Esp - Dos años después de aprobada la denominada "Ley de la Memoria" se puede afirmar que ha sido totalmente ineficaz, además de ser contraria a derecho.


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i) Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria".

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El 27 de diciembre de 2007 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 310 el texto de lo que dimos en llamar "Una ley aberrante". A dos años de su promulgación no cabe más que ratificarse en esa calificación.

La cuestión central en relación con la "Ley de la memoria" es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la II Guerra Mundial, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthausen.

La ley aprobada en 2007 implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios, o sea, de los responsables de una serie crímenes graves bajo el derecho internacional.

Esta Ley ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de la ONU (aprobadas en 1946), que proclamaron que el Régimen de Franco fue "fundado con el apoyo de las Potencias del Eje", y que "En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini". Ésta es la única definición con valor jurídico en derecho internacional existente y la Ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno.

Esta Ley desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el fascismo y el nacionalsocialismo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

El artículo 3 de la Ley proclama la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el del Código Penal de 1928, conocido como "Código de Primo de Rivera", y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que "El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad".

En aquella oportunidad el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado el 15 de abril de 1930 en el diario "La Nación" de Madrid y titulado: "Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría", explica en forma extensa por qué dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal, postura que defendió en la mencionada Asamblea del Colegio de Abogados de Madrid.

Un año después, el 15 de abril de 1931, el Gobierno de la II República, entre los primeros actos legislativos que acomete, promulga un Decreto aparecido en la Gaceta de 16 de abril de ese mismo año, "Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas".

Con los mismos argumentos defendidos por Luis Jiménez de Asúa en 1930, cuando afirmaba que el Código Penal de 1928 era "de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaban] del más rotundo vicio de ilegalidad", consideramos que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son "ilegítimas" pero "legales", en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina política y jurídica democrática.

Se trata por tanto de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

Es por ello que en el segundo aniversario de su promulgación nos vemos obligados, por imperativo ético, a declarar que la denominada "ley de la memoria" es nula de pleno derecho e insalvablemente ilegal.

11 de enero de 2010

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor

Ana Vieitez, Presidenta de AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo)

Dolores Cabra, Secretaria General de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio)


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Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria"

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El 27 de diciembre de 2007 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 310 el texto de lo que dimos en llamar "Una ley aberrante". A dos años de su promulgación no cabe más que ratificarse en esa calificación.

La cuestión central en relación con la "Ley de la memoria" es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la II Guerra Mundial, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthausen.

La ley aprobada en 2007 implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios, o sea, de los responsables de una serie crímenes graves bajo el derecho internacional.

Esta Ley ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de la ONU (aprobadas en 1946), que proclamaron que el Régimen de Franco fue "fundado con el apoyo de las Potencias del Eje", y que "En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini". Ésta es la única definición con valor jurídico en derecho internacional existente y la Ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno.

Esta Ley desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el fascismo y el nacionalsocialismo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

El artículo 3 de la Ley proclama la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el del Código Penal de 1928, conocido como "Código de Primo de Rivera", y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que "El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad".

En aquella oportunidad el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado el 15 de abril de 1930 en el diario "La Nación" de Madrid y titulado: "Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría", explica en forma extensa por qué dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal, postura que defendió en la mencionada Asamblea del Colegio de Abogados de Madrid.

Un año después, el 15 de abril de 1931, el Gobierno de la II República, entre los primeros actos legislativos que acomete, promulga un Decreto aparecido en la Gaceta de 16 de abril de ese mismo año, "Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas".

Con los mismos argumentos defendidos por Luis Jiménez de Asúa en 1930, cuando afirmaba que el Código Penal de 1928 era "de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaban] del más rotundo vicio de ilegalidad", consideramos que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son "ilegítimas" pero "legales", en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina política y jurídica democrática.

Se trata por tanto de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

Es por ello que en el segundo aniversario de su promulgación nos vemos obligados, por imperativo ético, a declarar que la denominada "ley de la memoria" es nula de pleno derecho e insalvablemente ilegal.

11 de enero de 2010

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor

Ana Vieitez, Presidenta de AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo)

Dolores Cabra, Secretaria General de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio)

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Adhesiones

Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: Coliche, Logroño, La Rioja
Ateneo Republicano de Valladolid.
Ateneo Republicano de Galicia - ARGA

La financiación de la ley. - PÚBLICO

El Gobierno escatima fondos a las exhumaciones

Sólo un 19% de las subvenciones de Presidencia para recuperar la memoria histórica costean la identificación de cuerpos . Una asociación recibe 120.000 euros en tres años para 314 restos


La financiación de la ley. - PÚBLICO
DIEGO BARCALA - MADRID - 06/07/2009 08:00

Una habitación de 30 metros cuadrados en la Universidad Autónoma de Madrid es el laboratorio más grande de España que identifica restos rescatados de las fosas comunes de la Guerra Civil. El equipo científico que trabaja en recomponer las vidas de 314 esqueletos acumulados en cajas está compuesto por un antropólogo forense, dos arqueólogas en paro, un historiador aficionado y un becario que documenta toda la información. El becario es el único que cobra. Sólo un 19% de las subvenciones del Gobierno para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica están dedicadas a la recuperación de cuerpos.

El Ministerio de Presidencia otorga cada año, desde 2006, una cantidad aproximada de dos millones de euros para proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
El 81% de las ayudas se dedica a libros, exposiciones o jornadas

En su primera convocatoria primaba en las bases de la misma los proyectos relacionados con "la recuperación de los cuerpos". Sin embargo, durante tres años seguidos, las ayudas dedicadas a este fin apenas han alcanzado los dos millones. El 81% restante, de los 11,5 millones repartidos en total, ha sido dedicado a libros, exposiciones o jornadas.

"Está bien que paguen los libros o los monolitos, pero la subvención a nosotros nos supone una propina", apunta el representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, José Ignacio Casado, que en el equipo de la Autónoma ejerce de historiador. Además, añade otro dato que explica la urgencia de la subvención en su caso: "Tenemos a muchos familiares esperando a que se acabe el trabajo de identificación para que les entreguemos el cuerpo. El problema es que muchos se nos mueren en la espera".

La situación contrasta con lo que ocurre en Catalunya, donde gracias a la reciente aprobación de la Ley de Fosas, la Administración autonómica pagará por mandato legal la apertura de las sepulturas colectivas siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está enterrada allí.
"Muchos se mueren en la espera de la identificación de su familiar"

Casado irrumpe en el laboratorio con un documento en la mano. El papel es una lista de los presos que fueron sacados de la cárcel una madrugada de agosto. Los nombres coinciden con algunos de los asesinados cuyas muertes tratan de explicar 70 años después.

"Por el análisis de los huesos se pueden saber muchas cosas. Si tiene fractura post mórtem o pre mórtem. Es decir, si fueron maltratados, cómo los mataron...", explica Ríos. El objetivo de este equipo de la ARMH es ayudar a las agrupaciones de familiares y crear una gran base de datos que cuente la verdad del suceso histórico. "No se pueden explicar estos asesinatos sin un contexto global", añade Ríos.

La mesa central del laboratorio la ocupa un esqueleto completo con un agujero en el cráneo. "A estos los mataron dentro de la fosa. Primero les metieron y luego les dispararon", interpreta Casado con los datos del exhaustivo informe de la fosa de la que procede el cadáver.

Al lado, descansan en cajas los objetos que fueron rescatados en la excavación: un reloj, un crucifijo, una moneda, un pastillero e incluso gomas de borrar. "Aunque los huesos estuvieran desintegrados siempre puede haber objetos como unas suelas de goma que expliquen cuántos cuerpos había", comenta Ríos.

La asociación de Casado ha recibido una subvención de 120.000 euros de Presidencia en tres convocatorias. Un dinero que no costea todo el proceso. "Sólo con desplazar a un equipo de antropólogos durante dos días a excavar una fosa ya habríamos gastado el presupuesto. Menos mal que lo hacen voluntarios", explica. En la ayuda de la convocatoria de 2008 se encontraron con una paradoja. El Gobierno exige escrupulosamente una rendición de cuentas que justifique, en un año, el uso de la subvención. Por error, la ARMH indicó que tendría la identificación de los cuerpos de una fosa en ese año, pero al ritmo que les posibilitan los medios de los que disponen, era imposible. El Ejecutivo solicitó entonces la devolución del dinero.
ADN y documentación

El rigor científico con el que trabajan es total. "La parte documental es fundamental porque a veces, con la prueba de ADN, no es seguro que el cuerpo analizado sea la persona buscada", relata Ríos. Más de una vez se han encontrado con una coincidencia de más de un 95% en el código genético del resto hallado y del familiar que reclama su cuerpo. Sin embargo, en los pueblos pequeños, donde la represión fue muy dura, era común que hubiese multitud de lazos familiares entre los vecinos. "Si a la coincidencia genética le añades pruebas históricas, ya sí que garantizamos y firmamos el informe", concluye el antropólogo.

Cuando la Audiencia Nacional abrió una causa a través del juez Baltasar Garzón para investigar el paradero de 150.000 desaparecidos, salieron cálculos demagógicos sobre el coste que tendría el proceso. La cuenta era sencilla: tantos desaparecidos a 500 euros la identificación genética daba una cantidad escalofriante. Sin embargo, las pruebas genéticas apenas son necesarias para un 30% de los cuerpos encontrados: son aquellos que todavía mantienen familiares vivos. "Existe gente muy capacitada en España para hacer esta labor, lo que pasa es que no hay nadie que ponga el dinero", argumenta Ríos.

El Gobierno confía en la labor altruista de las agrupaciones de familiares. De hecho, el Ejecutivo les ha enviado una ficha para que cuenten los datos de la fosa donde están sus antepasados, los datos de los desaparecidos y las fuentes de información. Estos colectivos se siente explotados y hartos. El Gobierno pide a las víctimas que busquen las fosas cuando la ley atribuye la tarea a las "Administraciones públicas".

Sánchez-Bravo era del FRAP y estuvo implicado en la muerte de un guardia civil Los familiares de este guardia civil fueron compensados ya con esta Ley

Sánchez-Bravo era del FRAP y estuvo implicado en la muerte de un guardia civil
Los familiares de este guardia civil fueron compensados ya con esta Ley.


Europa Press | Madrid
Actualizado martes 16/06/2009




La Comisión de Evaluación de la Ley de Memoria Histórica ha denegado las ayudas contempladas en la Ley de Memoria Histórica a la familia de José Luis Sánchez-Bravo Solla, condenado a muerte en un Consejo de Guerra en septiembre de 1975. En el escrito, se fundamenta la negativa en la "implicación" de Sánchez-Bravo Solla en la muerte de un teniente de la Guardia Civil en un acto de terrorismo atribuido al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).


En una propuesta de resolución, se especifica que la condena a muerte de Sánchez-Bravo Solla se tramitó por Jurisdicción Militar y "se sustanció por el atentando" perpetrado por las FARP el 16 de agosto de 1975 contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.


En su escrito, la comisión de evaluación recuerda que en enero de 2001 el Ministerio del Interior concedió una indemnización a los familiares del guardia civil Pose Rodríguez, víctima de un atentado en el que estuvo "implicado" José Luis Sánchez-Bravo Solla como miembro del FRAP. En este sentido, la resolución señala como una "causa especial de denegación" la pertenencia a banda armada del "causante o beneficiario" de las ayudas de la Ley de Memoria Histórica.


FRAP, un grupo terrorista según la Policía y la Guardia Civil
La comisión de evaluación fundamenta la negativa a la concepción de las ayudas a Sánchez-Bravo Solla en el artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica (aprobada en 2007), que reconoce el derecho a una indemnización de 135.000 euros para quienes fallecieron durante el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977 "en defensa y reivindicació n de las libertades y derechos democráticos" .


"El fallecimiento del señor Sánchez-Bravo Solla -recoge el escrito- no guarda relación con una circunstancia de reivindicació n y defensa de las libertades y derechos democráticos, sino con la ejecución de una pena capital impuesta al causante porque en el procedimiento sumarísimo se apreció su participación en el asesinato de un guardia civil".


La resolución asegura que el FRAP es un "grupo terrorista" a partir de un informe de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, elaborado el 14 de mayo de 2009, que refleja que esta agrupación "fue una organización revolucionaria que recurrió al terrorismo para lograr sus objetivos". "Estas circunstancias llevan a apreciar la concurrencia de pertenencia del causante a banda o grupo armado", asevera.


Este escrito pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido en el plazo de un mes o impugnado ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, conforme al artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

«¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo?»

La Voz de Galicia

«¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo?»

Jaime Mayor Oreja critica duramente la Ley de la Memoria Histórica y no cree que haya que condenar el franquismo.

-¿Qué opina de la Ley de la Memoria Histórica?

-Hacer de una tragedia de nuestra historia un elemento de división es fácil, pero es un disparate. Si hicimos un esfuerzo en la transición para que este tema no siguiera dividiendo a los españoles, ¿para qué resucitar otra vez quiénes fueron más asesinos en la guerra?

-¿Por qué le cuesta tanto al PP condenar el franquismo?

-Porque eso forma parte de la historia de España. Yo no lo he condenado, yo elogio y alabo la transición democrática. ¿Cómo voy a condenar lo que, sin duda, representaba a un sector muy amplio de españoles?

-Por esa misma lógica, tampoco condenará el nazismo o el estalinismo, porque muchos alemanes y soviéticos los apoyaron.

-En la guerra hubo dos bandos y en el nazismo solo uno.

-En el franquismo solo hubo un bando que reprimía.

-También hubo dos, porque el franquismo fue la consecuencia de una Guerra Civil en la que hubo dos bandos. No es lo mismo que el régimen nazi, donde había un solo verdugo.

-Entonces, dejando al margen la Ley de la Memoria Histórica, ¿no considera pertinente condenar el franquismo?

-No, por muchas razones. ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad? En mi tierra vasca hubo unos mitos infinitos. Fue mucho peor la guerra que el franquismo. Algunos dicen que las persecuciones en los pueblos vascos fueron terribles, pero no debieron serlo tanto cuando todos los guardias civiles gallegos pedían ir al País Vasco. Era una situación de extraordinaria placidez. Dejemos las disquisiciones sobre el franquismo a los historiadores.

La memoria histórica y la Ley de 23 de septiembre de 1939 del general Franco

Extraído de DIARIOSIGLOXXI.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/43782

Opiniones de un paisano


La memoria historica y la Ley de 23 de septiembre de 1939 del general Franco

Mario López



Muchos dirigentes del PP y personajes mediáticos de su entorno nos instan constantemente a abandonar la recuperación de la memoria histórica, alegando que tal iniciativa nos lleva a abrir heridas que, según ellos, ya estaban curadas. Añaden que la transición política conllevó el perdón de los pecados y la reconciliación nacional.

Añadiendo, a renglón seguido, que de llevarse a cabo una recuperación de la memoria histórica y un reconocimiento de las víctimas, ello habría de hacerse mirando a los dos bandos. Concluyen su discurso afirmando que el franquismo fue un régimen legítimo, placentero, que nos trajo paz y prosperidad. Mil veces se les podrá decir que durante cuarenta años las víctimas franquistas fueron sobradamente reconocidas. Pero no se quieren enterar. Pues bien, tengo delante de mí una copia vetusta del número 273 del Boletín Oficial del Estado de 1939. En él se publican, entre otras, las leyes de 8 de septiembre, que deja sin efecto todas las leyes, disposiciones y doctrinas del Parlamento de Cataluña y del Tribunal de Casación y la de 23 de septiembre, que considera no delictivos determinados hechos de actuación político-social cometidos desde el catorce de abril de 1931 hasta el dieciocho de julio de 1936, es decir, durante todo el tiempo que duró la II República. Para entender a qué "determinados hechos" se refiere Francisco Franco, reproduzco el artículo primero de esta ley: "Se entenderán no delictivos los hechos que hubieren sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado como constitutivos de cualesquiera de los delitos contra la constitución, contra el orden público, infracción de Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados desde el catorce de abril de 1931 hasta el dieciocho de julio de 1936, por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre de aquellos hechos que por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobierno que con su conducta justificaron el Alzamiento". La ley contiene seis artículos más que, por limitaciones de espacio, no voy a reproducir. La dictadura franquista no sólo condenó a la muerte, a la prisión y al ostracismo a los ciudadanos que defendieron la República sino que les obligó a convivir con los asesinos que provocaron durante el periodo republicano el deterioro de la convivencia que derivó, finalmente, en la Guerra Civil ¿Se debe exigir a todos los partidos políticos presentes en las Cortes Generales una condena rotunda y sin paliativos del golpe militar y del subsiguiente régimen fascista de Franco? Los señores del PP y su entorno mediático deben pronunciarse respecto a este hecho irrefutable. El propio dictador reconoce que los criminales que provocaron el hundimiento de la República fueron héroes que, desde el primer día en que la II República fue instaurada por el pueblo soberano, dedicaron todas sus energías a sabotearla, destruyendo la convivencia, condenándonos a tres años de guerra y a cuarenta de miserable dictadura. Podríamos empezar por aquí para recobrar la memoria histórica de nuestro país. Y, ya puestos, podríamos terminar de hacer justicia haciendo una nueva lectura de la transición constituyente y emprender una nueva transición hacia una verdadera democracia. Una democracia libre de servidumbres fascistas.

Otones: "Este es un gran día para mí como represaliado franquista"

Otones: «Éste es un gran día para mí como represaliado franquista»

9 de mayo de 2009

R. V.
Manuel García, el veterano militante comunista y luchador antifranquista al que todos conocen por su apodo de «Otones», ocupaba ayer una de las sillas dedicadas al público en el salón de plenos del Ayuntamiento. Otones se había puesto chaqueta, corbata y la medalla de plata de Gijón que el Ayuntamiento le concedió en el año 2007. Para él no era un Pleno cualquiera.

Y por ello, cuando los votos de PSOE e IU ya garantizaban la retirada de honores a Franco, Otones se levantó de la silla y, en solitario, rompió a aplaudir y gritó «Democracia y libertad» alto y claro. «Éste es un día muy grande para mí como represaliado del franquismo al ver cómo se anula de nuestra historia al dictador. Ha sido una gran satisfacción. Me resultaba un agravio estar en el listado de honores de este Ayuntamiento junto a los represores y a quienes fueron culpables de todas las desdichas y torturas que recibí en la época franquista», sentenciaba tras finalizar el Pleno.

Brazo en alto contra Franco PSOE e IU suman sus votos para retirar los honores municipales al dictador, frente a un PP que se abstuvo en la votación y

Paz F. Felgueroso
Brazo en alto contra Franco
PSOE e IU suman sus votos para retirar los honores municipales al dictador, frente a un PP que se abstuvo en la votación y el debate


Otones: «Éste es un gran día para mí como represaliado franquista». Gijón

R. VALLE
Sus palabras

El Pleno de hoy completa una necesaria reparación histórica. Reparamos no los desastres de la guerra, sino las infamias de la posguerra. Lo hemos hecho como una forma más de honrar a las víctimas de un tiempo de horror y crueldad. También para que esos honores que nuestra ciudad concede a las personas y a las entidades más ejemplares y queridas recobren por entero su significación y adquieran el más alto, noble y limpio valor simbólico. Y lo hacemos, por último, para cerrar dignamente, sin rencor y con ánimo de concordia un penoso tiempo de nuestro pasado. El Consejo de Europa aprobó una resolución que dejaba constancia de que el franquismo fue una dictadura que conculcó todos los valores de la Convención Europea de Derechos Humanos, añadiendo que la condena de los crímenes y desafueros juega un importante papel en la educación de las jóvenes generaciones.

Francisco Franco quedó borrado ayer de manera definitiva del álbum de honores del Ayuntamiento. Los ediles del PSOE e IU levantaron sus brazos en el Pleno municipal para refrendar la propuesta de retirar al dictador los títulos de alcalde honorario e hijo adoptivo de la ciudad, que le fueron concedidos en 1939, y la medalla de oro de la villa, que se le entregó un cuarto de siglo después. El PP, por su parte, optó por la abstención en el momento de la votación y por el silencio en el turno de debate.

«La política son hechos y gestos y hay gestos que son más elocuentes que los hechos. Su silencio es acusador y de vergüenza para ustedes que miran hacia abajo y es un silencio de orgullo para otros», reprochó a los populares el edil socialista Santiago Martínez Argüelles, que había sido el encargado de defender ante el Pleno la propuesta de Paz Fernández Felgueroso que ya había recibido la luz verde de la Junta de Gobierno el pasado 14 de abril, el día de la República.

«Es para mí un gran honor presentar esta retirada de honores a Francisco Franco. Suena fuerte hablar de retirada de honores, pero más fuerte es que se le hayan concedido a un dictador», dijo Martínez Argüelles en el inicio de su intervención. El edil de Hacienda y Coordinación Administrativa negó que en el Pleno se estuviera desarrollando un acto folclórico «porque al quitar y poner honores lo que se debate es qué valores suscribimos y qué valores no suscribimos. Debemos reconocer nuestro pasado colectivo, pero no tenemos que estar orgullosos de todo nuestro pasado».

«Diremos sí una y mil veces a esta retirada de galardones, que, a nuestro juicio, comienza con el gran dictador, pero no se debe frenar en él», sentenció el portavoz de IU, Jesús Montes Estrada, como colofón a una dramática enumeración de acciones represoras del franquismo contra la población gijonesa en la que el edil no se olvidó de fusilados, exiliados, torturados y represaliados sociales y políticos. IU ya ha comunicado a sus compañeros socialistas de gobierno que también hay que borrar de las páginas del álbum de honores municipal a destacados líderes del régimen franquista como José Girón de Velasco, José María Fernández Ladreda, Carlos Pinilla, Julián Gómez Elisburu, Camilo Alonso Vega, Salvador Moreno, Julián Rubio, Jorge Vigón y Miguel Ángel García-Lomas. Aunque ése será un nuevo paso en la aplicación de las medidas a las que da sentido la ley de la Memoria Histórica.

Las autonomías del PP se niegan a localizar las fosas franquistas

Las autonomías del PP se niegan a localizar las fosas franquistas
Los conservadores aseguran que buscar a las víctimas es tarea del Estado


Trabajos de exhumación en Palencia. - Mónica patxot
DIEGO BARCALA - MADRID - 14/05/2009 21:23


Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se declaran insumisas a la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un informe del Ministerio de Justicia presentado este jueves por el Consejo de Ministros señala que las autonomías de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia se niegan a colaborar en la elaboración de un mapa de localización de fosas comunes de víctimas de la represión desatada por los generales golpistas de 1936.

Los conservadores argumentan que las tareas de búsqueda, documentación y localización corresponden a las competencias del Estado, según fuentes del Ministerio de Justicia. El mapa de inhumaciones es un compromiso de la ley aprobada en diciembre de 2007 "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".

En las autonomías donde los gobiernos dimitan serán las asociaciones de víctimas del franquismo las encargadas de completar el mapa. El Gobierno es consciente de que en las zonas donde el mapa se ha podido completar ha sido gracias a la tarea llevada a cabo por estos colectivos junto con algunas sociedades universitarias.

El antropólogo que elaboró el mapa de fosas comunes de la provincia de Sevilla, Ángel del Río, asegura que no habría podido localizar los lugares donde los franquistas enterraban a sus víctimas sin la colaboración, tanto económica como administrativa, de la consejería de Justicia. "Son los Gobiernos los que tienen los archivos, como los de la Guardia Civil que hicieron un mapa de fosas para llevar cuerpos al Valle de los Caídos", explica.

El Gobierno aseguró que "ante las dificultades surgidas", se están consultando archivos oficiales como el del Valle de los Caídos y de los Gobiernos Civiles de 1958 y 1959, cuando se hicieron los traslados de cuerpos a Cuelgamuros.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, criticó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por delegar en las víctimas: "Es como si un problema de salud pública tuvieran que arreglarlo los propios afectado. No saben lo que tienen entre manos. Mientras discuten de quién es la competencia se mueren a los que hay que reparar".

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El monumento a Yague desaparece de su pueblo natal

El PP enfada a la hija del general Yagüe

El monumento al militar desaparece de su pueblo natal


JAVIER SALAS - MADRID - 16/05/2009 08:00

San Leonardo de Yagüe (Soria) amaneció ayer sin el monumento que rendía tributo al general franquista cuyo apellido da nombre a la localidad. El alcalde del municipio soriano, Jesús Elvira (del PP), ordenó el jueves ejecutar la demolición del conjunto escultórico de piedra que rendía homenaje a Juan Yagüe, con la intención de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica. La decisión de retirar el monumento se tomó después de que el 12 de octubre de 2008 la figura del militar apareciera decapitada como consecuencia de un acto vandálico.

En el mismo lugar se erigirá más adelante un monolito que recuerde al general, oriundo y benefactor de la localidad, pero sin connotaciones políticas ni militares, como exige la ley.
Más adelante se erigirá un monolito sin connotaciones políticas en el lugar

La destrucción parcial de la estatua originó el año pasado un desencuentro entre los herederos del general franquista y el consistorio de la ciudad. La Fundación Yagüe pretendía que se restaurara la escultura e incluso se ofreció a correr con los gastos, pero la alcaldía dilató su decisión y optó al final por su retirada definitiva.

Los servicios jurídicos del ayuntamiento habían certificado que el monumento vulneraba la ley, ya que el general aparecía al frente de un conjunto escultórico cargado de una "evidente" simbología franquista y una estética propia de la dictadura.

María Eugenia Yagüe, hija del general y presidenta de la fundación que lleva su nombre, presentó ayer una denuncia contra el alcalde de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira, en el cuartel de la Guardia Civil, por lo que a su entender es el derribo ilegal del monumento. "Cuando se planteó la idea de retirar la escultura, le entregamos al alcalde un informe jurídico que determinó que el monumento no vulneraba la ley", recuerda Yagüe. "No nos escuchó y ha derruido el monumento unilateralmente; ha sido un gesto vil y rastrero", acusó la heredera del militar, que pide la dimisión del regidor.
La escultura estaba decapitada desde hacía meses por un acto vandálico

Yagüe acusa a Elvira de "prevaricación" y de "aprovechar" el destrozo del monumento. "En la alcaldía se han servido de los vándalos para librarse del recuerdo de mi padre", aseguró. No contenta con la denuncia, Yagüe hizo llegar ayer al Partido Popular de Soria, del que es militante, una reclamación para que se suspenda de militancia al alcalde, también del PP. "Espero que le abran un expediente informativo y que le obliguen a dimitir", pidió Yagüe. Y añadió entre risas: "Van a por todas; lo próximo que hagan será desterrarme".
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Familiares de víctimas de Franco se manifestarán contra el Gobierno Denuncian el plan del Ejecutivo de dejar en manos de las comunidades autónomas la

Familiares de víctimas de Franco se manifestarán contra el Gobierno
Denuncian el plan del Ejecutivo de dejar en manos de las comunidades autónomas la apertura de fosas
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 29/04/2009


La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) prepara una manifestación de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura contra "la falta de sensibilidad humanitaria del Gobierno" que, según el protocolo de exhumaciones que prepara, pretende dejar en manos de las comunidades autónomas, es decir, convertir en una decisión política, la apertura o no de las fosas comunes. El colectivo ha conseguido rescatar los cuerpos de 1.800 víctimas en los últimos nueve años sin apenas ayuda institucional y gracias al apoyo de decenas de arqueólogos, forenses, psicólogos e historiadores que han trabajado de manera altruista.


"El derecho a la identidad, a una sepultura digna, a la verdad, a la justicia y a la reparación está reconocido por numerosa legislación internacional" , asegura la ARMH en un comunicado, y "el Gobierno está incumpliendo un deber asumido por el propio Ejecutivo, por ejemplo, cuando votó favorablemente la resolución contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992".
La asociación denuncia que en los últimos cinco años, desde que el Ejecutivo socialista anunciara la creación de una comisión interministerial para las víctimas de la dictadura, "han muerto miles de personas" esperando que el Gobierno busque a sus desaparecidos. "El vacío y la irresponsabilidad de las instituciones" , añaden, ha propiciado la aparición de empresas especializadas en vender información a los familiares que llevan 70 años buscando a los suyos.
"Para nosotros es difícil entender la frialdad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero", añade el comunicado, que recuerda que el jefe del ejecutivo se comprometió hace cuatro meses en una entrevista en Cuatro, a reunirse con los familiares de los desaparecidos, lo que generó "muchas expectativas" en el colectivo. Desde entonces, nadie se ha puesto en contacto con ellos para cerrar una fecha.
Por todo esto, la asociación espera sacar a la calle próximamente a cientos de familiares portando las fotografías de sus desaparecidos para exigir al Gobierno que ponga los medios necesarios para "resolver un problema de una dimensión humana estremecedora" .

Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Hoy se ha constituido la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica que, formada por 16 especialistas, tendrá como objetivo determinar las posibles excepciones de la norma general establecida en la Ley de la Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones Públicas a retirar los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, informa el Ministerio de Cultura.

En este sentido, el ámbito de trabajo de la Comisión se centrará únicamente en los vestigios existentes en los bienes adscritos a la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de que esté abierto un diálogo con las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales para que el Gobierno pueda colaborar en la valoración de los existentes en bienes adscritos a las mismas.

Con la reunión de hoy comienza el trabajo de la Comisión, que funcionará con arreglo a los criterios generales establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008, conforme a los cuales se eliminarán todos aquellos símbolos que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura salvo aquellos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural y que tengan significado histórico, valor artístico o artístico-religioso, o bien que concurran en ellos criterios técnicos que aconsejen su conservación.

En cuanto a la metodología de trabajo de la Comisión, teniendo en cuenta que ya se ha realizado un inventario previo de los bienes que deben ser valorados, se ha repartido el trabajo entre seis subcomisiones integradas por tres miembros cada una, en cuyo seno se analizará mensualmente un mínimo de casos y se elaborarán las propuestas de actuación correspondientes, que finalmente se elevarán al Pleno de la Comisión para su aprobación definitiva. Está previsto que tanto las subcomisiones como el Pleno se reúnan al menos una vez al mes.

Un anticuario valenciano intentará vender en la Feria de la Almoneda de Madrid un retrato de Franco con uniforme de ga­la, comprado a una familia de C

Un anticuario valenciano intentará vender en la Feria de la Almoneda de Madrid un retrato de Franco con uniforme de ga­la, comprado a una familia de Carcaixent
Gerard S. Ferrando, Valencia
En pleno debate por la memoria histórica y el cumplimiento, más o menos estricto según lugares, de la ley que le da nombre, Francisco Franco se resiste a marcharse del imaginario colectivo. El dictador aguanta a su manera, bien sea por la decisión de ciertos políticos de no retirarle los honores en sus ayuntamientos o por la aparición de obras en su honor. Una de ellas la encontró Levante-EMV cuando estaba siendo descargada delan­te de una tienda de antigüedades de Valencia y, cómo aseguró el propietario de dicho establecimiento, Pedro Gento: «Va a ser expuesta en la Feria Almoneda de Madrid, que se celebra desde este sábado hasta el día 28 de abril». Allí, junto con objetos antiguos de todo tipo el visitante se topará con este gigantesco cuadro de Francisco Franco Bahamonde (de unos tres metros de alto), vestido con el uniforme de gala de capitán general, que Antigüedades Marco Polo adquirió hace unos meses y que procede «de una familia de Carcaixent vinculada a Franco», como así matiza el propio Gento.
El cuadro en cuestión fue pinta­do por el artista de Carcaixent Án­gel Marimón en la posguerra. Un artista que era «uno de los pintores que solían retratar con frecuen­cia a Franco». Poco se sabe de este autor. De hecho, el propio anticuario asegura no conocer aún el valor real del cuadro porque «todavía estoy pendiente de que me hagan la tasación».
«La baronesa de Ariza», de Madrazo
De entre la numerosa relación de obras y objetos que Marco Po­lo exhibirá en Almoneda, y que fueron descargados delante de la tienda en la mañana del lunes, destaca también otro retrato de grandes dimensiones titulado La baronesa de Ariza y que fue pintado por uno de los autores españo­les más célebres del siglo XIX como es José de Madrazo. Él llegó a ser primer pintor de cámara del rey Fernando VII y dirigió el Museo del Prado, ya bajo el reina­do de Isabel II, entre 1838 y 1857. Además, tiene diversas obras expuestas en el célebre museo madrileño, entre las que destaca La muerte de Viriato (1808). La baronesa de Ariza descansaba hasta hace unos meses en un palacio privado de Valencia, el dueño del cual Pedro Gento oculta «por motivos profesionales» . Al igual que el retrato de Franco, todavía está pendiente de una tasación que establezca su valor.
Tanto la obra de Madrazo co­mo la de Marimón fueron adquiridas por Gento por petición de sus propietarios, pues él se dedica «tanto a comprar como a vender». Estos dos cuadros configuran los principales reclamos de la exposición que presentará este anticuario valenciano en Almoneda y que se integrarán en un estand de unos 60 metros cuadrados, que, según Pedro Gento, «no es el más grande pero sí tiene ya un tamaño considerable para esta feria». El empresario valenciano reconoce que la crisis también ha llegado a su sector, pero matiza que va a seguir acudiendo a acontecimientos como éste: «Voy a Madrid a dos ferias al año, a la Almo­neda y la Feria Arte de finales de año», y añade que «tienes que estar a las duras y a las maduras. Si yo acudo a dos certámenes al año tengo que ir». Gento es consciente de que en la actual coyuntura será complicado rentabilizar económicamente esta visita a la capital y avanza sus modestas intenciones: «Antes de partir yo diría que cubriendo gastos y que no me cueste dinero de mi bolsillo ya me conformaría.»
En este período de crisis económica, Antigüedades Marco Po­lo se arriesga a seguir acudiendo a la Feria Almoneda y lleva obras que llamarán la atención, como la del dictador, que tal vez sea comprada, en euros, por algún nostálgico de tiempos pasados.

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XIV JORNADA PARA EL RECUERDO Panteón a los Caídos por la Libertad Espinardo-Murcia Edición 2009

XIV JORNADA PARA EL RECUERDO
Panteón a los Caídos por la Libertad
Espinardo-Murcia

Edición 2009

Pese al mal pronóstico meteorológico, la mañana lució espléndida, siendo la asistencia una de las más participativas y nutridas de los últimos años (71 personas). En esta edición no se cursó invitación a ningún partido político parlamentario con implantación en la Región de Murcia (PSOE e IU) ni a ninguno de los grandes sindicatos regionales, UGT y CC.OO, por sub traición a la Memoria Histórica Republicana y Antifascista. La única asociación política invitada y representada fue la Plataforma de Ciudadanos por la República RM.

Entre la montaña de ramos y centros florales, se distinguía el gran centro de rosas dejado el pasado 14 de abril por el PSOE-PSRM, única acción realizada por el órgano regional socialista hacia la Memoria Histórica, del que tengamos noticia desde el pasado año.

Destacamos la presencia de Pilar Juárez y Antonio García, presidenta y secretario de la recién estrenada asociación Memoria Histórica de Cartagena. Tomaron la palabra Antonio Zomeño, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales; José A. Martínez Coy, del Foro Social de la RM; el representante de L'Ajuntaera pa la Plática el Esturrie y'el Escraculle de la Llengua Murciana, que realizó su alocución con un relato en panocho (dialecto huertano murciano); Arnaldo Tovar, hijo del Sargento Tovar (fusilado), denunciando la injusticia e inutilidad de la ley de la Memoria Histórica que no anula las sentencias; su hermano Andrés, que dió lectura al mensaje enviado por la guerrillera antifranquista Esperanza Martínez "Sole" y su esposo Manuel Gil (recibido con un fuerte aplauso). A sus noventa y dos años y pese al grave estado de salud de su esposa, estuvo presente José Fuentes Yepes (sentenciado a muerte y conmutado a 30 años de prisión), fundador de las JSE de la RM y presidente de honor de las JJSS-RM. Todos los presentes dedicaron un cariñoso aplauso para felicitar a Carmen Campos, hermana del alcalde republicano de Alhama de Murcia (fusilado) que cumplió ¡¡100 años!! el pasado 15 de abril (y que dice que no hay día que no se acuerde de su hermano) y finalmente, el espíritu de esta edición de la Jornada se concretó con la intervención del presidente de "Caídos por la Libertad", Floren Dimas, que díjo:


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Queridos socios, estimados amigos y amigas, gracias por estar aquí.



Después de catorce años de convocar este acto, ya está todo dicho sobre los motivos que nos convocan ante el Panteón de Espinardo, a los familiares de los republicanos murcianos asesinados por el franquismo. Estamos en el mismo lugar, nos impulsan los mismos sentimientos y presentamos las mismas reivindicaciones que cuando instauramos la Jornada para el Recuerdo, como un punto de encuentro y de reflexión en aquella primera Jornada en 1995.



Ha habido cambios en el panorama: mientras que por un lado nos han dejado varios compañeros y compañeras definitivamente, otros han llenado sus ausencias con su interés en la conservación de la Memoria. Mientras que en 1995 estábamos solo en toda España, hoy existen más de 150 asociaciones compartiendo nuestros objetivos. Lo único que permanece exactamente igual es que aquellas instituciones públicas, aquellas organizaciones políticas y sindicales murcianas, a las que entonces incomodaba que les pidiéramos implicarse en el rescate y conservación del recuerdo de las víctimas del franquismo y de lo que su Memoria representaba, siguen manteniendo ausente la Memoria en sus programas y objetivos, a pesar de algún esporádico y errático esfuerzo de algunos responsables, que más bien a título personal que otra cosa, se atrevieron a promover algunos gestos aislados y sin fuelle por falta de apoyo y sensibilidad en sus propias organizaciones.



Murcia es territorio comanche de la derecha y también, de la llamada “izquierda oficial”, la que ocupa escaños en los Parlamentos, despachos en las capitales y se sostiene gracias al dinero público. Una y otra han venido observándonos con miradas que, siendo diferentes, tienen las dos el mismo efecto: no apoyar la Memoria Histórica, abandonándonos y decepcionándonos, recluyendo al ámbito privado y familiar el culto a la Memoria de los Caídos por la Libertad de la Región de Murcia. La izquierda parlamentaria murciana y los grandes sindicatos, han terminado siendo cómplices del abandono de las víctimas del franquismo y de la Memoria Republicana y Antifascista.



Hace unos años, estuve en un acto en un pueblecito de los Pirineos franceses, en Buziet. Se conmemoraba el aniversario de la muerte de diecisiete maquis españoles exiliados en Francia tras la guerra civil, caídos en una emboscada tendida por los nazis en 1944. Además de algunos familiares de los guerrilleros, allí estaba el Sub-prefecto de Oloron-Saint-Marie, el alcalde de Buziet los alcaldes de dos localidades vecinas, el jefe de la gendarmería de Pau, varios oficiales del Ejército del Aire, diputados regionales, un grupo de Boys Scouts, un nutrido grupo de veteranos de las FFI, con sus banderas y condecoraciones.. y su excelente banda de cornetas y tambores (¡a su edad!) así como una nutrida representación de asociaciones memorialistas francesas de Pau, Oloron y Gurs. Torcí el gesto cuando los asistentes entraban en la iglesia para asistir a un servicio religioso dedicado a estos republicanos españoles. Fuera nos quedamos José Luís Pitarch (comandante de la UMD) y servidor, cuestionando lo de la famosa “laicidad” del estado francés, pero movidos por la curiosidad, decidimos entrar y nos encontramos con la sorpresa de una misa bilingüe, en donde en todas las plegarias, se exaltaba la nobleza de la causa de los maquis, y el reconocimiento de su sacrificio por la libertad de Francia. ¡Ya quisiéramos –me comentó sonriendo Pitarch a la salida- tener en España curas como estos!



Y es que sucede, amigos, que la Memoria de las víctimas por la Libertad, en estos países no se relega a la intimidad de las familias, si no que es asumida como parte de la cultura democrática de la sociedad. Nuestra lucha durante ¡catorce años! ha estado dirigida a que fuesen las instituciones, como sucede en estos países, las que liderasen estos homenajes.



¿Véis a algún miembro del gobierno murciano entre nosotros? ¿Algún alcalde, diputado o senador?, ¿alguien acierta a identificar al jefe de la Policía o de la Guardia Civil para honrar a sus colegas asesinados por el fascismo hace casi sesenta y tantos años? ¿Algún juez, algún vicerrector universitario para recordar a los jueces o profesores sacrificados por el fascismo? ¿Andará por aquí el rector de la Universidad de Murcia o el de la UCAM? ¿Quién ha divisado al Delegado del Gobierno? ¿Tal vez hay por ahí algún director de instituto que quiera recordar a los docentes fusilados por enseñar a los niños a ser libres?



No amigos, no los veréis porque para éllos, estas cosas son antiguallas. Para esta gente, como para el PP y no pocos de los dirigentes de las organizaciones de “la izquierda” murciana, nosotros solo queremos “remover cenizas”. Nos miran como algo incómodo, quizás porque agitamos ese pliegue de su conciencia que les dicta que la razón está con nosotros, aunque éllos no quieran aceptarlo por conveniencia o por cobardía. Tampoco veréis a ningún líder sindical, de esos que pregonan tanto su dedicación a la “clase trabajadora”. Ya tienen sus fundaciones atufando a naftalina, sus exposiciones de quita y pon, sus héroes fosilizados y sus ciclos de charlas para jubilados, pagado todo con fondos públicos -claro- con lo que ya se consideran cumplidos, aunque nosotros nos tengamos que enterar de estos eventos a toro pasado.



Delante nuestro, bajo tierra, descansan cientos de héroes anónimos: alcaldes, concejales, sindicalistas, maestros, artesanos, agricultores, abogados y jueces, militares y policías, mineros, jornaleros y pescadores, que en el frente o en la retaguardia, cumplieron con su deber al resistir al fascismo. Hasta ahora, siempre habíamos evocado semblanzas de civiles, pero esta mañana vamos a dedicar un espacio para hablar de los miltares. Ellos fueron las primeras víctimas de sus compañeros de armas, los militares golpistas, cuando no quisieron secundarles en su aventura homicida.



Aquí descansan los restos del Capitán de Artillería Antonio Martínez Pallarés, jefe de la batería de costa de “La Parajola”, quién en cumplimiento de su obligación, dirigió el fuego hasta hundir al “Castillo Olite” el 7 de marzo de 1939, enviando al fondo del mar a 1.900 soldados franquistas que se disponían a asaltar Cartagena. Como a todos nuestros Caídos, lo fusilaron por “rebelión militar”. Y así ha quedado sentado documentalmente: como un traidor hasta hoy mismo, al no haber en España un gobierno justo y valiente que ilegalice el franquismo, a los tribunales represores y anule todas sus sentencias. Aquí fusilaron al Coronel Joaquín Pérez-Salas, el héroe de Pozoblanco, que se descalzó cuando le apuntaban los fusiles para morir pisando la tierra española que tanto amó. En Espinardo le arrancaron la vida al Coronel Carlos Jiménez Canito, Comandante Militar de Murcia en 1936 y al Coronel de artillería Luis Cabanyes Mata, que aplastó la sublevación en la capital, al que se le negó su deseo de mandar a su propio pelotón de fusilamiento. O el Alcalde de Murcia, Fernando Piñuela, quién estando en capilla hizo gala de su ánimo inquebrantable diciendo a sus guardianes: “¡que cierren esa ventana que nos vamos a costipar!”. Bajo esas dos lápidas, hay cientos de anónimos y sacrificados mártires por la Libertad, cuyo trayectoria vital debería de enseñarse en las escuelas, y cuyo ejemplo servir de acicate para apreciar mejor los valores de la Democracia. Por eso nos produce un intenso dolor y una enorme impotencia, que los españoles desconozcan estas historias, estas auténticas vidas ejemplares.



Lamentamos que hoy no estén con nosotros grupos de alumnos de instituto con sus maestros, que no nos acompañen las autoridades civiles, las militares, los alcaldes, los diputados, los partidos y los sindicatos, compartiendo todos este momento de reconocimiento, recuerdo y homenaje a los héroes de la Democracia desde la sinceridad y el compromiso con la Recuperación de la Memoria.



Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero no éllos no han querido. Seguimos donde estábamos hace catorce años: manteniéndonos fieles a su recuerdo y haciendo nuestro aquel sueño igualitario por el que vivieron y por lo que les asesinaron. Aquí estamos y aquí seguiremos.



En su memoria: ¡Viva la República!





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Tras un recuerdo para José Luís Sánchez Bravo, una de las últimas víctimas del franquismo cuyos restos descansan en el mismo cementerio, y tras una alusión de Floren Dimas señalando a Fraga Iribarne como corresponsable de estos crimenes, por formar parte del consejo de ministros presidido por Franco, que decretó unánimemente su sentencia de muerte, seguidamente los presentes se trasladaron al Panteón de las Brigadas Internaciones en donde se evocó la participación de los brigadistas Irlandeses, comunicando el reciente fallecimiento del último superviviente, Bob Doyle, fallecido la semana pasada. Realizada la ofrenda floral, se dieron por terminados los actos en el cementerio.



Posteriormente y en el restaurante acostumbrado, tuvo lugar la asamblea general ordinaria y extraordinaria, seguida de la tradicional comida de hermandad.

Franco ya no será más estatua

Las autoridades españolas retirarán en Melilla la última estatua del dictador Francisco Franco Bahamonde que todavía se levanta en una vía pública en el país, según informaron este miércoles, medios de comunicación locales.

Los dirigentes de la ciudad autónoma española situada en el norte de África anunciaron que la estatua será desmontada y llevada al Museo Militar después de las vacaciones de Semana Santa.

La efigie de Franco, situada en la entrada del puerto de la ciudad, era la última expuesta en un lugar público en España después de que en diciembre se retirara en Santander, en el norte del país, la última estatua que mostraba al dictador a caballo. En la estatua de Melilla se puede ver a Franco de pie, con prismáticos y bastón. Data de 1977 y es por ello una de las pocas que fue colocada en España tras el final de la dictadura franquista, la muerte del militar y la introducción de la democracia en el país.

En 2007, el Parlamento español aprobó la llamada Ley de la Memoria Histórica, que permite a las autoridades retirar escudos, insignias, placas y menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil (1936-1939) y la represión durante la dictadura (1939-1975). De todas maneras, ya antes de la aprobación de dicha ley, muy controvertida y discutida, habían sido retiradas del espacio público desde principios de la actual década destacadas figuras del dictador.

Coordinadora para la memoria de Madrid. Manifiesto en el 70 Aniversario del Final de la Guerra 1936-1939

martes 31 de marzo de 2009
MANIFIESTO EN EL 70 ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA GUERRA 1936-1939
Coordinadora para la memoria de Madrid. www.coordinadoramemoriamadrid.blogspot.com

Este año se cumple el 70 aniversario del final de la Guerra 1936-1939 que derribó el gobierno republicano elegido democráticamente, tras la resistencia heroica y desigual de los españoles que creía en la Libertad. Se cumple también el primer año de vigencia de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria, publicada casi 30 años después de la instauración de la actual democracia.

La dictadura franquista fue un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo en el poder durante treinta y siete años mediante el abuso sistemático e indiscriminado de los siniestros recursos que caracterizan la pervivencia de los regímenes totalitarios.

La victoria de Franco y de los sublevados fue posible gracias al apoyo nazi-fascista de Hitler y Mussolini, de la jerarquía de la Iglesia católica que incitó al odio y a la venganza y a la culpable indiferencia de las grandes democracias occidentales.

Centenares de miles de españoles se vieron obligados a exiliarse; no menos de cincuenta mil personas fueron ejecutadas y varios miles más murieron de hambre y enfermedad en las cárceles, campos de concentración y de trabajo. Decenas de miles permanecen desaparecidos en cunetas y campos de toda España. La tortura y las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones masivas de los derechos humanos fueron práctica habitual durante la larga dictadura.

España quedó aislada internacionalmente, vio truncado el progreso social y cultural que fue decididamente impulsado por las actuaciones de la II República y retrasó en varias décadas su integración en el proyecto de construcción europea.

Nuestra valoración de la Ley de Memoria Histórica

La Ley es un avance en el proceso de rescate de la Memoria de la Libertad y la Democracia española y de quienes lucharon, murieron y fueron víctimas del levantamiento militar, de la complicidad nazi-fascista y de la dictadura posterior.

Ha dado algunos pasos importantes como: el Reconocimiento general, la Declaración de ilegitimidad; la Declaración de reparación y reconocimiento personal; la mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la Guerra y la dictadura, colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas, medidas para la identificación y localización de víctimas, eliminación de símbolos y monumentos públicos, protección de las edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos; concesión de la nacionalidad española a los descendientes del exilio y los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales, creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, adquisición y protección de documentos sobre la Guerra 1936-1939 y la Dictadura, Derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles y reconocimiento a las asociaciones de víctimas.

Se declara la ilegitimidad de los tribunales (Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra) constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos) y, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

Aunque la actual Ley de Memoria Histórica es una importante base jurídica y sirve también de estímulo social, consideramos imprescindible, para proseguir el avance en el proceso de la Verdad, la Justicia y la Reparación efectivas, abordar, con la decisión necesaria, los siguientes deberes pendientes:

1. La Ley no hace una condena expresa del régimen franquista. Menciona indirectamente la Declaración contenida en la Proposición no de Ley de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.
2. Continúa la impunidad frente a los acontecimientos que revisten la calificación jurídica de delito de rebelión contra la forma de gobierno, y de crímenes contra la humanidad. La dictadura abrió una Causa General contra los vencidos, pero en la Democracia no ha existido un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini. La Audiencia Nacional (AN), competente del delito de rebelión que le atribuye expresamente la Ley Orgánica 4/1988 y de los crímenes de derecho internacional, admitió recientemente la existencia de delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de dichos crímenes, pero declaró extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los líderes golpistas, y se declaró incompetente, desprendiéndose de su responsabilidad, inhibiéndose en favor de los juzgados de instrucción, convirtiendo los hechos en delitos comunes.
3. El Estado español sigue sin firmar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.
4. Sigue sin desarrollarse y conocerse el marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática.
5. Si bien se reconoce en la ley la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la dignidad de todas las víctimas de la violencia política y permite conceder, mediante Real Decreto, las distinciones que considere oportunas a las referidas entidades, no existe todavía un mecanismo de consulta y seguimiento de las organizaciones sociales y representativas de las víctimas que a lo largo de los años han trabajado a favor de la Memoria de la Libertad, como sucede en los países de nuestro entorno europeo.
6. La Ley establece un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, olvidando el derecho colectivo a la memoria de los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones (masones, mujeres, entidades asistenciales, etc.) cuyos afiliados y miembros sufrieron represión.
7. Consideramos insuficiente la intervención e implicación de las administraciones públicas, en los niveles competenciales correspondientes, en las labores de investigación judicial, localización, identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, y en su caso exhumación, así como la divulgación de los resultados.
8. Seguimiento de la obligatoriedad y penalización de la omisión de las administraciones nacional, autonómica y locales, y en concreto en el de la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos, de retirar menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como monumentos, calles, plazas, edificios, etc.
9. Directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos lugares, parajes y establecimiento relacionados con la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista en Madrid y, obtener la declaración de zonas de interés cultural de lugares como los de la Batalla del Jarama.
10. Si bien la ley establece que Cuelgamuros “Valle de los Caídos” se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos y que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra 1936-1939, de sus protagonistas, o del franquismo, mantiene los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, continuando en ese lugar la exaltación simbólica de sus figuras. El Abad de la orden residente en el recinto, sigue haciendo declaraciones de apoyo al franquismo y de vejación a los familiares de las víctimas y a los demócratas, incumpliendo la Ley, por lo que no debería continuar el convenio y el status de la orden religiosa.
11. Plan de actuación en Cuelgamuros “Valle de los Caídos” cuyo primer paso debe ser el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera y su entrega a sus familiares para su adecuada inhumación privada, así como facilitar la entrega a los familiares que lo soliciten de los restos de las personas inhumadas en la cripta. A continuación su recinto e instalaciones deben regenerarse democráticamente y explicitar de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.
12. Se debe llevar a cabo el reconocimiento oficial de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), que lucharon contra la dictadura de Franco desde el interior de las Fuerzas Armadas, e indemnizarles por las medidas represivas que sufrieron en razón de su actividad en Pro de la democracia.
13. El reconocimiento por parte del Estado Español del papel de las agrupaciones de Guerrilleros y los puntos de Apoyo, como última expresión del que fuera Ejército Republicano y la equiparación, a todos los efectos, de sus miembros, de los miembros activos de aquel ejército. También debe equipararse a las víctimas de las acciones represivas de la Dictadura como víctimas de la guerra de 1936-1939 y su derecho al reconocimiento y a la reparación.

14. El Estado tiene la obligación de investigar la desaparición de los niños perdidos del franquismo, ejemplo de crimen contra la humanidad, y crear una comisión gubernamental para su búsqueda.

15. Un reglamento de desarrollo ágil de las medidas de reconocimiento y reparación jurídicas, políticas, económicas y éticas contempladas en la Ley que permita acelerar los procedimientos de investigación histórica así como la creación, desde las Administraciones, de servicios de investigación y asesoramiento a las víctimas y sus familiares, como se ha llevado a cabo con motivo de la gestión de las pensiones e indemnizaciones derivadas de la guerra española 1936-1939, de las ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y de las pensiones por actos de terrorismo.
16. El Ministerio de Educación debe proceder a revisar los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra 1936-1939 y la dictadura franquista. Asimismo, se debe incluir entre los proyectos prioritarios de Derechos Humanos de formación del personal docente los temas relacionados con la represión franquista y la Deportación de los Republicanos españoles en los campos nazis, entre otros temas históricos de notable relevancia para explicar el conocimiento de nuestro pasado.
17. En relación a los archivos y para facilitar el Derecho a la Verdad y el acceso a los documentos que testimonian la represión política entre julio de 1936 y junio 1977 y ayudar a las víctimas y sus familiares a alcanzar las medidas de reconocimiento y reparación establecidas en la legislación, pensamos que es necesario:
1. Aumentar las plantillas de archiveros y las dotaciones presupuestarias destinadas a los archivos públicos relacionados con esta etapa de modo que se pueda reconstruir, conservar, clasificar, etc. los fondos penales, judiciales, militares, diplomáticos y ofrecer las infraestructuras y los servicios que la sociedad demanda.
2. Regularizar el acceso a los archivos privados que contienen documentación sobre este periodo y ayudar a los archivos de las fundaciones de organizaciones políticas, sociales y culturales que facilitan el libre acceso a sus fondos y documentos.
3. Elaborar una Guía a nivel estatal de archivos y fuentes documentales para la historia de la República, la Guerra1936-1939, la represión franquista y el exilio español.
4. Una Ley de Libertad de Información que regule el derecho de acceso a los archivos públicos, como establece el artículo 105.b) de la Constitución.
5. Reforma de la Ley de Secretos Oficiales, de manera que se regulen los plazos concretos a partir de los cuales los documentos clasificados relacionados con la historia de la República, la Guerra 1936-1939, la represión franquista y el exilio español, pierdan esa calificación y sean accesibles a la consulta libre.
6. La inmediata desclasificación, por el Consejo de Ministros, de los fondos de la 2ª Sección (Información) del estado Mayor del Ejército, conservados en el Archivo General Militar de Ávila, correspondientes al período 1936-1977.

En cuanto a las tareas de las asociaciones que componen la Coordinadora, creemos que debemos:

a) Difundir y divulgar entre los ciudadanos la historia y los valores representados por la II República española (1931-1939), la lucha antifranquista (1936-1975), el Exilio (1936-1939), la historia del Movimiento Obrero.

b) Sumar todos los esfuerzos sociales y académicos existentes,

c) Sensibilizar a la sociedad,

d) Proponer a las administraciones e Instituciones Públicas las medidas legales y actuaciones necesarias en los distintos ámbitos de su competencia, impulsar su desarrollo y llevar a cabo el seguimiento de sus acuerdos,

e) Organizar conjuntamente actividades de conmemoración de la II República, de homenaje y reconocimiento a quienes defendieron los valores democráticos y sufrieron por ello.

f) Dedicar un esfuerzo especial para la transmisión de la Memoria de la Libertad y la Democracia a la juventud.

g) La conmemoración del 7 de noviembre como Día Oficial en recuerdo de la Defensa de Madrid.

h) La colocación de una Placa en la antigua Sede de la Dirección General de Seguridad, situada en la Puerta del Sol en Madrid, en memoria de las víctimas, así como la conservación de sus antiguos calabozos para que se recuerde su historia represiva.

La negativa de un familiar hace peligrar la exhumación de los "ocho de Benagéber"

La negativa de un familiar hace peligrar la exhumación de los "ocho de Benagéber"
La sobrina del maquis Manuel Torres rechaza la excavación y dice que deben seguir juntos

Comunitat Valenciana


Rafel Montaner, Valencia
Sebastiana Ortega Torres, sobrina del guerrillero Manuel Torres Hervás, una de las ocho víctimas del franquismo enterradas en la fosa común del cementerio municipal de Benagéber rechaza que se exhumen los restos de esta tumba. La fosa guarda los cuerpos de tres maquis y cinco trabajadores de las obras del pantano que fueron asesinados por la Guardia Civil en una operación de castigo contra la guerrilla en marzo de 1947. Una agrupación de familiares, constituida por cuatro hijos de tres de los represaliados, acaba de solicitar al ayuntamiento que autorice la excavación para poder recuperar los restos de sus allegados en base a la Ley de Memoria Histórica.
La sobrina de Torres, hija de la hermana de este maquis natural de Vilches (Jaén), esta representada por el Equipo Nizkor, una organización internacional de defensa de los Derechos Humanos. El equipo Nizkor ha enviado un escrito al alcalde de Benagéber en el que se opone "a que se realice cualquier desenterramiento o exhumación en la mencionada fosa".
Sebastiana, que vive en Madrid, explica por teléfono que piensa "igual que la sobrina de García Lorca -que también rechaza que se abra la fosa donde supuestamente esta enterrado el poeta-, y no quiero que lo saquen de donde lo enterraron: los mataron juntos y deben permanecer juntos".
La Ley de Memoria Histórica establece que las exhumaciones de desaparecidos se realizarán a instancia de los familiares directos, además de regular que las excavaciones se someterán a autorización administrativa por parte de la autoridad competente, en este caso el ayuntamiento al tratarse de un cementerio municipal.
En esta autorización, añade la normativa, "deberá ponderarse la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados".
Sebastiana, que afirma "respetar el sufrimiento de las otras familias", exige que si al final no puede impedir las exhumaciones, éstas "se hagan ante un juez que investigue un crimen que no ha prescrito". Gregorio Dionis, presidente de Nizkor, destaca que "las ejecuciones extrajudiciales cometidas por un régimen ilegal como fue el franquismo han sido calificadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU como crímenes contra la Humanidad y por tanto se trata de un delito que no prescribe nunca".
Dionis señala que la Ley de Memoria, al tratar a los desaparecidos "como restos arqueológicos" y permitir que las exhumaciones se hagan sin la tutela judicial facilita "que se rompa la cadena de pruebas de los crímenes del franquismo". Así pues, Nizkor exige que la fosa se abra bajo una "investigación judicial que identifique a los responsables de estos asesinatos".

Ametrallan un monumento por la memoria histórica en un pueblo de Cáceres Javier Mestre. Rebelión.

Los impactos de fusil destrozaron cuatro esculturas de hormigón de más de trescientos kilos cada una.
Ametrallan un monumento por la memoria histórica en un pueblo de Cáceres


Javier Mestre
Rebelión




Un grupo de desaprensivos ametrallaron ayer por la tarde las figuras del monumento por la memoria histórica que se acababa de inaugurar en la villa de El Torno (Cáceres).

La asociación Jóvenes del Valle del Jerte organizó la colocación de cuatro esculturas del escultor toledano Francisco Cedenilla, que representan a una mujer, un hombre, un anciano y un niño víctimas de la represión franquista. El artista había contado con una subvención de Ministerio de la Presidencia para elaborar su obra y, tras ofrecerla a diversos municipios, se encontró con la buena disposición de los jóvenes de El Torno, que consiguieron ubicarla, con permiso de la corporación municipal gobernada por el Partido Popular, en un paraje singular con mirador al valle del Jerte, propiedad del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que las estatuas son de hormigón, de unos 300 kilogramos cada una.
El domingo por la mañana, unas 70 personas, sin la presencia de políticos de renombre, sólo autoridades municipales del pueblo, inauguraron el monumento. Tras el emotivo acto de recuerdo de las víctimas del franquismo, se fueron todos a comer unas migas en un restaurante de la localidad. Al terminar, unos cuantos vecinos les avisaron, alarmados, de que habían oído ráfagas de fusil, tiros de escopeta y gritos en el lugar donde se ubican las esculturas. Con el alcalde a la cabeza, los presentes en el evento fueron a comprobar la denuncia a eso de las cinco de la tarde, y en el mirador encontraron las esculturas gravemente deterioradas por impactos de bala.


La Guardia Civil de Plasencia mandó dos patrullas, comprobaron los destrozos de bala y recogieron casquillos para investigar los hechos. La asociación Jóvenes del Jerte denunció los sucedido a la prensa regional extremeña y a La Tribuna de Toledo, dado que el escultor Francisco Cedenilla es oriundo de Pepino, un pueblo de la zona de Talavera (Toledo), y descendiente de represaliados de la dictadura franquista.

VICTIMAS Y VERDUGOS por Antonio Elorza EL PAIS

Víctimas y verdugos
La condena retrospectiva de los verdugos, siquiera simbólica, constituye un acto inexcusable de justicia
Antonio Elorza (El País, 24-01-2009)



ANTONIO ELORZA 24/01/2009



En sus últimas intervenciones, amén de valorar negativamente la iniciativa del juez Garzón, Santiago Carrillo viene insistiendo en dos ideas. Una, el derecho de los descendientes de las víctimas de la guerra a dar sepultura a los asesinados que acabaron en fosas comunes. Lógico. Otra, que no debe insistirse en la búsqueda de la identidad de los verdugos, porque ese estigma recaería sobre sus descendientes, que ninguna culpa tienen de contar con un asesino como antepasado.



Semejante idea sería sostenible de no existir los descendientes de las víctimas, a quienes tal vez no les consuele ver cómo el ejecutor de su abuelo, caso de bastantes generales franquistas, sigue siendo recordado en calidad de patriota insigne. Y de no existir una sociedad a la cual se le debe el respeto de contarle la verdad. Sin advertirlo, Carrillo se desliza así hacia el campo de los verdugos, pues según su planteamiento al de las víctimas sólo les toca una sepultura digna y respetar el olvido impuesto nada menos que para no herir a los herederos de este o aquel criminal político. Seguramente no tiene en cuenta los ejemplos, cada vez más frecuentes, de hijos o nietos de nazis preocupados, no por esconder los actos de barbarie de sus antepasados, sino por encontrar a los supervivientes de un lager y compartir su dolor. Puede hablarse de un deber moral para los sucesores del criminal político si se sienten llamados a la acción: superar el vínculo de la sangre y optar por la justicia. Es lo que mostraba el filme de Costa-Gavras, La caja de música, cuya visión sería útil para Carrillo antes de seguir opinando sobre el tema.



En un inteligente artículo aquí publicado hace semanas, José María Ridao consideraba incompatible la creencia en la consolidación de la democracia en España, lo cual permitiría afrontar sin reservas el tema de la memoria histórica, con la estimación de que sin atender a la misma, la democracia no estará completa. "O una cosa o la otra", nos dice. Tropezamos de este modo con un falso dilema, ya que el hecho de que la democracia se encuentre consolidada, no significa que hayan sido resueltas cuestiones básicas, por ejemplo la financiación y la articulación de las comunidades autónomas, sin lo cual evidentemente el régimen democrático dista de estar "completo". Sólo que las instituciones no peligran porque tales obstáculos sean reconocidos. Otro tanto sucede con la memoria histórica relativa a la guerra civil y al franquismo. Hubo forzosas cortinas de humo para hacer posible una transición en que instituciones franquistas como el ejército seguían monopolizando la fuerza. Pero ahora, ¿qué sentido tiene erigir una muralla de impunidad retrospectiva? Bien está tratar conforme a derecho a figuras tan relevantes como Hitler, Mussolini o Franco, y a sus seguidores y ejecutores, pero tal vez sería prioritario utilizar ese mismo derecho en dejar claro para siempre quiénes y cómo emplearon el poder en destruir a sus semejantes.



España va aquí camino de ser una excepción en Europa. Los franceses se han acostumbrado a admitir que el resistente Mitterrand tuvo una inclinación ultraderechista que no desapareció con el acceso a la presidencia, o a reconocer la brutal gestión de las guerras de Indochina y de Argelia. En la siempre denostada Italia ha sido posible realizar filmes como Il caimano, de Nanni Moretti, destripando a Berlusconi, y sobre todo Il divo, "el divino", de Sorrentino, con un despiadado retrato de un gobernante aún vivo como Andreotti, comprometido con la Mafia y con asesinatos políticos. En el libro de Angelo del Bocca, Italiani brava gente?, son expuestos los crímenes contra la humanidad cometidos por Italia en Etiopía o en Eslovenia, con nombres de militares genocidas (Badoglio) y de simples soldados depredadores, siguiendo instrucciones del gran miserable que fue el Duce. Y su nieta Alessandra, y los nietos de los demás asesinos, deben soportarlo. Así se explica el viraje de Giancarlo Fini, desde la militancia negra a la condena del fascismo y del holocausto.



No se trata de satanizar, sino de ponderar los juicios. En estos días conmemoramos el 70 aniversario de la defenestración del estudiante Enrique Ruano, joven militante del Felipe sometido tras el crimen a una campaña de difamación con Fraga Iribarne como ministro de Información. También lo era cuando tuvo lugar el asesinato judicial de Julián Grimau. Fue luego positivo para la democracia, pero los homenajes a las víctimas no bastan para cancelar responsabilidades. La condena retrospectiva de los verdugos, siquiera simbólica, constituye un acto inexcusable de justicia.

A CORUÑA La comisión prevé que los símbolos franquistas sean retirados en 3 meses

A CORUÑA
La comisión prevé que los símbolos franquistas sean retirados en 3 meses

Dos de los expertos realizarán una ponencia que elevarán al pleno para su aprobación

08:58


Comisión de Expertos para la Supresión de los Símbolos Franquistas, ayer, en el Concello. / víctor echave Víctor echave


GEMMA MALVIDO | A CORUÑA "Espero que una vez que comiencen las reuniones, en dos o tres meses ya hayamos terminado el trabajo", aseguró ayer uno de los miembros de la Comisión de Expertos para la Supresión de los Símbolos Franquistas en la ciudad, Manuel Monge.

La primera reunión de estos ocho entendidos en materia de Memoria Histórica -formada por el concejal de Educación, Carlos González-Garcés; la concejal de Igualdade, Margarida Vázquez; los historiadores Luis Lamela, José Manuel Alfeirán y Ana Romero; el catedrático de Derecho José Antonio Portero Molina; el vicepresidente del Ateneo Republicano, Juan José Sánchez Arévalo y por el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Manuel Monge- tenía como objetivo realizar un plan de trabajo que lleve al Concello a eliminar todos los símbolos franquistas con los que cuenta la ciudad y a decidir qué actuaciones alternativas elevarán al pleno para su aprobación.

Durante algo más de una hora y media, los ocho miembros de la comisión debatieron sus propuestas y decidieron que, dos de sus compañeros, los historiadores José Ma- nuel Alfeirán y Luis Lamela, redactasen una ponencia sobre la que, el día 10 de febrero, los demás expertos realizarán objeciones y que, una vez consensuada, constituirá su patrón de trabajo.

En este estudio, Alfeirán y Lamela "aplicarán el artículo 15 de la ley de memoria histórica", según aseguró Carlos González-Garcés, que consiste en hacer un recuento de todos los símbolos franquistas con los que cuenta la ciudad, en hacer propuestas de cambio -inspiradas o no en las realizadas en otras ciudades de España-, como la creación de un monumento a los represaliados o el cambio de nombre a las calles que recuerdan la dictadura y en contabilizar los títulos concedidos a miembros del gobierno dictatorial -como las distinciones de hijos predilectos u honoríficos de la ciudad- para que se les retiren; uno de los 20 afectados por esa petición sería el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga que, como ministro de Franco, cuenta con uno de estos galardones.

"Pediremos incluso al Concello que se ponga en contacto con la familia Franco para que devuelva la Medalla de Oro que le concedió la ciudad", aseguró a la salida de la reunión Manuel Monge quien explicó que, si la ponencia final no recoge todas las peticiones que los miembros de la comisión estiman oportunas, "a título personal", cada uno de los expertos puede pedir que el documento se amplíe, siempre y cuando consiga el acuerdo de los demás miembros de la comisión. Una vez los expertos hayan consensuado el escrito, lo pasarán a la Comisión de Honores y Distinciones y después, será el pleno del Ayuntamiento el encargado de aprobar las propuestas.

Monge confía en que esta reunión, "aunque tarde", consiga "dignificar" la ciudad y a los que murieron por defender la democracia, "como las más de cien personas en A Coruña que fueron despedidas" por ir en contra del levantamiento militar.