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GERARDO RIVAS
03/12/2008


La Constitución cumple 30 años, si fuera víctima del franquismo, se vestiría de luto; si fuera franquista, de carnaval

Los aniversarios de nuestra vigente Carta Magna son siempre motivo de alegría. No cabe duda de que el balance de su existencia ha sido claramente positivo para la ciudadanía de este país. No obstante, estos cumpleaños traen también a la memoria el recuerdo del momento histórico en el que aquélla fue gestada y, de aquí, deviene alguna grave secuela que aún perdura y que ensombrece el acontecimiento.
Después de una guerra civil y de 40 años de dictadura, España se encontraba en una situación en la que había un gobierno que procedía de esa dictadura; un Jefe del Estado a título de Rey, también nombrado por esa dictadura; y una oposición democrática que tenía sobrada legitimidad desde el punto de vista de los principios, pero que carecía de fuerza para imponer sus posiciones y acabar con el armazón, la maquinaria y los signos del régimen franquista. En el consenso de las fuerzas políticas para lograr la transición a la democracia se dejó aparcada, porque primó el realismo y los intereses de los ciudadanos, la condena a ese régimen y el reconocimiento a todos los que durante él fueron perseguidos, represaliados, exiliados, torturados o asesinados.

Pasaban los años y este país seguía en deuda con las víctimas del franquismo, cuando en el año 1996 la derecha, heredera de aquella que se impuso por la fuerza de las armas, accedió al gobierno de la nación con el apoyo de los votos. Y en ese mismo año, cuando la Constitución cumplía su mayoría de edad, el portavoz del nuevo gobierno lo celebró diciendo aquello de “la Constitución es mayor de edad; si fuera mujer, se vestiría de largo; si fuera hombre, iría a votar”. Pero no, no fue una frase desafortunada, fue la tarjeta de presentación, la confirmación de que la derecha de este país no se había reciclado. Era, desgraciadamente, la misma derecha de siempre. Machista, casposa e irrespetuosa con la Ley de leyes que había permitido, después de muchos años, la convivencia tranquila y democrática entre los españoles.

Pero esto no era mas que el presagio de lo que quedaba por venir. Cuando la izquierda accede de nuevo al poder en el año 2004, convencida de que el país está, por fin, preparado para redimir su deuda con las víctimas del anterior régimen dictatorial, promueve una ley para tratar de restañar las viejas heridas. Ocurre, que a pesar del tiempo transcurrido, éstas permanecen aún abiertas porque han sido parte sustancial de la herencia recibida, durante estos largos años, por muchos españoles.

Pero las herencias van por barrios, y los sucesores físicos e ideológicos de los que apoyaron aquel régimen, envalentonados porque piensan que la factura de la historia ha prescrito, se revuelven en su particular y peculiar limbo e intentan boicotear por todos los medios el reconocimiento a los que, durante tantos años sufrieron el desprecio de la sociedad por haber sido leales a una digna causa a costa, incluso, de sus propias vidas.

Mientras que este resarcimiento no se produzca y hasta que no exista en este país una derecha que se desvincule clara y rotundamente del régimen que nos llevó a la época más negra de nuestra reciente historia, la celebración del aniversario de la Constitución vestirá de luto a los que supieron perdonar con generosidad para lograr que aquella Ley fuera posible. Así, que los que recibieron su perdón y ahora se visten de carnaval para celebrarla, que sepan que el disfraz con el que tratan de ocultarse, antes que encubrirles, delata su cicatería y su mezquindad.

Sería deseable que la actitud de algunos, por el bien de la convivencia de todos, estuviese a la altura de nuestra ya adulta Carta Magna. Para ella, feliz 30 aniversario.

Gerardo Rivas Rico es Licenciado en Ciencias Económicas

El número de niños del franquismo supera al de los nietos de las madres de plaza de mayo

BOLETÍN INFORMATIVO

El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”
Rodríguez es autor del libro en el que fundamenta parte de su auto sobre las desapariciones el juez Garzón


[A. R. ] [Ciudad Real]


El profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, es autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad, investigación en la que ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones durante el franquismo el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, Rodríguez ha recibido varios premios en certámenes jurídicos por trabajos sobre crímenes internacionales y, actualmente, desarrolla una estancia de investigación en la italiana Universidad de Milán, ciudad desde donde aporta su visión sobre las desapariciones de hijos de defensores de la República española, cuyos apellidos fueron modificados y adoptados por “familias afines al régimen”.
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas aproximadamente sufrieron el cambio de identidad? ¿Existen datos de Castilla-La Mancha y Ciudad Real?
RESPUESTA.- Al igual que sucedió con el caso de las fosas de Franco, el problema es que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigación oficial de estos hechos, de modo que no hay datos oficiales. Por ejemplo tras la investigación de la Audiencia Nacional ahora sabemos que en la provincia de Ciudad Real continúa habiendo unos 1.694 ejecutados abandonados en fosas comunes, siendo la segunda provincia de Castilla La Mancha, tan sólo detrás de Toledo, con 3.970 desaparecidos. En todo caso, Ciudad Real es una de las provincias con una cifra más alta de ejecuciones de España.
Aunque todavía cueste hacerse a la idea de tal horror, con más de 7.000 víctimas de las matanzas franquistas, Castilla-La Mancha fue un Srebrenica. No lo digo por decir, las cifras del Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia están ahí. Y todavía estamos hablando de la sexta comunidad autónoma más afectada de España, en Andalucía se asesinó a pie de fosa a más de 32.000 personas que todavía no se sabe donde están.
Pero respecto a los niños perdidos y en ausencia -todavía al menos- de una investigación oficial sólo podemos hablar con detalle de casos descubiertos casi por azar, como el de Vicenta Álvarez, hija del Capitán de la República Melecio Álvarez, fusilado por Franco, a la que, tras cambiársele el apellido, sería entregada posteriormente a una familia de Herencia.
Habrá que esperar a dicha investigación pero parece previsible que la cifra de niños arrebatados a sus madres por la dictadura de Franco supere ampliamente la cifra del conocido caso de los 800 niños perdidos de la Dictadura argentina por cuya recuperación las Abuelas de Plaza de Mayo llevan luchando sin descanso dos décadas, habiendo conseguido localizar y restablecer la identidad de algo más de un centenar de estos.
En el caso español, y según algunas fuentes de las que también se hace eco Garzón en su auto, podríamos estar ante una macabra contabilidad de miles de casos de niños apropiados por la dictadura de Franco.
P.- ¿Dónde se cometieron estos hechos y por qué?
R.- Las vías de la desaparición infantil aludidas en el ‘Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista’, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2007, fueron varias partiendo del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles de Franco, o del robo de niños de entornos guerrilleros -y por tanto las que más se prolongaron en el tiempo, todavía en los años 50- para ser entregados a familias adictas al régimen, pero también se mencionaría la “caza del niño rojo en el extranjero”, en alusión a los secuestros en Francia y otros países de los niños puestos a salvo en las colonias infantiles de la República.
P.- ¿Sería posible un reencuentro con sus familias de origen?
R.- No sólo es que sí lo sería, es que el Estado español debe activar los medios de búsqueda para hacerlo posible, de igual modo que Argentina creó por ley una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos o una Base Nacional de datos Genéticos, que funcionará hasta el año 2050, en razón de las expectativas de vida biológica y de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Aplicar estrictamente los mismos criterios en nuestro país supondría su funcionamiento al menos hasta el año 2020.
De hecho, otros Estados como Salvador o Guatemala fueron recientemente condenados a poner en marcha tales mecanismos ante los casos de los niñas perdidas Serrano Cruz o el niño Molina Theissen. Sin olvidar el caso de las “generaciones robadas” australianas, donde en febrero de este mismo año 2008 el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón en nombre del Estado en el Parlamento y ante las familias y niños recuperados, al tiempo que se encuentra en tramitación una ley de indemnizaciones que podría superar los 250.000 dólares por niño perdido, al margen de las indemnizaciones a sus familias. No creo que se haya llegado a tomar plena conciencia aún de la profunda violación de los derechos humanos, ni las enormes implicaciones jurídicas para nuestro país del caso de los niños perdidos.
P.- ¿Hay familiares que se han reencontrado?
R.- Sí, a pesar de que España se haya desentendido de sus obligaciones hacia estas víctimas, algunos familiares consiguieron localizar a sus hermanos arrebatados a través de programas como ‘Quién sabe dónde’, por puro azar al coincidir con alguien que sirvió en el ejército de la República bajo las órdenes del padre verdadero de la víctima, o incluso recurriendo a investigadores privados sufragados de su propio bolsillo, pero estamos hablando de casos aislados. El arbitrario cambio de apellidos que permitió la ley de Franco de 4 de diciembre de 1941 y las dificultades para acceder a los archivos han sido un auténtico escudo para la impunidad de estos crímenes.
P.- ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
R.- La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo.
La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia. Quería contribuir a dar a conocer las distintas posibilidades de acción de las víctimas.
Junto a esto, otra razón fue la absoluta ausencia de textos jurídicos académicos que abordasen los crímenes de desaparición forzada del franquismo, lo que representaba, a su vez, el primer obstáculo a superar para la enseñanza de la asignatura a nuestros alumnos. De este modo, y sobre la base de mis propias investigaciones, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real -una de las pocas que cuentan con una asignatura específica de Derecho Penal Internacional- los crímenes de desaparición forzada del franquismo se estudian como parte del programa de la asignatura. En la medida que resulte posible, pienso invitar a nuestras clases a algunas de las personas y organizaciones implicadas en la causa de los desaparecidos del franquismo ante la Audiencia Nacional y con las que he venido colaborando en estos últimos meses.
P.- ¿Cuáles serían las medidas a adoptar a nivel nacional e internacional?
R.- Resulta difícil hacerse una idea de la dimensión de la tarea de la que estamos hablando, ya que no he encontrado ni un solo tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas que nuestro país no haya incumplido respecto el caso de los niños perdidos. Uno de los ejercicios prácticos que vi con mis alumnos de Derecho Penal Internacional en la Facultad el año pasado fue, precisamente, la comparativa, articulo por artículo, entre proyecto de ley “de la memoria”, y algunos de los principales instrumentos internacionales en materia de reparación a las victimas y lucha contra la impunidad. Ellos mismos no daban crédito de que las cosas se pudiesen estar planteando así ante la situación de los desaparecidos, y hablamos de alumnos de la Licenciatura de Derecho.
Hay que modificar la ley ‘de la memoria’ ante el caso de las fosas y mucho más todavía, si cabe, con el caso de los niños perdidos. O incluso adoptar una nueva legislación específica sobre los desaparecidos. En una de mis investigaciones publicada en Jueces para la Democracia, he localizado una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejan en evidencia lo profundamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos de alguno de los artículos de la ley ‘de la memoria’.
P.- ¿Estos hechos de la desaparición de niños en el franquismo han prescrito?.
R.- Otra cosa más que saco a la luz en mi libro sobre los niños perdidos y que Garzón recoge en su auto, es la incoherencia de aceptar la validez de la condena del Mariscal Keitel en Nuremberg por las desapariciones de personas en del ‘Decreto Noche y Niebla’ de Hitler, fechado el 7 de diciembre de 1941, y que se diga después que la ley de desaparición infantil de Franco, de tan sólo 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, queda fuera del alcance temporal de Nuremberg; que se diga que es una aplicación retroactiva del derecho, que ha prescrito y no sé qué cosas más.
Las responsabilidades del Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo se multiplican al tratarse de víctimas desaparecidas en vida, que continúan vivas, con hermanos e incluso algunas madres de avanzada edad que continúan a la espera del anhelado reencuentro familiar en los últimos momentos de su vida.
Eso nos exige diligencia. Cada día que nuestro Estado continúa incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a estas víctimas, representa otro día más que se les está robando a los niños perdidos y a sus familias. Este hecho dota de un cariz jurídico distinto a todo lo relativo a este tema.
P.- ¿En qué puede afectar la Ley de Memoria Histórica a la reparación de daños?
R.- Por increíble que parezca la ley de la Memoria ni menciona el caso de los niños perdidos, aunque se trate del caso más grave de desapariciones forzadas del franquismo según el derecho internacional, dado el especial carácter indefenso de las víctimas, niños de tan sólo uno ó dos años de edad o a veces ni tan siquiera eso.
De hecho la situación de estas víctimas no ha sido abordada por ninguna otra norma anterior a lo largo de los últimos 30 años de democracia tal y como constato en mi libro. Y con ello mismo también será olvidado el simultáneo carácter de género de estos crímenes contra la humanidad como forma de represalia cruel e inhumana contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia y la igualdad.
Pero si hay una cosa que me gustaría recalcar es la situación en la que, tras años y años, continúan todavía las familias de unos y otros desaparecidos en nuestro país. Me parece profundamente inhumana y equivocada, bajo cualquier punto de vista ético o jurídico; ahora más que nunca tras abrirse nuevas incertidumbres para todas estas personas en nuestro ámbito jurídico interno.
[CIUDAD REAL]

Fuente:* Lanza Digital, 24 de noviembre de 2008

http://www.lanzadig ital.com: 80/diariolanza/ pb/periodico/ periodicodetalle .asp?REG= 23600&sec=CIUDADREAL


Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo

http://www.afar2rep .org
afar2rep@afar2rep. org
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La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para investigar el franquismo

Publico.es
La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa
Vota

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. - EFE
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01

No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.

Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.

El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia

El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.

Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.

Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.

Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.

"El espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo"

"El espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo"

Gabilondo: "Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada ni a nadie"

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"Como sospechábamos, la intención de Garzón de juzgar por lo penal la sublevación franquista tiene pocos visos de prosperar. El recurso de la Fiscalía es durísimo contra Garzón, tanto en la forma como en el fondo. Se abre una disputa jurídica que no estamos capacitados para valorar. Pero hay otro aspecto, más político, más social, abierto al comentario: es el que se refiere al espíritu de la transición, que dicen ahora traicionado", indicó en el día de ayer Iñaki Gabilondo en el informativo que presenta y dirige a diario en Cuatro.

Para el prestigioso periodista, "el tal espíritu fue la prudencia de una sociedad atemorizada. Fue necesario, fue útil e hizo posible la democracia, pero hay que recordar que fue un ejercicio de generosidad asimétrica. Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada y no perdonaron a nadie. Persiguieron durante cuarenta años a los que consideraron enemigos. Los que perdieron la guerra, por el contrario, no pasaron una sola factura tras la muerte del dictador. La reconciliación nacional fue, sobre todo, un gigantesco acto de perdón de los derrotados gestionado con mucha categoría, eso sí, por los jóvenes del último franquismo, con Suárez a la cabeza".

Borrador
"Pero nunca creímos que aquel espíritu fuera un borrador, un blanqueador de la sublevación y la dictadura, y que la democracia iba a permitir que, pasado algún tiempo, se consagrara en la calle una repugnante equivalencia entre la legalidad republicana y la ilegalidad franquista. Hace unos días dijo Zapatero que el franquismo ya ha sido juzgado por la historia. Desde luego, no por la historia de nuestro país. Recordemos las reticencias y resistencias a la condena en nuestro Parlamento... y hace unas semanas fue elogiado por un prohombre como Mayor Oreja. Entre unas cosas y otras, el espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo", subrayó el periodista de Cuatro.