Las víctimas aún confían en la Justicia

El futuro de la causa contra el franquismo está en manos del Supremo y los juzgados territoriales



La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y hasta Estrasburgo. Las asociaciones que engloban a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo sólo tienen una cosa clara después de la última decisión del Pleno de lo Penal de la Audiencia: no resignarse. Intentar por todos los medios a su alcance una investigación penal de lo que el juez Baltasar Garzón consideró detenciones ilegales en el marco de crímenes contra la humanidad. Por eso se apresuraron a impugnar el auto que puso fin a la primera causa penal por estos hechos, aunque en él se establecía que no podía ser recurrido.

UGT, uno de los sindicatos que vio cómo sus miembros eran perseguidos sólo por el mero hecho de serlo, fue el primero en recurrir en súplica el auto del pasado 2 de diciembre. La impugnación, previendo que es prácticamente imposible que se estime una súplica en lo penal (porque es resuelta por la misma Sala que dicta la decisión cuestionada), plantea también, con carácter subsidiario, un recurso de casación. Este, si se admite a trámite, es el que tiene alguna posibilidad, porque será resuelto por el Tribunal Supremo.

Carmen Negrín, nieta del último presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín, también recurrió el auto en el que se declara que "no hubo causa penal" contra Franco y 34 de sus generales y ministros "en momento alguno", porque estaban ya "premuertas", cuando Garzón abrió diligencias.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no se quedó atrás y anunció su intención de agotar todas las instancias legales y llevar el caso, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Delitos de la Audiencia

En su recurso, las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo argumentan que en el auto en el que Garzón se inhibió a favor de los juzgados de los lugares en los que se encontraban fosas también aparecen delitos que siempre serán competencia de la Audiencia Nacional. Se refieren a los cometidos por españoles en el extranjero, como el secuestro de niños "separados de sus padres por ser republicanos", y a los que pueden encuadrarse en los relativos al terrorismo.

Los recursos critican también que el Pleno de la Sala de lo Penal se limita a declarar que Garzón no es competente para investigar la causa, sin establecer qué tribunal debe serlo. El auto del Pleno de lo Penal concluía diciendo que su decisión de anular lo hecho por el juez Central de Instrucción número 5 se produce "sin perjuicio de la competencia que pudiera corresponder a otros órganos judiciales".

Con esta frase se hace posible, según fuentes jurídicas, que en la práctica se mantenga la inhibición acordada por Garzón a favor de los Juzgados donde se han encontrado fosas. Para cuando la Sala de lo Penal dicta el auto impugnado, el magistrado ya había remitido una copia de la causa abierta formalmente el 16 de octubre a todos los jueces en cuyos territorios puede haber fosas de desaparecidos.

Es decir, que los titulares de estos juzgados pueden investigar los hechos a partir de la inhibición del juez Garzón o abrir una nueva causa. Incluso pueden devolver la inhibición a la Audiencia Nacional, si entienden que ellos no son competentes. El caso se enviaría, entonces, también al Tribunal Supremo.