Los alcaldes de Alburquerque, Villar del Rey y San Vicente de Alcántara recogen mañana las cenizas de las personas asesinadas en Valdihuelo (Badajoz).

Mañana, víspera de Navidad, ellos también volverán a casa. Eran 30, 60, o 117 personas, hombres y mujeres, la mayoría jóvenes. Uno de ellos tenía sólo 14 años, otro, apenas un año de edad.

Fueron sacados de sus hogares por la fuerza y han permanecido más de 70 años en el interior de la mina de Valdihuelo (San Vicente de Alcántara). Sus restos serán incinerados mañana todos juntos en el crematorio del cementerio nuevo de Badajoz, y luego regresarán en forma de cenizas a sus pueblos de origen.

Por mucho que los paleopatólogos de la Universidad de Extremadura han estudiado los restos, hueso por hueso, no se sabe con certeza cuántos de los que fueron detenidos en las noches de verano de 1936 en los pueblos de Alburquerque, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey terminaron sus días arrojados de cualquier manera en el interior de la mina de Valdihuelo, en realidad una cata minera en forma de pozo, de 12 metros de profundidad.

Los estudios historiográficos estiman que fueron 62 personas, aunque los informes de los paleopatólogos hablan de un mínimo de 30 cuerpos y un máximo de 117. Sus restos, custodiados en la Facultad de Medicina de Badajoz, apenas llenan ahora el interior de una caja del tamaño de un ataúd.

Los huesos, que permanecían custodiados en la Facultad de Medicina, serán incinerados todos juntos por deseo expreso de las familias y el acuerdo de las instituciones y los municipios de origen. Los cuerpos habían permanecido así durante todo este tiempo, mezclados, en la oscuridad y el silencio de la mina, y juntos seguirán. La corrosión y la humedad los dañaron de tal forma que resulta imposible cualquier intento de identificación individualizada.

Tras la incineración, las cenizas serán colocadas en tres urnas distintas que serán recogidas en el lugar por los alcaldes de los tres pueblos que se vieron unidos por el triste destino de sus antiguos vecinos: Andrés Hernáiz (San Vicente de Alcántara); Ángel Vadillo (Alburquerque); y Eduardo Durán (Villar del Rey).

El proceso, cargado de simbolismo, será seguido por responsables de asociaciones de la Memoria Histórica y familiares de algunos de los que fueron arrojados a la mina.

«Cuando no encontramos razones materiales exactas, proponemos símbolos, y en esta historia pasa eso. Como no hay anatomías completas que devolver a las familias, hay que hacer un símbolo, porque el hombre es un animal simbólico que sigue pensando en la trascendencia de la muerte», explica Cayetano Ibarra, coordinador del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.

San Vicente

Andrés Hernáiz se muestra muy satisfecho con la celebración de este acto que pone y punto final a la larga intervención llevada a cabo en Valdihuelo, que empezó a excavarse en 2005.

En su opinión, la solución de incinerar juntos los restos de vecinos fusilados de varios pueblos y luego devolver las cenizas a sus localidades de origen puede servir de ejemplo en otros lugares.

«El espíritu de este acuerdo alcanzado entre las familias y los municipios implicados es muy bueno. La solución tomada es una decisión compleja que costó muchas horas de reflexión y de conversación», explica el alcalde.

En San Vicente de Alcántara ya está todo preparado para recibir las cenizas. En el cementerio, sobre el lugar en el que se cree que está la fosa común de los que fueron fusilados allí, se ha construido un monolito en el que se colocará la urna.

En el monumento se escribirán los nombres de todos los represaliados para que sus familiares y amigos tengan un sitio en el que poner flores y recordarles. «Darles un enterramiento digno era una cuestión pendiente», reconoce Hernáiz.

Alburquerque

En Alburquerque las cenizas permanecerán custodiadas en el Ayuntamiento durante varios meses, hasta la primavera.

El pueblo ha decidido esperar a Rosa Casanovas Roca, la primera persona que rompió el silencio que pesaba en Alburquerque sobre el paradero de los desaparecidos durante la Guerra Civil, y que exigió que se abriera la mina para recuperar los restos de su madre, Serafina Roca Solana que, cuando desapareció, tenía 36 años, y estaba embarazada de seis meses.

Rosa Casanovas, que vive ahora en Gandía, tenía ocho años. «Desde entonces, toda mi vida he tenido en el corazón la obsesión de encontrar a mi madre».

Serafina Roca era una ama de casa, «que sólo se ocupaba de sus hijos, y que nunca entró en cuestiones políticas». Estaba casada con el que era entonces alcalde de la localidad, Martín Casanovas. Cuando llegaron los Nacionales, y sabiendo que habría represalias, el alcalde huyó convencido de que no les pasaría nada a su esposa y a sus dos hijos.

Pero sí pasó. A pesar de su avanzado estado de gestación, fusilaron a Serafina y sus dos hijos quedaron solos en el pueblo, ya que carecían de familia que se hiciera cargo de ellos.

Primero fueron acogidos por los guardianes de la fábrica de su padre, y posteriormente sufrieron un largo periplo hasta que pudieron volver a reencontrarse con su progenitor en París, cuando había terminado la II Guerra Mundial.

Ahora, después de toda una vida esperando ese momento, Rosa no podrá acudir el martes al acto de incineración de los restos de su madre por motivos familiares y de salud. Sin embargo, en reconocimiento a sus esfuerzos, el Ayuntamiento de Alburquerque no procederá al entierro oficial de las cenizas hasta que ella pueda estar presente.

Villar del Rey

En Villar del Rey también esperan las cenizas de los siete vecinos que se cree que fueron arrojados a la mina: Francisco Melara Acosta, Pedro Prudencio Pacheco, Bonifacio Barroso Carballo, Miguel Cano Palacino, Ángel Castaño Robles, Josefa Vivas López y Manuela Muñoz Santo.

El alcalde de la localidad, Eduardo Durán, anuncia que su colocación en el monolito que se erigirá en el cementerio se aplazará hasta que reciban los resultados de las pruebas de ADN que se han realizado a los descendientes de otros represaliados que fueron arrojados en otro paraje, una fosa común situada en el conocido puente de Los Cinco Ojos, oficialmente denominado puente Zapatón, a cinco kilómetros de la carretera de Aliseda.

Aunque se tiene noticia por diversos testigos de los hechos de que a la fosa fueron arrojadas siete personas, de las que se conocen sus nombres y apellidos, al tratarse de un enterramiento muy poco profundo, los huesos encontrados son escasos y muy amalgamados. En la fosa sí aparecieron un crucifijo, pendientes y un espejo que se cree que pertenecían a la mujer que se sabe fue allí fusilada, Olalla Manso Serra.

Más pruebas de ADN

Con el objetivo de dilucidar a quiénes corresponden los restos, se han practicado también pruebas de ADN a los descendientes de los únicos cuatro fusilados de los que aún quedan familiares directos conocidos: Antonio Bueno García, Ezequiel Melara Acosta, Dionisio Pérez Núñez, y Carlos Rodríguez Durán. Cuando lleguen los resultados de las pruebas, el Ayuntamiento organizará un acto simbólico de sepultura para todos los restos de los vecinos represaliados encontrados hasta el momento. Aunque un monolito recordará todos sus nombres, el Consistorio ofrecerá nichos particulares a los familiares que deseen disponer de una sepultura individual.

La excavación de la mina de Valdihuelo fue la primera que se hizo en Extremadura bajo la dirección del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, que en el año 2005 estaba en pleno proceso de gestación.

Primer campo de trabajo

Debido a la escasez de medios y de experiencia, todas las dificultades que planteó la intervención en un pozo de 12 metros de profundidad se fueron abordando sobre la marcha, recuerda Ibarra.

Fue la primera vez que se organizó un campo de trabajo para la excavación de la fosa, que fue dirigida por el paleopatólogo Diego Peral y el historiador Ángel Olmedo. También intervinieron la arqueóloga Inmaculada López y el forense Mariano Casado.

La mayor dificultad, aparte de los trabajos de rescate de los restos, para lo que hubo que bajar al principio con máscaras de oxígeno, fue la clasificación de los huesos, ya que estaban muy deteriorados y mezclados con osamentas de animales.

Tras arrojar los cuerpos al interior de la mina, los autores de los fusilamientos tiraron también dentro varias granadas, algunas de las cuales no explotaron, y tuvieron que ser detonadas 70 años por la Guardia Civil durante las tareas de excavación.

Durante los años siguientes se arrojaron al interior numerosos cuerpos de animales, cuyos restos terminaron mezclándose con los de los humanos. La humedad y el paso del tiempo hicieron también su trabajo de destrucción, por lo que no se pudo plantear la realización de las pruebas de ADN.

En realidad, la apertura de la mina en el año 2005 no sirvió en principio para cerrar heridas ni devolver el sosiego a las familias. La mayoría sólo quería recuperar los cuerpos para darles digna sepultura, y la espera fue demasiado larga.

«En el tiempo que siguió a la excavación de la mina hubo mucho malestar entre los familiares porque nadie les explicó que nunca recuperarían los cuerpos, porque era imposible», reconoce Cayetano Ibarra. Ahora se les dará sus cenizas, y lo que es casi más importante para la Memoria Histórica, sus nombres constarán en los cementerios de sus pueblos como los de todos los muertos que descansan hace tiempo en paz.