE SUMARIOS Y REIVINDICACION YA!

ERC advertira a De la Vega que no desfallecerá hasta lograr la anulación del proceso a Lluis Companys.

BOLETÍN INFORMATIVO

Erc advertirá a de la vega que no desfallecerá hasta lograr la anulación del proceso a lluís companys
14:44 - 3/02/2009

MADRID, 3 (SERVIMEDIA) El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró hoy que trasladará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, su intención de no desfallecer hasta lograr la anulación del proceso sumarísimo al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, fusilado durante el franquismo.

Ridao tiene previsto entrevistarse con De la Vega a lo largo de la tercera semana del mes de febrero para hablar sobre este asunto. La vicepresidenta anunció el pasado viernes la celebración de un acto "especial" para solemnizar el reconocimiento a Companys como víctima del franquismo.

No obstante, aclaró que ese reconocimiento "no significa nada más", tampoco que se vaya a abrir el procedimiento de anulación del juicio. Se trata de un reconocimiento "que se agota en sí mismo" en función de lo previsto en la ley, sin perjuicio de las medidas que puedan tomar los familiares de Companys o las instituciones.

Desde Esquerra se interpreta que con ese homenaje se cierran las posibilidades de restitución de la figura del político, por lo que Ridao aseguró que en su partido están "desilusionados y un poco asqueados".

El portavoz independentista recordó en rueda de prensa que la misma vicepresidenta adquirió el compromiso de hacer lo posible para lograr la anulación del proceso, por lo que Ridao considera que una rebaja de esa expectativa significa el "fracaso" de la Ley de Memoria Histórica.

"Hemos hecho la prueba del algodón y ha salido negro", aseguró el portavoz parlamentario de Esquerra, antes de advertir que "esto no va a quedar así" y que ERC no va a "desmayar" hasta lograr la nulidad del juicio.

(SERVIMEDIA) 03-FEB-2009 SGR/isp

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1010740/02/09/Erc-advertira-a-de-la-vega-que-no-desfallecera-hasta-lograr-la-anulacion-del-proceso-a-lluis-companys.html

BOLETÍN INFORMATIVO

REHABILITACIÓN SIMBÓLICA|DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA


El Gobierno se limita a "reconocer" a Companys
• De la Vega afirma que el compromiso "se agota" con la declaración de reparación


El presidente Companys habla a través de Radio Barcelona.
MANEL MANCHÓN
MADRID
Una reparación y un reconocimiento a la figura del president Lluís Companys, el único presidente democráticamente elegido fusilado tras la guerra civil y en el contexto de la segunda guerra mundial. No habrá más. O, por lo menos, ese será el gesto del Gobierno, cuya vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que con esa iniciativa "se agota" el compromiso del Ejecutivo español, "más allá de las decisiones que puedan adoptar las familias o las instituciones" que traten de anular el juicio sumarísimo que le llevó al fusilamiento en los muros de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Pero en ese intento no estará el Gobierno, aunque la propia vicepresidenta prometió que trabajaría en ello en el 64° aniversario del fusilamiento, en el 2004.
La iniciativa llega por parte del Ministerio de Justicia, que ha aprobado la declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del president Companys, tras analizar la solicitud de sus familiares, en concreto de su nieta, María Luisa Gally, que se acogió a esa posibilidad dentro de la ley de memoria histórica. Junto a la petición de Gally, Justicia aprobó el pasado mes de diciembre otras 41 solicitudes.

CONSEJO DE GUERRA
La cuestión es que la ambición del Gobierno era otra, la que le reclamaba y la que exige ahora el Govern y el conjunto de los partidos catalanes. Tras el Consejo de Ministros del 15 de octubre del 2004, que concidió en el día con el 64° aniversario del fusilamiento de Companys, Fernández de la Vega aseguraba que el Gobierno aprobaría una ley que permitiría anular las sentencias franquistas, incluido también el consejo de guerra instruido contra el president de la Generalitat.
La iniciativa legal, que la propia vicepresidenta defendía de nuevo, el mismo día, con su presencia en el Palau de la Generalitat junto al president Pasqual Maragall, daba cumplimiento a una proposición no de ley del Congreso, que el 28 de septiembre del 2004 instaba al Gobierno a tramitar la anulación del consejo de guerra a Companys y a rehabilitar su honor.
El Ministerio de Justicia se ha limitado a recoger las solicitudes que se acogen a la ley de memoria histórica, que dignifica a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. De la Vega, que insistió en que el Gobierno daba por cumplido su compromiso, aseguró que el reconocimiento de Companys se solemnizará con algún acto "especial", en el que estarían presentes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y miembros de la Generalitat. Pero el Ministerio de Justicia no supo ofrecer ayer más detalles, ni si se convocará ese acto para reconocer de forma conjunta a Companys con las otras 41 solicitudes, o únicamente al president de la Generalitat fusilado.
De la Vega dejó claro ayer que los familiares de Companys podrán seguir el camino que crean oportuno para lograr la anulación del consejo de guerra, aunque el Gobierno no les acompañará. Pero la declaración de reparación y de reconocimiento es necesaria para llegar a ese fin. Así lo consideró la propia nieta del president, que entregó a Bermejo la petición de restitución junto con el conseller Joan Saura, el pasado 12 de octubre en Madrid.
Este último, para defenderse de las críticas que recibió de ERC, argumentó ese primer paso. La razón es que, siguiendo la ley de memoria histórica, solo se podría conseguir anular un juicio franquista si se aporta un elemento novedoso que sirviera para activar un recurso de revisión. Y el elemento novedoso podría ser, precisamente, la declaración de reconocimiento de Justicia.

COMISIÓN
Más lejos que la propia distancia en el tiempo parece quedar la voluntad del Gobierno de encarar el caso desde el propio ámbito jurídico. De la Vega puso en marcha una comisión interministerial, el 10 de septiembre del 2004, para estudiar la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y la propia vicepresidenta reclamaba a la comisión que diera prioridad a la elaboración de la ley con el objeto de anular el consejo de guerra de Companys. Era otro momento político.

*Fuente: El Periódico, 31 de enero de 2009

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=583199&idseccio_PK=&h=090131

EL LUTE pide que la Ley de Memoria Histórica anule su proceso franquista

Noticias
'El Lute' pide que la Ley de Memoria Histórica anule su proceso franquista
Fue un juicio sumarísimo, sin garantías para el procesado y con una ley franquista
(Público / El Mundo, 03-01-209)


El Mundo, 03-01-209



'El Lute' pide que la Ley de Memoria Histórica anule su proceso franquista

Fue un juicio sumarísimo, sin garantías para el procesado y con una ley franquista. Pedirá asimismo una indemnización por no haber sido excarcelado con la amnistía del 7



EFE



SEVILLA.- El proceso judicial por el que fue condenado a muerte Eleuterio Sánchez 'El Lute' se va a revisar a la luz de la Ley de la Memoria Histórica con la petición de que se declare "radicalmente nulo" por haber sido un juicio sumarísimo, sin garantías para el procesado y con una ley franquista.



Eleuterio Sánchez, de 66 años, ha anunciado esta revisión de todo su proceso, que van a impulsar Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y el abogado sevillano Jesús López de Lemus.



'El Lute' fue condenado a muerte en 1965 por unos delitos comunes que fueron juzgados ante un tribunal militar según la Ley de Bandidaje y Terrorismo, una ley "franquista político-represiva que estaba pensada para el 'maquis' pero que, a lo largo de los años, se fue extendiendo a ETA, el FRAP y a cualquier delito en el que concurriese un arma de guerra", ha explicado Eleuterio Sánchez. Esos procesos "deben ser radicalmente nulos en un estado de Derecho", ha añadido.



De sus juicios, Eleuterio Sánchez recuerda que su defensor era un teniente sin la carrera de Derecho, que antes de hacer cada pregunta se cuadraba ante el fiscal, que era un general del Ejército.



La previsible nulidad del proceso será "una gran victoria a nivel personal, la recuperación de mi dignidad y quedar limpio", ha dicho a EFE Eleuterio Sánchez, un hombre que aprendió a leer y escribir en la cárcel, hizo la carrera de Derecho y ha escrito varios libros sobre su vida.



Sánchez ha recordado que el origen de sus procesos fueron "delitos famélicos" motivados por la necesidad y la pobreza pero luego, con motivo de sus sonadas fugas, llegó a acumular un millar de años de condena por infracciones tales como quitarse el uniforme carcelario.



El que fuera uno de los presos más famosos del franquismo recuerda con dolor su "escandalosa y desproporcionada fama", con la que las madres decían a sus hijos: "Come o vendrá 'El Lute' a llevarte".

Quiere amnistía, no indulto



Su petición de nulidad del proceso incluirá una indemnización, aún por cuantificar, porque debería haber quedado en libertad con la Ley de Amnistía de 1977 pero no lo hizo hasta 1981, cuando fue indultado por el Consejo de Ministros.



"El indulto es un perdón a quien ha hecho algo malo, la amnistía es un acto de justicia", sostiene Eleuterio, que atribuye esta discriminación hacia su persona porque entonces "el franquismo estaba vivo aunque Franco hubiese muerto".



En lugar de quedar en libertad, con la democracia lo trasladaron desde Córdoba a la prisión de régimen abierto de Alcalá de Henares (Madrid), donde Eleuterio recuerda que sucesivamente vio "como salían los etarras, GRAPO, FRAP y otros presos comunes juzgados por la misma malhadada Ley de Bandidaje y Terrorismo".



'El Lute' vive ahora en Tomares, una localidad del extrarradio de Sevilla, y el mes pasado recibió la noticia de que la Audiencia de Sevilla había confirmado definitivamente su absolución por violencia machista, según una denuncia de su ex esposa que los jueces declararon falsa

Comunicado de CGT: El franquismo es culpable

A sus víctimas les debemos justicia
Comunicado de CGT: El franquismo es culpable

La Confederación General del Trabajo (CGT), ante la difusión de la noticia “Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo a favor de los juzgados territoriales. El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y evita que se le declare incompetente”, que afecta gravemente al procedimiento abierto a instancias de diferentes asociaciones de recuperación de la Memoria y de este sindicato, y pendiente de analizar en profundidad el contenido exacto del auto quiere manifestar:

http://www.memorialibertaria.org/spip.php?article1025
Domingo 7 de diciembre de 2008

1. Más allá de cualquier auto, sentencia o Tribunal, el franquismo es culpable de la tortura, encarcelación, desaparición y asesinato de miles de personas. Así lo sentimos en CGT y así lo siente la mayoría civil que lo ha manifestado reiteradamente en las diferentes ocasiones en las que ha tenido oportunidad.

2. Consideramos injustas e impropias todas las maniobras dilatorias para evitar el esclarecimiento de las circunstancias de las desapariciones y muerte de miles de personas. Y mucho nos tememos que nuevamente esta decisión judicial sirva para incrementar la confusión entre la ciudadanía sobre la reparación moral de las víctimas, convirtiendo la justicia en una guerra interminable de competencias entre los diferentes juzgados y fiscalías.

3. Nuevamente esta decisión nos sirve para dejar constancia palmaria de las deficiencias y limitaciones de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento.

La Confederación General del Trabajo exige una vez más la nulidad de todas las sentencias franquistas y la condena expresa de la dictadura militar que cubrió de luto nuestra geografía a lo largo de casi cuatro décadas.

afarpIIREP BOLETIN INFORMATIVO COMPANYS

Bermejo deja en manos del Fiscal del Estado anular la sentencia de Companys y alaba la Ley de Memoria Histórica
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy en el Senado que el Gobierno respeta las decisiones del Fiscal General del Estado y de los tribunales, y destacó que la ley de memoria histórica ha permitido iniciar un "camino de rehabilitación para las miles de personas que sufrieron la persecución de la rebelión militar".

De este modo, el ministro dejaba en manos de la Fiscalía la decisión de anular la sentencia de condena a Lluís Companys, aunque remarcó que existe la "sensibilidad sobrada" para que cuando llegue el momento, la decisión judicial esté en "la línia de lo que debe ser", pero siempre con "el respeto a los tribunales y la Fiscalía".

En respuesta al senador de la Entesa Catalana del Progrés Miquel Bofill (ERC), Bermejo afirmó que Companys es "especial", porque fue el único presidente democrático asesinado. Añadió que el propio Ministerio de Justicia "pilotará" los reconocimientos que sean pertinentes, y que es "absolutamente" solidario con la restauración del honor y la dignidad de aquellos que fueron asesinados.

Por ello, según el ministro, se están cumpliendo "los plazos marcados" en el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

Además, el Gobierno cree que está en el camino de la recuperación de la memoria que contiene un reconocimiento generado en la ley. "Es una proclamación solemne más que simbólica", dijo.

Bermejo invitó a todas las formaciones a la conmemoración que mañana se llevará a cabo del "injusto y ruin" fusilamiento de Lluís Companys. Aun así, el ministro no respondió a la demanda de Bofill de anular de un "plumazo democrático" todas las sentencias que "garabateó el dictador".

*Fuente: Europa Press, 15 de octubre de 2008

Companys y el pasado presente afarp II REP BOLETIN INFORMATIVO

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LA RUEDA
Companys y el pasado presente

JOSEP-MARIA Terricabras

Después de tantos años, cada día resulta más claro que la transición española no fue tan modélica como se pretende hacer creer. En primer lugar, no es cierto que no hubiera muertos. Los fascistas más recalcitrantes provocaron muchos. En segundo lugar, tampoco fue modélica porque --y permítanme la ironía-- nadie fue a la Modelo, nadie fue llevado a juicio, nadie reconoció ningún error, ningún crimen. Nadie. Después de 40 años de dictadura cruel, ¿cómo es posible esto? ¿En qué otro país del mundo ha sucedido algo parecido? En ninguno. Tenía razón Manuel Fraga, y sabía bien por qué lo decía, cuando con premonición nos había anunciado que Spain is different.
Han pasado ya más de 30 años de la muerte del dictador y las cosas siguen igual. Los que reclamamos que se tenga memoria histórica --no solo para recordar a Isabel y Fernando-- tenemos que escuchar que esto es revanchismo, que los malos somos nosotros, que todo ha ido muy bien, que todo se ha hecho muy bien. Y ahora el conseller Saura pide, con una ingenuidad que casi produce angustia, que el ministro de Justicia español con una "celeridad importante" haga un reconocimiento de la inocencia del president Companys.
No, no es por aquí por donde deberían ir las cosas. Hay que exigir que el juicio de Companys (y el de Carrasco i Formiguera, el de Carles Rahola y el de tantos otros) sea declarado absolutamente ilegal y nulo. Y listos. Porque este es el problema real del régimen posfranquista: no ha considerado el franquismo como un paréntesis de ilegalidad, sino como un periodo de legalidad, diferente del nuestro, pero igual de legal. Esto es lo que repugna a cualquier conciencia democrática que no quiera convertirse en cómplice de la dictadura.
Franco encarceló, confiscó y ejecutó con un decreto. ¿No puede decirse que eso era ilegal? ¿No puede anularse por decreto? ¿Hay que conceder la más mínima atención legal a un régimen ilegal? ¿O es que aquello, en realidad, no era exactamente una dictadura? Quizá se trate de eso. Companys no necesita el perdón de nadie. Hay otros que sí, pero no lo piden.

*Fuente: El Periódico.com, 15 de octubre de 2008

LA CGT ANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR EL JUEZ BALTASAR GARZON

La CGT ante el procedimiento abierto por el juez Baltasar Garzón
La CGT resalta que este es un procedimiento previo, que como parte del movimiento para la recuperación de la memoria histórica pide además la anulación de todas las sentencias franquistas
(CGT / Kaos en la Red,03-09-2008)



CGT - Secretariado Permanente del Comité Confederal



COMUNICADO DE CGT SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEL JUEZ GARZÓN



CGT quiere informar que está personada y forma parte, como organización sindical, junto con otras Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, Aragón, Andalucía, Valencia…en el procedimiento del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional 399/2006 sobre búsqueda de desaparecidos como consecuencia de la guerra civil y posterior represión del régimen franquista.



Desde CGT queremos resaltar que estamos ante un procedimiento previo, ya que todavía el juez no ha decidido la apertura de este caso. Está siendo, como siempre, la sociedad civil, los trabajadores y trabajadoras, quienes marquen la pauta de progreso social y exijan a la administración pública, la búsqueda de la justicia y la verdad del verdadero genocidio que supuso el golpe militar franquista y su posterior represión brutal.





Igualmente, queremos resaltar que este procedimiento previo planteado por el juez Garzón no está relacionado con la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado por el gobierno socialista y el parlamento, sino que representa un proceso paralelo de revisión histórica, ya que, la ley de Memoria Histórica vuelve a ser una ley de punto final incapaz de dar respuesta democrática a las victimas, de todo tipo, provocadas por el régimen fascista y golpista.



Este procedimiento ha debido ser presentado ya que la ley de Memoria contempla que la administraciones públicas hagan dejación de sus responsabilidades en las localizaciones de desaparecidos, exhumaciones, identificación de víctimas enterradas en fosas comunes, así como en la anulación de todas las sentencias franquistas o la reapertura de revisiones de sentencias como las de Granado y Delgado o Joan Peiró.



CGT seguirá aportando su trabajo y colaboración con las Asociaciones de Recuperación de la Memoria y sociedad civil en general, hasta que se haga verdadera justicia social, se conozca la verdad, se condene y esta democracia rompa todo tipo de lazos con el régimen dictatorial franquista.



Secretariado Permanente del Comité Confederal

CARTA EN RESPUESTA DEL SR ROSSELLO DEL ROSAL EN EL DIARIO DE MALLORCA 4/11/2007

Sr.Rosselló del Rosal.
He leído su artículo sobre la mal llamada Ley de la Memoria Histórica, publicadaen el Diario de Mallorca 4/11/2007, y no puedo si no manifestar mi completo desacuerdo con las apreciaciones, que sobre el texto y las aplicaciones prácticas de la ley, que Usted hace. En primer lugar, la Ley de la MH no es un punto de partida, si no un punto y final. Cada palabra, cada artículo es un claro ejemplo de una ley de impunidad de una dictadura. El articulado de la ley no ayudará en ningún caso a que el estado español asuma los compromisos Internacionales que en temas de Derechos Humanos (investigació n de los casos de desapariciones forzadas, localización, exhumación e identificació n de víctimas de desapariciones forçades,etc) firmó en su momento. Además la Ley de la MH no hace ninguna distinción entre el bando Fascista y las fuerzas civiles y militares que apoyaron a la legalidad republicana. Se más: pone al mismo nivel los tribunales legales de la República en guerra con los tribunales ilegales Franquistes( art.3). No declara la ilegalidad de las sentencias y tribunales Franquistas, si no que hace una condena de "ilegitimidad" , que es una condena moral que no te cabe valor jurídico que pueda servir para no presentar ningún tipo de apelación a delante un tribunal de justícia(art. 3, punto 1). Igualmente, de los símbolos, del derecho a las personas a recibir una rehabilitació n moral, jurídica y económica, la ley no dice nada. Nomes habla de declaraciones de reparaciones simbólicas, sin ningún tipo de efectos legales y de responsabilidad civil del estado y de la retirada de toda la simbología relacionada con la guerra civil, incluida la Republicana. O sea más olvido y más impunidad de los excesos cometidos por los Fascistas. En ningún caso, la Ley de la MH ilegaliza el Franquismo: las sentencias judiciales de los todos los tribunales militares franquistas sueño, a día de hoy legales. Ya para acabar, no creo que su grupo Izquierda Unida-Iniciativa por Catalunya Verds, se pueda sentir orgulloso de nada: Gracias a Ustedes, el Franquismo y todo su legado es vigente y legal. Creo que les hace falta, primero de todo, leer lo que firman, no sea cosa que de aqui a un par de años, cuánto los pocos supervivientes de la represión Franquista hayan desaparecido, se demuestre que la ley de la MH es un fraude y una vergüenza y se tengan que arrepentir de haberla apoyado.

COMPANYS ANULACION DE SU JUICIO CAMPAÑA

LA COORDINADORA PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, SE AHDIERE A LA CAMPANYA DE ANL.ACIÓ DEL JUDICI DE COMPANYS I TOTS/TES ELS ANTIFEIXISTES ASSESSINATS , EMPRESSONATS I TORTURATS PEL FEIXISME FRANQUISTE



Adhesió a la campanya: Anul·lació Judici President Companys, Ara!



Des del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat us demanem suport per a la campanya de recollida de signatures per a l'anul·lació del judici al President Companys. Entenem que només des de la força que confereix la unitat podrem portar endavant aquesta demanda social.



És aquesta campanya un deute moral que tenim, com a societat democràtica, amb en Lluís Companys i amb tots aquells que van ser sotmesos a consells de guerra il·legals, per uns tribunals il·legals, d'un règim il·legal fruit d'un cop d'estat feixista. Per tot això seria fonamental per a nosaltres que aquesta iniciativa sigui també vostra i que tots plegats portem cap endavant aquesta justa reivindicació.



Us quedem molt agraïts pel vostre recolzament.

Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat.





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COORDINADORA PER A MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
coordinadoramh@gmail.com
wwww.coordindoramh.org