Tres víctimas de Franco piden auxilio a la ONU

jueves 5 de noviembre de 2009
Tres víctimas de Franco piden auxilio a la ONU.
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Público, 5-11-2009 - 5 Noviembre 2009

Quieren cambiar el criterio del organismo, que sólo estudia casos posteriores a 1945

MARÍA SERRANO – SEVILLA – 05/11/2009 08:00

El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra (Suiza) a tres familias de represaliados por el franquismo. Este organismo, que hasta ahora sólo se ocupa de ejecuciones a partir de 1945 año en que se fundó la ONU, se limitó a escuchar sus testimonios y el del letrado que los representa, Pablo Gutiérrez Vega. “Este criterio no está en ningún reglamento, por lo tanto se puede cambiar”, afirmó.

A esta vía se puede acudir “sin necesidad de agotar las vías judiciales internas”, explicó el abogado, que también es profesor en la Universidad de Sevilla. Los casos de María Josefa Cano (Sevilla), Melitón Corral (Avilés) y Martín Márquez Navarro (Almería) ya han sido denunciados a la Justicia en España. Por ahora, están a la espera de juicio.

Altísimo valor moral
El cauce que deja abierto la ONU permite exponer el caso a un grupo de trabajo que no tiene valor vinculante, pero sí un altísimo valor a nivel moral para pedir cuentas al Gobierno, según expertos consultados por este diario. Ayer, el grupo de la ONU sólo se dedicó a escuchar pero, “de admitir el caso, se pondría el foco en la situación que vive este país con la memoria histórica”, dijo Gutiérrez Vega.

No es la primera vez que familiares de represaliados optan por este camino. El grupo de la ONU ya permitió en 2002 presentar 64 casos, de los que sólo aceptaron dos (posteriores a 1945). De ellos, sólo uno se ha investigado, apuntó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
España incumple sus deberes con las víctimas de la Guerra Civil


ELMUNDO.ES

MADRID.- Un año después de la adopción de la "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", llamada Ley de Memoria Histórica, Amnistía Internacional denuncia que España sigue incumpliendo sus deberes internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.

"En un desarrollo reglamentario de lentitud exasperante, sólo al final de año, el Gobierno ha dictado algunas disposiciones para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la Ley. Y lo dispuesto se concentra sólo en medidas simbólicas o de escaso significado para garantizar verdad, justicia y reparación" asegura Esteban Beltrán, director de AI en España.

En cuanto a la compatibilidad de la Ley con las acciones judiciales, la organización critica la postergación de los derechos de las víctimas y afirma que, los últimos supervivientes y las familias, para quienes el tiempo juega en contra, continúan sin encontrar satisfacción ni recursos efectivos.

Además, AI señala que la Ley se ha utilizado, por el Ministerio Fiscal y otras autoridades como argumento para oponerse a la obligación del Estado de investigar en sede judicial los crímenes del pasado y de reconocer los derechos de las víctimas de acuerdo con las normas internacionales.
Dejación de funciones

En este sentido, Amnistía recuerda que las normas internacionales establecen que víctimas y familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y los Estados el deber de adoptar las medidas adecuadas para hacer efectivo este derecho. Pese a ello, afirma que España ha trasladado a las asociaciones, familias y víctimas esta tarea, y les ha asignado subvenciones para funciones impropias de particulares, como las exhumaciones y la identificación.

Asimismo, denuncia que no ha proporcionado la información necesaria al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, respecto de la investigación sobre los casos remitidos a este organismo internacional.

En cuanto al derecho a la justica, la norma internacional establece que toda víctima de una violación grave de sus derechos humanos o del derecho internacional humanitario puede interponer un recurso judicial efectivo. Sin embargo, según AI, en España el Ministerio Fiscal se ha opuesto al ejercicio de la función jurisdiccional alegando prescripción y la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 a los crímenes denunciados ante la Audiencia Nacional.

Respecto a la reparación, las normas internacionales marcan que cualquier víctima de una violación grave de sus derechos humanos tiene derecho a interponer recursos y obtener compensación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Los Estados han de establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas, cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.

Para AI, lejos de eso, las disposiciones adoptadas por las autoridades españolas las últimas semanas se han limitado a aquellas de escaso significado. como la declaración de reparación y reconocimiento personal para las víctimas.

En cuanto a indemnizaciones, subraya que se han regulado las condiciones a favor de personas fallecidas o con lesiones que ocasionan discapacidad por sus actividades en defensa de la democracia (de 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977).

La ONG recuerda también que el 15 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó crear la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, para facilitar la información necesaria en el ejercicio de sus derechos a las personas que lo precisen.

Amnistía recomienda al Gobierno que subsane estas anomalías y cumpla lo establecido en la Ley de memoria Histórica

DDHH-EL SALVADOR: Amnistía pone barreras a la democracia por Raúl Gutiérrez No nos recuerda al caso español de impunidad?

DDHH-EL SALVADOR: Amnistía pone barreras a la democracia
Por Raúl Gutiérrez

SAN SALVADOR, mar (IPS) - La amnistía adoptada en 1993 para los crímenes cometidos en la guerra civil de El Salvador se erige hoy como principal obstáculo a la vigencia de los derechos humanos, mientras aumentan los homicidios y resurgen las desapariciones, advierten especialistas nacionales y de las Naciones Unidas.

La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, señaló el aumento de homicidios y el resurgimiento de las desapariciones en los últimos meses. Además, la ley de amnistía promueve la impunidad e impide esclarecer el paradero de miles de personas secuestradas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), agregó.

El pronunciamiento coincide con los llamamientos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales de derechos humanos realizaron a principios de febrero y mediados de este mes para derogar la amnistía.

Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que dirige De Carrillo, expresó su preocupación por la desaparición el 7 de febrero de Edward Francisco Contreras, de 21 años, sumada a otros tres casos anteriores sin que hasta ahora las autoridades policiales y judiciales hayan tomado medidas efectivas para esclarecerlas.

Estos elementos arrojan dudas sobre el proceso democrático iniciado con la firma de los acuerdos de paz de 1992, tras un conflicto armado que dejó 75.000 muertos y entre 5.500 y 8.000 desaparecidos, afirman activistas.

La PDDH recibió la denuncia de los familiares de Contreras después de que éstos presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, y los buscaron en hospitales y delegaciones policiales, sin que hasta hoy "las autoridades tengan pistas sobre su paradero".

A pesar de mi solicitud de información, ni la policía ni la Fiscalía me la ha brindado; los casos quedan completamente en la oscuridad", dijo De Carrillo.

La creación de la PDDH fue resultado del acuerdo de paz de 1992. Es una entidad independiente, encargada de tutelar el respeto de los derechos humanos, además de vigilar que las instituciones estatales cumplan con sus funciones constitucionales.

Contreras, estudiante de secundaria, es miembro del izquierdista Bloque Popular Juvenil, opositor frontal del gobierno del derechista Antonio Saca.

Los otros tres desaparecidos en el último año son Milton Iván Gutiérrez y los esposos Jorge Alberto Iglesias y María Hortensia García, ambos abogados, quienes no han sido vistos desde abril de 2006, cuando almorzaban en el centro capitalino.

"Llama la atención que en ambas situaciones existen indicios que involucran a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, en sus archivos no se cuenta con datos sobre su paradero", afirma un comunicado de la PDDH sobre los casos de Contreras y Gutiérrez.

Pero De Carrillo aclaró que estos hechos no necesariamente obedecen a razones políticas.

En el hábeas corpus por Contreras, su padre afirma que cuando se presentó a la sede policial de Ateos, sur de la capital, un policía a quien identificó sólo como sargento Ayala le confirmó, después hacer varias llamadas telefónicas, que su hijo había sido capturado por la División de Investigaciones de Homicidios. Pero al indagar en las oficinas policiales todo el mundo niega la detención del joven.

Los casos recuerdan las dictaduras militares de los años 70 y 80, cuando las ahora desmovilizadas fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte capturaban, desaparecían y asesinaban a opositores políticos y sociales, un fenómeno que se repitió en esas décadas en varios países de América Central y del Sur.

Alicia García, del Comité de Madres de Desaparecidos-Detenidos (Comadres), es ejemplo viviente de esos años.

Su hijo, José William fue secuestrado en 1978, cuando tenía 12 años. Permanece desaparecido, como uno de los hermanos de García. Otro hijo, Juan Carlos, fue asesinado en 1993, cuando tenía 16 años. En 1981, la activista sufrió la muerte de otro hermano.

El 9 de octubre de 1981, "me metieron en un vehículo, me vendaron los ojos, maniataron mis manos, comenzaron a golpearme en el estómago (vientre) y yo tenía cinco meses de embarazo", relató García IPS.

Ella asevera que sus secuestradores pertenecían a la Guardia Nacional. En el cuartel le "aplicaron" la capucha (una bolsa de cuero en torno a su cabeza para crear asfixia) y choques eléctricos en pezones y vagina. También la violaron.

Tres días después perdió el embarazo. Cuando el mal olor dominaba la celda, "uno de los verdugos me dijo, ¡hártatelo perra!", dice García, vencida por la emoción.

Semanas después la dejaron libre en la calle, desnuda, atada y con los ojos vendados.

A nuestros parientes "los buscamos por todas partes: cuarteles militares, cementerios, cárceles, y hasta hoy no sabemos nada. Son desapariciones que han quedado en total impunidad", afirma la activista, de 64 años.

Para la abogada Gisela Deleón, del Centro de Justicia y Derecho Internacional, con sede en Costa Rica, la amnistía ha enviado un mensaje a los autores de crímenes de que se puede continuar delinquiendo con impunidad.

"La investigación, identificación y sanción de los responsables, por el contrario, enviaría un mensaje a las futuras generaciones de que actos violentos como los ocurridos no serán tolerados", dijo a IPS Deleón, querellante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ventilan varios casos contra el Estado salvadoreño.

Desde que el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) puso en vigor la amnistía, que no estaba prevista en los acuerdos de paz, sucesivos gobiernos se han negado a derogarla, aduciendo que únicamente serviría para reabrir heridas del pasado.

Muchos familiares de víctimas argumentan que las heridas siguen abiertas porque aún se desconoce la verdad de los hechos y no se han efectuado las reparaciones necesarias.

A principios de febrero, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas visitó El Salvador para recabar nueva información sobre el estado de los desaparecidos, que según datos del organismo fueron unos 5.500, mientras los familiares estiman que fueron 8.000.

Al termino de su vista, el grupo de Naciones Unidas "recordó" al Estado que los autores de desapariciones "no deben beneficiarse de ninguna ley de amnistía" y exhortó al gobierno a derogarla o ajustarla a los requerimientos del derecho internacional.

A pesar de todas esas demandas, "lamentablemente hay fuerzas muy poderosas que no admiten su derogación", enfatizó la procuradora De Carrillo. (FIN/2007)

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40454