La financiación de la ley. - PÚBLICO

El Gobierno escatima fondos a las exhumaciones

Sólo un 19% de las subvenciones de Presidencia para recuperar la memoria histórica costean la identificación de cuerpos . Una asociación recibe 120.000 euros en tres años para 314 restos


La financiación de la ley. - PÚBLICO
DIEGO BARCALA - MADRID - 06/07/2009 08:00

Una habitación de 30 metros cuadrados en la Universidad Autónoma de Madrid es el laboratorio más grande de España que identifica restos rescatados de las fosas comunes de la Guerra Civil. El equipo científico que trabaja en recomponer las vidas de 314 esqueletos acumulados en cajas está compuesto por un antropólogo forense, dos arqueólogas en paro, un historiador aficionado y un becario que documenta toda la información. El becario es el único que cobra. Sólo un 19% de las subvenciones del Gobierno para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica están dedicadas a la recuperación de cuerpos.

El Ministerio de Presidencia otorga cada año, desde 2006, una cantidad aproximada de dos millones de euros para proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
El 81% de las ayudas se dedica a libros, exposiciones o jornadas

En su primera convocatoria primaba en las bases de la misma los proyectos relacionados con "la recuperación de los cuerpos". Sin embargo, durante tres años seguidos, las ayudas dedicadas a este fin apenas han alcanzado los dos millones. El 81% restante, de los 11,5 millones repartidos en total, ha sido dedicado a libros, exposiciones o jornadas.

"Está bien que paguen los libros o los monolitos, pero la subvención a nosotros nos supone una propina", apunta el representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, José Ignacio Casado, que en el equipo de la Autónoma ejerce de historiador. Además, añade otro dato que explica la urgencia de la subvención en su caso: "Tenemos a muchos familiares esperando a que se acabe el trabajo de identificación para que les entreguemos el cuerpo. El problema es que muchos se nos mueren en la espera".

La situación contrasta con lo que ocurre en Catalunya, donde gracias a la reciente aprobación de la Ley de Fosas, la Administración autonómica pagará por mandato legal la apertura de las sepulturas colectivas siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está enterrada allí.
"Muchos se mueren en la espera de la identificación de su familiar"

Casado irrumpe en el laboratorio con un documento en la mano. El papel es una lista de los presos que fueron sacados de la cárcel una madrugada de agosto. Los nombres coinciden con algunos de los asesinados cuyas muertes tratan de explicar 70 años después.

"Por el análisis de los huesos se pueden saber muchas cosas. Si tiene fractura post mórtem o pre mórtem. Es decir, si fueron maltratados, cómo los mataron...", explica Ríos. El objetivo de este equipo de la ARMH es ayudar a las agrupaciones de familiares y crear una gran base de datos que cuente la verdad del suceso histórico. "No se pueden explicar estos asesinatos sin un contexto global", añade Ríos.

La mesa central del laboratorio la ocupa un esqueleto completo con un agujero en el cráneo. "A estos los mataron dentro de la fosa. Primero les metieron y luego les dispararon", interpreta Casado con los datos del exhaustivo informe de la fosa de la que procede el cadáver.

Al lado, descansan en cajas los objetos que fueron rescatados en la excavación: un reloj, un crucifijo, una moneda, un pastillero e incluso gomas de borrar. "Aunque los huesos estuvieran desintegrados siempre puede haber objetos como unas suelas de goma que expliquen cuántos cuerpos había", comenta Ríos.

La asociación de Casado ha recibido una subvención de 120.000 euros de Presidencia en tres convocatorias. Un dinero que no costea todo el proceso. "Sólo con desplazar a un equipo de antropólogos durante dos días a excavar una fosa ya habríamos gastado el presupuesto. Menos mal que lo hacen voluntarios", explica. En la ayuda de la convocatoria de 2008 se encontraron con una paradoja. El Gobierno exige escrupulosamente una rendición de cuentas que justifique, en un año, el uso de la subvención. Por error, la ARMH indicó que tendría la identificación de los cuerpos de una fosa en ese año, pero al ritmo que les posibilitan los medios de los que disponen, era imposible. El Ejecutivo solicitó entonces la devolución del dinero.
ADN y documentación

El rigor científico con el que trabajan es total. "La parte documental es fundamental porque a veces, con la prueba de ADN, no es seguro que el cuerpo analizado sea la persona buscada", relata Ríos. Más de una vez se han encontrado con una coincidencia de más de un 95% en el código genético del resto hallado y del familiar que reclama su cuerpo. Sin embargo, en los pueblos pequeños, donde la represión fue muy dura, era común que hubiese multitud de lazos familiares entre los vecinos. "Si a la coincidencia genética le añades pruebas históricas, ya sí que garantizamos y firmamos el informe", concluye el antropólogo.

Cuando la Audiencia Nacional abrió una causa a través del juez Baltasar Garzón para investigar el paradero de 150.000 desaparecidos, salieron cálculos demagógicos sobre el coste que tendría el proceso. La cuenta era sencilla: tantos desaparecidos a 500 euros la identificación genética daba una cantidad escalofriante. Sin embargo, las pruebas genéticas apenas son necesarias para un 30% de los cuerpos encontrados: son aquellos que todavía mantienen familiares vivos. "Existe gente muy capacitada en España para hacer esta labor, lo que pasa es que no hay nadie que ponga el dinero", argumenta Ríos.

El Gobierno confía en la labor altruista de las agrupaciones de familiares. De hecho, el Ejecutivo les ha enviado una ficha para que cuenten los datos de la fosa donde están sus antepasados, los datos de los desaparecidos y las fuentes de información. Estos colectivos se siente explotados y hartos. El Gobierno pide a las víctimas que busquen las fosas cuando la ley atribuye la tarea a las "Administraciones públicas".

INTRODUCCION A CARTA A EL IDEAL DE GRANADA POR EL SEÑOR FLOREN DIMAS

La corriente social puesta en marcha por las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, comienza ya a acusar la consolidación de tópicos, mitos, lugares comunes y otras tergiversaciones conceptuales, cuyos resultados podrían terminar por alterar gravemente una idea primigenia que parecía bastante consensuada en los últimos años y que los debates y la promulgación de la llamada "Ley de la Memoria Histórica" intenta alterar, valiéndose de personajes mediáticos (ex magistrados y ex fiscales, políticos, escritores, directores de cine, etc.) y de la propia falta de información y capacidad de análisis de la mayor parte de la población que opina sobre estos temas tan complejos, dejándose llevar en sus opiniones por esta siembra de tergiversaciones interesadas.. Pensar que porque haya una ley, esta tiene que cumplirse, pese a no imponer plazos de ejecución ni establecer los procedimiento legales para exigirla, es una falacia, cuando no existe convicciones democráticas ni voluntad política en los responsables de las instituciones que tienen que llevarla a cabo. Ahí tenemos el lío formado en toda España con la retirada de los símbolos franquistas, en donde todo parece funcionar al revés: en lugar de ser las propias instituciones públicas, son los ciudadanos, es la sociedad civil amparada en asociaciones o a título individual, quienes -como sucedía antes de existir la citada ley- tienen que librar tenaces batallas con las administraciones, la mayoría de las cuáles acabadas en estrepidosas e irritantes derrotas, una vez más. Y cuando algo se consigue, como es la retirada de la estatua ecuestra de Franco en Santander, se hace al precio de retirar a la vez el emblema de la República esculpido en piedra, que existe en sus proximidades. "Victoria pírricas" deberían de llamarse a estos lances tan jaleados por los medios de comunicación, a modo de recurrentes y socorridas "serpientes de verano". Las buenas intenciones, la bonhomía de tantas personas sensibles, ha hecho que confien en la propaganda institucional con la que se va vendido este engendro que es la ley 52/2007, y que hayan creído sinceramente que con ella encontrarían el apoyo y las herramientas legales e institucionales, para poder tener acceso a las reparaciones que dice representar su aplicación. Esa es la gran mentíra, ya que el objetivo del legislador al pergeñar su alcance, está obsesivamente encaminado a contemplar medidas de "momificación" de aquellos hechos históricos; en la "parcelación" familiar del recuerdo de lo que significó la represión franquista, en privatizar las exhumaciones, y en definitiva, en realizar la recuperación de la Memoria por el método de Juan Palomo "yo me lo guiso, yo me lo como", es decir, ofrecer una política de subvenciones a las asociaciones supuestamente memorialistas, para que sean ellas mismas las que acometan acciones o programas de "recuperación" de la MH. ¡¡Nada que tenga que ver con lo que se ha hecho en países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Bégica u Holanda, en donde han sido las instituciones públicas, las que han liderado una labor de reconocimiento moral, jurídico y social,, de las víctimas de los regímenes totalitarios que soportaron, y de la lucha de los guerrilleros y demás resistentes contra los opresores, llevándolo a los libros de texto a través del sistema educativo e incorporando este conocimiento al acervo cultural de los ciudadanos. Pretenden que aquí en España, sean los descendientes de las víctimas las que tengan que ponerse al tajo de honrar a los suyos, como si se tratase de subvencionar programas culturales de barrio o las fiestas del patrón del pueblo, de ahí lo de Juan Palomo... Una buena prueba de lo que aquí se afirma, lo constituyen muchos de los artículos y cartas al director, escritas por bienintencionadas personas, que han llegado a creer en la Ley de la Memoria como una ley de reparaciones, cuando únicamente es una ley de impunidad para los autores, cómplices, instigadores y encubridores de los crímenes franquistas. Les paso con el artículo que he enviado como "carta al director" de El Ideal de Granada, como respuesta a otra carta publicada hace solo tres dias. Gracias por vuestra atención.

SEVILLA La falta de dinero entierra la memoria histórica de 200 muertos

La falta de dinero entierra la memoria histórica de 200 muertos

La excavación de una fosa común sevillana está pendiente de la Junta

LIDIA JIMÉNEZ - Sevilla

EL PAÍS - 12-05-2008
Las víctimas de la Guerra Civil se han vuelto a enterrar en La Puebla de Cazalla. Los antropólogos, arqueólogos e historiadores que trabajaban en las dos fosas comunes del cementerio de este pueblo, ubicado a 68 kilómetros de Sevilla, han cogido sus herramientas y se han marchado.Alfonso Yerga, director del Centro de Estudios Andaluces, aportó el pasado 19 de abril cifras sobre el mapa de la represión franquista en Andalucía: "50.000 andaluces desaparecieron; se hicieron 600 fosas comunes, con 37.000 víctimas". El socavón que se hizo en 1936, al que según los expertos se pudieron arrojar hasta 200 cuerpos, desapareció bajo tierra hace una semana. Se acabó el dinero de la subvención. Desde la Junta, la respuesta no consuela a los familiares: "Hay que esperar". Manuel España Gil era jornalero de Lantejuela (Sevilla), tenía 28 años y su mujer estaba embarazada. Le gustaba tocar la guitarra. El 17 de septiembre de 1936 le montaron en un camión y, junto con seis hombres más, le asesinaron por la espalda. Su cuerpo fue arrojado a una de las fosas excavadas en la parte trasera del cementerio de La Puebla de Cazalla. Con los años, el lugar se fue llenando de basura, restos de flores y deshechos. Y debajo, los muertos.

La nieta de España, Mari Carmen, lleva tres años luchando para "abrir este agujero, sacar sus restos y darle un entierro digno". Hablaba desde la fosa, pala en mano, el pasado 15 de abril. En el mismo lugar, el grupo científico Aranzadi analizaba uno de los 17 cadáveres encontrados hasta ahora y pendiente de identificación. Llevaban un mes de trabajo y los familiares de las víctimas hablaban de esperanza, emoción y justicia. "Aquí puede haber hasta 200 personas", calculaba entonces Jimmi Jiménez, antropólogo y responsable del equipo.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Presidencia, aportó 40.000 euros para este proyecto a principios de año. Ya no queda nada. Ahora la Junta de Andalucía debe decidir si ayudará económicamente a las exhumaciones. A eso se comprometió el comisario de Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Soto, hace 20 días. "Vino hasta aquí y nos dio su palabra", confía España. "Que nos den lo que buenamente puedan", se conforma Paqui Maqueda, secretaria de la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

El comisario pide disculpas: "Las competencias para la memoria histórica se han centralizado recientemente en la Consejería de Justicia [antes se dividían entre Presidencia y Justicia]. Hay nuevos nombramientos y todo está en proceso de cambio. Esto va para un mes o dos por lo menos".

Alfonso Yerga, director del Centro de Estudios Andaluces, aportó el pasado 19 de abril cifras sobre el mapa de la represión franquista en Andalucía: "50.000 andaluces desaparecieron; se hicieron 600 fosas comunes, con 37.000 víctimas". Para Mari Carmen España y los más de 20 familiares que se acercaron a escuchar el compromiso de Fernando Soto, la espera es "dolorosa". No entienden de burocracias: "No podemos olvidarnos ni un solo día que nuestros familiares están ahí abajo".

El sevillano Antonio Ojeda, cirujano traumatólogo, también perdió a sus familiares. "Mi tío, Juan Moreno Sánchez, fue la primera víctima en Cazalla y otro tío, Juan Fernández Alías, fue enterrado vivo tras cavar parte de la fosa". Ojeda no puede, ni quiere, olvidar. "A uno lo asesinaron porque su suegro era el primer secretario del PSOE en Cazalla. Era alcalde del pueblo cuando comenzó la guerra", se enfada. "Vamos, que le mataron únicamente porque era socialista", critica. "Y el otro ni siquiera tenía que ver con la política", remata.

El pasado 14 de abril, Paqui Maqueda, de AMHyJA, hizo una petición: "Hago un ruego a la Junta para que se haga responsable de las exhumaciones. Es cierto que trabaja mucho para la recuperación de la memoria histórica pero no parecen partidarios de abrir las fosas". Soto considera que la responsabilidad no es enteramente suya, pero sentencia rotundo: "Si no nos dan el dinero, yo soy el primero que me voy". El comisario hace hincapié en la complejidad del asunto: "Primero, hay que saber organizar las subvenciones y segundo, hay que contar con el apoyo de los Ayuntamientos. Muchos alcaldes no quieren firmar ningún convenio para que la gente del pueblo no les diga luego: '¿Qué pasa? No tenemos ni alcantarillas y das el dinero para otras cosas?". Soto reconoce que "los cálculos de gasto en estos proyectos son ilusorios". El responsable de las exhumaciones de Cazalla y técnico del grupo científico Aranzadi, Jimmi Jiménez, está de acuerdo: "Nosotros abrimos y no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar. A veces, debajo de un brazo, aparecen seis cráneos. Esto significa más trabajo, más tiempo y más dedicación".

Cuánto cuesta exhumar cada cadáver es difícil de precisar. "Hay que sumar el coste de herramientas, las cajas para los huesos, las dietas de los trabajadores, el alquiler de las carpas, algunas excavadoras, el georadar", explica Jiménez.

Y cada vez van apareciendo más testimonios y se producen nuevos hallazgos. Según el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, hay cuatro proyectos "apalabrados", además de La Puebla de Cazalla y las fosas de Málaga, "donde puede haber 2.000 personas". Y son: El Marrufo (Jerez de la Frontera); Benamahoma (Cádiz); Aguilar de la Frontera (Córdoba) y La Palma del Condado (Huelva).

España sigue en la lucha. Y se solidariza con otros. El miércoles pasado se desplazó con los miembros de Aranzadi y otras asociaciones a Marchena (Sevilla). Había testimonios de otra posible fosa. Se pasó el georadar. "Hay cadáveres ahí", fue la conclusión de los expertos. "Pero no sabemos si habrá dinero para excavar", duda España.