Muñoz Molina o el devenir del típico académico converso

Federación Foros por la Memoria

Muñoz Molina o el devenir del típico académico converso
Emilio Silva. Quitándole el fuego a los dioses, - 24 Septiembre 2010 .Un ejército de pontificadores de la historia sin buenos y malos se ha despertado para defender la imagen embellecida de la transición a la democracia


Última intervención del escritor y académico de la lengua española, Antonio Muñoz Molina, en el Hay Festival de Segovia. Hace varias semanas que lanza su discurso en la misma dirección y me doy cuenta de que los exaltadores del mito de la transición, los que ocultan que la transición a la democracia en España se hizo durante la Segunda República, tienen en él a un sumo pontífice.

Le oigo, le leo, le escucho decir que ya está bien de hablar de la guerra civil, que es demasiado, un exceso, casi una perversión. Y si me fijo, si atiendo, si escudriño cómo habla de los desmanes de quienes buscan en el pasado la reparación del presente, y observo atentamente, veo que lleva bajo el brazo su última novela. Y entonces conecto, deduzco, reflexiono y no entiendo tanta incoherencia salvo que se trate de una labor política, idílica, académica. ¿Cómo puede afirmar que se habla demasiado de la guerra civil y acabar de publicar una novela sobre la guerra civil?

Un ejército de repartidores de demonios, de pontificadores de la historia sin buenos y malos se ha despertado para defender la imagen embellecida de la transición a la democracia. Lo hacen porque con esa transición el viento les ha soplado de cola. Lo hacen porque son agradecidos y desde posiciones más o menos progresistas hablan de los dos bandos, de los dos daños, de los dos demonios.

Lo más significativo de la intervención de Muñoz Molina es su frase de despedida, de advertencia con reminiscencia de amenaza: “Cuidado con juzgar a personas que han vivido en circunstancias mucho más difíciles que las nuestras”. ¿Cuidado de qué? Con ese planteamiento no podríamos juzgar a Hitler ni a la mayoría de quienes han cometido delitos contra la humanidad. ¿Quizá eso quiere decir que en circunstancias difíciles los golpes de Estado, las dictaduras y las violaciones de derechos humanos no son juzgables o están justificadas?

http://www.emiliosilva.org/?p=1187

NO TODOS LOS MUERTOS SON IGUALES Público.es

El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.

El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).

El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil. Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.

Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?

Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

El gobierno defiende ante la ONU la Transición española

El Gobierno defiende ante la ONU la Transición española

Melchor Sáiz-Pardo / Colpisa
Madrid

El Gobierno ha visto obligado a defender ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el modelo español de transición a la democracia y, en concreto, la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1977, cuya derogación solicitó el mencionado organismo internacional el pasado mes de octubre para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo.

El Ejecutivo, con una contundencia poco habitual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un duro informe en el que «lamenta» que el comité se haya metido en un asunto que «desconoce» y al que recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue uno de los pilares del proceso democratizador.

La respuesta se cursó el pasado 8 de enero para rebatir el informe aprobado en la 94º reunión del comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que daba un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura franquista, y que recomendaba «encarar la abolición» de la Ley de Amnistía porque en España hay todavía de desaparecidos y esa norma choca con la máxima internacional de que «los crímenes contra la humanidad (como los cometidos por la dictadura de Francisco Franco) son imprescriptibles».

Es habitual que la respuesta de los gobiernos a los informes del comité sean una formalidad para dar por recibidas las recomendaciones, pero en este caso el Ejecutivo ha preferido una respuesta contundente: «El Estado español quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia en España».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, interlocutor con la ONU, ilustra a los expertos del comité con datos históricos, como el hecho de que «la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática» y «fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978».

Además, «no sólo la sociedad española, sino también la opinión pública mundial, es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley».

Sorpresa

La nota diplomática dice «lamentar la inclusión de este punto» en el informe sobre el respeto de los derechos humanos en España y echa en cara a la ONU su «desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía». Y muestra sorpresa porque durante las reuniones que el Gobierno mantuvo con los expertos de Comité de Derechos Humanos en ningún momento los funcionarios hicieron referencia a la Ley de Amnistía o planearon «duda o pregunta alguna» sobre el asunto.

Los miembros del comité, explica el informe, sólo se limitaron a hacer algunas consultas sobre el procedimiento entonces todavía no archivado con el que el juez Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo y la postguerra, y no hicieron referencia alguna a la ley. El Gobierno afea a la ONU que no se le diera «oportunidad de defensa», tal y como marcan los protocolos. «Cualquier Estado sujeto a un proceso de examen internacional debe poder responder a aquellas cuestiones sustantivas que vayan a formar parte de una recomendación final», denuncia España.

El Ejecutivo concluye que en este informe de Naciones Unidas «la visión general» que se ofrece de España «no se corresponde con la realidad». La carta lamenta que el comité haya incluido «opiniones distorsionadas» que han concluido con un informe «distorsionado», no sólo en el tema de la Ley de Amnistía, sino en otras cuestiones como la lucha antiterrorista o el trato que se dispensa a los inmigrantes detenidos o bajo custodia.

La ONU, en el estudio publicado en octubre, reiteraba las ya habituales críticas al Gobierno por la incomunicación de los presuntos terroristas y por la supuesta dejadez de las autoridades españolas a la hora de investigar las denuncias de malos tratos en dependencias policiales. También recriminaba que, a pesar de los esfuerzos legislativos, las mujeres no son todavía «suficientemente protegidas» frente a la violencia machista.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=120585