ASOCIACION SALAMANCA Y JUSTICIA importantes actividades año 209

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la venta de cartas privadas de 1938 por internet
También ha iniciado los trámites para las pruebas de ADN de los catorce exhumados en Pelabravo en 2007 y realizará diversas actividades este trimestre
16/01/2009

Miembros de la Asociación Memoria y Justicia
La Asociación Salamanca Memoria y Justicia denuncia la venta a través de internet de documentos privados del ex gobernador zamorano Carlos Pinilla, medio millar de cartas de 1938 y 1939, por una cantidad cercana a los 15.000 euros. Así lo ha anunciado el portavoz de esta agrupación, Ricardo Robledo, quien aseguró que "deben estar en un lugar público y no especular con ellas".

La asociación presentó las actividades que realizará durante los próximos meses, pero también anunció que, setenta años después del final de la Guerra Civil, están más cerca de identificar a catorce salmantinos represaliados por los falangistas. Se trata de los restos exhumados en 2007 en Pelabravo, para los que ahora se han solicitado pruebas de ADN al Juzgado Central de Madrid, como explicó Luis Calvo, quien agradeció la colaboración de los familiares directos e indirectos en la toma de muestras para poder devolverles sus restos y darle justa sepultura.

Hasta abril, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia realizará varias actividades, como una conferencia de homenaje a Atilano Coco el 23 de enero, una charla en el edificio histórico de la Universidad el 30 de enero a cargo del historiador Francisco Espinosa, la presentación de dos libros el 13 de febrero en la Hospedería de Fonseca y el tradicional homenaje a los muertos por la Guerra Civil durante la celebración del Día de la República el 14 de abril en el cementerio de Salamanca,

Al respecto, se ha solicitado una subvención al Gobierno para continuar con la inclusión de los nombres de los represaliados salmantinos en el cementerio, pues ya hay más de seiscientos nuevos identificados. De momento, lo que sí ha aprobado ya el Ejecutivo central es una ayuda para realizar homenajes en las provincia, que comenzarán por Béjar y Peñaranda, aunque se quieren celebrar en todas las cabeceras de comarca. "Hay logros incompletos porque la Transición se realizó con una gran desmemoria. Queremos recuperar esa parte olvidada y con el déficit de la justicia, no por venganza, sino para que no haya impunidad", concluyó Ricardo Robledo.

Usan ADN para identificar desaparecidos en Argentina

Usan ADN para identificar desaparecidos en Argentina
Bill Cormier
AP - BUENOS AIRES - 10:14 - 26/03/2008

Los 600 esqueletos guardados en cajas de fruta se apilan sobre los estantes de un armario del laboratorio forense bajo la luz mortecina de una lamparilla. Son el ''esqueleto número 4'' o el ''esqueleto número 21'', sin más referencias.

Pero un cuarto de siglo después del fin de la última dictadura militar argentina y de su ''guerra sucia'' contra los opositores, los avances en genética abren la posibilidad de que esos restos, recuperados de fosas sin marcar de cementerios en todo el país, logren recuperar su identidad.

Los antropólogos han lanzado una ambiciosa campaña inspirándose en las técnicas utilizadas por primera vez en Bosnia y luego en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre.

En anuncios de televisión y radio, artistas famosos exhortan a familiares de desaparecidos a dar una muestra de sangre al banco nacional de datos genéticos. Una línea telefónica de atención gratuita, que funciona de lunes a viernes, es promocionada en los partidos de fútbol.

''Si tienes un familiar que haya sido víctima de la desaparición forzada... una simple muestra de sangre puede ayudar a identificarlo'', dice un popular relator de fútbol en un anuncio de televisión.

La campaña comenzó en noviembre y ya ha empezado a dar resultados.

''Hemos recibido unas 2.000 llamadas telefónicas'', explicó Luis Fondebrider, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, una agrupación independiente fundada en 1984 para documentar los casos de desaparecidos y que ha aplicado sus técnicas en más de 40 países, desde El Salvador a Irak o Timor Oriental. El equipo también fue el responsable de la identificación de los restos del revolucionario Ernesto ''Che'' Guevara, exhumados en la década del noventa, a través del estudio de sus piezas dentales.

La organización sin fines de lucro espera hacer arreglos para que un laboratorio de Estados Unidos coteje las muestras de ADN de los 600 esqueletos guardados en el armario, muchos de los cuales presentan perforaciones de bala en el cráneo o signos de tortura.

El muestreo de ADN a gran escala se ha vuelto más simple y barato desde que fue usado por primera vez en Bosnia, explicó Mercedes Doretti, fundadora del equipo y que en 2007 recibió una ''beca para genios'' de la Fundación MacArthur.

Luego de la guerra de Bosnia a comienzos de los 90, la Comisión Internacional sobre Desaparición de Personas desarrolló un sistema para realizar sofisticados exámenes de ADN a miles de cuerpos exhumados.

Tras el 11 de septiembre los expertos expandieron la tecnología al desarrollar un programa de computación que permitía comparar simultáneamente miles de muestras de ADN con los fragmentos recogidos en las Torres Gemelas.

Pero el grupo de Doretti no tuvo el dinero para acceder a esta tecnología hasta el año pasado, cuando el Congreso de Estados Unidos le otorgó una beca de 1,5 millones de dólares.

El gobierno argentino provee el apoyo logístico, establece las pautas comerciales gratuitas para la difusión de los anuncios de radio y televisión, pone a disposición del equipo los bancos públicos de sangre y acelera la importación del equipamiento necesario para la identificación de los restos.

A su vez, la presidenta Cristina Fernández ha pedido a la justicia que acelere los cientos de juicios a presuntos represores del régimen de facto que se reabrieron luego de que en 2005 fueron derogadas dos leyes de amnistía de la década del 80.

La campaña también podría dar una idea más precisa sobre la cantidad de desaparecidos durante la dictadura de 1976 a 1983 y acortar la brecha entre las cifras de los registros oficiales, que dan cuenta de más de 13 mil casos, y de los grupos de derechos humanos, que hablan de 30 mil.

''Esperamos que se acerque más gente, sobre todo en las provincias'', para denunciar por primera vez la existencia de un familiar desaparecido, dijo Luis Alen, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno.

En la mayoría de los casos, los restos de las víctimas del terrorismo de Estado nunca fueron hallados y de los cuerpos recuperados por el grupo de Doretti, menos de 300 han sido identificados.

La última identificación fue en 2005, cuando un análisis de ADN permitió devolverle el nombre a una víctima de los ''vuelos de la muerte'' cuyo cuerpo la marea había devuelto a la costa años antes. La monja francesa Leonie Duquet recibió un emotivo funeral en la misma iglesia de Buenos Aires de la que había sido secuestrada en 1977.

Se cree que cientos de personas fueron arrojadas al mar desde helicópteros frente a las costas argentinas.

La misma tecnología genética permitió identificar al hermano de Hugo Omar Argente, Jorge, un joven activista cuyo cuerpo fue hallado entre otros 30 dinamitados durante una masacre en 1976.

''Querían hacer desaparecer los cuerpos'', dijo Argente, de 55 años. ''Me enteré el 17 de marzo de 2000, cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que los resultados de los análisis lo habían identificado. Lloré y lloré''.

Los alcaldes de Alburquerque, Villar del Rey y San Vicente de Alcántara recogen mañana las cenizas de las personas asesinadas en Valdihuelo (Badajoz).

Mañana, víspera de Navidad, ellos también volverán a casa. Eran 30, 60, o 117 personas, hombres y mujeres, la mayoría jóvenes. Uno de ellos tenía sólo 14 años, otro, apenas un año de edad.

Fueron sacados de sus hogares por la fuerza y han permanecido más de 70 años en el interior de la mina de Valdihuelo (San Vicente de Alcántara). Sus restos serán incinerados mañana todos juntos en el crematorio del cementerio nuevo de Badajoz, y luego regresarán en forma de cenizas a sus pueblos de origen.

Por mucho que los paleopatólogos de la Universidad de Extremadura han estudiado los restos, hueso por hueso, no se sabe con certeza cuántos de los que fueron detenidos en las noches de verano de 1936 en los pueblos de Alburquerque, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey terminaron sus días arrojados de cualquier manera en el interior de la mina de Valdihuelo, en realidad una cata minera en forma de pozo, de 12 metros de profundidad.

Los estudios historiográficos estiman que fueron 62 personas, aunque los informes de los paleopatólogos hablan de un mínimo de 30 cuerpos y un máximo de 117. Sus restos, custodiados en la Facultad de Medicina de Badajoz, apenas llenan ahora el interior de una caja del tamaño de un ataúd.

Los huesos, que permanecían custodiados en la Facultad de Medicina, serán incinerados todos juntos por deseo expreso de las familias y el acuerdo de las instituciones y los municipios de origen. Los cuerpos habían permanecido así durante todo este tiempo, mezclados, en la oscuridad y el silencio de la mina, y juntos seguirán. La corrosión y la humedad los dañaron de tal forma que resulta imposible cualquier intento de identificación individualizada.

Tras la incineración, las cenizas serán colocadas en tres urnas distintas que serán recogidas en el lugar por los alcaldes de los tres pueblos que se vieron unidos por el triste destino de sus antiguos vecinos: Andrés Hernáiz (San Vicente de Alcántara); Ángel Vadillo (Alburquerque); y Eduardo Durán (Villar del Rey).

El proceso, cargado de simbolismo, será seguido por responsables de asociaciones de la Memoria Histórica y familiares de algunos de los que fueron arrojados a la mina.

«Cuando no encontramos razones materiales exactas, proponemos símbolos, y en esta historia pasa eso. Como no hay anatomías completas que devolver a las familias, hay que hacer un símbolo, porque el hombre es un animal simbólico que sigue pensando en la trascendencia de la muerte», explica Cayetano Ibarra, coordinador del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.

San Vicente

Andrés Hernáiz se muestra muy satisfecho con la celebración de este acto que pone y punto final a la larga intervención llevada a cabo en Valdihuelo, que empezó a excavarse en 2005.

En su opinión, la solución de incinerar juntos los restos de vecinos fusilados de varios pueblos y luego devolver las cenizas a sus localidades de origen puede servir de ejemplo en otros lugares.

«El espíritu de este acuerdo alcanzado entre las familias y los municipios implicados es muy bueno. La solución tomada es una decisión compleja que costó muchas horas de reflexión y de conversación», explica el alcalde.

En San Vicente de Alcántara ya está todo preparado para recibir las cenizas. En el cementerio, sobre el lugar en el que se cree que está la fosa común de los que fueron fusilados allí, se ha construido un monolito en el que se colocará la urna.

En el monumento se escribirán los nombres de todos los represaliados para que sus familiares y amigos tengan un sitio en el que poner flores y recordarles. «Darles un enterramiento digno era una cuestión pendiente», reconoce Hernáiz.

Alburquerque

En Alburquerque las cenizas permanecerán custodiadas en el Ayuntamiento durante varios meses, hasta la primavera.

El pueblo ha decidido esperar a Rosa Casanovas Roca, la primera persona que rompió el silencio que pesaba en Alburquerque sobre el paradero de los desaparecidos durante la Guerra Civil, y que exigió que se abriera la mina para recuperar los restos de su madre, Serafina Roca Solana que, cuando desapareció, tenía 36 años, y estaba embarazada de seis meses.

Rosa Casanovas, que vive ahora en Gandía, tenía ocho años. «Desde entonces, toda mi vida he tenido en el corazón la obsesión de encontrar a mi madre».

Serafina Roca era una ama de casa, «que sólo se ocupaba de sus hijos, y que nunca entró en cuestiones políticas». Estaba casada con el que era entonces alcalde de la localidad, Martín Casanovas. Cuando llegaron los Nacionales, y sabiendo que habría represalias, el alcalde huyó convencido de que no les pasaría nada a su esposa y a sus dos hijos.

Pero sí pasó. A pesar de su avanzado estado de gestación, fusilaron a Serafina y sus dos hijos quedaron solos en el pueblo, ya que carecían de familia que se hiciera cargo de ellos.

Primero fueron acogidos por los guardianes de la fábrica de su padre, y posteriormente sufrieron un largo periplo hasta que pudieron volver a reencontrarse con su progenitor en París, cuando había terminado la II Guerra Mundial.

Ahora, después de toda una vida esperando ese momento, Rosa no podrá acudir el martes al acto de incineración de los restos de su madre por motivos familiares y de salud. Sin embargo, en reconocimiento a sus esfuerzos, el Ayuntamiento de Alburquerque no procederá al entierro oficial de las cenizas hasta que ella pueda estar presente.

Villar del Rey

En Villar del Rey también esperan las cenizas de los siete vecinos que se cree que fueron arrojados a la mina: Francisco Melara Acosta, Pedro Prudencio Pacheco, Bonifacio Barroso Carballo, Miguel Cano Palacino, Ángel Castaño Robles, Josefa Vivas López y Manuela Muñoz Santo.

El alcalde de la localidad, Eduardo Durán, anuncia que su colocación en el monolito que se erigirá en el cementerio se aplazará hasta que reciban los resultados de las pruebas de ADN que se han realizado a los descendientes de otros represaliados que fueron arrojados en otro paraje, una fosa común situada en el conocido puente de Los Cinco Ojos, oficialmente denominado puente Zapatón, a cinco kilómetros de la carretera de Aliseda.

Aunque se tiene noticia por diversos testigos de los hechos de que a la fosa fueron arrojadas siete personas, de las que se conocen sus nombres y apellidos, al tratarse de un enterramiento muy poco profundo, los huesos encontrados son escasos y muy amalgamados. En la fosa sí aparecieron un crucifijo, pendientes y un espejo que se cree que pertenecían a la mujer que se sabe fue allí fusilada, Olalla Manso Serra.

Más pruebas de ADN

Con el objetivo de dilucidar a quiénes corresponden los restos, se han practicado también pruebas de ADN a los descendientes de los únicos cuatro fusilados de los que aún quedan familiares directos conocidos: Antonio Bueno García, Ezequiel Melara Acosta, Dionisio Pérez Núñez, y Carlos Rodríguez Durán. Cuando lleguen los resultados de las pruebas, el Ayuntamiento organizará un acto simbólico de sepultura para todos los restos de los vecinos represaliados encontrados hasta el momento. Aunque un monolito recordará todos sus nombres, el Consistorio ofrecerá nichos particulares a los familiares que deseen disponer de una sepultura individual.

La excavación de la mina de Valdihuelo fue la primera que se hizo en Extremadura bajo la dirección del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, que en el año 2005 estaba en pleno proceso de gestación.

Primer campo de trabajo

Debido a la escasez de medios y de experiencia, todas las dificultades que planteó la intervención en un pozo de 12 metros de profundidad se fueron abordando sobre la marcha, recuerda Ibarra.

Fue la primera vez que se organizó un campo de trabajo para la excavación de la fosa, que fue dirigida por el paleopatólogo Diego Peral y el historiador Ángel Olmedo. También intervinieron la arqueóloga Inmaculada López y el forense Mariano Casado.

La mayor dificultad, aparte de los trabajos de rescate de los restos, para lo que hubo que bajar al principio con máscaras de oxígeno, fue la clasificación de los huesos, ya que estaban muy deteriorados y mezclados con osamentas de animales.

Tras arrojar los cuerpos al interior de la mina, los autores de los fusilamientos tiraron también dentro varias granadas, algunas de las cuales no explotaron, y tuvieron que ser detonadas 70 años por la Guardia Civil durante las tareas de excavación.

Durante los años siguientes se arrojaron al interior numerosos cuerpos de animales, cuyos restos terminaron mezclándose con los de los humanos. La humedad y el paso del tiempo hicieron también su trabajo de destrucción, por lo que no se pudo plantear la realización de las pruebas de ADN.

En realidad, la apertura de la mina en el año 2005 no sirvió en principio para cerrar heridas ni devolver el sosiego a las familias. La mayoría sólo quería recuperar los cuerpos para darles digna sepultura, y la espera fue demasiado larga.

«En el tiempo que siguió a la excavación de la mina hubo mucho malestar entre los familiares porque nadie les explicó que nunca recuperarían los cuerpos, porque era imposible», reconoce Cayetano Ibarra. Ahora se les dará sus cenizas, y lo que es casi más importante para la Memoria Histórica, sus nombres constarán en los cementerios de sus pueblos como los de todos los muertos que descansan hace tiempo en paz.