España investigará al juez Garzón por el caso de la Guerra Civil

AFP
España investigará a juez Garzón por el caso de la Guerra Civil

miércoles 27 de mayo, 3:57 PM

MADRID (AFP) - El Tribunal Supremo decidió este miércoles investigar al juez Baltasar Garzón por "prevaricación" al admitir a trámite una querella de un sindicato que le acusa de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo sin ser competente.
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La sala de lo penal del tribunal declaró su "competencia" y admitió a trámite la querella interpuesta en enero por el sindicato de funcionarios Manos Limpias contra Garzón por "prevaricación", según el auto difundido este miércoles.

El juez de la Audiencia Nacional es demandado por haber iniciado una investigación sobre las desapariciones ilegales durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975).

El sindicato Manos Limpias, calificado por varios medios de ultraderechista, le acusa de "prevaricación" porque considera que se declaró competente para investigar estos hechos sabiendo que no lo era. El tribunal ha admitido a trámite la querella alegando que Garzón inició la investigación sin esperar a que se aclarara si era competente.

El pasado octubre Garzón decidió investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos de ese período y autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterradas víctimas del bando perdedor de la Guerra Civil y la etapa de represión de la dictadura. Garzón alegó que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" es "permanente".

Pero la fiscalía se oponía a esta investigación -que habría sido la primera sobre esa etapa en España-, amparándose en una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época. En el mismo período, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a España que anule esta ley por estar en contradicción con los tratados internacionales ratificados por España.

Un mes después, Garzón renunció a esa investigación y trasladó la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que había autorizado a abrir.

Posteriormente, la Audiencia Nacional decidió que el juez no era competente para llevar a cabo esas pesquisas al haber muerto los supuestos autores de las desapariciones 70 años después, entre ellos Franco.

El juez Garzón declaró este miércoles estar "tranquilo" porque "la ley es igual para todos", y aseguró que se defenderá "en su momento".

El Partido Popular aplaudió la decisión del Supremo porque "pone de manifiesto que no hay ningún ciudadano, incluido el juez Baltasar Garzón, que esté por encima de la ley", en palabras de su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP se querelló a comienzos de año contra Garzón ante el Supremo por "prevaricación" por investigar éste un caso de corrupción que implica a cargos y ex cargos locales de la formación, pero el Supremo lo desestimó

Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran absurda la paralización de las exhumaciones

Madrid.- Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de este órgano de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ordenadas por el juez Baltasar Garzón "ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".



(EFE)Un grupo de arqueólogos pertenecientes a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se emplea desde ayer en la búsqueda de una fosa común ubicada el cementerio de Moraleda de Zafayona (Granada).
En un voto particular discrepante con el auto en el que la sala rechaza el recurso contra esa decisión de una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, los jueces que en el pleno del pasado 7 de noviembre se opusieron a paralizar la apertura de fosas recuerdan que, en la práctica, siguen las exhumaciones en toda España, salvo precisamente las acordadas por Garzón.

"En España, desde hace dieciocho años, las víctimas y las asociaciones que protegen sus intereses vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia", señalan estos magistrados.

El voto particular recuerda que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica "esa actividad se realiza con financiación pública" y que después de que la Audiencia Nacional ordenara paralizar las exhumaciones "se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares, excepto en aquellas localizaciones que el juez central (Garzón) había judicializado".

Los magistrados añaden, además, que la apertura de esas fosas ha sido paralizada "sine die", ya que la decisión del pleno de la sala de lo penal del pasado 18 de noviembre de declarar la incompetencia de Garzón para investigar los hechos "difiere el levantamiento de la orden sin fecha".

Los seis jueces -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez- dicen también que, en contra de lo que alegó la mayoría de la sala para justificar su decisión, no había peligro alguno de que las actuaciones ordenadas por Garzón devinieran "nulas" en caso de que, como así pasó luego, fuera declarado incompetente.

"Sin riesgo procesal -la nulidad no había sido pedida por el Fiscal- nunca puede adoptarse una cautela", subrayan los magistrados, que agregan que "la inexistencia de peligro al que atender ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".

Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y trata de evitar que se le declare incompetente en la causa. -Las asociaciones de Memoria Histórica manifestan su decepción
M. ALTOZANO / J. YOLDI / AGENCIAS - Madrid - 18/11/2008


El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y dice que la causa en la que se investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo corresponde a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el magistrado trata de evitar que se le declare incompetente en la investigación. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.

En un auto hecho público este martes, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento. Garzón considera que ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos no han prescrito, por lo que ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Apertura de fosas
Al admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.
El auto señala que se pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
Otras vías para continuar la investigación
Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. "No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer", ha afirmado Macías.
Los juzgados a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

"Presiones políticas"
Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica estudian la posibilidad de recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de remitir la causa abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes. A su juicio, esta decisión del juez puede estar motivada por "presiones políticas".
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha manifestado su "sorpresa" por la decisión del juez y, aunque ha dicho que ya trabajaban con la posibilidad de que la causa fuera cerrada por la Sala de lo Penal, ha reconocido que no esperaban que fuese el propio Garzón quien tomase esta decisión. Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, se ha mostrado también sorprendida y ha manifestado su dolor por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Desde Izquierda Unida, el diputado Gaspar Llamazares cree que Baltasar Garzón se ha inhibido en la investigación de los desaparecidos durante la guerra Civil y el franquismo debido a los obstáculos que ha encontrado desde la Fiscalía General del Estado. Llamazares ha lamentado la decisión del magistrado porque prefería que la investigación estuviera en manos del juez Garzón, "que se lo creía". Además, ha exigido al Gobierno y a la Fiscalía que sean "coherentes con la Ley de Memoria Histórica y alienten que los juzgados de instrucción provinciales continúen con la investigación.

Audiencia Nacional aplaza a la semana que viene la decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo

Audiencia Nacional aplaza a la semana que viene la decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquis
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.

La Audiencia paraliza la orden de Garzón de abrir fosas de la guerra

elperiodico.com

La Audiencia paraliza la orden de Garzón de abrir fosas de la guerra
• Diez magistrados de la sala de lo penal votaron a favor y cinco en contra

• El fiscal pidió la medida cautelar al no considerar urgentes las exhumaciones




MARGARITA BATALLAS
MADRID
Una decisión insólita. El pleno de la Audiencia Nacional acordó ayer paralizar la apertura de las fosas de la guerra civil ordenada por el juez Baltasar Garzón en el auto en el que se declara competente para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. El fiscal reclamó la medida que fue acordada por 10 jueces frente a cinco en un pleno extraordinario convocado con carácter de urgencia.
El fiscal jefe, Javier Zaragoza, dio ayer un paso más en la batalla legal que mantiene con Baltasar Garzón. A primera de la mañana ordenó a uno de sus subordinados, Carlos Bautista, que remitiera un escrito al pleno de la sala de lo penal para exigir la paralización de la apertura de las fosas, ya que él se encuentra de viaje oficial en Colombia.

EL ORIGEN
Era la respuesta a la decisión del juez Santiago Pedraz --que sustituye a Garzón, de baja por enfermedad-- de ordenar la apertura de otras cinco fosas, entre ellas un columbario del Valle de los Caídos, que se sumaba a la exhumación de otras 19, entre ellas la del poeta Federico García Lorca. Pedraz admitió también la personación de la familia del poeta para que esté presente cuando se recuperen sus restos.
En su escrito, el fiscal se acogió al artículo 22 de la ley de enjuiciamiento criminal que establece que los jueces solo pueden practicar --cuando se discute su competencia-- las diligencias necesarias y urgentes para esclarecer el delito. A juicio de la fiscalía la apertura de las fosas no es un trámite urgente.
El pasado 21 de octubre, la fiscalía planteó un incidente de competencia funcional y objetiva contra Garzón ante el pleno para poner fin a su investigación contra el franquismo. Era la primera vez que se acudía a esta vía en la Audiencia Nacional. La fiscalía optó por este camino para evitar un debate jurídico con el juez.
El presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez, convocó un pleno de urgencia. Durante más de dos horas, los 15 integrantes mantuvieron una tensa discusión sobre la respuesta a la petición del fiscal. Sin embargo, no hubo sorpresas.
El pleno ordenó a Garzón "que paralice todas las actuaciones" a excepción de las que, "de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación". También le exigió que frene "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres". Con esta medida, el pleno adelantó su decisión final, ya que fuentes jurídicas explicaron que querían evitar una posible declaración de nulidad de las órdenes de exhumación si finalmente declaran incompetente a Garzón para tramitar su investigación.
Por contra, los jueces discrepantes recordaron las anteriores decisiones del pleno. El 22 de octubre, los magistrados decidieron escuchar a las 19 partes personadas en el sumario, que representan a asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y a familiares de desaparecidos. También acordaron esperar a que Garzón vuelva a su despacho para que presente un informe en el que defienda los motivos que le han llevado a abrir esta investigación.

LOS DISCREPANTES
Fuentes judiciales adelantaron que el magistrado progresista Ramón Sáez redactará el voto particular que firmarán, entre otros, Javier Martínez Lázaro, Manuela Fernández de Prado, Ángeles Barreiro y Teresa Palacios. En el debate no estuvieron presentes los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Enrique López. Las fuentes consultadas han explicado que estos jueces sostienen que "no existe un cauce procesal" para ordenar la paralización de la exhumación de las fosas. También que era necesario escuchar a las partes que son las afectadas por la medida.
Fuentes jurídicas explicaron que el fiscal no ha recurrido las órdenes de exhumación de las fosas, como le exige la ley, al haber optado por esquivar a Garzón y dirigirse en exclusiva al pleno de la sala penal de la Audiencia. También defendieron la labor del juez que, a su juicio, se ha limitado a dar cumplimiento al auto en el que se declara competente.
Estas fuentes también confirmaron que las labores de apertura de las fosas se iban a prolongar al menos durante dos meses. Por ello, lamentaron este atraso, ya que están convencidos que estas fosas acabarán abriéndose con o sin investigación judicial.

GOLPE A GARZON EDITORIAL DE EL PERIODICO.COM

elperiodico.com

Editorial: 'Golpe a Garzón'
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

La Audiencia paraliza la orden de Garzón de abrir fosas de la guerra
El derecho de las familias a recuperar los restos de sus familiares víctimas de la represión franquista debe estar por encima del conflicto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el juez Baltasar Garzón. Estos, antaño amigos, se enfrentan ahora porque el fiscal quiere impedir al magistrado la investigación del asesinato y desaparición de miles de republicanos
Aún siendo verdad que no se ha resuelto la cuestión de incompetencia planteada por el fiscal al objeto de apartar al magistrado de esa investigación, la apertura de fosas es una cuestión que estaba, o eso creíamos, al margen de esa discusión competencial.
Resulta ridículo que la Sala Penal de la Audiencia Nacional se reuniera ayer con carácter extraordinario y urgente, a las pocas horas de haber recibido otro recurso del fiscal, para paralizar, por 10 votos contra cinco, la apertura de unos nichos en el Valle de los Caídos en los que reposan unos republicanos fusilados y de la fosa de Granada donde se supone que fue enterrado García Lorca y otros tres fusilados. En este caso, solo una parte de la familia del poeta se oponía a la exhumación.
La decisión de Garzón ha sido muy discutida, incluso desde posiciones progresistas que creen que ni se puede, por ley, ni se debe, por cuestiones políticas, perseguir a los responsables que aún vivan de los asesinatos del franquismo. El debate es legítimo, y los tribunales dirán si Garzón tiene o no la competencia que reclama. Ahora bien, la medida de "carácter cautelarísimo" adoptada ayer por el pleno de la Sala Penal resulta desafortunada y absurda. Los perjudicados son esos ancianos que antes de morir quieren recuperar a sus deudos.