HOJA INFORMATIVA SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UNA LEY DE “VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN” PARA LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO Y LA DICTADURA

HOJA INFORMATIVA SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UNA LEY DE “VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN” PARA LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO Y LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL POSTERIOR PERIODO DE IMPUNIDAD.

Breve introducción.
La presente iniciativa ciudadana plantea, mediante la recogida de 500.000 firmas, la presentación ante el Parlamento de la nación de un proyecto legislativo que dé lugar a la definitiva apertura en España de un amplio proceso institucional de “verdad, justicia y reparación” para todas las víctimas del franquismo que implique al conjunto de los poderes públicos, y al conjunto de las administraciones territoriales, y que cuente con la plena participación de la ciudadanía y el conjunto de actores sociales, políticos y sindicales de la sociedad española.

Se pretende, para ello, hacer uso de dos cauces diferenciados de participación ciudadana, en primer lugar, y ante todo, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución española; en segundo lugar, complementariamente, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española. En este segundo caso, en términos de petición colectiva y respecto de aquellas materias que no se corresponden propiamente con un texto legislativo como la petición de la concreta composición de los miembros de la Comisión de la Verdad y otras que pueda estimar la Comisión Promotora. Se articularía simplemente anexando un texto al propio articulado de la iniciativa legislativa popular con aquellas cuestiones concretas y se recogerían las firmas simultáneamente para ambos textos.

En cuanto a las características y fundamentación del enfoque, estructura y contenidos del articulado en si, todo ello resulta abordado en la exposición de motivos del anteproyecto que acompaña a esta hoja informativa.

¿Qué es una iniciativa legislativa popular?.
La iniciativa legislativa representa el cauce constitucional por excelencia de participación directa de los ciudadanos en la tarea legislativa. Como señala la aludida ley orgánica reguladora la 3/1984 que el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren suficiente eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.

¿Qué es el derecho de petición?
Al contrario que la iniciativa legislativa popular, se ha destacado siempre el carácter menos formalista del derecho de petición, sea individual o colectivamente ejercido; señala su específica ley orgánica reguladora, la 4/2001, que las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. El mismo cauce de recogida de firmas previsto para la Iniciativa legislativa popular satisface, por tanto, sobradamente los requisitos mínimos exigidos para las cuestiones objeto de petición colectiva planteadas por la Promotora y que no puedan ser reguladas por iniciativa legislativa o no sean propia materia de ley, como nombramientos y demás. Las peticiones podrán versar además, sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general y atendiendo en todo caso a las concretas especificidades reglamentarias de cada órgano.

Posibles fases para la iniciativa legislativa planteada.
1- (FEBRERO-ABRIL 2010) Debate abierto y constitución de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad.

- Iniciativa abierta a toda organización de la memoria histórica, derechos humanos o lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo, organizaciones políticas, sociales, sindicales, que les resulten asumibles los deberes de “verdad justicia y reparación” tal y como han sido definidos por Naciones Unidas y el Derecho internacional; así como el contenido de los derechos humanos reconocidos a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la paz, y sus familiares, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales en materia de derechos humanos.

- El contenido de tales acuerdos e instrumentos internacionales constituirá el programa y punto de referencia de esta iniciativa y de los trabajos y posicionamientos públicos de su Comisión Promotora y los representantes de la misma, siempre desde el respeto a los diferentes puntos de partida de las distintas personas y organizaciones implicadas en dicha convergencia.

a) debate y modificación del anteproyecto base por los juristas, obtención del proyecto de ley de la iniciativa.

Se requiere legalmente la elaboración de un “texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos”, “que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda u otro más avanzado o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura”

b) refrendo democrático por las asociaciones integradas del proyecto presentado por la mesa o comisión de juristas.

c) análisis y estructuración de elementos logísticos de la Comisión Promotora, estructura, financiación, implantación y coordinación territorial con el conjunto de organizaciones de la memoria para su implantación en el conjunto del territorio, con miras a un periodo sostenido de trabajo común.

2- (ABRIL 2010): Depósito del texto articulado de la iniciativa y nombres de personas individuales y organizaciones integrantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa en la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados (en caso de rechazo posibilidad, que deberá estar fundamentado en la ausencia de homogeneidad, u otras causas expuestas, posibilidad de recurso de amparo ante el TC).

3- Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de recogida de firmas, que se podrá realizar en los pliegos tradicionales, que podrán ir en castellano o, conjuntamente, con cualquiera de las lenguas co oficiales en los territorios del Estado; y también se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular.

4- El plazo para la recogida de firmas será de nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Como señala la propia ley orgánica ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central.
5-Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En este trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas.
Para ver todos los documentos accede al siguiente enlace:
http://www.memoriaylibertad.org/Anteproyecto_LVJRVF_MAR.pdf

Antonio Escoba Huerta: el último general de la República Española por Miguel Angel Rodríguez Arias

Antonio Escobar Huerta: el último general de la República Española.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El General “olvidado”, o el “muy católico” General son algunos de los sobrenombres con los que, muy raramente, se hace referencia a Antonio Escobar Huerta (“La guerra del general Escobar” de Olaizola, premio Planeta de 1983, y “Entre la cruz y la República” de Arasa, entre las pocas obras que lo abordan), guardia civil, hombre de honor, defensor de la República Española y la Constitución a la que había jurado lealtad; aunque en julio de 1936, mantener la propia palabra y la lealtad a la Constitución, representase una auténtica temeridad, cuando no una condena cierta a muerte, en todos aquellos lugares en los que los golpistas se hicieron con el control.

Lo que no pasó en Barcelona precisamente porque, en el momento de mayor incertidumbre, la Benemérita mandada por Aranguren y Escobar se mantuvo leal a las instituciones democráticas decantando la situación de la Ciudad Condal del lado de la legalidad. Cuenta el anecdotario que el propio President Companys suspiró aliviado cuando, al ver aproximarse a los hombres de Escobar, armados y en formación, al edificio de la Generalitat de Cataluña, éste les ordenó saludar a la institución y continuó su marcha a la toma de los emplazamientos dónde los golpistas se habían hecho fuertes y se enfrentaban a los milicianos de Durruti. No sería ésta su única responsabilidad decisiva, encargado inmediatamente a continuación por el propio Vicente Rojo de la encarnizada defensa del sector de la Casa de Campo – vital en las horas más dramáticas de la batalla de Madrid – cuando su caida era tan previsible que hasta algún corresponsal inglés que acompañaba las columnas de los golpistas se aventuró a enviar a Londres una precipitada crónica que sería publicada al día siguiente, sobre cómo se había producido ya la entrada de falangistas y requetés en la capital… con tres años de adelanto.

Honrado, íntegro, comprometido con la defensa de la República española hasta decir basta en todo lo que se le conoce hasta la fecha, resulta difícil recoger en estas líneas el alcance de lo que a Escobar le supuso cumplir con su deber con el Gobierno legítimo: desgarrado por el dolor de ver a uno de sus propios hijos pasarse al bando de Franco, de saberlo más tarde caido en la batalla de Belchite, blanco él mismo de recelos y desconfianzas de los sectores más radicales – repudiado por sectores de la izquierda tanto como lo sería desde el primer momento de la contienda por la extrema derecha – y hasta objeto de un fallido atentado que no se ha llegado a esclarecer si fue perpetrado por quintacolumnistas infiltrados en la República. Herido en varias ocasiones el Presidente Azaña en persona le autorizó un peregrinaje a la Virgen de Lourdes, todavía convaleciente, que fue la comidilla de la retaguardia republicana, y de las malas lenguas que decían que aprovecharía el permiso para escapar a Francia ante lo crítico de la situación. No fue así, sino que regresó para pasar asumir el mando del ejercito de Extremadura, uno de los pocos operativos que aún le quedaban a la República, emprendiendo a inicios del 39 – ya perdida la batalla del Ebro – la que sería la última ofensiva, a la desesperada, de la Segunda República Española, en el sector de Valsequillo-Peñarroya, intentando desviar, con ello, el avance principal franquista y ganar el tiempo que no se llegó a tener para organizar una segunda línea defensiva en Cataluña.

Tras la captura de Almadén y la ruptura definitiva del frente de Extremadura, caida ya Barcelona y perpetrado el autogolpe casadista en Madrid, Antonio Escobar Huerta, el último General de la República española en territorio nacional, rindió su mando ante Yagüe y sus legionarios en el antiguo casino de Ciudad Real el 26 de marzo de 1939. Leal a la República hasta el final, pudo haber escapado en una avioneta a Portugal pero decidió permanecer junto a sus hombres, convencido de no haber hecho otra cosa que cumplir con su deber de guardia civil y decidido a correr su misma suerte: el propio Franco intervino en persona para asegurarse de que fuese pertinentemente fusilado.

Y esa “España mejor”, democrática, constitucional, que Escobar defendió con su vida hasta sus últimas consecuencias, aún no ha sido capaz de decir que el cargo acusatorio de “rebelión” por el que fue condenado por los “rebeldes” no tiene validez jurídica alguna; que su “Consejo de Guerra” fue una farsa predeterminada en su resultado antes de empezar, y que su ejecución, sin haber cometido crimen capital alguno, fue un simple y vil asesinato: parte del exterminio general llevado a cabo por la dictadura. Una mala ley “de la memoria” – hecha con más cálculo y miedo a los votos del que Escobar y los suyos mostraron a las balas de los sublevados cuando había que jugarse la vida defendiendo nuestra Constitución – ha dejado pasar la oportunidad de declarar la nulidad jurídica, de pleno derecho, de todo ello y de restaurar el honor de todas estas personas irrepetibles. Pero mejor no entrar en tales comparaciones entre unos y otros - la actuación de los hacedores de nuestra “olvidadiza” ley con la de los defensores de nuestra República perdida – que las comparaciones, a veces, pueden resultar demasiado odiosas.

Antonio Escobar Huerta murió crucifijo en mano y mandando su propio pelotón de ejecución, el amanecer del 8 de febrero de 1940 en los fosos del castillo de Montjuic. Ninguna calle en Ciudad Real, Barcelona o Madrid, ni tan siquiera en Ceuta – su ciudad natal –, lleva su nombre, ninguna estatua conmemorativa recuerda entre nosotros a este guardia civil que mantuvo su palabra y cumplió con su deber más allá de lo que a nadie se le puede exigir. Ninguna izquierda democrática, ninguna derecha democrática, ha entendido todavía oportuno reivindicar la memoria de este hombre de honor que mantuvo su juramento de defender nuestra Constitución a tan alto precio. Peor para ellos. Para todos nosotros en realidad.

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Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad”

Nace una iniciativa legislativa popular para crear una nueva Ley de Memoria Histórica más eficiente

ELPLURAL.COM

“Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad”. Este es el nombre de la norma con la que se aspira a sustituir a la Ley de Memoria Histórica. Al menos lo va a intentar un colectivo de Asociaciones de Memoria nada conformes con la actual ley. A partir de mañana empieza la cuenta atrás para llevar a cabo una iniciativa popular legislativa que consiga 500.000 firmas y ponga fin a los defectos que llevan años denunciando en la actual norma.


El boceto de lo que pretenden que sea la nueva ley ya está redactado. Ahora, durante unos meses, juristas y asociaciones de Memoria Histórica debatirán sobre su contenido al tiempo que irán acogiendo a los colectivos que quieran unirse. Cualquier ciudadano o grupo puede participar en la elaboración de la ley, poniéndose en contacto con el colectivo a través de este correo:e_migro@yahoo.es

Los defectos actuales
La elaboración del texto la ha llevado a cabo Miguel Ángel Rodríguez, investigador Universidad de Castilla-La Mancha y experto en Memoria Histórica. Rodríguez ha explicado a El Plural que para ello se ha basado en la amplia jurisprudencia que ya existe en otros países y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un convenio del que “se están violando cuatro artículos de la actual ley”.

Comisión de la verdad
La propuesta de Ley incluirá la creación de una “Comisión de la verdad” que investigue los crímenes del franquismo, así como el papel de políticos que sobrevivieron al dictador y que analice el papel de la judicatura. También se propone instaurar una “base de datos genéticos”, como la que hay en otros países con pasado dictatorial, y, sobre todo, crear una “Comisión de búsqueda de desaparecidos”. Según explica Rodríguez, el sistema actual “está copiado de una ley de Franco”, porque, como el dictador, delega en las familias la responsabilidad de buscar los cuerpos de los desaparecidos.

500.000 firmas
Para abril del 2010 se espera poder presentar la petición definitiva en el Congreso de los Diputados. De no ser aceptada, los promotores no descartan acudir al Tribunal Constitucional. Si, como se espera, se tramita, empezará entonces la recogida de firmas a nivel nacional. Se trata de un plazo de nueve meses, prorrogable por tres más. Un tiempo en el que los impulsores esperan que se abra un debate público sobre la propuesta y sobre los defectos de nuestra ley actual.

a href="http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=534877">Una muestra inédita en Andalucía conmemora el 120 aniversario del 1 de Mayo ( Diario Córdoba - 18/01/2010 )

València, 20 de gener de 2010

CASTELLANO

El Ayuntamiento de Valencia pretende instalar un monumento a los franquistas en la fosa común de la Sección 7ª Derecha de Cementerio General en la que fueron enterradas miles de sus víctimas. Las obras ya han empezado.

En el día de hoy esta Asociación y familiares de víctimas del franquismo tiradas a la fosa común de la Sección 7ª Derecha, hemos presentado en el Ayuntamiento de Valencia un escrito pidiendo la paralización inmediata de las obras que están realizándose en dicha fosa.

A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que en la mencionada fosa están realizándose obras de ajardinamiento e instalación de un monolito “en memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor”, al haber sido sobreseídos y archivados los procedimientos judiciales iniciados por esta asociación y por familiares de víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes del Cementerio general de Valencia.

Ante esta información hacemos público que esta asociación y 18 familiares de víctimas interpusimos el día 16 de noviembre de 2.009, un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia que declaraba el sobreseimiento del sumario para exhumar las fosas comunes del cementerio de Valencia e investigar los delitos de detención ilegal y desapariciones forzadas durante el franquismo, tipificados como crímenes contra la humanidad, y recuperar los restos de los familiares de los denunciantes, tirados a esas fosas. Diligencias todas ellas derivadas de la denuncia presentada en su día por esta asociación en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional no estando por tanto el procedimiento judicial archivado puesto que cabe la posibilidad de que se atienda lo solicitado por esta parte, es decir la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Valencia, entre ellas la de la Sección 7ª Derecha.

La petición judicial de exhumación se ha realizado siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional y de otros organismos internacionales, que parten de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe realizarlas, siendo España el único país que traslada a las asociaciones, partidos y particulares la competencia de recuperar los restos de las víctimas, sufragando incluso los gastos a través de subvenciones, sin que existan antecedentes de esta situación en ningún otro país, además de la opinión de otros expertos que afirman que las exhumaciones realizadas sin la órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer el secuestro y la destrucción de pruebas de crímenes perpetrados durante el genocidio franquista.

Por otra parte, entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia de erigir un monolito “En memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor”, supone un intento de honrar y reconocer a personas implicadas en el criminal golpe de estado fascista de 18 de julio de 1936 contra el legítimo gobierno de la II República, apoyado por la Alemania nazi y el fascismo italiano de Mussolini, entre otros, que asesinaron a centenares de miles de personas que lucharon por la libertad y la legalidad constitucional y causaron la muerte por hambre, frío, desnutrición y enfermedades no asistidas, entre otras causas, a otros cientos de miles más, debido a las miserables condiciones de vida que el franquismo les impuso. Honrar y hacer reconocimientos a implicados en delitos de crímenes contra la humanidad, está tipificado como delito de apología del fascismo y del golpismo en los países del área europea y de los demás continentes del planeta.

Por último entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia, con la instalación de dicho monolito, es un insulto a las víctimas y a sus familias, que no han sido rehabilitadas, ni juzgado los responsables y colaboradores del genocidio franquista, tras más de 30 años de “democracia” y más de 70 de haberse proclamado la dictadura militar fascista, no pudiendo bajo ninguna razón, dar el mismo trato a víctimas y a verdugos, a delincuentes defensores del fascismo y del totalitarismo, que provocaron o apoyaron el criminal golpe de estado militar fascista, que a los que cayeron en defensa de la libertad, del bien común y de la legalidad constitucional.

Valencia, 20 de enero de 2.010

Monumento en Laredo (Cantabria) en memoria de laredanos muetos en Mauthausen

El 31 de enero de 2010 se ha inaugurado en Laredo (Cantabria) un monumento en memoria de los laredanos que fueron asesinados en los campos de exterminio nazis y de los que lograron sobrevivir en aquellas trágicas circunstancias, como fueron Lázaro Nates y Ramiro Santisteban que estuvieron presentes en la ceremonia, a la que han acudido cerca de 200 personas a pesar del mal tiempo.

Visiblemente emocionado, Ramiro Santisteban tomó la palabra para agradecer al Ayuntamiento su iniciativa y recordar a todos los compañeros que vio morir, que durante tantos años han estado olvidados y sin embargo contribuyeron a que España sea hoy un país en democracia. A continuación intervino el Alcalde, Santos Fernández Revolvo (PRC) para recordarles que “la semilla que un día plantasteis, aunque ha tardado, ha fructificado. Hoy estáis aquí rodeados de toda la corporación, que abarca todas las ideologías, y ese es el mensaje que nos transmitisteis: que se puede vivir sin violencia pensando de distinto modo”.

Es de destacar que el acuerdo municipal para erigir el monumento fue tomado por unanimidad de todos los partidos que forman la corporación.

El monumento está situado en la alameda, delante del Ayuntamiento, con el siguiente texto: “Memorial en recuerdo de los once laredanos que fueron deportados a los campos de exterminio nazis y de todas aquellas personas que sufrieron y murieron en defensa de la libertad, contra la intolerancia y la opresión de los pueblos” y “Para que jamás vuelva a suceder, a nadie, algo así en ningún lugar del mundo”. Hay que llamar la atención precisamente sobre este aspecto porque los vestigios del nazifascismo resurgen en toda Europa con cierta virulencia, camuflados en las democracias y amparados en ellas, por lo que debemos seguir vigilantes y no permitir que se repita la Historia.

Jesús de Cos Borbolla