Justicia y Memoria. Responsable: Inés García Holgado

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Lugar: Buenos Aires, Argentina

Dedicado a los luchadores en la guerra civil española y en la postguerra en defensa de un mundo mejor, aquellos que defendieron un gobierno legítimamente constituído. A través de estos tres blog difundiré testimonios que forman parte de nuestra memoria histórica, escritos sobre los derechos humanos en la Argentina , en España, en Latinoamericana, experiencias del exilio y sobre todo aquello en lo que pueda ayudar a través de la palabra escrita en pos de luchar contra el silencio y el olvido que se cierne sobre la sociedad española de hoy. autorizaron a su publicación. Inés García Holgado

lunes, 24 de noviembre de 2008

Escrito que presentó el Fiscal Zaragoza sobre incidente de competencia

A LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El Fiscal, en el expediente 34/08 sobre incidente de competencia
planteado en relación con el sumario 53/08 (caso MEMORIA HISTÓRICA) del
Juzgado Central de Instrucción nº 5, y como ampliación al escrito de
fecha 21-10-08 en el que se promueve el citado incidente, dice:

1. Que a pesar de haberse cuestionado por la vía del art. 23 de la
L.E.Criminal la competencia objetiva y funcional del indicado Juzgado
Central de Instrucción para la investigación de los hechos, se ha tenido
conocimiento de que el Juzgado Instructor (en este caso el sustituto
legal del Juzgado), ha seguido ordenando la práctica de diligencias y
dictando resoluciones, de las que se acompaña copia.

2. Que conforme al art. 22. inciso 2º, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal el Juez Instructor, no puede practicar más diligencias que
aquellas que sean necesarias para comprobar el delito o de reconocida
urgencia, y parece obvio que todas las diligencias acordadas no revisten
ese carácter.

Por todo ello, solicita a la SALA adopte las medidas oportunas para el
estricto cumplimiento de las previsiones legalmente establecidas y
aplicables a este caso y ordene al Instructor que se limite a practicar
diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles
de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia
planteado.

Madrid a 7 de Noviembre de 2008.

EL FISCAL

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

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viernes, 21 de noviembre de 2008

Garzón renuncia a causa contra crímenes de la guerra civil española

El Nacional Periódico
El juez Baltasar Garzón anunció el martes su renuncia a seguir investigando los crímenes cometidos en la guerra civil española y dejó en manos de los juzgados locales el caso, con el objetivo, dijo, de acelerar la apertura de fosas en las que permanecen enterradas las víctimas del conflicto.
En un auto de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial sobre su competencia en la causa, cuestionada en un recurso de la fiscalía de la Audiencia Nacional.
En ese sentido, Garzón defendió en el escrito sus argumentos originales, asegurando que las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1936-1939) y los primeros años de dictadura del general Francisco Franco constituyen crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, el fiscal consideró que los crímenes mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la ley de amnistía, promulgada en 1977 poco después de la muerte de Franco.
Como consecuencia de este conflicto de competencia, la Audiencia paralizó la apertura de más de 20 fosas comunes en las que siguen enterradas miles de víctimas de la guerra y el régimen franquista.
Una de ellas, es en la que se cree se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca.
Garzón señaló que si abandona el caso es para desbloquear el proceso y reanudar la exhumación de cadáveres.

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domingo, 16 de noviembre de 2008

AREMEHISA en Aguilar de la Frontera COMUNICADO


ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)


C O M U N I C A D O

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera ) (Córdoba), quiere hacer llegar a través del presente comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública, su decisión de recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alcanzado el pasado día siete de Noviembre, en relación a la paralización de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil autorizadas anteriormente en las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz.

Desde esta Asociación creemos, que esta medida no hace sido añadir mas “dolor y sufrimiento”, a las familias que durante más de 72 año, han esperando paciente y tolerantemente la llegada del momento de poder recuperar los restos de sus seres queridos.

72 años, de espera. Una espera larga, agónica y silenciosa. Una espera sin esperanza. Una espera marcada por la ausencia total de justicia. Una larga espera sometida a sufrimiento y parálisis del entorno familiar y social mediante la aplicación no accidental del terror por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos.

No podemos, sino calificar esta medida adoptada, como una nuevo y flagrante atentado moral y legal al sufrimiento padecido durante toda una vida de trato inhumano padecida por los familiares de los desaparecidos, el cual ha sido determinante para que alo largo de estos días, esas familias, vuelvan a vivir en un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.

Estado, que deriva de la actual situación creada de impotencia, inseguridad y frustración, ante la negativa abstención de las autoridades judiciales de investigar las desapariciones, localizar y exhumar los restos de los desaparecidos. Lo cual lleva a los familiares ante la impunidad imperante a estado de indefensión permanente frente al “todopoderoso” Estado.

Dado que es este el que tiene el deber de hacer investigar las violaciones de los Derechos Humanos y la prevalecía del derecho a la verdad , medidas esenciales en todo país democrático para combatir la impunidad, ligada a la propia realización de la justicia y a la garantía de la no repetición de aquellas violaciones.

“… el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún mas agravado por su desaparición forzada, y revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente ligada a la suerte de los demás. Y la paz lo debería ser un privilegio de los muertos. La desaparición de una persona, victimiza igualmente a sus familiares ( a veces degradando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por verse desamparados del manto protector de la justicia”.

Esa misma justicia, que hoy por hoy creemos ausente, y que sin duda alguna esta llamada a ocupar su propio lugar en “la memoria histórica” de las personas desaparecidas y de las circunstancias especiales del padecimiento en el cual vivieron numerosas esposas, madres, hermanos y hermanas, hijos, nietos y demás familiares durante muchos más tiempo del deseado.

Esa misma justicia, que niega incomprensiblemente el justo derecho familiar a la petición de información sobre los desaparecidos, su localización, su exhumación y dignificación de sus nombres y su memoria.

Esa misma justicia, que hoy por hoy nos sigue relegando a “ no poder vivir en paz”, agrega más sufrimiento y angustia a nuestros mayores, merecedores de todo nuestro respeto y consideración, haciendo a los mismos merecedores, todavía, del supuesto especifico de tampoco “morir en paz”, sabedores de la definitiva imposibilidad del anhelado reencuentro.

Han sido ellos, siempre ellos, los receptores históricos del (citando es escrito del fiscal) … “ daño esencial, causado a terceros, con perjuicios irreversibles de difícil reparación“.

Ese daño y sus perjuicios irreversibles, les llegó hace más de 72 años y aún hoy les llega con situaciones como la que actualmente vivimos, multiplicadoras del desentendimiento del sufrimiento de estas victimas, hasta una prolongación tal en el tiempo que el margen final es la certeza del fatídico desenlace biológico, muy próximo para muchos de ellos.

Aguilar de la Frontera, 10 de noviembre del 2008

Rafael Espino Navarro.-

Presidente de AREMEHISA

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jueves, 13 de noviembre de 2008

PeriódicoEL MUNDO del 9/8/99, un poco de memoria histórica a raíz del caso Pinochet

Periódico EL MUNDO 9 de agosto de 1999

El PSOE afirma que el Gobierno se esconde tras la Fiscalía

MADRID.- Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario de Relaciones con los Medios de Comunicación del PSOE, aseguró ayer que «el Gobierno no puede esconder su responsabilidad ante las actuaciones» del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en el caso Pinochet.
El portavoz socialista sostuvo, según informa Europa Press, que fue «el Gobierno quien nombró» a Cardenal y a Fungairiño, por lo que «no puede decir que no tiene nada que ver con lo que hace el fiscal general o el de la Audiencia Nacional. Hay una responsabilidad que hemos reclamado, ya que la Fiscalía está defendiendo tozudamente a Pinochet», insistió. Respecto al posible arbitraje internacional para liberar a Pinochet, Rubalcaba reiteró que el PSOE «no es partidario de soluciones extrajudiciales», aunque no se opone a la consulta al Consejo de Estado. «Si Matutes dice que va a ser respetuoso con las actuaciones judiciales, adelante», concluyó.

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, declaró ayer a Efe que la Fiscalía del Reino Unido «ha dado una lección a España» al anunciar que si se retira la petición de extradición de Pinochet, éste será juzgado «de todos modos» en Londres. «El problema es que el Gobierno español intenta dar un pucherazo jurídico, sin ver que estamos en un Estado de Derecho y sin advertir que el caso Pinochet, un criminal, es una cuestión supersensible», añadió Alcaraz, quien se mostró «temeroso» ante la posibilidad de que España acepte la petición chilena de un arbitraje.


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viernes, 7 de noviembre de 2008

FORUM PER LA MEMORIA DEL PAIS VALENCIA RECURRIRA LA DECISION DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE PARAR LA EXHUMACION DE FOSAS

http://memoriadesaparecidos.blogspot.com

El Fòrum recurrirá la decisión de la Audiencia de parar la exhumación de fosas.

LA ORGANIZACIÓN ADVIERTE QUE "SEGUIRÁ PIDIENDO MÁS EXHUMACIONES"

"El Fòrum per la Memòria del País Valencià anunció este viernes que recurrirá la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes, a raíz de una petición de la Fiscalía, hasta que no se decida si el juez Baltasar Garzón es o no competente para investigar estos hechos, según informó la abogada de la entidad, Amalia Alejandre.

PANORAMA-ACTUAL - 07/11/2008 17:38 h.

La letrada del Fòrum anunció que presentarán un "recurso de queja" ante la sala porque "da igual que la competencia venga por el juez Garzón, por el juez natural, es decir, del territorio donde están las fosas, o por la ley de la Memoria Histórica" ya que en el auto del 16 de octubre, el juez Garzón ya hace un "aviso para navegantes" al anunciar que iba a delegar las competencias en los jueces naturales de cada zona una vez tuviera las 38 partidas de defunción de los generales y jefes falangistas querellados.

Asimismo, Amalia Alejandre también manifestó que el fiscal que recurrió el auto "no se opone a que las competencias pasen a estos jueces de zona, por tanto, esta paralización sólo es una traba que dilata más en el tiempo las exhumaciones y que, tarde o temprano, el caso llegará al Tribunal Supremo". En este punto, afirmó que cuando se trata de genocidios o crímenes contra la humanidad, el Supremo "siempre da la razón a las víctimas, como ocurrió con Argentina o Chile", señaló.

Por otro lado, la abogada del Fòrum per la Memòria del País Valencià reclamó que los trabajos científicos tienen que realizarse "cuanto antes" para preservar el estado e identificación de los restos de los desaparecidos. Además, incidió en que no se pueden paralizar las exhumaciones porque "es un movimiento de miles de personas". Así, remarcó que, cuando tengan la notificación de la decisión de la Audiencia, presentarán el recurso de queja.

La decisión de paralizar la apertura de las fosas fue acordada por los magistrados con diez votos a favor y cinco en contra al estudiar la petición de la Fiscalía que solicitaba paralizar las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz, alegando que estas actuaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación". Antes de conocerse esta decisión, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, había ofrecido una rueda de prensa donde la presidenta de la entidad, Empar Salvador, junto con la letrada de la asociación, Amalia Alejandre, y el coordinador de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, se felicitaban por la orden del juez Garzón que autorizaba exhumar tres fosas comunes del Cementerio General de la ciudad de Valencia.

Los tres representantes de estos colectivos expusieron a los medios que con estas exhumaciones se conseguíría "iniciar el camino del reconocimiento de la memoria de las víctimas del franquismo en Valencia". A su vez, reivindicaron a las instituciones públicas valencianas que "igual que no han cesado de elevar a los altares a determinadas personas del bando franquista, reconozcan de una vez por todas la memoria de las víctimas de la represión franquista y les restituya su honor", afirmó Toni Gisbert.

Más exhumaciones
Por su parte, la presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Empar Salvador, aseguró entonces que su asociación "seguirá pidiendo más exhumaciones" y manifestó que "lo único que queremos es conocer lo que pasó en Valencia y que se recuperen, en la medida en que se pueda, los restos de nuestros muertos".

Alejandre explicaba por su parte el proceso que desde la asociación se ha llevado a cabo para conseguir la providencia de la Audiencia Nacional así como lo que pensaba que iba a ocurrir cuando las exhumaciones se lleveran a cabo. Así, indicó que tras el auto del 16 de octubre, por el que se ordena investigar las desapariciones, un juez de zona "supervisará todas las actuaciones y tareas" y las muestras recogidas serán trasladadas al Instituto de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, donde un censo de ADN "determinará las causas por las que fallecieron los desaparecidos". En este sentido, indicó que de las 6.754 personas que se han registrado provisionalmente en estas fosas, "la cantidad puede aumentar con las pruebas de ADN". En este sentido, manifestó que "todos deberíamos estar orgullosos" de la decisión del juez porque se trata de "impulsar un proceso sobre la verdad de los hechos ocurridos, para que se determine el origen de por qué fueron enterradas estas personas, porque son nuestros antepasados, y tal como dice el auto de Garzón, hubo una orden sistemática de exterminio de una población nacional simplemente por la ideología y por la que murieron miles de personas".

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