28 fusilados de la guerra civil encuentran descanso con la ayuda del hijo de su presunto verdugo

28 fusilados de la Guerra Civil encuentran descanso con la ayuda del hijo de su presunto verdugo
Un pueblo toledano entierra a un grupo de vecinos ajusticiados hace 71 años en una trinchera por orden supuestamente de un jefe de la Guardia Civil

BRUNO GARCÍA GALLO | Alcaudete de la Jara 08/08/2010



Se le queda pequeño el cementerio al pueblo toledano de Alcaudete de la Jara. Cuatro hoyos recién excavados aguardan, tal vez ya tengan nombre, cerca de la tapia encalada del fondo. Es la penúltima fila de una cuadrícula de granito que se remonta al siglo XIX y alberga a familias enteras. Ayer, goteando plomo el cielo, el ambiente era festivo: los restos de 28 fusilados tras la Guerra Civil volvían de su destierro anónimo en una loma, merced precisamente a la ayuda del hijo del jefe de la Guardia Civil al que testimonios de familiares responsabilizan del fusilamiento. Los deudos ganaban así, tras 71 años, el mismo derecho que el resto de vecinos a llevar flores a una tumba.


Un hombre deposita adornos florales con los colores de la bandera republicana sobre los restos mortales de los 28 fusilados el 25 de abril de 1939 en Alcaudete de la Jara (Toledo), que hoy han sido reinhumados en el cementerio del pueblo en una sepultura única.- EFE



"Quédate la chaqueta". Se la entregó, ya maniatado, Isidoro Cabañas a su hermana. Su improvisado carcelero ("Valentín el del tejar", según testimonios de familiares) asintió: "Sí, adonde vas no te hará falta". No había pasado ni un mes del fin de la guerra. "Los fueron sacando casa por casa, como a conejos de la madriguera". 28 vecinos de entre 17 y 55 años. Se los llevaron en un camión y los fusilaron por orden presuntamente del jefe de la Guardia Civil Bernardo Gómez del Arrollo. Tras el tiro de gracia, "los dejaron caer unos encima de otros" en una trinchera. Aquella tarde del 25 de abril de 1939 "hasta las encinas tiritaron", cuenta Julio, un familiar.

71 años y 34 días después. Un equipo de arquéologos dirigidos por César Pacheco localizó al tercer intento los restos de los ajusticiados. A partir de testimonios de familiares, y con la ayuda de un georadar, exhumaron diez cuerpos de una zanja y otros 18 de otra, separados apenas por dos metros. En su mayoría labriegos, dos tenderos y el último alcalde republicano del pueblo, que gritaba cuando se lo llevaban: "Dejad a mi hijo, ¿para qué lo queréis?". El chico tenía 17 años. "¿Por qué los mataron? Porque les dio la gana", responde una hija de Benito Durán, otro agricultor que perdió la vida. Ella tenía 16 años y recuerda cómo a las mujeres e hijas les raparon la cabeza y las obligaron a caminar desnudas por el pueblo. "A mí no me dieron aceite de ricino como a otras; menos mal, porque me sentaba fatal", cuenta.

25.000 euros de subvención. A finales de 2009, Maribel Montes se organizó con cinco vecinos para crear una agrupación, a la que se unieron más familias. Recordaba lo que su padre le contó del abuelo muerto, su estupor, con solo seis años, cuando lo metieron en el camión. El Gobierno les dio en diciembre una subvención con la que pagar las labores de búsqueda y exhumación. Identificar con ADN habría sido demasiado costoso en dinero y, sobre todo, en tiempo: hasta dos años se hubieran demorado los trabajos. Algunos familiares habían muerto ya antes de ver concluido el proceso, así que decidieron por unanimidad prescindir de la identificación y enterrarlos a todos juntos. "Llevaban 71 años así, ya les daba igual", dice Maribel Montes.

"Vente y lo arreglamos" "Conocía a José del pueblo, era el hijo de don Bernardo [Gómez Arroyo, el alto mando que presuntamente está tras el fusilamiento]. Cuando le expliqué lo que queríamos hacer, me dijo: 'Vente a mi casa y lo arreglamos'. Fui y ya me tenía preparada una llave de la finca. Su padre se casó tras la guerra. Él no había nacido y se enteró de la historia ya muerto Franco". Maribel Montes solo tiene buenas palabras para él. La Ley de Memoria Histórica requiere el permiso del dueño para una exhumación en propiedad privada (aunque permite al Estado sortear este requisito). "No solo nos dejó, incluso acercó en su coche a alguno de los familiares. Se abrazaban a él, lloraban juntos", recuerda Montes.

28 cajas de madera. Con huesos y calaveras, numeradas pero sin nombres. Aguardaban ayer sobre una improvisada mesa en el cementerio de Alcaudete. A su lado, fotos, un peine roto, una medalla de la Virgen y una peseta. "Aquí tenía que estar en grande la foto del asesino", decía una vecina, señalando la urna de cristal con objetos de las víctimas.

Llegó el párroco, que aceptó oficiar el funeral aunque a una hora diferente a la que deseaban los familiares para no tener que alterar sus misas. Fue recibido en silencio, y con un tenso silencio (aliviado con aplausos) se le despidió. Comenzó entonces el homenaje más sentido, con poemas y discursos, y el traslado de las urnas de madera a la tumba. "Recordemos sus nombres", decía una poesía, tras tantos años de olvido, silencio y miedo. Miedo, sí, tanto que Julio, uno de los familiares citados en este artículo, ni siquiera se llama así, quiere anonimato.

Se leyó el nombre de los fusilados, pero también el de los familiares que recuperaron su memoria. Uno de ellos animó a los presentes, cerca de 200: "Habladle a los hijos y nietos de los 28 de la Pradera. Que no se olviden".