Decepción por la ley de la memoria histórica?

A pesar de las reticencias que se tiene de anular los juicios del franquismo, es necesario llevarlo a cabo. Romper con la justicia franquista es dar por sentado de que fue un gobierno ilegítimo

Igor Barrenetxea | Ahaztuak 1936-1977 | 7-1-2009 | 229 lecturas
www.kaosenlared.net
La fría mirada que han vertido las asociaciones de víctimas de la guerra y del franquismo sobre las realizaciones incumplidas de la Ley de la Memoria, tras un año de vigencia, nos despierta del ensueño de cicatrizar el pasado de una vez para siempre. Según el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, la ley "no ha servido para nada" (DEIA, 25/12/2008), porque no se ha agilizado el proceso de encontrar a miles de desaparecidos ni tampoco se ha aplicado una política de exhumaciones, debido a que se ha delegado en las comunidades autónomas. El hecho de que el tiempo corre en detrimento de los familiares de los desaparecidos, en su mayoría de edad avanzada, ha sido otro de los aspectos que no se han tenido en cuenta. Porque la ley, en este sentido, debió de haberse dotado de los mecanismos adecuados para actuar en consecuencia. Además, se ha criticado con dureza que los certificados que está emitiendo el Ministerio de Justicia sobre la condición de víctima se hace en privado y que no va acompañado de ningún tipo de prestación, lo cual lo convierte en un papel inútil a ojos de quienes han sufrido las heridas de la represión.

En suma, se considera que todavía no ha formalizado una "reparación digna" de tal nombre, en la que el presidente Zapatero exprese su compromiso con las víctimas.

Desde la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo se considera que la ley no ha permitido avanzar en dos de los campos que tan necesariamente se requerían para satisfacer sus demandas: "La anulación de los juicios y la exhumación de las fosas". La lista de tareas pendientes por la ley son numerosas como, por ejemplo, la realización de un mapa de fosas o la formalización de un protocolo para practicar las exhumaciones.

A todo ello se suma el hondo lamento de que no se aplique el derecho internacional, aludiendo al proceso que fallidamente intentó impulsar el juez Garzón desde la Audiencia Nacional, para que los crímenes del franquismo sean catalogados de lesa humanidad como aconsejaba la o­nU. Después de muchos meses de polémica, de guerra abierta entre los distintos medios de comunicación afines a una sensibilidad u otra, el proceso irreversible que debería haber sido la culminación de la recuperación de la memoria se ha convertido en un ejercicio más intelectual que de orden social.

Los historiadores que nos hemos alineado abiertamente por hacer del pasado un lugar de encuentro y rectificación, sólo hemos podido contribuir con nuestras letras escritas, revelando y mostrando al público la importancia infausta que tuvo el horror de aquella represión. Hemos dado pie a validar la singularidad que cobra la memoria en toda sociedad democrática. No sólo hablamos de la dignidad de quienes han perdido a un familiar o de quienes tuvieron que sufrir la dureza de la represión, sino de incorporar a la sociedad española para que asuma su historia de una forma veraz, porque sólo de este modo la educación en los valores democráticos será completa. Pero allí donde no puede llegar la labor del juicio histórico ha de hacerlo la política, en este caso, con acciones directas sobre la forma en que hay de hacer de la memoria un proceso de restitución (y no de invención como en algunos círculos se ha afirmado para desacreditarla).

Para ello,La fría mirada que han vertido las asociaciones de víctimas de la guerra y del franquismo sobre las realizaciones incumplidas de la Ley de la Memoria, tras un año de vigencia, nos despierta del ensueño de cicatrizar el pasado de una vez para siempre. Según el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, la ley "no ha servido para nada" (DEIA, 25/12/2008), porque no se ha agilizado el proceso de encontrar a miles de desaparecidos ni tampoco se ha aplicado una política de exhumaciones, debido a que se ha delegado en las comunidades autónomas. El hecho de que el tiempo corre en detrimento de los familiares de los desaparecidos, en su mayoría de edad avanzada, ha sido otro de los aspectos que no se han tenido en cuenta. Porque la ley, en este sentido, debió de haberse dotado de los mecanismos adecuados para actuar en consecuencia.

Además, se ha criticado con dureza que los certificados que está emitiendo el Ministerio de Justicia sobre la condición de víctima se hace en privado y que no va acompañado de ningún tipo de prestación, lo cual lo convierte en un papel inútil a ojos de quienes han sufrido las heridas de la represión.

En suma, se considera que todavía no ha formalizado una "reparación digna" de tal nombre, en la que el presidente Zapatero exprese su compromiso con las víctimas.

Desde la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo se considera que la ley no ha permitido avanzar en dos de los campos que tan necesariamente se requerían para satisfacer sus demandas: "La anulación de los juicios y la exhumación de las fosas". La lista de tareas pendientes por la ley son numerosas como, por ejemplo, la realización de un mapa de fosas o la formalización de un protocolo para practicar las exhumaciones.

A todo ello se suma el hondo lamento de que no se aplique el derecho internacional, aludiendo al proceso que fallidamente intentó impulsar el juez Garzón desde la Audiencia Nacional, para que los crímenes del franquismo sean catalogados de lesa humanidad como aconsejaba la o­nU. Después de muchos meses de polémica, de guerra abierta entre los distintos medios de comunicación afines a una sensibilidad u otra, el proceso irreversible que debería haber sido la culminación de la recuperación de la memoria se ha convertido en un ejercicio más intelectual que de orden social.

Los historiadores que nos hemos alineado abiertamente por hacer del pasado un lugar de encuentro y rectificación, sólo hemos podido contribuir con nuestras letras escritas, revelando y mostrando al público la importancia infausta que tuvo el horror de aquella represión. Hemos dado pie a validar la singularidad que cobra la memoria en toda sociedad democrática. No sólo hablamos de la dignidad de quienes han perdido a un familiar o de quienes tuvieron que sufrir la dureza de la represión, sino de incorporar a la sociedad española para que asuma su historia de una forma veraz, porque sólo de este modo la educación en los valores democráticos será completa. Pero allí donde no puede llegar la labor del juicio histórico ha de hacerlo la política, en este caso, con acciones directas sobre la forma en que hay de hacer de la memoria un proceso de restitución (y no de invención como en algunos círculos se ha afirmado para desacreditarla). Para ello, debería de haberse satisfecho la demanda de las familias de los represaliados. La ley era esencial para hacer de la memoria un lugar capital para la salvaguarda de su dignidad. Con ella asumíamos la responsabilidad que tenemos con todos y cada uno de los que sufrieron en nombre de la libertad. Pero los socialistas no han ido al fondo del asunto, en el compromiso que adquirieron de convertir la Ley de la Memoria en una pieza básica y se ha quedado en agua de borrajas. Ahí está el problema.

Más amarga que la decepción del silencio consentido es la incomprensión cuando se ha creído que, por fin, se iba a dotar de significado el asesinato de aquellos que cayeron víctimas de la política de exterminio que aplicó con saña voraz el régimen de Franco.

El pasado es una pieza esencial de cuanto somos a pesar de las reticencias de algunos. Sin memoria no somos nada. Es un acto de responsabilidad con los valores que ostentamos como sociedad. Pero no restituirla por completo implica ingratitud y desidia. Por ello, cuando la Historia es capaz de revelar el grado de tragedia social vivida y constatar las perversas políticas de la memoria que se han seguido de ignorar lo sucedido, es crucial que la ley restablezca la validez de la conciencia de quienes fueron tan indignamente represaliados. En el cine, filmes como Las 13 Rosas, Los girasoles ciegos o La buena nueva, que han tenido una notable acogida, recogen la necesidad de esta sociedad por restablecer la memoria, haciendo de la imagen un lugar de reflexión, conciliación y recuerdo, en el que seamos capaces de asumir nuestras propias derrotas sociales. Sin embargo, aparte de esa reflexión, no como un valor neutro sino con un carácter comprensivo, que se hace necesaria a la hora de hablar de la memoria, hace falta dar pasos concretos y eficientes. A pesar de las reticencias que se tiene de anular los juicios del franquismo, es necesario llevarlo a cabo. Romper con la justicia franquista es dar por sentado de que fue un gobierno ilegítimo.

Del mismo modo, hay que articular una política en la que se concreten las exhumaciones y se perfile un mapa de todas las fosas, para conocer la magnitud de los hechos. Finalmente, tras el fallido intento de Garzón de llevar al banquillo de los acusados al régimen por crímenes contra la humanidad, lo que debemos hacer es esforzarnos en concretar esta política para que la Ley de la Memoria se convierta en un activo de la capacidad que tenemos para asumir el pasado. Aún en tiempos de crisis, la verdadera faz de una sociedad cívica reside en atender a estos aspectos morales sobre la dignidad de las personas y no importa el lugar ni mucho menos el tiempo transcurrido para hacerlo.

Con ella asumíamos la responsabilidad que tenemos con todos y cada uno de los que sufrieron en nombre de la libertad. Pero los socialistas no han ido al fondo del asunto, en el compromiso que adquirieron de convertir la Ley de la Memoria en una pieza básica y se ha quedado en agua de borrajas. Ahí está el problema.

Más amarga que la decepción del silencio consentido es la incomprensión cuando se ha creído que, por fin, se iba a dotar de significado el asesinato de aquellos que cayeron víctimas de la política de exterminio que aplicó con saña voraz el régimen de Franco.

El pasado es una pieza esencial de cuanto somos a pesar de las reticencias de algunos. Sin memoria no somos nada. Es un acto de responsabilidad con los valores que ostentamos como sociedad. Pero no restituirla por completo implica ingratitud y desidia. Por ello, cuando la Historia es capaz de revelar el grado de tragedia social vivida y constatar las perversas políticas de la memoria que se han seguido de ignorar lo sucedido, es crucial que la ley restablezca la validez de la conciencia de quienes fueron tan indignamente represaliados. En el cine, filmes como Las 13 Rosas, Los girasoles ciegos o La buena nueva, que han tenido una notable acogida, recogen la necesidad de esta sociedad por restablecer la memoria, haciendo de la imagen un lugar de reflexión, conciliación y recuerdo, en el que seamos capaces de asumir nuestras propias derrotas sociales. Sin embargo, aparte de esa reflexión, no como un valor neutro sino con un carácter comprensivo, que se hace necesaria a la hora de hablar de la memoria, hace falta dar pasos concretos y eficientes. A pesar de las reticencias que se tiene de anular los juicios del franquismo, es necesario llevarlo a cabo. Romper con la justicia franquista es dar por sentado de que fue un gobierno ilegítimo.

Del mismo modo, hay que articular una política en la que se concreten las exhumaciones y se perfile un mapa de todas las fosas, para conocer la magnitud de los hechos. Finalmente, tras el fallido intento de Garzón de llevar al banquillo de los acusados al régimen por crímenes contra la humanidad, lo que debemos hacer es esforzarnos en concretar esta política para que la Ley de la Memoria se convierta en un activo de la capacidad que tenemos para asumir el pasado. Aún en tiempos de crisis, la verdadera faz de una sociedad cívica reside en atender a estos aspectos morales sobre la dignidad de las personas y no importa el lugar ni mucho menos el tiempo transcurrido para hacerlo.