La Fiscalía llamará en julio a declarar a las familias con bebés desaparecidos

DESAPARICIONES | LA ASOCIACIÓN DERECHO A SABER DA CUENTA DE MÁS CASOS
Los 30.000 menores robados del Franquismo
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.

María José Esteso Poves / Madrid
Miércoles 6 de mayo de 2009. Número 101
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.

El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.

Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.

La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.

Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.

Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.

En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.

Teorías de inspiración nazi
El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.

La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.

El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.

Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.

También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.

El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.

Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.

Será usted un niño robado del franquismo? por Benjamín Prado

Extraído del blog de Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo

BENJAMÍN PRADO 16/01/2009

Cuando en el año 2006 publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema central es el de los niños robados por la dictadura a los vencidos de la Guerra Civil, muchos pensaron que la historia que contaba era inventada, o al menos que había exagerado las dimensiones de aquella tragedia. Ahora, la causa contra el franquismo iniciada por el juez Baltasar Garzón y abatida por el fuego amigo y enemigo del Gobierno y de los magistrados conservadores de la Audiencia Nacional les ha puesto un número a esos secuestros, al hablar de más de 30.000 niños segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros del Auxilio Social, hospicios, conventos o seminarios, en donde se los reeducaba según los ideales del fantasmagórico Movimiento Nacional.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

Más de 30.000 niños fueron separados de sus familias y dados en adopción a personas del régimen
Franco dictó dos leyes que daban la patria potestad de los niños al Estado

Como se ve, lo que se contaba en aquel libro era una recreación de la verdad, no un invento, ni mucho menos una suposición, pero esa certeza nos lleva a una pregunta que hoy día, tras más de 30 años de democracia, resulta hiriente: ¿cómo es posible que un drama de semejantes dimensiones se haya mantenido oculto tanto tiempo y que, aún hoy, se dificulte o prohíba su investigación desde las alturas del Estado de derecho? Tal vez sea porque esas alturas siempre están cubiertas por la nieve incontestable de la Transición, que con tanta eficacia decora, idealiza y cubre todo lo que está debajo de ella.

Garzón, que ha intentado salvar parte de su proceso inhibiéndose de él en favor de las salas de instrucción territoriales de toda España, ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a los juzgados decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de "desapariciones legalizadas", son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir. El juez sabe bien lo que dice y cómo decirlo, porque esa palabra, "legalizadas", es el centro del problema.

Los golpistas de 1936 no sólo pretendían exterminar a sus rivales, como demuestran las más de 150.000 personas enterradas en las fosas comunes que el Tribunal Supremo le impide abrir a Garzón, sino también erradicar su ideología. Para conseguirlo, pensaron en quitarles a los republicanos sus hijos para poder sembrar en ellos la doctrina nacionalsindicalista y el odio a las ideas de sus familiares. En esa ciénaga moral hicieron fortuna personajes como el militar y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que había explicado en sus absurdos libros una teoría según la cual el marxismo es una enfermedad mental y contagiosa, por lo cual era necesario separar el grano de la paja, como les gustaba decir a los heraldos negros del Régimen. Cuando los hospicios del Auxilio Social, la organización caritativa fundada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, se llenaron de huérfanos o hijos de presos, y las cárceles acogieron a cientos de mujeres embarazadas o con menores a su cargo, los ladrones de niños tuvieron lugares de sobra donde escoger su botín. Para que el asunto se revistiese de esa legitimidad de la que habla Garzón, al poco de acabar la guerra Franco dictó dos leyes, según las cuales la patria potestad de todos los niños que entraban en el Auxilio Social pasaba a manos del Estado, que de esa manera podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese. A otros se los llevaban recién nacidos, horas antes de fusilar a sus madres, de centros como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, que habían montado junto al río Manzanares. Y a muchos los fue a raptar al extranjero el Servicio Exterior de la Falange, a menudo, a los campos de concentración donde habían ido a parar los exiliados. Según datos recopilados por el historiador Ricard Vinyes, de 32.037 niños enviados por sus padres al exterior fueron repatriados 20.266.

Con los años se han ido reuniendo numerosos testimonios de los supervivientes de aquel horror, unos esbozados en libros pioneros como los de la militante comunista Tomasa Cuevas, y otros debidos al trabajo de historiadores como Miguel Ángel Rodríguez Arias, reciente autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, o el propio Vinyes, que ha asesorado a Garzón y que fue el inspirador del documental Los niños perdidos del franquismo, realizado por Montse Armengou y Ricard Bellis, que puso sobre la mesa ese espanto que sigue entre nosotros, porque como señala Garzón, "las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas".

¿Cuántas personas de este país no son quienes creen ser ni vienen de donde creen venir? Según los datos que obran en el sumario, la cifra de hijos de presas tutelados por el Estado llegó en 1955 a casi 31.000, tal y como le comunicó al propio Franco el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas. Algunas víctimas recuerdan haber sido entregadas en adopción y devueltas por quienes se los habían llevado hasta cuatro veces, y haber tenido, por tanto, cuatro apellidos diferentes. Y en un documento interno de Auxilio Social se reconoce que el asunto se les está yendo de las manos, porque muchos no se llevan a los niños para criarlos como hijos, sino para trabajar en sus tierras o sus casas prácticamente como esclavos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le ha pedido a Garzón que ordene de inmediato que se hagan pruebas de ADN a las víctimas, alegando su edad, porque esa urgencia justificaría que se ocupase del asunto la Audiencia Nacional, y argumenta que aunque la Sala de lo Penal declaró que Garzón no es competente para investigar el genocidio franquista, dejó abierta la puerta a la realización de pruebas inaplazables para averiguar el delito. Para demostrar que el tiempo se acaba, la ARMH recuerda a dos mujeres, Emilia Girón y Marina Álvarez, que murieron el año pasado sin llegar a encontrar a su hijo y a su hermana, y pide que se evite que eso ocurra en otros casos, los de Agustina Gómez, de 100 años, Julia Manzanal, de 93, y los hermanos José y María Setefilla Sánchez, de 75 y 73, que también buscan a sus familiares. Además, consideran clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varios penales, por lo que puede dar fe de cómo los niños eran robados a sus madres.

Será difícil que la iniciativa prospere, porque nuestro país se ha acostumbrado a considerar el abandono que sufren muchos represaliados por la dictadura una especie de mal necesario, cuando no a verlos a ellos como una presencia molesta que enturbia la imagen luminosa que la admirable democracia española quiere dar de sí misma, y olvidando en ocasiones que su meta no es parecer infalible, sino ser justa. ¿Seré yo una niña o un niño robado a mis padres por la dictadura? Esa pregunta se la podrían hacer muchas personas que tal vez sospechen de su pasado, hoy mismo, mientras se arreglan frente al espejo, y no es bueno que su país no quiera responderles.

Benjamín Prado es escritor.

Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo

Público, 08-01-2009



Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo

Cifra en 30.960 los pequeños separados de sus padres y acogidos por religiosos



ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 07/01/2009 22:00



Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.



El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.



Hasta 152.237 víctimas

A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.



Pero, pese a lo novedoso de ese dato, aún lo es más que por primera vez incluye en la lista de juzgados que podrán continuar con la causa a los de las ciudades en los que se produjo el secuestro y cambio de identidad de niños, en cumplimiento de un "plan sistemático de recuperación" de hijos de republicanos.



En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".



En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios.



La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen.