Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y trata de evitar que se le declare incompetente en la causa. -Las asociaciones de Memoria Histórica manifestan su decepción
M. ALTOZANO / J. YOLDI / AGENCIAS - Madrid - 18/11/2008


El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y dice que la causa en la que se investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo corresponde a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el magistrado trata de evitar que se le declare incompetente en la investigación. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.

En un auto hecho público este martes, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento. Garzón considera que ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos no han prescrito, por lo que ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Apertura de fosas
Al admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.
El auto señala que se pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
Otras vías para continuar la investigación
Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. "No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer", ha afirmado Macías.
Los juzgados a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

"Presiones políticas"
Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica estudian la posibilidad de recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de remitir la causa abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes. A su juicio, esta decisión del juez puede estar motivada por "presiones políticas".
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha manifestado su "sorpresa" por la decisión del juez y, aunque ha dicho que ya trabajaban con la posibilidad de que la causa fuera cerrada por la Sala de lo Penal, ha reconocido que no esperaban que fuese el propio Garzón quien tomase esta decisión. Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, se ha mostrado también sorprendida y ha manifestado su dolor por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Desde Izquierda Unida, el diputado Gaspar Llamazares cree que Baltasar Garzón se ha inhibido en la investigación de los desaparecidos durante la guerra Civil y el franquismo debido a los obstáculos que ha encontrado desde la Fiscalía General del Estado. Llamazares ha lamentado la decisión del magistrado porque prefería que la investigación estuviera en manos del juez Garzón, "que se lo creía". Además, ha exigido al Gobierno y a la Fiscalía que sean "coherentes con la Ley de Memoria Histórica y alienten que los juzgados de instrucción provinciales continúen con la investigación.

Audiencia Nacional aplaza a la semana que viene la decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo

Audiencia Nacional aplaza a la semana que viene la decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquis
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.

GOLPE A GARZON EDITORIAL DE EL PERIODICO.COM

elperiodico.com

Editorial: 'Golpe a Garzón'
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

La Audiencia paraliza la orden de Garzón de abrir fosas de la guerra
El derecho de las familias a recuperar los restos de sus familiares víctimas de la represión franquista debe estar por encima del conflicto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el juez Baltasar Garzón. Estos, antaño amigos, se enfrentan ahora porque el fiscal quiere impedir al magistrado la investigación del asesinato y desaparición de miles de republicanos
Aún siendo verdad que no se ha resuelto la cuestión de incompetencia planteada por el fiscal al objeto de apartar al magistrado de esa investigación, la apertura de fosas es una cuestión que estaba, o eso creíamos, al margen de esa discusión competencial.
Resulta ridículo que la Sala Penal de la Audiencia Nacional se reuniera ayer con carácter extraordinario y urgente, a las pocas horas de haber recibido otro recurso del fiscal, para paralizar, por 10 votos contra cinco, la apertura de unos nichos en el Valle de los Caídos en los que reposan unos republicanos fusilados y de la fosa de Granada donde se supone que fue enterrado García Lorca y otros tres fusilados. En este caso, solo una parte de la familia del poeta se oponía a la exhumación.
La decisión de Garzón ha sido muy discutida, incluso desde posiciones progresistas que creen que ni se puede, por ley, ni se debe, por cuestiones políticas, perseguir a los responsables que aún vivan de los asesinatos del franquismo. El debate es legítimo, y los tribunales dirán si Garzón tiene o no la competencia que reclama. Ahora bien, la medida de "carácter cautelarísimo" adoptada ayer por el pleno de la Sala Penal resulta desafortunada y absurda. Los perjudicados son esos ancianos que antes de morir quieren recuperar a sus deudos.