Justicia y Memoria. Responsable: Inés García Holgado

Nombre:
Lugar: Buenos Aires, Argentina

Dedicado a los luchadores en la guerra civil española y en la postguerra en defensa de un mundo mejor, aquellos que defendieron un gobierno legítimamente constituído. A través de estos tres blog difundiré testimonios que forman parte de nuestra memoria histórica, escritos sobre los derechos humanos en la Argentina , en España, en Latinoamericana, experiencias del exilio y sobre todo aquello en lo que pueda ayudar a través de la palabra escrita en pos de luchar contra el silencio y el olvido que se cierne sobre la sociedad española de hoy. autorizaron a su publicación. Inés García Holgado

martes, 6 de octubre de 2009

DESAPARICIONES | LA ASOCIACIÓN DERECHO A SABER DA CUENTA DE MÁS CASOS
Los 30.000 menores robados del Franquismo
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.

María José Esteso Poves / Madrid
Miércoles 6 de mayo de 2009. Número 101
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.

El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.

Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.

La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.

Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.

Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.

En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.

Teorías de inspiración nazi
El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.

La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.

El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.

Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.

También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.

El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.

Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.

Etiquetas: ,

miércoles, 1 de abril de 2009

Juristas progresistas piden investigar los niños perdidos del franquismo

Juristas progresistas piden investigar sobre los niños perdidos de franquismo
30.03.09 | 14:21 h. Agencia EFE

Asociaciones de juristas progresistas han pedido la creación de una comisión gubernamental para buscar a los llamados "niños del franquismo", en referencia a los que fueron separados de sus padres tras la Guerra Civil en lo que consideran "el mayor caso de desaparición forzada de la Europa contemporánea".


Carteles de Franco en los pueblos españoles al terminar la Guerra Civil. Dos niños alzan los brazos, en saludo fascista, a un cartel con la foto de Franco. EFE/Archivo
Así figura en el documento de conclusiones del coloquio internacional sobre la Memoria Histórica que, bajo el título de "¿Se puede juzgar la Historia?", ha celebrado este fin de semana en Madrid la asociación Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), de la que forman parte las españolas Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales
"Queremos llamar la atención sobre el hecho de que la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Estado Español no menciona el caso de los niños perdidos del franquismo, a pesar de que se trata del mayor caso de desaparición forzada específicamente infantil perpetrado en la Europa contemporánea", señala el texto.
MEDEL añade que, "siguiendo la experiencia comparada de otros países, procedería crear una comisión gubernamental de búsqueda de esos niños, que todavía mantienen razonables expectativas de vida, a fin de una rápida identificación que permita, siquiera al final de sus vidas, la reunificación de estas familias desgarradas por la dictadura".
La asociación de juristas, que subraya que es el Estado, y no los ciudadanos, quien tiene la obligación de investigar estos hechos, aboga por que no se pierda la oportunidad de declarar su naturaleza delictiva "en el contexto de lo que hoy conocemos como crímenes contra la humanidad, de las políticas represivas desarrolladas por las autoridades franquistas durante y después de la guerra civil". EFE

Etiquetas: ,

viernes, 26 de diciembre de 2008

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco.
Terra. es

El juez Baltasar Garzón ha vuelto a protagonizar el año judicial con su fracasado intento de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, como hizo con gran éxito en 1998 con los desaparecidos en Argentina y Chile.

Pero esta vez no pudo ser. La Fiscalía, encabezada por Javier Zaragoza, y el Pleno de la Sala de lo Penal, con Javier Gómez Bermúdez al frente, prometían desde un primer momento poner las cosas difíciles al magistrado.

Tanto para uno como para otro, esa causa, además de no ser competencia de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, tampoco era necesaria existiendo leyes como la de Amnistía de 1977 o la de Memoria Histórica de 2007.

De hecho, al rechazar la competencia de Garzón, la Sala de lo Penal destacó que 'el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura' de recuperar los restos de desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica.

Pero además, según la Sala, el magistrado nunca pudo haber abierto una causa penal por estos hechos porque los presuntos responsables de esas desapariciones, entre los que destaca el dictador Francisco Franco, estaban muertos.

El propio magistrado parecía ponerse la venda antes de la herida cuando en el auto en el que se declaró competente anunció que declararía extinguida la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen a los que creía autores de esas desapariciones cuando le fueran remitidos los certificados de defunción.

De haber seguido siendo competente cuando la Sala emitió su dictamen, en un auto del pasado 4 de diciembre suscrito por catorce de los diecisiete magistrados del Pleno, Garzón no hubiera conseguido esquivar el varapalo judicial.

Anticipándose a esa posibilidad, el 18 de noviembre, un mes después de declararse competente, optó por inhibirse en favor de los juzgados en los que hubiera fosas con restos de desaparecidos tras certificar la muerte de Franco y de los responsables del régimen.

Para el hispanista Ian Gibson no fue más que 'una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante'.

La maniobra sorprendió por inesperada, principalmente porque se produjo un día después de su vuelta al juzgado tras pasar quince días de baja después de haberse operado las cuerdas vocales.

Esa baja fue el plazo que el Pleno le dio para responder en un informe al incidente de competencia que planteó el fiscal cuatro días después de declararse competente.

Por tanto, en ese momento, de Garzón sólo se esperaba un informe defendiendo su competencia y no un auto de 152 páginas en el que dejaba la causa a los juzgados locales al mismo tiempo que acusaba al franquismo de propiciar 'la pérdida de identidad de miles de niños' arrebatados a sus padres para educarles en la afección el régimen.

No obstante, durante su baja, la carrera por la apertura de fosas siguió adelante y tras haber autorizado abrir 19 fosas al declarase competente, entre ellas en la que supuestamente reposan los restos del poeta Federico García Lorca, su sustituto Santiago Pedraz permitió exhumaciones en otros seis emplazamientos.

Pedraz permitió también a los familiares de Lorca presenciar la apertura de la fosa en la que se habían pedido exhumar los restos de Dióscoro Galindo, un maestro supuestamente enterrado junto al poeta.

La familia de Lorca no puso objeción a la apertura de la fosa, pero algunos de sus descendientes como Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, manifestaron públicamente sus reticencias.

La autorización de estas diligencias durante la baja de Garzón provocó que el fiscal pidiera la suspensión de las exhumaciones hasta que se resolviera la competencia, solicitud que fue aprobada el 7 de noviembre por el Pleno por una mayoría de 10 magistrados.

Esta decisión provocó un gran malestar en las asociaciones y los particulares denunciantes, entre ellos la nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín que recusó a esos diez magistrados, los denunció ante el Supremo y pidió que la causa se instruyera en el alto tribunal.

El 3 de diciembre, el Supremo rechazó también ser competente porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

Por tanto, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo se han considerado competentes para investigar estos hechos y ahora cada juzgado al que se le presenten denuncias de familiares de desaparecidos deberá decidir si asume la competencia.

El propio Garzón declaró el pasado día 2 a los medios de comunicación que 'lo importante no es quién sea el juez' que investigue esas desapariciones sino 'que las cosas se hagan'.

Y según seis magistrados de la Sala de lo Penal, desde hace dieciocho años 'se siguen abriendo fosas y exhumando restos', por lo que paralizar los trabajos que autorizó Garzón ha provocado una situación 'rayana en lo absurdo'

Etiquetas: , , , , , ,

martes, 2 de diciembre de 2008

El número de niños del franquismo supera al de los nietos de las madres de plaza de mayo

BOLETÍN INFORMATIVO

El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”
Rodríguez es autor del libro en el que fundamenta parte de su auto sobre las desapariciones el juez Garzón


[A. R. ] [Ciudad Real]


El profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, es autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad, investigación en la que ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones durante el franquismo el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, Rodríguez ha recibido varios premios en certámenes jurídicos por trabajos sobre crímenes internacionales y, actualmente, desarrolla una estancia de investigación en la italiana Universidad de Milán, ciudad desde donde aporta su visión sobre las desapariciones de hijos de defensores de la República española, cuyos apellidos fueron modificados y adoptados por “familias afines al régimen”.
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas aproximadamente sufrieron el cambio de identidad? ¿Existen datos de Castilla-La Mancha y Ciudad Real?
RESPUESTA.- Al igual que sucedió con el caso de las fosas de Franco, el problema es que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigación oficial de estos hechos, de modo que no hay datos oficiales. Por ejemplo tras la investigación de la Audiencia Nacional ahora sabemos que en la provincia de Ciudad Real continúa habiendo unos 1.694 ejecutados abandonados en fosas comunes, siendo la segunda provincia de Castilla La Mancha, tan sólo detrás de Toledo, con 3.970 desaparecidos. En todo caso, Ciudad Real es una de las provincias con una cifra más alta de ejecuciones de España.
Aunque todavía cueste hacerse a la idea de tal horror, con más de 7.000 víctimas de las matanzas franquistas, Castilla-La Mancha fue un Srebrenica. No lo digo por decir, las cifras del Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia están ahí. Y todavía estamos hablando de la sexta comunidad autónoma más afectada de España, en Andalucía se asesinó a pie de fosa a más de 32.000 personas que todavía no se sabe donde están.
Pero respecto a los niños perdidos y en ausencia -todavía al menos- de una investigación oficial sólo podemos hablar con detalle de casos descubiertos casi por azar, como el de Vicenta Álvarez, hija del Capitán de la República Melecio Álvarez, fusilado por Franco, a la que, tras cambiársele el apellido, sería entregada posteriormente a una familia de Herencia.
Habrá que esperar a dicha investigación pero parece previsible que la cifra de niños arrebatados a sus madres por la dictadura de Franco supere ampliamente la cifra del conocido caso de los 800 niños perdidos de la Dictadura argentina por cuya recuperación las Abuelas de Plaza de Mayo llevan luchando sin descanso dos décadas, habiendo conseguido localizar y restablecer la identidad de algo más de un centenar de estos.
En el caso español, y según algunas fuentes de las que también se hace eco Garzón en su auto, podríamos estar ante una macabra contabilidad de miles de casos de niños apropiados por la dictadura de Franco.
P.- ¿Dónde se cometieron estos hechos y por qué?
R.- Las vías de la desaparición infantil aludidas en el ‘Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista’, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2007, fueron varias partiendo del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles de Franco, o del robo de niños de entornos guerrilleros -y por tanto las que más se prolongaron en el tiempo, todavía en los años 50- para ser entregados a familias adictas al régimen, pero también se mencionaría la “caza del niño rojo en el extranjero”, en alusión a los secuestros en Francia y otros países de los niños puestos a salvo en las colonias infantiles de la República.
P.- ¿Sería posible un reencuentro con sus familias de origen?
R.- No sólo es que sí lo sería, es que el Estado español debe activar los medios de búsqueda para hacerlo posible, de igual modo que Argentina creó por ley una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos o una Base Nacional de datos Genéticos, que funcionará hasta el año 2050, en razón de las expectativas de vida biológica y de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Aplicar estrictamente los mismos criterios en nuestro país supondría su funcionamiento al menos hasta el año 2020.
De hecho, otros Estados como Salvador o Guatemala fueron recientemente condenados a poner en marcha tales mecanismos ante los casos de los niñas perdidas Serrano Cruz o el niño Molina Theissen. Sin olvidar el caso de las “generaciones robadas” australianas, donde en febrero de este mismo año 2008 el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón en nombre del Estado en el Parlamento y ante las familias y niños recuperados, al tiempo que se encuentra en tramitación una ley de indemnizaciones que podría superar los 250.000 dólares por niño perdido, al margen de las indemnizaciones a sus familias. No creo que se haya llegado a tomar plena conciencia aún de la profunda violación de los derechos humanos, ni las enormes implicaciones jurídicas para nuestro país del caso de los niños perdidos.
P.- ¿Hay familiares que se han reencontrado?
R.- Sí, a pesar de que España se haya desentendido de sus obligaciones hacia estas víctimas, algunos familiares consiguieron localizar a sus hermanos arrebatados a través de programas como ‘Quién sabe dónde’, por puro azar al coincidir con alguien que sirvió en el ejército de la República bajo las órdenes del padre verdadero de la víctima, o incluso recurriendo a investigadores privados sufragados de su propio bolsillo, pero estamos hablando de casos aislados. El arbitrario cambio de apellidos que permitió la ley de Franco de 4 de diciembre de 1941 y las dificultades para acceder a los archivos han sido un auténtico escudo para la impunidad de estos crímenes.
P.- ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
R.- La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo.
La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia. Quería contribuir a dar a conocer las distintas posibilidades de acción de las víctimas.
Junto a esto, otra razón fue la absoluta ausencia de textos jurídicos académicos que abordasen los crímenes de desaparición forzada del franquismo, lo que representaba, a su vez, el primer obstáculo a superar para la enseñanza de la asignatura a nuestros alumnos. De este modo, y sobre la base de mis propias investigaciones, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real -una de las pocas que cuentan con una asignatura específica de Derecho Penal Internacional- los crímenes de desaparición forzada del franquismo se estudian como parte del programa de la asignatura. En la medida que resulte posible, pienso invitar a nuestras clases a algunas de las personas y organizaciones implicadas en la causa de los desaparecidos del franquismo ante la Audiencia Nacional y con las que he venido colaborando en estos últimos meses.
P.- ¿Cuáles serían las medidas a adoptar a nivel nacional e internacional?
R.- Resulta difícil hacerse una idea de la dimensión de la tarea de la que estamos hablando, ya que no he encontrado ni un solo tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas que nuestro país no haya incumplido respecto el caso de los niños perdidos. Uno de los ejercicios prácticos que vi con mis alumnos de Derecho Penal Internacional en la Facultad el año pasado fue, precisamente, la comparativa, articulo por artículo, entre proyecto de ley “de la memoria”, y algunos de los principales instrumentos internacionales en materia de reparación a las victimas y lucha contra la impunidad. Ellos mismos no daban crédito de que las cosas se pudiesen estar planteando así ante la situación de los desaparecidos, y hablamos de alumnos de la Licenciatura de Derecho.
Hay que modificar la ley ‘de la memoria’ ante el caso de las fosas y mucho más todavía, si cabe, con el caso de los niños perdidos. O incluso adoptar una nueva legislación específica sobre los desaparecidos. En una de mis investigaciones publicada en Jueces para la Democracia, he localizado una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejan en evidencia lo profundamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos de alguno de los artículos de la ley ‘de la memoria’.
P.- ¿Estos hechos de la desaparición de niños en el franquismo han prescrito?.
R.- Otra cosa más que saco a la luz en mi libro sobre los niños perdidos y que Garzón recoge en su auto, es la incoherencia de aceptar la validez de la condena del Mariscal Keitel en Nuremberg por las desapariciones de personas en del ‘Decreto Noche y Niebla’ de Hitler, fechado el 7 de diciembre de 1941, y que se diga después que la ley de desaparición infantil de Franco, de tan sólo 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, queda fuera del alcance temporal de Nuremberg; que se diga que es una aplicación retroactiva del derecho, que ha prescrito y no sé qué cosas más.
Las responsabilidades del Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo se multiplican al tratarse de víctimas desaparecidas en vida, que continúan vivas, con hermanos e incluso algunas madres de avanzada edad que continúan a la espera del anhelado reencuentro familiar en los últimos momentos de su vida.
Eso nos exige diligencia. Cada día que nuestro Estado continúa incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a estas víctimas, representa otro día más que se les está robando a los niños perdidos y a sus familias. Este hecho dota de un cariz jurídico distinto a todo lo relativo a este tema.
P.- ¿En qué puede afectar la Ley de Memoria Histórica a la reparación de daños?
R.- Por increíble que parezca la ley de la Memoria ni menciona el caso de los niños perdidos, aunque se trate del caso más grave de desapariciones forzadas del franquismo según el derecho internacional, dado el especial carácter indefenso de las víctimas, niños de tan sólo uno ó dos años de edad o a veces ni tan siquiera eso.
De hecho la situación de estas víctimas no ha sido abordada por ninguna otra norma anterior a lo largo de los últimos 30 años de democracia tal y como constato en mi libro. Y con ello mismo también será olvidado el simultáneo carácter de género de estos crímenes contra la humanidad como forma de represalia cruel e inhumana contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia y la igualdad.
Pero si hay una cosa que me gustaría recalcar es la situación en la que, tras años y años, continúan todavía las familias de unos y otros desaparecidos en nuestro país. Me parece profundamente inhumana y equivocada, bajo cualquier punto de vista ético o jurídico; ahora más que nunca tras abrirse nuevas incertidumbres para todas estas personas en nuestro ámbito jurídico interno.
[CIUDAD REAL]

Fuente:* Lanza Digital, 24 de noviembre de 2008

http://www.lanzadig ital.com: 80/diariolanza/ pb/periodico/ periodicodetalle .asp?REG= 23600&sec=CIUDADREAL


Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo

http://www.afar2rep .org
afar2rep@afar2rep. org
------------ --------
Apartado Postal 109.055
28080 Madrid - España

Etiquetas: ,

domingo, 30 de noviembre de 2008

El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo

BOLETÍN INFORMATIVO DE afarIIREP

El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”


Rodríguez es autor del libro en el que fundamenta parte de su auto sobre las desapariciones el juez Garzón


[A. R. ] [Ciudad Real]


El profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, es autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad, investigación en la que ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones durante el franquismo el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, Rodríguez ha recibido varios premios en certámenes jurídicos por trabajos sobre crímenes internacionales y, actualmente, desarrolla una estancia de investigación en la italiana Universidad de Milán, ciudad desde donde aporta su visión sobre las desapariciones de hijos de defensores de la República española, cuyos apellidos fueron modificados y adoptados por “familias afines al régimen”.
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas aproximadamente sufrieron el cambio de identidad? ¿Existen datos de Castilla-La Mancha y Ciudad Real?
RESPUESTA.- Al igual que sucedió con el caso de las fosas de Franco, el problema es que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigación oficial de estos hechos, de modo que no hay datos oficiales. Por ejemplo tras la investigación de la Audiencia Nacional ahora sabemos que en la provincia de Ciudad Real continúa habiendo unos 1.694 ejecutados abandonados en fosas comunes, siendo la segunda provincia de Castilla La Mancha, tan sólo detrás de Toledo, con 3.970 desaparecidos. En todo caso, Ciudad Real es una de las provincias con una cifra más alta de ejecuciones de España.
Aunque todavía cueste hacerse a la idea de tal horror, con más de 7.000 víctimas de las matanzas franquistas, Castilla-La Mancha fue un Srebrenica. No lo digo por decir, las cifras del Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia están ahí. Y todavía estamos hablando de la sexta comunidad autónoma más afectada de España, en Andalucía se asesinó a pie de fosa a más de 32.000 personas que todavía no se sabe donde están.
Pero respecto a los niños perdidos y en ausencia -todavía al menos- de una investigación oficial sólo podemos hablar con detalle de casos descubiertos casi por azar, como el de Vicenta Álvarez, hija del Capitán de la República Melecio Álvarez, fusilado por Franco, a la que, tras cambiársele el apellido, sería entregada posteriormente a una familia de Herencia.
Habrá que esperar a dicha investigación pero parece previsible que la cifra de niños arrebatados a sus madres por la dictadura de Franco supere ampliamente la cifra del conocido caso de los 800 niños perdidos de la Dictadura argentina por cuya recuperación las Abuelas de Plaza de Mayo llevan luchando sin descanso dos décadas, habiendo conseguido localizar y restablecer la identidad de algo más de un centenar de estos.
En el caso español, y según algunas fuentes de las que también se hace eco Garzón en su auto, podríamos estar ante una macabra contabilidad de miles de casos de niños apropiados por la dictadura de Franco.
P.- ¿Dónde se cometieron estos hechos y por qué?
R.- Las vías de la desaparición infantil aludidas en el ‘Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista’, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2007, fueron varias partiendo del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles de Franco, o del robo de niños de entornos guerrilleros -y por tanto las que más se prolongaron en el tiempo, todavía en los años 50- para ser entregados a familias adictas al régimen, pero también se mencionaría la “caza del niño rojo en el extranjero”, en alusión a los secuestros en Francia y otros países de los niños puestos a salvo en las colonias infantiles de la República.
P.- ¿Sería posible un reencuentro con sus familias de origen?
R.- No sólo es que sí lo sería, es que el Estado español debe activar los medios de búsqueda para hacerlo posible, de igual modo que Argentina creó por ley una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos o una Base Nacional de datos Genéticos, que funcionará hasta el año 2050, en razón de las expectativas de vida biológica y de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Aplicar estrictamente los mismos criterios en nuestro país supondría su funcionamiento al menos hasta el año 2020.
De hecho, otros Estados como Salvador o Guatemala fueron recientemente condenados a poner en marcha tales mecanismos ante los casos de los niñas perdidas Serrano Cruz o el niño Molina Theissen. Sin olvidar el caso de las “generaciones robadas” australianas, donde en febrero de este mismo año 2008 el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón en nombre del Estado en el Parlamento y ante las familias y niños recuperados, al tiempo que se encuentra en tramitación una ley de indemnizaciones que podría superar los 250.000 dólares por niño perdido, al margen de las indemnizaciones a sus familias. No creo que se haya llegado a tomar plena conciencia aún de la profunda violación de los derechos humanos, ni las enormes implicaciones jurídicas para nuestro país del caso de los niños perdidos.
P.- ¿Hay familiares que se han reencontrado?
R.- Sí, a pesar de que España se haya desentendido de sus obligaciones hacia estas víctimas, algunos familiares consiguieron localizar a sus hermanos arrebatados a través de programas como ‘Quién sabe dónde’, por puro azar al coincidir con alguien que sirvió en el ejército de la República bajo las órdenes del padre verdadero de la víctima, o incluso recurriendo a investigadores privados sufragados de su propio bolsillo, pero estamos hablando de casos aislados. El arbitrario cambio de apellidos que permitió la ley de Franco de 4 de diciembre de 1941 y las dificultades para acceder a los archivos han sido un auténtico escudo para la impunidad de estos crímenes.
P.- ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
R.- La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo.
La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia. Quería contribuir a dar a conocer las distintas posibilidades de acción de las víctimas.
Junto a esto, otra razón fue la absoluta ausencia de textos jurídicos académicos que abordasen los crímenes de desaparición forzada del franquismo, lo que representaba, a su vez, el primer obstáculo a superar para la enseñanza de la asignatura a nuestros alumnos. De este modo, y sobre la base de mis propias investigaciones, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real -una de las pocas que cuentan con una asignatura específica de Derecho Penal Internacional- los crímenes de desaparición forzada del franquismo se estudian como parte del programa de la asignatura. En la medida que resulte posible, pienso invitar a nuestras clases a algunas de las personas y organizaciones implicadas en la causa de los desaparecidos del franquismo ante la Audiencia Nacional y con las que he venido colaborando en estos últimos meses.
P.- ¿Cuáles serían las medidas a adoptar a nivel nacional e internacional?
R.- Resulta difícil hacerse una idea de la dimensión de la tarea de la que estamos hablando, ya que no he encontrado ni un solo tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas que nuestro país no haya incumplido respecto el caso de los niños perdidos. Uno de los ejercicios prácticos que vi con mis alumnos de Derecho Penal Internacional en la Facultad el año pasado fue, precisamente, la comparativa, articulo por artículo, entre proyecto de ley “de la memoria”, y algunos de los principales instrumentos internacionales en materia de reparación a las victimas y lucha contra la impunidad. Ellos mismos no daban crédito de que las cosas se pudiesen estar planteando así ante la situación de los desaparecidos, y hablamos de alumnos de la Licenciatura de Derecho.
Hay que modificar la ley ‘de la memoria’ ante el caso de las fosas y mucho más todavía, si cabe, con el caso de los niños perdidos. O incluso adoptar una nueva legislación específica sobre los desaparecidos. En una de mis investigaciones publicada en Jueces para la Democracia, he localizado una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejan en evidencia lo profundamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos de alguno de los artículos de la ley ‘de la memoria’.
P.- ¿Estos hechos de la desaparición de niños en el franquismo han prescrito?.
R.- Otra cosa más que saco a la luz en mi libro sobre los niños perdidos y que Garzón recoge en su auto, es la incoherencia de aceptar la validez de la condena del Mariscal Keitel en Nuremberg por las desapariciones de personas en del ‘Decreto Noche y Niebla’ de Hitler, fechado el 7 de diciembre de 1941, y que se diga después que la ley de desaparición infantil de Franco, de tan sólo 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, queda fuera del alcance temporal de Nuremberg; que se diga que es una aplicación retroactiva del derecho, que ha prescrito y no sé qué cosas más.
Las responsabilidades del Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo se multiplican al tratarse de víctimas desaparecidas en vida, que continúan vivas, con hermanos e incluso algunas madres de avanzada edad que continúan a la espera del anhelado reencuentro familiar en los últimos momentos de su vida.
Eso nos exige diligencia. Cada día que nuestro Estado continúa incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a estas víctimas, representa otro día más que se les está robando a los niños perdidos y a sus familias. Este hecho dota de un cariz jurídico distinto a todo lo relativo a este tema.
P.- ¿En qué puede afectar la Ley de Memoria Histórica a la reparación de daños?
R.- Por increíble que parezca la ley de la Memoria ni menciona el caso de los niños perdidos, aunque se trate del caso más grave de desapariciones forzadas del franquismo según el derecho internacional, dado el especial carácter indefenso de las víctimas, niños de tan sólo uno ó dos años de edad o a veces ni tan siquiera eso.
De hecho la situación de estas víctimas no ha sido abordada por ninguna otra norma anterior a lo largo de los últimos 30 años de democracia tal y como constato en mi libro. Y con ello mismo también será olvidado el simultáneo carácter de género de estos crímenes contra la humanidad como forma de represalia cruel e inhumana contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia y la igualdad.
Pero si hay una cosa que me gustaría recalcar es la situación en la que, tras años y años, continúan todavía las familias de unos y otros desaparecidos en nuestro país. Me parece profundamente inhumana y equivocada, bajo cualquier punto de vista ético o jurídico; ahora más que nunca tras abrirse nuevas incertidumbres para todas estas personas en nuestro ámbito jurídico interno.

[CIUDAD REAL]


Fuente:* Lanza Digital, 24 de noviembre de 2008

http://www.lanzadigital.com:80/diariolanza/pb/periodico/periodicodetalle.asp?REG=23600&sec=CIUDADREAL

Etiquetas: , ,