Pazo de Meirás el Tribunal Superior rechaza el recurso para impedir que el Pazo de Meirás sea un bien cultural.

El Tribunal Superior rechaza el recurso para impedir que el pazo de Meirás sea un bien cultural

Carmen Franco alegó que corre el riesgo de un atentado al abrir el castillo al público

Autor:
Bea Abelairas
Fecha de publicación:
19/6/09

Carmen Franco, la propietaria del pazo de Meirás, alegó en su recurso que si cumple con las exigencias de la declaración de bien de interés cultural (BIC) y abre el recinto al público un mínimo de cuatro días al mes se arriesga a sufrir un atentado, entre otros daños. En el último recurso sobre el caso, que acaba de rechazar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se solicitaba una medida cautelar para suspender el decreto de la Xunta que acordó la declaración de BIC. En el recurso, la familia Franco alertaba del «alto coste que supondría tener que recibir a los visitantes de toda Galicia; sin descartar que puedan existir problemas de orden público ante una eventual manifestación de carácter político».

También considera que se debe valorar el hecho de que cualquier persona «aprovechara la ocasión para cometer algún acto vandálico o un atentado», para cuyo control la propietaria del pazo alega que ya no tiene «competencias». No obstante, el alto tribunal gallego replica que no puede considerar estas cuestiones como unos «perjuicios actualizados, ni tampoco actualizables» y recuerda que suspender la declaración de BIC conllevaría el fin del «régimen de protección de dicho sitio histórico».

En cuanto a los posibles desperfectos que las visitas puedan causar en el patrimonio de la familia Franco, el Tribunal Superior estima lo apuntado por el abogado de la Xunta, a la que ve con capacidad para encontrar «mecanismos resarcitorios».

«Una futura expropiación»

El fallo estima que «no puede considerarse que la recurrente haya aportado una sólida argumentación más allá de tachar de incongruente» la actuación de la Xunta, y tampoco ve fundamentado el argumento de la dueña del pazo de que el objetivo del Gobierno gallego sea «por razones distintas de la conservación del patrimonio y para allanar el camino a una futura expropiación», como tampoco reconoce su reclamación de que la Xunta carece de competencias en esta materia. Por todas esas razones, el tribunal cree que no puede estimar las reclamaciones de la familia Franco, «máxime cuando se ha visto que los perjuicios que puede ocasionar la vigencia del decreto impugnado no son motivo justificado para acordar la medida de suspensión» de la declaración BIC y recuerda que debe prevalecer «el interés público sobre el particular de la interesada». Por ello, desestima la demanda, sin imposición de condena en costas.

La Comisión pola Memoria Histórica reiteró ayer que el Gobierno gallego debe aplicar la ley y sancionar a la familia Franco si no cumple con los deberes de la declaración BIC. La comisión hará una campaña informativa para reclamar la devolución del pazo de Meirás e informar al público con visitas guiadas.