El año en que Garzón certificó la muerte de Franco

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco.
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El juez Baltasar Garzón ha vuelto a protagonizar el año judicial con su fracasado intento de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, como hizo con gran éxito en 1998 con los desaparecidos en Argentina y Chile.

Pero esta vez no pudo ser. La Fiscalía, encabezada por Javier Zaragoza, y el Pleno de la Sala de lo Penal, con Javier Gómez Bermúdez al frente, prometían desde un primer momento poner las cosas difíciles al magistrado.

Tanto para uno como para otro, esa causa, además de no ser competencia de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, tampoco era necesaria existiendo leyes como la de Amnistía de 1977 o la de Memoria Histórica de 2007.

De hecho, al rechazar la competencia de Garzón, la Sala de lo Penal destacó que 'el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura' de recuperar los restos de desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica.

Pero además, según la Sala, el magistrado nunca pudo haber abierto una causa penal por estos hechos porque los presuntos responsables de esas desapariciones, entre los que destaca el dictador Francisco Franco, estaban muertos.

El propio magistrado parecía ponerse la venda antes de la herida cuando en el auto en el que se declaró competente anunció que declararía extinguida la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen a los que creía autores de esas desapariciones cuando le fueran remitidos los certificados de defunción.

De haber seguido siendo competente cuando la Sala emitió su dictamen, en un auto del pasado 4 de diciembre suscrito por catorce de los diecisiete magistrados del Pleno, Garzón no hubiera conseguido esquivar el varapalo judicial.

Anticipándose a esa posibilidad, el 18 de noviembre, un mes después de declararse competente, optó por inhibirse en favor de los juzgados en los que hubiera fosas con restos de desaparecidos tras certificar la muerte de Franco y de los responsables del régimen.

Para el hispanista Ian Gibson no fue más que 'una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante'.

La maniobra sorprendió por inesperada, principalmente porque se produjo un día después de su vuelta al juzgado tras pasar quince días de baja después de haberse operado las cuerdas vocales.

Esa baja fue el plazo que el Pleno le dio para responder en un informe al incidente de competencia que planteó el fiscal cuatro días después de declararse competente.

Por tanto, en ese momento, de Garzón sólo se esperaba un informe defendiendo su competencia y no un auto de 152 páginas en el que dejaba la causa a los juzgados locales al mismo tiempo que acusaba al franquismo de propiciar 'la pérdida de identidad de miles de niños' arrebatados a sus padres para educarles en la afección el régimen.

No obstante, durante su baja, la carrera por la apertura de fosas siguió adelante y tras haber autorizado abrir 19 fosas al declarase competente, entre ellas en la que supuestamente reposan los restos del poeta Federico García Lorca, su sustituto Santiago Pedraz permitió exhumaciones en otros seis emplazamientos.

Pedraz permitió también a los familiares de Lorca presenciar la apertura de la fosa en la que se habían pedido exhumar los restos de Dióscoro Galindo, un maestro supuestamente enterrado junto al poeta.

La familia de Lorca no puso objeción a la apertura de la fosa, pero algunos de sus descendientes como Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, manifestaron públicamente sus reticencias.

La autorización de estas diligencias durante la baja de Garzón provocó que el fiscal pidiera la suspensión de las exhumaciones hasta que se resolviera la competencia, solicitud que fue aprobada el 7 de noviembre por el Pleno por una mayoría de 10 magistrados.

Esta decisión provocó un gran malestar en las asociaciones y los particulares denunciantes, entre ellos la nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín que recusó a esos diez magistrados, los denunció ante el Supremo y pidió que la causa se instruyera en el alto tribunal.

El 3 de diciembre, el Supremo rechazó también ser competente porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

Por tanto, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo se han considerado competentes para investigar estos hechos y ahora cada juzgado al que se le presenten denuncias de familiares de desaparecidos deberá decidir si asume la competencia.

El propio Garzón declaró el pasado día 2 a los medios de comunicación que 'lo importante no es quién sea el juez' que investigue esas desapariciones sino 'que las cosas se hagan'.

Y según seis magistrados de la Sala de lo Penal, desde hace dieciocho años 'se siguen abriendo fosas y exhumando restos', por lo que paralizar los trabajos que autorizó Garzón ha provocado una situación 'rayana en lo absurdo'