Se niega a la familia de Don Angel Ossorio y Gallardo la devolución de lo incautado que está en poder del Archivo de Salamanca

La Audiencia rechaza devolver los documentos incautados durante la Guerra Civil

El tribunal advierte sobre la discriminación que la ley ejerce con los españoles a los que el franquismo arrebató sus documentos, pero rechaza la devolución de éstos a la familia de Ángel Ossorio y Gallardo, defensor de la República y ministro con Alfonso XIII

SERGIO LEÓN - Madrid - 23/12/2008 13:02

La Audiencia Nacional ha lanzado una advertencia sobre la discriminación que sufren los españoles no catalanes cuyos documentos fueron arrebatados por el franquismo, aduciendo que no existe una norma, como la 21/2005 con la que se devolvió a la Generalitat los llamados "papeles de Salamanca", que regule su restitución.

Sin embargo, en el caso de la documentación de Ángel Ossorio y Gallardo (Madrid, 1873-Buenos Aires, 1946), defensor de la República durante la Guerra Civil y ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII, ha rechazado su devolución a la familia porque no hay "sustento legal" para ello, aunque sí declara su derecho a conocer por medio del Ministerio de Cultura si la documentación incautada se encuentra en el Archivo General de la Guerra Civil.

Fuentes de la defensa del caso han declarado a Público que piensan "recurrir al Tribunal Supremo, ya que el ordenamiento jurídico tiene los instrumentos necesarios para eludir el resultado discriminatorio de la incautación de la documentación".

Asimismo, las mismas fuentes han dejado constancia de que "los actos de fuerza producidos durante la Guerra Civil no generan derechos de propiedad a pesar de la posesión prolongada de los documentos", lo que da más fuerza a la posible devolución de todos los documentos incautados.
Declaración de intenciones

A pesar de que el tribunal declara que muchos de los documentos arrebatados por el franquismo y custodiados en el Archivo de Salamanca, como los que reclaman los Ossorio, "constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad", no ha querido ir más allá y la sentencia se ha quedado en una simple declaración de intenciones.
Los documentos "debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados"

"Como patrimonio que son de su intimidad, si así lo desean los interesados o, si ya han fallecido, sus legítimos sucesores, debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados", concluye la resolución, dictada por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

"Sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en aras a preservar ese derecho (...) a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en circunstancias similares", señala el documento.
"Papeles de Salamanca"

La Ley 21/2005, "de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica", regula la restitución de los papeles al Gobierno catalán y a los ciudadanos de esta Comunidad, pero no a los del resto de España.
La Ley de Memoria Histórica tampoco ha remediado la situación


Con la aprobación, hace un año, de la Ley de la Memoria Histórica, se esperaba que la situación pudiera cambiar, pero nada más lejos de la realidad. En este caso, tampoco se habilitó ni reguló los procedimientos a seguir, confirmándose, de hecho, que todos los documentos "obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura" constituyen parte del patrimonio del Estado.

La nueva sentencia de la Audiencia Nacional ha supuesto un mazazo para la familia de Ángel Ossorio. Además de ministro, fue también decano del Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Ateneo y de la Real Academia de Jurisprudencia, diputado nacional, gobernador civil de Barcelona y embajador de España en Bruselas, París y Buenos Aires, según se ha hecho eco la agencia EFE.

Este hombre luchó contra la sublevación franquista y fue defensor de los valores de la República hasta el día de su muerte durante su exilio en Argentina.