El tiempo se acaba para las víctimas de Franco.

Hay magistrados convencidos de que la Guerra Civil arrancó en 1934 y que la Ley de Memoria Histórica es "una perversión ética" que "corrompe y envenena el presente".

Hay jueces que creen que el 18 de julio de 1936 Franco inició un plan de exterminio de rojos que provocó la desaparición de más de 150.000 personas y la sustracción de cerca de 30.000 niños.
Hay jueces, pocos, que se creen competentes para ordenar la apertura de las fosas comunes donde yacen las víctimas. Otros, algunos más, que opinan que no es de su incumbencia. Y la mayoría, que guardan silencio y dejan en un cajón la causa que recibieron de la Audiencia Nacional hace meses para levantar los cadáveres de las cunetas.



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"Nos sentimos desahuciados", resume la nieta de un fusilado

La Ley de Memoria es "una perversión ética" para el magistrado Prego

"En otros países nadie se plantea que se haga sin un juez", afirma un forense

"La identificación por ADN se ha sofisticado y abaratado mucho", dice un magistrado

En Bosnia, 15.000 víctimas han sido identificadas gracias a un bando de ADN
Mientras unos y otros debaten si iniciar una causa para abrir las fosas de Franco es o no prevaricación y si deben o no encargarse de esos enterramientos clandestinos en el pueblo más cercano a su jurisdicción, miles de familiares de víctimas esperan. Algunos, desde 1936. Muchos han muerto esperando.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), insiste con frecuencia en ese dato: los hijos de los desaparecidos de la Guerra Civil tienen, como mínimo, 70 años (el pasado 1 de abril se cumplió ese mismo aniversario del fin de la contienda). Y se mueren. "No hay tiempo", repite Silva, cada vez que un nuevo obstáculo, una discrepancia judicial, pospone el deseo de los familiares de enterrar a las víctimas en un lugar distinto al que fueron arrojados por sus asesinos.

Éste es el recorrido de alegrías y disgustos que esas familias han disfrutado o padecido durante los últimos años a través de autos y silencios judiciales o leyes estatales y autonómicas hasta llegar a un punto muerto donde se investiga al juez que quiso investigar los crímenes del franquismo y el Gobierno pide a las autonomías que asuman la competencia sobre fosas y todas, menos dos, se niegan. "Nos sentimos desahuciados", resume la nieta de un fusilado.

Llevaron las desapariciones de los suyos a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Hasta entonces, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica recurrían al juzgado provincial del lugar donde se encontraba la fosa para que iniciara una investigación que culminara con la exhumación de las víctimas y los juzgados nunca contestaban. El 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón, atendiendo sus denuncias, abría una causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad y ordenaba la apertura de 19 fosas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, que yace junto a los banderilleros Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, y el maestro Dióscoro Galindo. La alegría de los familiares de estos dos últimos fue inmensa, porque durante años, habían tropezado con la oposición de los Lorca para abrir la fosa. "Llevo 10 años esperando este momento. Me parece un sueño", explicó Nieves Galindo, nieta del maestro. Pese a todo, había dos cosas que impedían que la alegría fuera completa. La primera, las ausencias: "Siento que mi padre se lo pierda. Le hubiese gustado mucho oír esta noticia", declaró Nieves.

Y la segunda, un sensato escepticismo a la vista de lo que ocurrió después, y que aquel día de euforia no podía disimular Paco Galadí, nieto del banderillero enterrado con Lorca: "Antes de morir, mi padre me pidió que lo siguiera intentando. Hasta que no vea la fosa abierta no me lo creo. Son muchos años y muchas decepciones".

Para entonces ya habían vivido unas cuantas, salpicadas por pequeños triunfos como atravesar la puerta de la Audiencia Nacional para llevar a un juez el informe más detallado de la represión franquista, con los nombres, investigados uno a uno, de 143.353 paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura de la causa por entender que se trataba de delitos comunes ya prescritos. El pleno de la Sala de lo Penal del tribunal decidió, en una reunión convocada con una insólita urgencia, paralizar las exhumaciones ordenadas por Garzón, quien poco después, en noviembre de 2008, se inhibía a favor de 62 juzgados territoriales donde estaban las fosas. Vuelta al principio.

Desde entonces no se ha abierto ninguna con la autorización de un juzgado. El de Porriño (Pontevedra) archivó la causa al considerar que no había delito puesto que no había autor conocido del mismo. En Ponferrada, dos juzgados pelean para deshacerse del exhorto de Garzón intentando que lo asuma el otro. También se han negado juzgados de Zaragoza, Huelva y Granada, que recibió la causa sobre la fosa de Lorca. La juez Aurora Fernández se declaró incompetente, en contra del criterio del fiscal, para investigar los hechos, pero alegando que el tribunal competente, puesto que para ella se trataba de crímenes contra la humanidad, es precisamente el que le envió la causa, la Audiencia Nacional.

La exhumación que hoy arranca en Santa Marta de Tera (Zamora) es la primera que se abre en España con supervisión judicial, en este caso de la juez de Benavente Tania Chico.

La situación se complicó aún más para las familias al admitir a trámite el Tribunal Supremo una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Garzón por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Doce asociaciones dedicadas a ayudar a los familiares de las víctimas presentaron un escrito de recusación contra los magistrados del Supremo por "el fundado temor de falta de imparcialidad" y se autoinculparon en la querella de Manos Limpias con 113 firmas como "cooperadores necesarios o inductores" de las actuaciones de Garzón. La oficina de atención a las víctimas de la ARMH ha enviado al juez el desconsolado mensaje de apoyo que la nieta de un fusilado dejó en su contestador al conocer la noticia.

Los "fundados temores de falta de imparcialidad" se dirigían especialmente al magistrado Adolfo Prego, ponente de la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias y patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, presidida por un cargo del PP y muy próxima al querellante. Prego se opone radicalmente al proceso impulsado por la Ley de Memoria Histórica; tanto, como indica la frase con la que arranca este texto y que suscribió con su firma en un manifiesto titulado Por la verdad histórica, que firman también Jiménez Losantos o Pío Moa.

Pese a todo, Silva piensa que este nuevo varapalo puede ser finalmente una oportunidad para los que buscan. "Si la querella contra Garzón se archiva, ¿significa que sí es competente y que puede volver a encargarse de ello?", se pregunta.

Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, advierte: "El derecho no es una ciencia exacta". A continuación explica que los juzgados de instrucción "no pueden ejercer competencias más allá de las que tienen legalmente atribuidas: esclarecer unos hechos con indicios de naturaleza delictiva e investigarlos con el objetivo último de depurar responsabilidades". En este caso, señala, los que podrían haberlos cometido han muerto. Por eso, piensa que "no es el poder judicial" quien tiene que encargarse de la localización de víctimas de la Guerra Civil, sino otros, como el político.

La progresista asociación Jueces para la Democracia no está de acuerdo. Recientemente organizó en Madrid, con la asociación de magistrados europeos por la democracia y las libertades (MEDEL), un "coloquio internacional sobre la memoria" con la pregunta: "¿Se puede juzgar la historia?". Durante dos días, magistrados, investigadores, abogados, fiscales y ONG trataron de responderla. En su declaración de conclusiones, escribieron: "Las políticas de la memoria desarrolladas actualmente en España no han puesto todavía remedio integral a la situación de abandono y vulneración de los derechos humanos de los miles de desaparecidos de la represión franquista y sus familiares (...) Hay que subrayar la obligación de los Estados de emprender por propia iniciativa de sus autoridades y no de los familiares o asociaciones privadas una investigación oficial efectiva e independiente en todos los casos de desaparición forzada de los que se tenga noticia. Esta obligación se desprende de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y ha sido reafirmada por jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Uno de los participantes en aquellas jornadas, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex juez internacional de la Sala de crímenes de guerra del Tribunal de Bosnia-Herzegovina José Ricardo de Prada, opina que el hecho de que los presuntos verdugos hayan muerto no elimina "las obligaciones judiciales de buscar a los desaparecidos". Las actuaciones judiciales, añade, "tienen una obligación de investigar ese hecho delictivo. Los culpables son un paso posterior. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas. España, un país que ha sido modelo en causas de justicia universal, todavía tiene en casa los deberes sin hacer".

En la misma línea, Amaya Olivas opina: "Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos". Esta juez de instrucción destinada en Barcelona realizó un protocolo judicial para orientar a sus colegas porque le parecía "vergonzoso" cómo salían huyendo cuando les llegaba un caso. "Si alguien encuentra unos restos humanos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?".

Esa discusión sobre quién puede investigar ha paralizado en la práctica la investigación, la última oportunidad para los hijos, ya ancianos, de muchas de las víctimas. Casi todos los jueces que se han negado a investigar han apuntado que deben ser otras instituciones públicas las que se encarguen de llevar a cabo algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo en la teoría: rescatar a las víctimas de las cunetas para que sus familiares puedan enterrarlos dignamente donde quieran. Y se agarran a la ley de memoria histórica para justificar su inhibición en el asunto.

Pero si los jueces no se ponen de acuerdo, las Administraciones, menos.

La ley de Memoria Histórica establece un sistema de colaboración con las asociaciones de familiares en las exhumaciones, pero no las asume. El Gobierno envió recientemente un protocolo a las comunidades autónomas pidiéndoles que asumieran la apertura y todas, menos dos (Canarias y País Vasco), se negaron. Cataluña, por su parte, aprobará en unas semanas en el Parlamento su propia ley de fosas, que, a diferencia de la estatal, asume directamente las exhumaciones y sus costes.

Francisco Extxeberria, médico forense y miembro del frustrado comité de expertos nombrado por Garzón para asesorarle en la causa contra el franquismo, ha coordinado casi un centenar de exhumaciones desde el año 2000. En Chile hace algo parecido, pero allí trabaja para una comisión judicial nombrada por el Gobierno, y aquí atiende desinteresadamente las llamadas de las asociaciones de víctimas. "En otros países, nadie duda de la necesidad de la intervención de los tribunales de justicia. Esta semana, en Chile, se han exhumado los restos del cantante Víctor Jara y el juez ha liderado las tareas. En estos procesos, lo lógico es que exista una tutela y una dirección judicial con la misma naturalidad con la que se producen en otros tantos casos todos los días". E insiste: "En España hay medios humanos y técnicos para realizar estas tareas".

En la misma línea, el ex juez internacional en Bosnia José Ricardo de Prada opina: "Los procesos de identificación por ADN se han abaratado y sofisticado mucho. Si hay voluntad, son costes muy pequeños para beneficios muy grandes". Él lo sabe bien. En Bosnia, la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas ha desarrollado una base de datos con más de 87.000 familiares de 28.762 desaparecidos y se han tomado más de 29.000 muestras de ADN de los restos exhumados hasta conseguir identificar a casi 15.000 personas. No fue fácil. "Los cadáveres habían sido exhumados y vueltos a enterrar para dificultar su hallazgo. Muchos se fragmentaron. Se han resuelto casos de restos humanos de una misma persona diseccionados y repartidos hasta en seis lugares distintos, a veces, en radios de más de 30 kilómetros".

Sin esos medios, sin esa tutela judicial o estatal, las asociaciones de familiares, apoyadas por voluntarios de todas las disciplinas implicadas (arqueólogos, forenses, psicólogos, historiadores...), siguen recogiendo testimonios, recorriendo archivos, exhumando fosas y, si hay suerte y dinero, identificando los restos para devolvérselos a su familiar. No dan abasto a las peticiones. En ocho años han rescatado 4.000 cuerpos de las cunetas, a veces con subvenciones del Gobierno, y la mayor parte del tiempo, sin ellas.

"Si nosotros hemos podido resolver un 2% del problema, el Estado podría solucionarlo en dos años", afirma Silva. Un signo de buena voluntad, añaden, sería que Zapatero cumpliese la promesa hecha en diciembre en una entrevista en Cuatro, de reunirse con ellos y empezar a hablar.