Alerta del Fórum per la Memória del País Valencià

Alerta del Fòrum per la Memòria del País Valencià:

EL Ayuntamiento de Valencia prohíbe interpretar La Muixeranga (1) y el Himno de Riego en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en la fosas
comunes del Cementerio de Valencia que se celebrará el domingo 18 de abril a
las 12 de la mañana en el Cementerio de Valencia.

Valencia y las víctimas del franquismo

Radio nacional uruguaya. Programa "De diez a doce". Política. 1 de setiembre de 2009
Víctimas del franquismo: “Las cosas nunca se olvidan"

“No se hablaba de ello, pero los afectados buscábamos y buscábamos" Durante la investigación de su propia historia y la de sus familiares, Empar (Amparo) Salvador descubrió las fosas comunes del cementerio de Valencia, producto de la represión franquista contra los republicanos. “Más difícil que matar es esconder a los muertos”, comentó.

Radio Uruguay



“Mis familiares fueron combatientes en la guerra contra el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936 del general Franco, apoyado por el nazismo y el fascismo italiano”, explicó en De Diez a Doce. Comenzó entonces una investigación para conocer su propia situación, lo que la condujo a conocer la situación de “miles y miles más de personas” que habían vivido lo mismo.

“A pesar de que no se hablaba de ello, los afectados buscábamos y buscábamos”, narró. “No existe” que los familiares aceptaran sin más que los suyos hubieran muerto o desaparecido, y cuando la información saltó a los medios era porque llevaban muchos años investigando.

De todos modos, “no se conocía el verdadero alcance de la represión franquista”. En la actualidad se ha documentado la desaparición de 156 mil personas, y con esos casos recurrieron ante la Audiencia Nacional y pretenden llegar a los tribunales internacionales. No creen que en la propia España se haga justicia con ellos, “por lo menos mientras sigan superviviendo elementos del franquismo que ocupan altos cargos en la política, en las finanzas, en todos los medios de poder”.

“España es el único país que nunca, nunca, nunca ha juzgado a un solo responsable de todo aquello”, señaló. Por imperio de una ley de amnistía de 1977 y de la más reciente Ley de la Memoria, el juez Baltasar Garzón, que asumió competencia en casos de violaciones a los derechos humanos en América latina, se ha declarado incompetente en el caso de los genocidas españoles.

La investigación comenzada por Salvador, junto a diferentes artículos y estudios sobre la magnitud de la represión, la impunidad de los responsables y colaboradores del genocidio franquista y sobre la situación de las víctimas todavía no rehabilitadas, se materializó en el libro “El genocidio franquista en Valencia. Las fosas silenciadas del cementerio” (Icaria Editorial. Barcelona, 2008).

"DESCONOCIDO - EJECUTADO"

“Valencia fue la última ciudad que cayó”, recordó la autora, y por eso “las tropas franquistas entraron en ella a sangre y fuego”. Habiendo sido además la capital del gobierno de la República, muchos desplazados por la guerra se habían refugiado en ella. Eran miles de personas de las cuales no se volvió a hablar después, ni de qué pasó con ellas cuando entró el ejército franquista.

Hasta que ella se planteó que, de ser verdad todas las historias que se contaban sobre la represión desatada al final de la guerra, en algún sitio debía existir documentación. “Es más difícil esconder muertos que matar a las personas”, subrayó. Luego de una investigación de tres años encontró, en el cementerio de Valencia, “seis inmensas fosas comunes, que suman 41.020 metros cuadrados y que, según el ex presidente italiano, Francesco Cossiga, son las más grandes documentadas de la historia europea de todo el siglo XX. Incluso más grandes que las de los nazis”.

Las fosas clandestinas habían sido disimuladas construyendo un cementerio encima de ellas. Pero, una vez que supo que estaban allí, encontró signos en el suelo que le permitieron llegar hasta ellas. Y también encontró el registro de los enterramientos, que no constaban en ninguna relación documentaria pero se encontraban depositados en el ayuntamiento de Valencia, al que nadie tenía acceso. Allí constaba el enterramiento de 23.663 personas.

No encontró información relacionada con su familia pero, manifestó, pero “a esta altura todas las víctimas son mi familia y todos los desaparecidos me afectan por igual. Todos ellos fueron asesinados por lo mismo, al margen de que cada uno tenía su manera de pensar, su ideología, etcétera”.

El ejército franquista entró en Valencia el 31 de marzo de 1939, y Salvador inició la investigación desde el día siguiente, 1 de abril. La documentación de los primeros días abunda en “Desconocido - Ejecutado”. “Es terrible, porque o bien mataban a tantos que no sabían a quiénes mataban, o bien lo sabían muy bien pero, al ponerle ´desconocido´ le condenaban a que nunca se supiese quién era”.

Pero luego cambiaron la causa de la muerte, y comienza a figurar “fractura de cráneo”, “hemorragia interna”, “shock traumático”, “ablación total del cuerpo”… “Utilizan eufemismos tales como ´asfixia por suspensión´, o ´asfixia por inmersión mecánica´… Le sujetan la cabeza en un medio líquido hasta que se ahoga”, destacó.

“Las cosas nunca se olvidan”, enfatizó. “Están presentes hasta que se solucionan. ¿Cuándo podremos cerrar esto, cuándo lo podremos solucionar? El día en que se haga justicia a las víctimas. Mientras tanto será una herida abierta”.

Acusan de prevaricación a Garzón en la causa por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas

Comunicat del Fòrum per la Memòria del País Valencià davant l’admissió, per part del Tribunal Supremo, de la querella del sindicat ultradretà Manos Limpias.

Acusen de prevaricació al jutge de l’Audiencia Nacional que es declarà competent en la causa per crims contra l’humanitat y desaparicions forçades durant el franquisme

CATALÀ/CASTELLANO


ENTITATS ADHERIDES: Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació Sabadell per la República

L’admissió a tràmit per part del TS de la querella del sindicat ultradretà Manos Limpias contra el jutge Baltasar Garzón en què acusen de prevaricació el magistrat de l’AN posa contra la paret la Justícia a Espanya. Que un sindicat amb clars vincles ideològics amb el dictador i genocida Francisco Franco aconsegueixi que el Tribunal Suprem d’una democràcia com l’espanyola accepti a tràmit tal denúncia, fa palès que cert passat és intocable, si no reivindicable, per amplis sectors polítics i jurídics.
Cal també remarcar que l’admissió a tràmit de la querella coincideix amb la campanya difamatòria de la dreta espanyola contra l’esmentat jutge per assumptes d’altre àmbit que han sembrat el desconcert en el PP.

No s’ha d’oblidar tampoc com la mateixa Audiència Nacional va reconvenir el jutge el proppassat novembre amb arguments semblants als d’aquesta querella.

Tot això s’emmarca dins l’ofensiva de la ultradreta social, política, econòmica, eclesiàstica i judicial per acotar o, fins i tot, retallar drets que la ciutadania espanyola tant li ha costat d’aconseguir.

Que en un Estat de Dret, amb una Constitució homologable als estats democràtics, hi hagi partits i importants sectors del Poder Judicial disposats que part del nostre passat no es jutgi ni es condemni, que posi totes les traves possibles a la recuperació de cadàvers assassinats als 40 anys de Dictadura i barbàrie, és inadmissible.

Sobretot si "l’altra part" té obertes les portes per fer callar i fer parar les associacions memorialistes que busquem i buscarem Veritat, Justícia i Reparació.



CASTELLANO

Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià ante la admisión, por parte del Tribunal Supremo, de la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Acusan de prevaricación al juez de la Audiencia Nacional que se declaró competente en la causa por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.
La admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón, en la que acusan de prevaricación al magistrado de la AN, pone contra la pared la Justicia en España. Que un sindicato con claros vínculos ideológicos con el dictador y genocida Francisco Franco consiga que el Tribunal Supremo de una democracia como la española acepte a trámite tal denuncia, hace patente que cierto pasado es intocable, si no reivindicable, por amplios sectores políticos y jurídicos.

Hay que señalar también que la admisión a trámite de la querella coincide con la campaña difamatoria de la derecha española contra el mencionado juez por asuntos de otro ámbito que han sembrado el desconcierto en el PP.

No se debe olvidar tampoco cómo la misma Audiencia Nacional reconvino al juez el pasado noviembre con argumentos semejantes a los de esta querella.

Todo eso se enmarca dentro de la ofensiva de la ultraderecha social, política, económica, eclesiástica y judicial por acotar o, incluso, recortar derechos que a la ciudadanía española tanto le ha costado de conseguir. Que en un Estado de Derecho, con una Constitución homologable a los estados democráticos, haya partidos e importantes sectores del Poder Judicial dispuestos a que parte de nuestro pasado no se juzgue ni se condene, que ponga todas las trabas posibles a la recuperación de cadáveres asesinados en los 40 años de Dictadura y barbarie, es inadmisible.

Sobre todo si "la otra parte" tiene abiertas las puertas para hacer callar y hacer parar a las asociaciones memorialistas que buscamos y seguiremos buscando Verdad, Justicia y Reparación

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española. El rayo que no cesa. Empar Salvador para Rebelión

martes 10 de febrero de 2009

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80580&titular=el-rayo-que-no-cesa

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española
El rayo que no cesa

Empar Salvador
Rebelión

Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.

El hecho de presentar las denuncias, y caer en manos del juez más mediático de este país, seguro que desencadenaba una campaña de gran repercusión en la que la polémica estaba garantizada. Muchas de las atrocidades cometidas durante el franquismo se iban a conocer. Hablar de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de que miles de personas en situación de desaparición forzada era inevitable: una ocasión que de ninguna manera había que desaprovechar.

La tramitación del Sumario ha aireado que los que planificaron el golpe de estado contra la II República (Franco y sus militares, la Iglesia Católica y la derecha en general, que no aceptaron las reformas acometidas por este gobierno por el bien común), lo hicieron “en forma coordinada y consciente, determinados a derrocar el gobierno legítimo de España”, que una vez “declarado el Estado de Guerra la acción ha de ser en extremo violenta”, que “es necesario propagar una imagen de terror y que cualquiera que sea abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”, expresa el Auto de 16 de octubre de 2.008. La última frase forma parte de la Instrucción Reservada nº 1 de 25 de mayo de 1.936 del General Mola, en la que también dice: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Se cita que Franco en 1936, en una entrevista al “Chicago Daily Tribune” admite que si es necesario se matará a media España, y también cita a Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, quien declara que hay que “matar, matar y matar” a todos los rojos, para librar a España de “ratas y piojos”. Estas instrucciones ya eran conocidas en muchos ámbitos, pero no por la opinión pública en general, después de varias generaciones de desinformación y deseducación.

Joan Garcés, voz autorizada como pocas, y parte en esta causa como abogado de Carmen Negrin, en el acto de presentación en Madrid de nuestro libro “El genocidio franquista en Valencia, dijo que la represión franquista fue “una estrategia de destrucción cultural, para determinar una configuración social, tanto por la eliminación de la élite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo nacional diferenciado, dirigida la represión implacable contra clases sociales populares”, y refiriéndose a la represión padecida en Valencia “que estamos, sin lugar a dudas, ante hechos de genocidio”

Las primeras denuncias datan de diciembre de 2.006, pero el Juzgado no realiza ningún trámite, hasta que el 29 de enero de 2.008, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, al que se supone está del lado de las víctimas y de sus familias, reclamando de Jueces y Tribunales justicia para ellas, y que actúa de acuerdo con las decisiones del Gobierno, formado por el PSOE, se opone a la investigación y emite un dictamen contrario a que se admitan las denuncias. Un dictamen muy difícil de entender: este partido tiene a miles de asesinados por el franquismo entre sus filas a los que no ha hecho justicia.
Con la trayectoria del PSOE, esa actitud ya no extraña tanto. Suscribió los “Pactos de la Transición” a la muerte de Franco, en los que pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio y la destrucción de sus pruebas, el silencio de los crímenes y el olvido de las víctimas. Aceptó al rey designado por Franco con su bandera y con su himno. No aplicó las leyes nacionales e internacionales a los genocidas franquistas, pero si dejó entrar en sus filas y ocupar altos cargos públicos, a descendientes de franquistas implicados en el genocidio, como el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido, nieto de un coronel auditor del ejército del Caudillo que firmó muchas sentencias de muerte de demócratas, el ministro de Justicia Fernández Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro o el Presidente de las Cortes españolas, José Bono, hijo de falangista y según sus propias declaraciones “a mucha honra”. Pero no son los únicos, hay muchos más incrustados en cualquier ámbito de la sociedad, incluso en el movimiento memorialístico.

Para paliar la terrible injusticia padecida por las víctimas del franquismo, el Parlamento aprueba la eufemísticamente llamada “Ley de la Memoria”, que además de no hacer justicia, agravia y ofende a las víctimas por las discriminaciones que establece respecto de otros colectivos de víctimas, como por ejemplo, las del terrorismo. Ni tan siquiera anula los Consejos de Guerra Sumarísimos que fueron una farsa siniestra que llevó a miles de demócratas al paredón de fusilamiento (¿haría incurrir esa anulación en responsabilidades penales, económicas y administrativas a responsables de aquellos juicios, con descendientes ocupando altos cargos en el Estado?) Por si la protección dada a los genocidas con la Ley de Amnistía del 77 era poca, ahora esta Ley les blinda la impunidad, declarando extinguidos los delitos en razón del tiempo transcurrido

Pero no se acaba aquí el reconocimiento a los franquistas y a sus descendientes (con subvenciones a la Fundación Francisco Franco incluidas). La familia del dictador vive en España y conserva (ellos y otros muchos), bienes incautados a los republicanos, muchas veces después de asesinados, o bien obligando a los ciudadanos a pagarlos (Pazo de Meirás). En el colmo del agravio a las presas del franquismo, en 2.005, el Gobierno español concede el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, nada menos que a la orden religiosa de San Vicente de Paúl, formada por mujeres que habían sido sus carceleras, tratando con tanta saña y crueldad a las presas y a sus hijos, que en 1.945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas a petición del personal civil (de la Sección Femenina), según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo (“Resistencia y Movimiento de Mujeres en España 1936-1945” Icaria Editorial 1979)

Caso de Valencia
El despliegue informativo en torno a las denuncias ha sido grande, pero para la prensa nacional Valencia prácticamente no ha existido, y para la local, lo mínimo imprescindible. Y siempre intentando desacreditar el trabajo de documentación del Fòrum per la Memòria con el mismo argumento: las personas tiradas a las fosas del cementerio no fueron víctimas. Por qué? Porque muchos tienen anotadas enfermedades comunes como causa de muerte. Se niega lo que se acepta para el resto del país: que a las fosas comunes de dentro y fuera de los cementerios los franquistas tiraron a sus víctimas, y que los datos sobre las causas de muerte están falseados, que no eran más que eufemismos que encubrían ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y palizas.
De poco vale que cargos públicos durante la República asesinados, que no constaban en ninguna relación, hayan sido reconocidos por sus familias tras 70 años de desaparición, registrados con enfermedades comunes. Ni tampoco se cuestiona porque unos fueron registrados y otros no, y porque esas fosas, que ocupan una superficie de 41.020 m2, “las más grandes de la historia europea del siglo XX”, según escribe Francesco Cossiga, Presidente de Italia, en el prólogo del libro de Toni Strubell “El moment de dir prou” (Pagès editors, Lleida, 2008), han sido mantenidas en la clandestinidad más absoluta, y tampoco que a Valencia, una ciudad mediana, más bien pequeña, le construyeron esas fosas tan inmensas con tantos miles de cuerpos (24.529 registrados en 6 años), tirados muchos sin tan siquiera un ataúd. Tampoco parece valer que vengan tantísimos de aquéllas cárceles improvisadas que todos los de la época en Valencia conocen, pero que rara vez aparecen en algún libro, como el Manicomio, las iglesias, los conventos, el Hospital y otros, con causas de muerte repetidas hasta la angustia: hambre, desnutrición, fractura de cráneo, asfixia por suspensión, hemorragia interna…y sin discriminación de edad ni condición: niños y niñas, mayores, mujeres, presos y presas …Y eso que es universal que falangistas, ricos y afectos al régimen, no morían por esas causas ni eran tirados a las fosas sin ataúd.

Y es que una cosa es la historia oficial que escriben los vencedores, que ahora son los firmantes de los Pactos de la Transición, y otra muy diferente, la que investigamos las víctimas para encontrar a los nuestros y que se les haga justicia Son dos concepciones muy diferentes que unas veces coinciden, pero otras no. En cualquier caso, hay algo que no gusta en ciertos ámbitos, y es que sean los afectados los que lleven la iniciativa de conocer la realidad de los suyos y de sí mismos.

En el Sumario, algunas cosas respecto a Valencia llaman la atención: en el Auto de 16 de octubre se admite a trámite la denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria, pero en el desglose del número de víctimas por comunidades autónomas no constan las de las fosas del cementerio. Dicen que por error aritmético, que hay una diferencia de unas cien víctimas entre un documento y otro. Tras escrito junto a toda la documentación en soporte informático para subsanar “el error”, en Providencia de 29 de octubre, contestan que no ha lugar, aunque los datos serán valorados por el Grupo de Expertos al igual que todos los demás presentados. Es decir, se admite a las víctimas pero la cifra no se nombra.

Primero se elude a las víctimas y después a las fosas y eso que el Juzgado ordenó la exhumación de tres de ellas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargó de paralizarlas. Se habían solicitado al Juzgado de acuerdo con las recomendaciones de Amnistía Internacional, partiendo de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe asumirlas. Esta entidad denuncia que España es el único país que ha trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos, que no existen antecedentes de esta situación en ningún otro país. Son muchas las voces que dicen que han de hacerse para investigar el alcance de la represión (los cuerpos de los asesinados son la prueba de los crímenes), y para recuperarlos y darles sepultura digna, y que las realizadas sin las órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer la destrucción de pruebas del genocidio. Incluso en Colombia, las exhumaciones se hacen por orden de la Fiscalía o de los jueces.

Todo hace pensar que el pacto de silencio que ha mantenido a las fosas y a las víctimas silenciadas incluso en democracia, sigue existiendo. Ni cuando la “izquierda” gobernó durante 14 años el Ayuntamiento se habló de ellas, y eso que también les construyó encima, y destruyó por tanto, restos de represaliados.

¿Por qué este interés en que no se hable de estas fosas? Cuando se creó la Comissió de la Veritat para alertar a la UNESCO y al Consejo de Europa del afán destructor del Ayuntamiento, empeñado en destruir la única que queda construyéndole encima 1.030 nichos, el diario El País, vinculado al PSOE, no lo publicó en la edición nacional, y eso que presidía la Comissió de la Veritat Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea, y que intervinieron entre otros de igual relevancia, Desmond Tutú, Gabriel Jackon, o Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, y que Lluís Llac interpretó de forma memorable “Campanades a Mort” en memoria de las víctimas que el franquismo tiró a las fosas. Puede que algún día lleguemos a saberlo

Los Tribunales españoles declaran su competencia para investigar y perseguir crímenes cometidos en otros estados, alegando que no son aplicables las leyes de Amnistía y otras análogas, pero se declaran incompetentes para investigar los crímenes cometidos en España, así que la investigación del verdadero alcance de la represión y la justicia para las víctimas, no vendrán de su mano ni de la del Gobierno español o de otras instituciones del Estado. La falta de voluntad para poner fin a la impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, ha quedado meridianamente clara.

Ahora se cumple el sesenta aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Estado español se siguen violando. La injusticia que persiste sobre las víctimas del franquismo no es más que una muestra de ello.

Los Tribunales Internacionales, o los de otros estados por la vía de la reciprocidad, son la opción de que legalmente se haga justicia a las víctimas del franquismo, después de no lograrse en su propio estado, tras más de treinta años de democracia y de treinta y tres de muerto el dictador.
Empar Salvador. Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valenci

El Ayuntamiento de Valencia sigue profanando y allanando las fosas del cementerio en las que fueron tirados represaliados/as del franquismo

Efectivamente, en el cuadro nº 1 de la fosa común de la Sección 5ª Derecha, en una de las parcelas que quedan libres entre panteón y panteón, construidos gracias a las actuaciones de diferentes gobiernos municipales, se está construyendo un nuevo panteón. Sería una obra normal en el cementerio de no ser porque se construye destruyendo los cuerpos de los represaliados del franquismo, trasladados hasta allí en camiones por las noches y tirados sin ningún control ni registro a las fosas.


www.forumperlamemoria.org



Estos hechos ocurrieron en Valencia tras la entrada de las tropas franquistas el 30 de marzo de 1.939, al finalizar la guerra, y ha sido relatados públicamente incluso por trabajadores del propio cementerio (diario Levante-EMV), y por otros testimonios orales que también hablan de enterramientos “incontrolados” de represaliados no registrados y nunca inhumados



Nuestra alcaldesa Rita Barberá, que tan generosa se muestra con el arzobispado al cederle, en la zona más cara de Valencia, los terrenos de la antigua fábrica Cros para que construya el “macrosantuari” en memoria de 233 “víctimas inocentes de la Santa Cruzada”, destruye sin ningún respeto ni miramiento los restos de todas aquellas personas asesinadas por defender la libertad y la democracia, vendiéndolos incluso como si fueran tierra vegetal para las obras de consolidación de los alrededores de la muralla del castillo de Sagunto.



El afán especulador de este ayuntamiento, no respeta ni la Ley de la Memória, que protege estos espacios, ni a las víctimas del franquismo ni a sus familias. No es la primera vez que el ayuntamiento de Valencia allana la fosa común de la Sección 5ª Derecha. Ya el año pasado construyó otro panteón privado, previa venta de la parcela a particulares, a pesar de las protestas, denuncias y escritos en los que se le pedía respeto por las víctimas.



Quizá ahora, ante el temor de no poder seguir destruyendo restos de represaliados y pruebas del genocidio, que es lo que hubiese sucedido de construirse los nichos en la fosa de la Sección 7ª Derecha, ante las actuaciones del Juez Baltasar Garzón, a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones y particulares desde todos los lugares de España, es por lo que está afanándose en destruir los pocos espacios de las fosas que quedan, de los que es posible que aún puedan exhumarse los restos que de los represaliados que allí tiraron


El hecho es especialmente grave porque este ayuntamiento, junto a otros que le han precedido desde que se instauró la democracia, han destruido varias de las 6 fosas comunes que el Fòrum per la Memòria descubrió y documentó en el Cementerio general de Valencia. Por todos los lugares se investiga el alcance de la represión franquista, se pide la rehabilitación de sus víctimas y la aplicación de las leyes a los responsables y colaboradores de aquellos terribles crímenes, incluso hay Comunidades Autónomas que legislan para proteger las fosas, pero el ayuntamiento de Valencia sigue agraviando a las víctimas y a sus familias


Esta fosa mide 14.721 m2, En ella fueron tiradas oficialmente, desde el 22 de agosto de 1.945 hasta el 19 de octubre de 1.950, 16.535 personas, a las que hay que añadir las que tiraron clandestinamente, que pueden ser varios miles, tras la entrada de las tropas franquistas en Valencia. Precisamente, es es una de las fosas sobre las que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional había dado la orden de exhumación, que ya podría estar en marcha de no ser por la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Sr. Zaragoza, que en lugar de proteger a las víctimas y a sus familias, ha preferido ponerse al lado del silencio, pidiendo la paralización de las exhumaciones, facilitando con ello, actuaciones depredadoras de los restos de las víctimas como se está haciendo ahora mismo en nuestro cementerio. El ayuntamiento de Valencia actúa despreciando la Memoria sin descanso. Es como si para esta Alcaldesa y su gobierno las víctimas de la represión fuesen muertos pobres e incómodos de los que hay que desacerse para dejar paso al olvido y a los panteones de los ricos



Solo cabe pedir decencia al ayuntamiento, que suspenda esas obras y deje descansar en paz a los muertos del franquismo.

FORUM PER LA MEMORIA DEL PAIS VALENCIA RECURRIRA LA DECISION DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE PARAR LA EXHUMACION DE FOSAS

http://memoriadesaparecidos.blogspot.com

El Fòrum recurrirá la decisión de la Audiencia de parar la exhumación de fosas.

LA ORGANIZACIÓN ADVIERTE QUE "SEGUIRÁ PIDIENDO MÁS EXHUMACIONES"

"El Fòrum per la Memòria del País Valencià anunció este viernes que recurrirá la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes, a raíz de una petición de la Fiscalía, hasta que no se decida si el juez Baltasar Garzón es o no competente para investigar estos hechos, según informó la abogada de la entidad, Amalia Alejandre.

PANORAMA-ACTUAL - 07/11/2008 17:38 h.

La letrada del Fòrum anunció que presentarán un "recurso de queja" ante la sala porque "da igual que la competencia venga por el juez Garzón, por el juez natural, es decir, del territorio donde están las fosas, o por la ley de la Memoria Histórica" ya que en el auto del 16 de octubre, el juez Garzón ya hace un "aviso para navegantes" al anunciar que iba a delegar las competencias en los jueces naturales de cada zona una vez tuviera las 38 partidas de defunción de los generales y jefes falangistas querellados.

Asimismo, Amalia Alejandre también manifestó que el fiscal que recurrió el auto "no se opone a que las competencias pasen a estos jueces de zona, por tanto, esta paralización sólo es una traba que dilata más en el tiempo las exhumaciones y que, tarde o temprano, el caso llegará al Tribunal Supremo". En este punto, afirmó que cuando se trata de genocidios o crímenes contra la humanidad, el Supremo "siempre da la razón a las víctimas, como ocurrió con Argentina o Chile", señaló.

Por otro lado, la abogada del Fòrum per la Memòria del País Valencià reclamó que los trabajos científicos tienen que realizarse "cuanto antes" para preservar el estado e identificación de los restos de los desaparecidos. Además, incidió en que no se pueden paralizar las exhumaciones porque "es un movimiento de miles de personas". Así, remarcó que, cuando tengan la notificación de la decisión de la Audiencia, presentarán el recurso de queja.

La decisión de paralizar la apertura de las fosas fue acordada por los magistrados con diez votos a favor y cinco en contra al estudiar la petición de la Fiscalía que solicitaba paralizar las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz, alegando que estas actuaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación". Antes de conocerse esta decisión, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, había ofrecido una rueda de prensa donde la presidenta de la entidad, Empar Salvador, junto con la letrada de la asociación, Amalia Alejandre, y el coordinador de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, se felicitaban por la orden del juez Garzón que autorizaba exhumar tres fosas comunes del Cementerio General de la ciudad de Valencia.

Los tres representantes de estos colectivos expusieron a los medios que con estas exhumaciones se conseguíría "iniciar el camino del reconocimiento de la memoria de las víctimas del franquismo en Valencia". A su vez, reivindicaron a las instituciones públicas valencianas que "igual que no han cesado de elevar a los altares a determinadas personas del bando franquista, reconozcan de una vez por todas la memoria de las víctimas de la represión franquista y les restituya su honor", afirmó Toni Gisbert.

Más exhumaciones
Por su parte, la presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Empar Salvador, aseguró entonces que su asociación "seguirá pidiendo más exhumaciones" y manifestó que "lo único que queremos es conocer lo que pasó en Valencia y que se recuperen, en la medida en que se pueda, los restos de nuestros muertos".

Alejandre explicaba por su parte el proceso que desde la asociación se ha llevado a cabo para conseguir la providencia de la Audiencia Nacional así como lo que pensaba que iba a ocurrir cuando las exhumaciones se lleveran a cabo. Así, indicó que tras el auto del 16 de octubre, por el que se ordena investigar las desapariciones, un juez de zona "supervisará todas las actuaciones y tareas" y las muestras recogidas serán trasladadas al Instituto de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, donde un censo de ADN "determinará las causas por las que fallecieron los desaparecidos". En este sentido, indicó que de las 6.754 personas que se han registrado provisionalmente en estas fosas, "la cantidad puede aumentar con las pruebas de ADN". En este sentido, manifestó que "todos deberíamos estar orgullosos" de la decisión del juez porque se trata de "impulsar un proceso sobre la verdad de los hechos ocurridos, para que se determine el origen de por qué fueron enterradas estas personas, porque son nuestros antepasados, y tal como dice el auto de Garzón, hubo una orden sistemática de exterminio de una población nacional simplemente por la ideología y por la que murieron miles de personas".

VALENCIA FORUM PER LA MEMORIA DEL PAIS VALENCIA

Diligencias Previas 399/2008 sobre desapariciones forzadas
Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional


El Fòrum per la Memòria del País Valencià, ha presentado el día 21 de octubre de 2.008, en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, a través de su procuradora y de su abogada, Dª Amalia Alejandre, una petición para exhumar 3 fosas comunes ubicadas en el Cementerio General de Valencia. Descripción de las fosas objeto de la petición:


Fosa Común de la Sección 8ª Derecha:

Se solicita la exhumación de esta fosa para conocer e identificar el número real de personas que en ella fueron tiradas. La fosa consta de tres cuadros y solamente fueron registradas personas en el cuadro nº 1, desconociéndose por tanto, el número de personas y las circustancias de los enterramientos en los cuadros 2º y 3º.

No consta en los documentos existentes en el Archivo Municipal del Cementerio de Valencia, a los que tuvo acceso esta asociación durante los trabajos de investigación y documentación de las fosas comunes, que se hayan realizado exhumaciones o enterramientos posteriores al 3 de setiembre de 1.940, excepto los de las sepulturas preferentes individuales de superficie.

Superficie de la fosa: 5.000 m2
Personas enterradas y documentadas en el cuadro nº 1: 1.789
Periodo histórico documentado: del 28 de febrero a 3 de setiembre de 1.940


Fosa Común de la Sección 5ª Derecha:

De esta fosa se solicita la exhumación de un espacio de 1.590 m2 situado entre los cuadros 2º y 4º, dado que el resto de la fosa está destruída a causa de diferentes actuaciones municipales. Declaraciones de personas testigos de la época señalan que después de terminada la guerra, en el espacio señalado y en los cuadros 1º y 2º de la fosa, fueron lanzados cadáveres sin ningún tipo de control ni registro, trasladados hasta allí durante las noches en camiones. Se pretende conocer e identificar a las personas tiradas a la fosa en estas circunstancias.

Superficie total de la fosa: 14.721 m2
Personas tiradas a la fosa desde el 22 de agosto de 1.945 al 19 de octubre de 1.950: 16.535
Personas tiradas y documentadas desde el 22 de agosto al 31 de diciembre de 1.945: 856


Fosa Común de la Sección 7º Derecha:

Se solicita la exhumación de los cuadros 3º y 4º de esta fosa, debido que según consta en los Libros de Registro de Enterramientos del Cementerio General de Valencia, fueron tiradas a dichos cuadros, personas que constan como ejecutadas, sin expresar ningún otro dato ni circunstancia sobre ellas, excepto la fecha de enterramiento. De hecho en los Libros de Registro, constan como "desconocidos".

Durante la sesión del juicio contencioso-administrativo en el Juzgado nº 4 de Valencia, por la demanda interpuesta por esta asociación para impedir la construcción de 1.030 nichos sobre la superficie de esta fosa, que el Ayuntamiento de Valencia pretende construir, el mismo no acreditó documentalmente exhumaciones en esta fosa con posterioridad a los enterramientos que se describen. Esta asociación presentó un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional por la realización de las obras que a fecha de hoy no ha sido resuelto.

Superficie total de la fosa: 9.659 m2
Personas tiradas y documentadas a la fosa desde el 1 de abril de 1.939 al 27 de febrero de 1.940: 4.109

Valencia, 22 de octubre de 2.008