COMUNICADO DE la Plataforma por las Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo PVDF

La Plataforma por las Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo

(PVDF) manifiestan su profundo malestar por la actuación del Ministerio Fiscal al instar la

paralización de las exhumaciones autorizadas hasta el día de hoy por el Juzgado de

instrucción nº 5 en relación con el proceso sumario 53/08. y su honda preocupación por la

decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al suspender cautelarmente

la abertura de las fosas comunes, como solicitaron las partes en el proceso.

Estas actuaciones contradicen la legalidad internacional y ponen en evidencia una vez más el

desamparo de los familiares de los desaparecidos en relación con la guerra civil española,

como ha constatado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al denunciar

los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y

administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas

desaparecidas. A estos obstáculos habrá que añadir ahora la labor del Ministerio fiscal y la

última decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad

internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique

a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de

miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en

fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y

completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una

reparación justa.

Con el auto de instrucción de 16 de octubre los familiares de desaparecidos conseguimos

confiar por primera vez en la justicia española al iniciarse la investigación de crímenes contra

la humanidad que habían quedado en la más absoluta impunidad aún en democracia.

Paralizando las exhumaciones se trunca esta confianza y se perpetúa la injusticia y la tortura

a que se somete a nuestras familias desde hace setenta años.

POR TODO ELLO, MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE RECUPERAR A

NUESTROS FAMILIARES DESAPARECIDOS Y BUSCAR LA JUSTICIA QUE SE MERECEN

ELLOS Y NOSOTROS MISMOS, AUNQUE HAYA QUE ACUDIR A OTROS TRIBUNALES

QUE DEFIENDAN EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA

JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN.

7 Noviembre de 2008

Paqui Maqueda Manuel Perona

Secretaria de la PVDF Portavoz de la PVDF

Teléfono: 692 244 104

El Juez Garzón dispone de nombres de falangistas vivos

Miembros de las asociaciones de víctimas del franquismo ayer en la puerta del Ateneo de Madrid donde estuvieron reunidos. - Graciela del río

DIEGO BARCALA - MADRID - 19/10/2008 08:00

Sus nombres y su responsabilidad criminal quedaron ocultos durante décadas tras motes como "el 501", por el número de personas a las que eliminó. Son los jóvenes falangistas que contribuyeron desde las primeras horas de la Guerra Civil a hacer el trabajo sucio de la represión y que ahora, gracias a la investigación abierta el pasado jueves por el juez Baltasar Garzón, pueden responder ante un tribunal. Algunos nombres que el miedo escondió durante décadas ahora están sobre la mesa del magistrado. Y están vivos.
Los altos cargos

Son ancianos de más de 90 años cuyos actos sangrientos perviven en la memoria de los pueblos. Uno llegó a guardaespaldas, otro acabó con tales remordimientos que nunca vivió tranquilo, alguno incluso ha osado a aparecer en la exhumación de alguna fosa. Los historiadores aficionados que han soportado el peso de la memoria histórica durante la última década meditan ahora entregar a Garzón las listas de esos personajes. Fuentes cercanas a los denunciantes aseguran que el juez ya dispone de los listados.

Las asociaciones piden al fiscal que no recurra la decisión del juez


La documentación solicitada al Ministerio del Interior servirá para conocer si las personas denunciadas eran altos cargos de Falange Española entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Es decir, en el periodo en el que se produjeron los crímenes que investiga Garzón. "Le enviaremos información, con los documentos que dicen los que hicieron en su día y dónde viven ahora", afirma un investigador de la represión franquista en Castilla y León, que prefiere mantener de momento, oculto los apellidos de las personas a las que denunciará.

Los portavoces de las asociaciones agrupadas en la Plataforma de Víctimas de las Desapariciones Forzadas por el Franquismo han insistido en varias ocasiones en que el principal objetivo de los denunciantes no es la búsqueda de culpables. "Verdad, justicia y reparación. Pero si después les sientan en el banquillo, bienvenido sea", resume Paqui Maqueda, presidenta de la plataforma.

Las víctimas han insistido en que su gran objetivo no es buscar culpables

En una reunión mantenida ayer en el Ateneo de Madrid, las asociaciones acordaron los expertos que de la comisión exigida por Garzón. No quisieron publicar los nombres antes de entregárselos al juez. Lo que sí tenían claro es que habrá un antropólogo que aporte el punto de vista científico a las exhumaciones. Manel Perona, portavoz de la plataforma, pidió al fiscal de la Audiencia Nacional que no recurra el auto en el que el Garzón se declara competente para juzgar los crímenes del franquismo.

Amnesty International y el Auto del Juez Garzón

Auto del juez Garzón: un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
Recibido de Amnistía Internacional el 16/10/2008 18.01

Amnistía Internacional (AI) acoge con satisfacción la decisión del Juez Baltasar Garzón de admitir a trámite las denuncias por desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el Franquismo presentadas por familiares y organizaciones, integradas en la Plataforma de Desapariciones Forzadas (PVDF).

Con esta decisión, comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos, y representa para muchas familias y organizaciones una señal esperanzadora tras décadas de haber sido privadas del derecho a contar con un recurso efectivo.

“Más allá de los actos de homenaje y reparación moral, es tiempo de rehabilitar los derechos de las víctimas. Los familiares de quienes fueron objeto de desaparición forzada no pueden continuar viendo postergado su derecho a saber. Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional pide a todos los poderes públicos que colaboren con la justicia sin dilación. Como consecuencia de esto, las autoridades españolas deben llevar adelante de la manera más diligente todas las actuaciones necesarias en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familiares para su inhumación de acuerdo a la voluntad presunta de la persona fallecida o en su defecto de acuerdo a lo que la familia disponga.

La organización insta una vez más a las autoridades españolas a dar respuesta a la deuda pendiente hacia las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y a hacerlo conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, como reafirma en su Auto el Juez Baltasar Garzón, son un crimen contra el derecho internacional respecto al cual España tiene obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.