Los incumplimientos de la ley de memoria se evidencian en Oviedo

Lo denuncian colectivos que acusan al ayuntamiento de retrasar su aplicación y de excluir de la misma numerosos símbolos franquistas que deben retirarse



P.C. Madrid 0

Oviedo se suma a la lista de ciudades que continúan sin aplicar la ‘Ley de Memoria Histórica’, Y es que, repartidos por toda la ciudad, permanecen numeros homenajes a Franco y sus militares

Así lo denuncia la asociación ‘13 Rosas’, que ha llevado a cabo varias peticiones de eliminación de estos símbolos. Por el momento la única respuesta que han recibido a su petición es el silencio absoluto. El consistorio es la autoridad encargada de aplicar la ley 52/2007 de Memoria Histórica.

Entre el inventario de calles, estatuas, placas y demás alusiones franquistas sembradas por Oviedo, la más estridente, según explica Moisés Álvarez, integrante de la asociación ‘13 Rosas’, es el medallón de la plaza de España con la efigie de Franco, incrustado al pie de una escultura de Juan de Ávalos, el mismo artista que trabajó en el diseño del Valle de los Caídos, y el ‘Monumento a Franco’ sito a la entrada de Santa Cruz de Tenerife.

Otros homenajes que también contradicen el cumplimiento de la ley se localizan en el monumento a los ‘caídos’ por Franco en la plaza de La Liberación. O la iglesia de San Francisco, consagrada a los sublevados, tal y como se indica en una placa: ‘A la gesta de Oviedo: 19 de julio al 17 de octubre de 1936′.

Numerosas son también las placas conmemorativas de la reconstrucción de los edificios. La más notoria, explica Álvarez, es la grabada en piedra en la sala de prensa del propio ayuntamiento y que reza: “Siendo Franco caudillo, generalísimo de todos los ejércitos, se reconstruyeron estas casas”.

Listado ‘oficial’

El alcalde de la ciudad, Gabino Lorenzo (PP), instó, a finales de 2007, a la creación de una Comisión de expertos que tendría la finalidad de elaborar el listado con la simbología de la dictadura a retirar de las calles de Oviedo. Dicha Comisión, en palabras de Manuel Ángel Rodríguez, concejal del grupo socialista en el gobierno municipal, “tardó un año en elaborar un listado de 16 nombres de calles y tres símbolos franquistas”.

El fruto del trabajo de este grupo de expertos se traduce en el cambio de nombre de cuatro calles y en la propuesta de una estatua del ciclista Samuel Sánchez que sustituya la del general Teijeiro, sita en una plaza que hace alusión a la victoria de los sublevados: plaza de ‘La Liberación’. El inventario que se hizo desde el ayuntamiento, denuncia el concejal socialista, “es de mínimos”, ya que extiende a tan sólo tres esculturas su futura ‘jubilación’, cuando “existen muchas más”.

La formación de la Comisión municipal que valoró la selección de los símbolos a retirar no estuvo exenta de polémica. Según narra Rodríguez, “no contaron con la opinión de ninguna víctima de la dictadura ni con representantes de las asociaciones”. Incluso entre los integrantes de este grupo decisorio había personalidades que se manifestaban “claramente en contra” de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, critica.

Lenta aplicación

Por su parte, el consistorio ovetense se defiende alegando que ese listado “ya está hecho” y que ahora “progresivamente” van cumpliendo con la labor de retirar los homenajes franquistas que ofendan la memoria de las víctimas.

El problema, según denuncia la asociación ‘13 Rosas’, es la “lentitud” con la que se está procediendo. que deja entrever la escasa “voluntad política” del ayuntamiento por cumplir con la legislación estatal en materia de memoria histórica.

En esa línea se ha manifestado también Manuel Ángel Rodríguez, para quien lo más indignante es que el alcalde, Gabino Lorenzo, “anunciara la creación de la Comisión de Expertos unos días antes de que entrara en vigor la ley de Memoria Histórica para presumir de ser en primero en aplicar la norma” y que al cabo del tiempo, los hechos demuestran “que no han hecho apenas nada al respecto”.

Las constantes peticiones y propuestas realizadas tanto por las asociaciones de víctimas como por los grupos municipales en la oposición (PSOE y ACIZ) llamando a la premura de las obligaciones consistoriales, siguen sin tener respuesta por parte del gobierno de una ciudad que aún mantiene a Franco con el título de ‘hijo adoptivo’.

http://www.publico.es/espana/335788/sombra/franco/oviedo/simbolos/franquistas/retirada/incumplimiento

Sólo los nacionalistas y las minorías de izquierdas apoyan la pretensión de los republicanos,
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa fue 'tumbada' con los votos de PSOE y PP y sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda.

El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.

"La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.

CAMBIAR CUATRO LEYES

Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.

Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.

COMPANYS, CONDENADO TAMBIÉN POR LA REPÚBLICA

El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles.

Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.

En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".

Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a

Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Hoy se ha constituido la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica que, formada por 16 especialistas, tendrá como objetivo determinar las posibles excepciones de la norma general establecida en la Ley de la Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones Públicas a retirar los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, informa el Ministerio de Cultura.

En este sentido, el ámbito de trabajo de la Comisión se centrará únicamente en los vestigios existentes en los bienes adscritos a la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de que esté abierto un diálogo con las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales para que el Gobierno pueda colaborar en la valoración de los existentes en bienes adscritos a las mismas.

Con la reunión de hoy comienza el trabajo de la Comisión, que funcionará con arreglo a los criterios generales establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008, conforme a los cuales se eliminarán todos aquellos símbolos que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura salvo aquellos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural y que tengan significado histórico, valor artístico o artístico-religioso, o bien que concurran en ellos criterios técnicos que aconsejen su conservación.

En cuanto a la metodología de trabajo de la Comisión, teniendo en cuenta que ya se ha realizado un inventario previo de los bienes que deben ser valorados, se ha repartido el trabajo entre seis subcomisiones integradas por tres miembros cada una, en cuyo seno se analizará mensualmente un mínimo de casos y se elaborarán las propuestas de actuación correspondientes, que finalmente se elevarán al Pleno de la Comisión para su aprobación definitiva. Está previsto que tanto las subcomisiones como el Pleno se reúnan al menos una vez al mes.