Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran absurda la paralización de las exhumaciones

Madrid.- Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de este órgano de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ordenadas por el juez Baltasar Garzón "ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".



(EFE)Un grupo de arqueólogos pertenecientes a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se emplea desde ayer en la búsqueda de una fosa común ubicada el cementerio de Moraleda de Zafayona (Granada).
En un voto particular discrepante con el auto en el que la sala rechaza el recurso contra esa decisión de una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, los jueces que en el pleno del pasado 7 de noviembre se opusieron a paralizar la apertura de fosas recuerdan que, en la práctica, siguen las exhumaciones en toda España, salvo precisamente las acordadas por Garzón.

"En España, desde hace dieciocho años, las víctimas y las asociaciones que protegen sus intereses vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia", señalan estos magistrados.

El voto particular recuerda que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica "esa actividad se realiza con financiación pública" y que después de que la Audiencia Nacional ordenara paralizar las exhumaciones "se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares, excepto en aquellas localizaciones que el juez central (Garzón) había judicializado".

Los magistrados añaden, además, que la apertura de esas fosas ha sido paralizada "sine die", ya que la decisión del pleno de la sala de lo penal del pasado 18 de noviembre de declarar la incompetencia de Garzón para investigar los hechos "difiere el levantamiento de la orden sin fecha".

Los seis jueces -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez- dicen también que, en contra de lo que alegó la mayoría de la sala para justificar su decisión, no había peligro alguno de que las actuaciones ordenadas por Garzón devinieran "nulas" en caso de que, como así pasó luego, fuera declarado incompetente.

"Sin riesgo procesal -la nulidad no había sido pedida por el Fiscal- nunca puede adoptarse una cautela", subrayan los magistrados, que agregan que "la inexistencia de peligro al que atender ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco.
Terra. es

El juez Baltasar Garzón ha vuelto a protagonizar el año judicial con su fracasado intento de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, como hizo con gran éxito en 1998 con los desaparecidos en Argentina y Chile.

Pero esta vez no pudo ser. La Fiscalía, encabezada por Javier Zaragoza, y el Pleno de la Sala de lo Penal, con Javier Gómez Bermúdez al frente, prometían desde un primer momento poner las cosas difíciles al magistrado.

Tanto para uno como para otro, esa causa, además de no ser competencia de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, tampoco era necesaria existiendo leyes como la de Amnistía de 1977 o la de Memoria Histórica de 2007.

De hecho, al rechazar la competencia de Garzón, la Sala de lo Penal destacó que 'el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura' de recuperar los restos de desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica.

Pero además, según la Sala, el magistrado nunca pudo haber abierto una causa penal por estos hechos porque los presuntos responsables de esas desapariciones, entre los que destaca el dictador Francisco Franco, estaban muertos.

El propio magistrado parecía ponerse la venda antes de la herida cuando en el auto en el que se declaró competente anunció que declararía extinguida la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen a los que creía autores de esas desapariciones cuando le fueran remitidos los certificados de defunción.

De haber seguido siendo competente cuando la Sala emitió su dictamen, en un auto del pasado 4 de diciembre suscrito por catorce de los diecisiete magistrados del Pleno, Garzón no hubiera conseguido esquivar el varapalo judicial.

Anticipándose a esa posibilidad, el 18 de noviembre, un mes después de declararse competente, optó por inhibirse en favor de los juzgados en los que hubiera fosas con restos de desaparecidos tras certificar la muerte de Franco y de los responsables del régimen.

Para el hispanista Ian Gibson no fue más que 'una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante'.

La maniobra sorprendió por inesperada, principalmente porque se produjo un día después de su vuelta al juzgado tras pasar quince días de baja después de haberse operado las cuerdas vocales.

Esa baja fue el plazo que el Pleno le dio para responder en un informe al incidente de competencia que planteó el fiscal cuatro días después de declararse competente.

Por tanto, en ese momento, de Garzón sólo se esperaba un informe defendiendo su competencia y no un auto de 152 páginas en el que dejaba la causa a los juzgados locales al mismo tiempo que acusaba al franquismo de propiciar 'la pérdida de identidad de miles de niños' arrebatados a sus padres para educarles en la afección el régimen.

No obstante, durante su baja, la carrera por la apertura de fosas siguió adelante y tras haber autorizado abrir 19 fosas al declarase competente, entre ellas en la que supuestamente reposan los restos del poeta Federico García Lorca, su sustituto Santiago Pedraz permitió exhumaciones en otros seis emplazamientos.

Pedraz permitió también a los familiares de Lorca presenciar la apertura de la fosa en la que se habían pedido exhumar los restos de Dióscoro Galindo, un maestro supuestamente enterrado junto al poeta.

La familia de Lorca no puso objeción a la apertura de la fosa, pero algunos de sus descendientes como Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, manifestaron públicamente sus reticencias.

La autorización de estas diligencias durante la baja de Garzón provocó que el fiscal pidiera la suspensión de las exhumaciones hasta que se resolviera la competencia, solicitud que fue aprobada el 7 de noviembre por el Pleno por una mayoría de 10 magistrados.

Esta decisión provocó un gran malestar en las asociaciones y los particulares denunciantes, entre ellos la nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín que recusó a esos diez magistrados, los denunció ante el Supremo y pidió que la causa se instruyera en el alto tribunal.

El 3 de diciembre, el Supremo rechazó también ser competente porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

Por tanto, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo se han considerado competentes para investigar estos hechos y ahora cada juzgado al que se le presenten denuncias de familiares de desaparecidos deberá decidir si asume la competencia.

El propio Garzón declaró el pasado día 2 a los medios de comunicación que 'lo importante no es quién sea el juez' que investigue esas desapariciones sino 'que las cosas se hagan'.

Y según seis magistrados de la Sala de lo Penal, desde hace dieciocho años 'se siguen abriendo fosas y exhumando restos', por lo que paralizar los trabajos que autorizó Garzón ha provocado una situación 'rayana en lo absurdo'

COMUNICADO DE la Plataforma por las Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo PVDF

La Plataforma por las Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo

(PVDF) manifiestan su profundo malestar por la actuación del Ministerio Fiscal al instar la

paralización de las exhumaciones autorizadas hasta el día de hoy por el Juzgado de

instrucción nº 5 en relación con el proceso sumario 53/08. y su honda preocupación por la

decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al suspender cautelarmente

la abertura de las fosas comunes, como solicitaron las partes en el proceso.

Estas actuaciones contradicen la legalidad internacional y ponen en evidencia una vez más el

desamparo de los familiares de los desaparecidos en relación con la guerra civil española,

como ha constatado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al denunciar

los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y

administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas

desaparecidas. A estos obstáculos habrá que añadir ahora la labor del Ministerio fiscal y la

última decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad

internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique

a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de

miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en

fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y

completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una

reparación justa.

Con el auto de instrucción de 16 de octubre los familiares de desaparecidos conseguimos

confiar por primera vez en la justicia española al iniciarse la investigación de crímenes contra

la humanidad que habían quedado en la más absoluta impunidad aún en democracia.

Paralizando las exhumaciones se trunca esta confianza y se perpetúa la injusticia y la tortura

a que se somete a nuestras familias desde hace setenta años.

POR TODO ELLO, MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE RECUPERAR A

NUESTROS FAMILIARES DESAPARECIDOS Y BUSCAR LA JUSTICIA QUE SE MERECEN

ELLOS Y NOSOTROS MISMOS, AUNQUE HAYA QUE ACUDIR A OTROS TRIBUNALES

QUE DEFIENDAN EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA

JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN.

7 Noviembre de 2008

Paqui Maqueda Manuel Perona

Secretaria de la PVDF Portavoz de la PVDF

Teléfono: 692 244 104

AUDIENCIA NACIONAL CONSECUENCIAS DE SU DECISION DE PARALIZAR EL TRABAJO CON LAS FOSAS COMUNES

ALGUNAS FOSAS COMUNES QUE FUERON AUTORIZADAS A SER EXHUMADAS

Así, se paralizarán cautelarmente la apertura de las dos fosas ordenada por Garzón, entre ellas la que se supone que alberga los restos del poeta Federico García Lorca, situada entre los municipios granadinos de Alfácar y Víznar. El magistrado accedió a la apertura de la fosa en base a la demanda de los familiares del banderillero Francisco Galadí Melgar y del maestro republicano Dióscoro Galindo, cuyos cuerpos fueron supuestamente enterrados junto al del poeta tras ser fusilados por militares sublevados.

Además, el pasado 16 de octubre, a través del auto con el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, el magistrado autorizó, además de los trabajos en la fosa de Lorca, la apertura de otras 19 fosas. En concreto, ordenó la exhumación de los cadáveres que se encuentran en las fosas comunes de Parrillas (Toledo), Adrada de Haza, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos), y los municipios leonenses de La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas de Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo.

También autorizó excavaciones en fosas situadas en Córdoba, La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte de San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid).
Fosa del Valle de los Caídos.

Por último, ayer, jueves, el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón mientras dura su baja médica, autorizó la apertura de una fosa común situada dentro de la cripta del Valle de los Caídos (Madrid), que contendría los cuerpos de al menos siete fusilados de la Guerra Civil, así como fosas situadas en Villanueva de la Vera (Cáceres), en Aguilar de la Frontera (Córdoba), en el cementerio general de Valencia y dos localizadas en las proximidades del municipio de Calviá (Mallorca).

La Audiencia Nacional paraliza las aperturas de fosas comunes

La Audiencia Nacional paraliza las exhumaciones ordenadas por el Garzón
Agencias | 12:57 - 7/11/2008 Actualizado: 15:51 - 7/11/08


El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó hoy por diez votos a cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, incluida la que supuestamente alberga los restos del poeta granadino Federico García Lorca.

Esta es la decisión acordada por los magistrados que se reunieron durante más de horas de forma extraordinaria para evaluar una petición de la Fiscalía que solicita paralizar las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz, alegando que estas actuaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación".

La petición del Ministerio Público se produjo después de que ayer se conociera que el juez Pedraz, en sustitución de Garzón, que se encuentra de baja médica, autorizara a la familia del poeta granadino Federico García Lorca presenciar la apertura de su fosa y de que admitiera la exhumación de cuerpos en otros seis lugares, entre ellos el Valle de los Caídos.
La fosa de Lorca

Así, se paralizarán cautelarmente la apertura de las dos fosas ordenada por Garzón, entre ellas la que se supone que alberga los restos del poeta Federico García Lorca, situada entre los municipios granadinos de Alfácar y Víznar. El magistrado accedió a la apertura de la fosa en base a la demanda de los familiares del banderillero Francisco Galadí Melgar y del maestro republicano Dióscoro Galindo, cuyos cuerpos fueron supuestamente enterrados junto al del poeta tras ser fusilados por militares sublevados.

Además, el pasado 16 de octubre, a través del auto con el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, el magistrado autorizó, además de los trabajos en la fosa de Lorca, la apertura de otras 19 fosas. En concreto, ordenó la exhumación de los cadáveres que se encuentran en las fosas comunes de Parrillas (Toledo), Adrada de Haza, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos), y los municipios leonenses de La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas de Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo.

También autorizó excavaciones en fosas situadas en Córdoba, La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte de San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid).
Fosa del Valle de los Caídos

Por último, ayer, jueves, el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón mientras dura su baja médica, autorizó la apertura de una fosa común situada dentro de la cripta del Valle de los Caídos (Madrid), que contendría los cuerpos de al menos siete fusilados de la Guerra Civil, así como fosas situadas en Villanueva de la Vera (Cáceres), en Aguilar de la Frontera (Córdoba), en el cementerio general de Valencia y dos localizadas en las proximidades del municipio de Calviá (Mallorca).

La convocatoria extraordinaria del Pleno de la Sala de lo Penal ha provocado la paralización de todos los juicios penales que la Audiencia Nacional estaba celebrando hoy, con el fin de que los magistrados puedan asistir a la reunión. Entre ellos, se ha tenido que suspender la sesión del juicio por el presunto desvió de fondos del Ayuntamiento de Marbella, en el que el principal acusado es el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca y en el que hoy iba a declarar como testigo el ex alcalde de la localidad Julián Muñoz.

FORUM PER LA MEMORIA DEL PAIS VALENCIA RECURRIRA LA DECISION DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE PARAR LA EXHUMACION DE FOSAS

http://memoriadesaparecidos.blogspot.com

El Fòrum recurrirá la decisión de la Audiencia de parar la exhumación de fosas.

LA ORGANIZACIÓN ADVIERTE QUE "SEGUIRÁ PIDIENDO MÁS EXHUMACIONES"

"El Fòrum per la Memòria del País Valencià anunció este viernes que recurrirá la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes, a raíz de una petición de la Fiscalía, hasta que no se decida si el juez Baltasar Garzón es o no competente para investigar estos hechos, según informó la abogada de la entidad, Amalia Alejandre.

PANORAMA-ACTUAL - 07/11/2008 17:38 h.

La letrada del Fòrum anunció que presentarán un "recurso de queja" ante la sala porque "da igual que la competencia venga por el juez Garzón, por el juez natural, es decir, del territorio donde están las fosas, o por la ley de la Memoria Histórica" ya que en el auto del 16 de octubre, el juez Garzón ya hace un "aviso para navegantes" al anunciar que iba a delegar las competencias en los jueces naturales de cada zona una vez tuviera las 38 partidas de defunción de los generales y jefes falangistas querellados.

Asimismo, Amalia Alejandre también manifestó que el fiscal que recurrió el auto "no se opone a que las competencias pasen a estos jueces de zona, por tanto, esta paralización sólo es una traba que dilata más en el tiempo las exhumaciones y que, tarde o temprano, el caso llegará al Tribunal Supremo". En este punto, afirmó que cuando se trata de genocidios o crímenes contra la humanidad, el Supremo "siempre da la razón a las víctimas, como ocurrió con Argentina o Chile", señaló.

Por otro lado, la abogada del Fòrum per la Memòria del País Valencià reclamó que los trabajos científicos tienen que realizarse "cuanto antes" para preservar el estado e identificación de los restos de los desaparecidos. Además, incidió en que no se pueden paralizar las exhumaciones porque "es un movimiento de miles de personas". Así, remarcó que, cuando tengan la notificación de la decisión de la Audiencia, presentarán el recurso de queja.

La decisión de paralizar la apertura de las fosas fue acordada por los magistrados con diez votos a favor y cinco en contra al estudiar la petición de la Fiscalía que solicitaba paralizar las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz, alegando que estas actuaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación". Antes de conocerse esta decisión, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, había ofrecido una rueda de prensa donde la presidenta de la entidad, Empar Salvador, junto con la letrada de la asociación, Amalia Alejandre, y el coordinador de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, se felicitaban por la orden del juez Garzón que autorizaba exhumar tres fosas comunes del Cementerio General de la ciudad de Valencia.

Los tres representantes de estos colectivos expusieron a los medios que con estas exhumaciones se conseguíría "iniciar el camino del reconocimiento de la memoria de las víctimas del franquismo en Valencia". A su vez, reivindicaron a las instituciones públicas valencianas que "igual que no han cesado de elevar a los altares a determinadas personas del bando franquista, reconozcan de una vez por todas la memoria de las víctimas de la represión franquista y les restituya su honor", afirmó Toni Gisbert.

Más exhumaciones
Por su parte, la presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Empar Salvador, aseguró entonces que su asociación "seguirá pidiendo más exhumaciones" y manifestó que "lo único que queremos es conocer lo que pasó en Valencia y que se recuperen, en la medida en que se pueda, los restos de nuestros muertos".

Alejandre explicaba por su parte el proceso que desde la asociación se ha llevado a cabo para conseguir la providencia de la Audiencia Nacional así como lo que pensaba que iba a ocurrir cuando las exhumaciones se lleveran a cabo. Así, indicó que tras el auto del 16 de octubre, por el que se ordena investigar las desapariciones, un juez de zona "supervisará todas las actuaciones y tareas" y las muestras recogidas serán trasladadas al Instituto de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, donde un censo de ADN "determinará las causas por las que fallecieron los desaparecidos". En este sentido, indicó que de las 6.754 personas que se han registrado provisionalmente en estas fosas, "la cantidad puede aumentar con las pruebas de ADN". En este sentido, manifestó que "todos deberíamos estar orgullosos" de la decisión del juez porque se trata de "impulsar un proceso sobre la verdad de los hechos ocurridos, para que se determine el origen de por qué fueron enterradas estas personas, porque son nuestros antepasados, y tal como dice el auto de Garzón, hubo una orden sistemática de exterminio de una población nacional simplemente por la ideología y por la que murieron miles de personas".