El quinto inquilino de la fosa de Lorca
Los nietos de un funcionario dicen que su abuelo está sepultado con el poeta y piden a la Junta la exhumación

ISABEL PEDROTE - Sevilla - 01/08/2009

La muerte de Federico García Lorca ha estado siempre cercada por el misterio y la polémica. Y así parece que va a seguir siendo, al menos en el perfil últimamente más controvertido: la identificación de sus restos. Primero fue el largo y laborioso camino hasta señalar el paraje en el que fue enterrado. Luego el aún más costoso proceso que ha derivado en la decisión de la Junta de Andalucía de abrir su fosa en otoño -sin esperar una decisión judicial-, a requerimiento de los descendientes de dos de los otros tres represaliados que se cree que yacen con él. Ahora surge un dato sorprendente, que no había sido apuntado por ninguno de los investigadores que han seguido el rastro de los momentos finales del poeta: la Consejería de Justicia y Administración Pública andaluza piensa que hubo una quinta persona fusilada y sepultada en el mismo emplazamiento, cuyos familiares acaban de solicitar su exhumación.



Fermín Roldán fue llevado de su casa al lugar de su muerte directamente

Se trata de Fermín Roldán García, un inspector municipal de tributos del Ayuntamiento de Granada, detenido y trasladado directamente desde su casa al paraje entre Víznar y Alfacar, donde cayó bajo los disparos de sus verdugos, en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Ésta es la razón, sostiene la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, de que no quede constancia de su presencia en los trágicos sucesos. Mientras que García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas coincidieron en la finca La Colonia antes de ser asesinados, Fermín Roldán habría sido conducido al lugar de su muerte sin pasar por el cortijo. Su viuda se personó para recuperar los restos y se lo denegaron, pero le mostraron el sitio de la tumba que, afirma la familia, es la misma en la que se supone que descansan los otros cuatro fusilados.

Según relata Álvarez, el inspector de tributos de Granada tenía cinco hijos. Como ocurrió con muchas otras familias de represaliados, la sombra quedó para ellos. Los marcó a todos y la muerte de su padre se mantuvo como un secreto inconfesable. A la viuda le quitaron sus bienes y el miedo les venció. Sólo uno, prosigue la consejera, mantuvo lo ocurrido en la memoria. Ahora son sus hijos los que se han dirigido a la Delegación de la Consejería de Justicia de Granada y han solicitado formar parte del proceso de exhumación.

Se decidieron a dar el paso cuando leyeron en la prensa que la Junta había tomado la determinación de excavar la sepultura en la que ellos ubican los restos de su abuelo, acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica, que habilita a las Administraciones para localizar e identificar a las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil si lo piden sus descendientes directos.

La Consejería de Justicia va a usar el protocolo establecido por el Gobierno, pero con una orden específica que lo desarrolle. El primer paso es la firma de un convenio con la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Alfacar (municipio al que pertenece el enterramiento) y las asociaciones de memoria histórica, y crear una comisión especial para el caso. A ella se adherirán los expertos necesarios.

La fecha prevista para iniciar los trabajos es octubre. La Junta quiere dejar muy claro que la comisión nace para sacar los tres cadáveres que han pedido sus familiares -al banderillero Joaquín Arcollas nadie lo ha reclamado-, no para el de Federico García Lorca, cuya familia se ha negado a la identificación. Tan es así, que la consejería evita llamar a la sepultura "fosa de Lorca" y se refiere a ella en sus documentos internos como "fosa de Víznar" o "fosa de Alfacar". "Hemos decidido hacer una comisión especial porque hay una familia que se inhibe

[los sobrinos nietos del poeta], por tanto, es necesario dotar al procedimiento de todas las cautelas para que se garantice el derecho de todas las familias", señala Álvarez.

La discusión sobre competencias entre jueces y Administraciones ha dejado en el limbo la apertura de fosas. La Junta andaluza resolvió a mediados del mes pasado excavar la sepultura y terminar con el enmarañado ir y venir de la causa. El pasado 29 de mayo, una juez de Granada rechazó asumir el caso, en contra del criterio del fiscal. El juez Baltasar Garzón, en noviembre de 2008, a su vez, y por indicación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se había inhibido, tras abrir un mes antes una causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad. La negativa de la juez granadina devolvió el caso a la Audiencia Nacional. Y entonces Garzón planteó un conflicto de competencias al Tribunal Supremo para que determine qué juzgado es el competente para autorizar la exhumación.

Precisamente, antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -en un pleno del pasado 7 de noviembre- mandara paralizar las exhumaciones ordenadas por Garzón, todo estaba listo para actuar. Un jarro de agua fría acabó con las esperanzas de los familiares. Otra vez la montaña rusa de alegrías y decepciones. Quizás ahora, con la iniciativa de la Junta, el ánimo de los descendientes de las víctimas regrese al punto más alto.