El Gobierno gasta 100.000 euros en un acceso a la tumba de Franco

Un pasadizo permitirá entrar en la basílica, cerrada desde hace un año por la caída de cascotes

DIEGO BARCALA MADRID 20/11/2010 08:00 Actualizado: 20/11/2010 14:45

La lápida de 1.500 kilos de granito sobre los restos del dictador, colocada el 23 de noviembre de 1975.AFP

El Valle de los Caídos vuelve a pasar factura al Estado. El Gobierno gastará 100.000 euros para abrir un pasadizo junto a la entrada principal de la basílica para reabrir el mausoleo que inauguró Francisco Franco en honor a su régimen en 1959. El Ministerio de la Presidencia ha pactado con los monjes de la abadía benedictina esta solución ante las quejas de los franquistas por el cierre del recinto desde hace un año por reformas.
"Se abrirá un pasillo corto de en entre seis y diez metros como máximo para alejar la entrada del supuesto peligro", detalló ayer a Público el abad de Cuelgamuros Anselmo Álvarez. Junto al pasadizo se colocará una malla sobre la gigantesca escultura que simboliza La Piedad en la entrada principal. Con esta medida, el Estado cambia sus planes originales de rehabilitación de la escultura para amoldarse a lo exigido por los monjes.

Los monjes celebrarán hoy un funeral privado en memoria de Franco

El 23 de noviembre de 2009, técnicos contratados por Presidencia comenzaron el desmontaje del conjunto escultórico para evitar que como en julio de 2008 parte de su granito castigado por el frío y la humedad cayese sobre los visitantes. Ahora, los pedazos desprendidos se han vuelto a instalar. "Aquella decisión fue un error porque no se daban las condiciones para desmontar la imagen", explica el abad.
Un informe de Patrimonio Nacional señaló que los 151 bloques de granito tienen "un grave riesgo de desprendimientos". La colocación de una malla es descartada en ese informe porque ya se intentó esta medida de contención sin éxito en 1990. El desprendimiento de las esculturas también ha obligado al cierre del funicular que lleva a la base de la enorme cruz de 150 metros de altura y cuya remodelación costó 2,3 millones.
La abadía benedictina se niega a rechazar el ensalzamiento del dictador como le exige la Ley de la Memoria en su artículo 16. Los monjes celebrarán hoy un funeral privado en honor a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. "Lo vamos a celebrar por ser el aniversario de la muerte del fundador de la basílica, que coincide con la de José Antonio", confirmó el abad.

"Misas al fundador [de un templo] se hacen desde el siglo IV", defiende el abad

La misa se celebrará en la intimidad. Sin la anual visita de la familia del dictador y sus simpatizantes a las tumbas de los golpistas. Tan sólo conmemorarán el 35º aniversario de la muerte de Franco "los monjes de la comunidad y la escolanía". El mantenimiento de la escuela de niños cantores le supone a los monjes una subvención pública de 320.000 euros cada año.

"Derecho" del dictador

Los monjes insisten en que pese a que la aprobada Ley de la Memoria impide los homenajes a "los protagonistas de la Guerra Civil y la Dictadura", el funeral a Franco es un derecho "que se remonta al siglo IV", espeta el abad. En su opinión, las liturgias de recuerdo a los fundadores de las iglesias en el caso del Valle de los Caídos se trata de Franco están recogida "en el derecho canónico".
"Es un derecho universal. Además, quiero recordar que Franco no deseaba que sus restos fueran llevados junto a José Antonio. Eso fue una decisión política, más o menos acertada, pero no era su idea original", añade el abad para legitimar que el decreto fundacional que rige el Valle de los Caídos no recoge la conmemoración de Franco.
Los monjes han llegado a un acuerdo con Presidencia (con las competencias de Patrimonio Nacional) y la Delegación del Gobierno para no celebrar en público el repetido homenaje franquista que cada 20 de noviembre se celebra en Cuelgamuros.

ANIVERSARIO | Decenas de personas se increpan verbalmente Tensión en el Valle de los Caídos entre 'vivas' a Franco y gritos contra el 'olvido'

Partidarios y detractores de Francisco Franco se han increpado hoy, sin que se registraran incidentes, en la puerta del Valle de los Caídos en el aniversario de la muerte del dictador. La tensión se ha desatado cuando grupos de izquierdas han llegado para exigir que se destruya la cruz del monumento. Por entonces, ya habían concluido los rezos de un centenar de personas de ultraderecha que este año no han podido asistir a la misa por las obras en el recinto.
El encuentro entre ambos grupos se ha producido sobre la una de la tarde, cuando han llegado a la puerta del monumento en el que está enterrado Franco dos autobuses con un centenar de miembros el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y el Foro Social Sierra de Guadarrama, que tenían permiso para manifestarse bajo el lema "Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo".
En la puerta del Valle de los Caídos quedaba en esos momentos un grupo de unas veinte personas que había pasado la mañana rezando por y vitoreando a Franco tras no poder asistir a su funeral oficiado en la Basílica con motivo del 35 aniversario de su muerte, y que a pesar de la insistencia de la Guardia Civil, que les recordaba que no tenían autorización para estar allí, no se han marchado antes de que comenzase la concentración autorizada.

Grupo de franquistas que conmemoraban la muerte del dictador. | AP

Cuando ambos grupos se han visto, los partidarios de Franco han comenzado a cantar el "Cara al sol" y a gritar "Viva Franco", mientras los recién llegados han coreado "Madrid será la tumba del fascismo" y "Nosotros no olvidamos".

Amplio dispositivo de seguridad

Cada grupo ocupaba un lado de la carretera que conduce a San Lorenzo de El Escorial y la Guardia Civil, que ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, no ha permitido que se acercasen, por lo que no se han registrado incidentes.
Durante unos 35 minutos ambos grupos se han increpado, unos diciendo "Viva España" y "Viva Franco" y los otros contestando, entre banderas republicanas, frases como "Esa cruz la tienen que quitar", "Arriba con la goma 2 porque en el valle se prepara, pim pam pum, la demolición" o "Fraga, quédate sin respiración".
Al final, los partidarios de Franco se han marchado y un representante del Foro de la Memoria ha leído un comunicado en el que han reivindicado verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.
El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, ha explicado que el Valle de los Caídos es "el único monumento de exaltación del fascismo que queda en Europa". Ha exigido que se desacralice, ya que la gran cruz que lo preside "no es una referencia del cristianismo, sino del poder franquista", "una cruz más de castigo y de prepotencia" y que el monumento se reforme en un memorial democrático".

'Tolerancia cero'

Pedreño ha exigido asimismo que se saquen del recinto los restos de Francisco Franco y Primo de Rivera "y se entreguen a sus familias", así como que se investiguen los archivos que hay en su interior para identificar a las personas allí enterradas y poder entregar sus restos a sus familiares.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que no se han registrado incidentes, aunque la Guardia Civil ha identificado a unas treinta personas que se habían congregado sin autorización en las puertas del Valle de los Caídos, que serán sancionados "con multas importantes". La Delegación ha incidido en que tendrá "tolerancia cero con los actos violentos".
En el interior de la basílica, los monjes benedictinos han oficiado hoy, como cada 20 de noviembre, el funeral en conmemoración de la muerte de Franco y José Antonio Primo de Rivera, aunque en esta ocasión sin la asistencia de fieles por motivos de seguridad, debido a las obras que comenzaron a principios de año.
A lo largo de la tarde, en Madrid se celebran varios actos. A las 18.00 horas, varios colectivos antifascistas se manifiestan entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol con el lema "Recupera tu memoria, conquista tus derechos, ¡lucha de clases!".
A las 21.30 horas, la Falange ha convocado a los seguidores de Primo de Rivera en la calle Génova para iniciar la Marcha de la Corona hacia el Valle de los Caídos, que deberá discurrir por la senda del Camino de Santiago, ya que la delegación del Gobierno no ha autorizado que transcurra ni por la A-6 ni por la carretera de Castilla.

El reto maldito de arrebatar a Franco el Valle de los Caídos
Los forenses del Gobierno creen casi imposible exhumar a los republicanos
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/09/2010

Franco resiste. Casi 35 años después de su muerte, la democracia ha conseguido echarlo de las plazas que presidía a caballo, ha retirado cientos de placas que recordaban a los caídos por Dios y por España y ha cambiado el nombre a las calles que homenajeaban a sus sanguinarios generales. Pero el monumento que el dictador ideó para inmortalizar su victoria, el mayor símbolo del franquismo y la fosa común más grande de España, el Valle de los Caídos, sigue intacto, regido por los mismos principios y decretos que él dejó atados y bien atados.

El mausoleo se ha convertido en una herencia maldita para los Gobiernos democráticos que han querido rediseñar su gestión -el primero que lo intentó, sin éxito, fue Felipe González en 1984-. Ayer, en el Senado, todos los partidos políticos salvo el PP instaron al Ejecutivo a "romper el cordón umbilical con el franquismo", en palabras del senador de IU Joan Josep Nuet (autor de la iniciativa), o a convertir "un monumento a la humillación de los que dieron su vida por defender a un Gobierno legítimo, en un monumento a la educación, la democracia y los valores constitucionales", en las del socialista Enrique Cascallana. Pero no es fácil.

El Gobierno se ha atascado en el proyecto para cambiar el significado del Valle de los Caídos, exhumar los restos de los republicanos que fueron trasladados allí y enterrados junto a su verdugo sin el consentimiento de sus familiares y convertir el lugar, "donde hoy campan a sus anchas grupos de ultraderecha", según denunció Nuet, en un museo de la memoria similar al que países europeos y latinoamericanos han instalado en los antiguos centros de tortura de sus respectivas dictaduras.

Andrés Bedate, forense y asesor personal del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y Antonio Alonso, jefe del Servicio de Genética Forense del Instituto Nacional de Toxicología, realizaron recientemente una inspección en el mausoleo para comprobar el estado de los restos allí inhumados, correspondientes a 33.847 personas, 21.317 de ellas identificadas, además del propio Franco. La primera impresión no fue buena. Por las criptas en las que fueron enterrados se ha filtrado agua que ha dañado y mezclado unos huesos con otros. Todo indica que exhumarlos e identificarlos, como desean las familias de una docena de republicanos, es imposible. Por esa razón, el Gobierno desestimó recientemente una subvención para intervenir en el Valle de los Caídos, como sí ha concedido para abrir otras fosas.

El Ejecutivo estudia cómo abordar el descomunal monumento desde el punto de vista legal -se rige aún por un decreto de 1957- y cultural -una comisión de expertos del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde todavía no ha logrado decidir qué elementos del Valle deben ser eliminados y cuáles amnistiados por su valor artístico-. El mausoleo ni siquiera es propiedad del Estado, aunque es Patrimonio Nacional quien corre con los gastos de su mantenimiento.

El Senado dio ayer un nuevo plazo, este de seis meses, al Gobierno para que encuentre la fórmula de arrebatar a Franco su última plaza.


© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

Censo de represaliados en el Valle de los Caídos

Una vecina de Zaragoza buscará a su abuelo y otros seis represaliados de la Guerra Civil en el Valle de los Caídos

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudadana Isabel María Goñi Cartagena, vecina de la ciudad de Zaragoza, buscará los restos de su abuelo materno y otros seis ciudadanos aragoneses, asesinados durante la Guerra Civil por el bando rebelde, en el Valle de los Caídos, después de que la Comisión Constitucional del Congreso aprobara ayer, miércoles 30 de septiembre, una iniciativa de impulso al Gobierno central para facilitar este proceso.

En declaraciones a Europa Press, Isabel María Goñi explicó que los restos que busca son de siete republicanos, uno de ellos también masón, que fueron "secuestrados" en distintos puntos de la provincia de Zaragoza, fusilados y, después, enterrados en algún lugar. Goñi desconoce por completo cuál fue el destino de los restos de estas personas, por lo que también intentará encontrarlos en el Valle de los Caídos.

El abuelo materno de Goñi Cartagena era Juan Cartagena Vicén, quien fue secuestrado el 9 de agosto de 1936 en Mozota (Zaragoza), donde era concejal de Unión Republicana y ejercía como juez de paz. La familia de Cartagena pensó durante décadas que el abuelo se encontraba en una fosa del actual barrio zaragozano de Valdespartera, pero en la actualidad no hay evidencias de que esa fosa llegara a existir.

Otro pariente de Isabel María Goñi era Francisco Cartagena Vicén, uno de sus tíos abuelos, hermano de Juan. Francisco Cartagena fue "secuestrado" en Tobed (Zaragoza), donde era dirigente local de Unión Republicana, y pudo ser fusilado en el municipio de Santa Cruz de Grío, donde habría sido enterrado bajo las tapias del cementerio en una fosa que --se sospecha-- hoy estaría dentro del perímetro del cementerio. Goñi Cartagena también buscará a Francisco Cartagena en el Valle de los Caídos, al no tener la completa certeza del lugar en el que está enterrado.

"No sé dónde encontrar a mi abuelo y me gustaría saber dónde está", dijo Goñi Cartagena, quien subrayó que los familiares de los ocho represalidos que se mencionan "no sabemos dónde está ninguno".

También fueron fusilados los jóvenes libertarios Feliciano y Vicente Muela Cartagena, vecinos de Épila de 21 y 16 años, entre julio y agosto de 1936. Eran sobrinos de Juan Cartagena Vicén. El mayor de ellos era miembro del anarcosindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT).

Ambos fueron enviados a la cárcel zaragozana de Torrero y, después, fueron fusilados y enterrados en el cementerio, todavía existente en la actualidad, del mismo barrio de Torrero. Hay constancia de que el cadáver de uno de los fue exhumado y se desconoce el destino final de estos restos.

Antonio Bazán Bernadaus, cuñado de los hermanos Muela Cartagena, residía en Épila, donde militaba en el sindicato socialista UGT. Fue fusilado. Probablemente, antes de ser asesinado fue internado en la cárcel de Torrero.

En agosto de 1936 fue fusilado José Antonio Marco de Viedna, originario de Navarra y residente en Calatayud (Zaragoza), donde era concejal de izquierdas y pertenecía a la masonería, lo que se tradujo en la elaboración de un amplio expediente de responsabilidades políticas y le costó la vida. Marco de Viedna pertenecía a la misma familia que una amiga de Goñi Cartagena.

Victoriano Bolsa Montañés, natural de Alfajarín (Zaragoza), estaba casado con una joven de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), donde residía y era alcalde por el PSOE. De los ocho hermanos de esta familia, sólo uno sobrevivió a la Guerra Civil, al exiliarse pronto a Francia. Se desconoce el paradero de los restos de Bolsa Montañés, familiar de otra persona conocida de Isabel María Goñi que actualmente reside en Barcelona.

Goñi Cartagena se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito nacional, para buscar información sobre estos represaliados.

CONGRESO

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles, 30 de septiembre, una proposición no de ley pactada por PSOE, IU-ICV y Nafarroa Bai en la que se insta al Gobierno a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos, y a facilitar "económicamente las exhumaciones" y agilizar el traslado de los restos de estas personas, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos.

El debate sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, volvió al Congreso de la mano de IU-ICV y de Nafarroa Bai, que registraron sendas iniciativas para facilitar a los familiares de las personas enterradas en el mismo complejo que Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera la localización y exhumación de sus seres queridos.

El PSOE, que estuvo representado en el debate por el miembro de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio de Penagos, ofreció sendas enmiendas de sustitución a los grupos proponentes que finalmente salieron adelante con el apoyo de CiU y el voto en contra de los 'populares'.

AGILIZAR LOS TRASLADOS

Así, el Congreso pidió al Ejecutivo que, a más tardar en seis meses, elabore un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos que incluya, en los casos en los que se conozcan, su identidad y lugar de procedencia. Esta información deberá ser facilitada, a través de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil, a los familiares, asociaciones, instituciones o familiares interesados, siempre con "pleno respeto a las normas que regulan la protección de datos personales".

El texto también especifica que "se facilitarán económicamente las exhumaciones" y que, en su caso, "se agilizará el traslado de los restos humanos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos", tal y como establece la Ley de Memoria Histórica.

Durante la defensa de su iniciativa, el diputado de ICV, Joan Herrera, recordó que en un principio la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, iba a albergar restos de fallecidos del bando nacional, pero surgieron problemas, como la negativa de los familiares de estas personas y al final el régimen franquista optó trasladar a este espacio los restos de soldados republicanos que se habían depositado en otras fosas comunes.

IDENTIFICAR A LOS DE LOS BANDOS

Aún asumiendo que será difícil identificar todos los restos, Herrera pidió que se ponga nombres y apellidos a todos los que sea posible, independientemente del bando al que pertenecieran, y que se facilite su desenterramiento y traslado a otro lugar si así lo desen sus familiares. En la misma línea, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, aludió al derecho de las familias a hacer el duelo por sus fallecidos "en casa" y no en un "entorno hostil".

En nombre del PP, el vicepresidente tercero del Congreso, Fernández Díaz, recalcó que en su partido consideran "indiscutible y hasta sagrado" que cualquier familiar tiene "absoluto derecho" a conocer dónde están los restos de sus seres queridos y a disponer de ellos, siempre que sea técnicamente posible y se haga en el marco de la ley.

Fernández Díaz argumentó que el PP no puede apoyar que se inste al Gobierno a realizar un censo sobre los enterrados en el Valle de los Caídos porque esta tarea sería, en todo caso, competencia de la Comunidad de Madrid. También avisó de que esa medida podría tener un "efecto perverso" puesto que, desde su punto de vista, hacer pública una relación de los nombres de estas personas podría llevar a una "violación clara y flagrante" de la Ley de Protección de Datos a no ser que se obtuviera el permiso de todas las familias.

El PSOE apoya realizar un censo con los cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos
Joan Herrera defenderá una proposición no de ley para devolver los restos de los republicanos inhumados en el monumento a sus familiares
N. JUNQUERA 30/09/2009


El Grupo Socialista en el Congreso está a favor de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a identificar los restos de los republicanos que fueron enterrados en el Valle de los Caídos junto al cuerpo del dictador Francisco Franco.


Garzón ordena exhumar del Valle de los Caídos a ocho fusilados
"No quiero que mi padre esté enterrado con Franco"
Enmienda del Grupo Socialista que acepta instar al Gobierno a identificar los restos de los republicanos enterrados en El Valle de Los Caídos
DOCUMENTO (PDF - 93,22Kb) - 30-09-2009
Enmienda del Grupo Socialista que acepta instar al Gobierno a identificar los restos de los republicanos enterrados en El Valle de Los Caídos


En una enmienda a la proposición no de ley que pide que se haga todo lo posible por devolver los restos a sus familiares y que defenderá el diputado Joan Herrera en la Comisión Constitucional del Parlamento, el Grupo Socialista pide que el Gobierno elabore, en un plazo máximo de seis meses, "un censo de todas las personas que se encuentren enterradas en el Valle de los Caídos".

Asimismo, exige que se facilite "a los familiares y ciudadanos interesados (...) el conjunto de datos disponibles sobre las inhumaciones" de restos en el monumento que erigió la dictadura para celebrar su victoria en la guerra civil.

Por último, la enmienda pide que el Ejecutivo priorice los proyectos de identificación, localización y exhumación de las personas desaparecidas durante la contienda a la hora de otorgar las subvenciones.

Robo de cuerpos

En los festejos del primer aniversario de su victoria, en 1940, cuando Franco explica a sus hombres de confianza y a embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista su gran proyecto, no tenía ninguna intención de incluir en el Valle de los Caídos a los muertos del bando enemigo. Pero tampoco pensaba que fuera a tardar 20 años en construirlo. Muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los cuerpos de sus maridos al mausoleo.

El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a ayuntamientos de toda España, rogando, además, que respondieran "con la mayor brevedad posible". Muchos municipios contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí "fosas del ejército rojo". Así fue como el dictador robó cadáveres para hacer apología de sí mismo.

Es el caso de ocho republicanos (siete hombres y una mujer) que fueron fusilados el 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas, arrojados a un pozo en desuso en Aldeaseca, y desenterrados 23 años después por un grupo de hombres, que siguiendo órdenes de la misma autoridad que había determinado su muerte, los desenterró y los trasladó al Valle de los Caídos cuando faltaba un mes para inaugurar el monumento. También el de Jaume Colom, un soldado republicano que murió de tifus en Lleida tras caer preso. Su familia descubrió con espanto el año pasado gracias a la historiadora Queralt Solé que no estaba en el lugar al que solían llevarle flores sino enterrado junto al dictador.

El texto de la proposición no de ley recuerda: "El Estado tiene una responsabilidad moral con las personas que defendieron la República de un levantamiento militar y, además, con las familias de las personas enterradas en un emplazamiento como el Valle de Los Caídos, que forma parte del Patrimonio del Estado".

Herrera quiere que el Congreso inste al Gobierno a elaborar en un plazo máximo de seis meses "un censo de todas las personas que se encuentran enterradas las instalaciones que pertenecen al Patrimonio del Estado, como el Valle de Los Caídos y a ponerse en contacto en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del censo, con los familiares de estas personas para comunicarles dónde se encuentran los restos del ser querido con la finalidad de acordar qué se debe hacer con estos restos". Algo que el PSOE ha aceptado.

DOS JUECES DEVUELVEN A GARZÓN LA CAUSA CONTRA FRANQUISMO

Los magistrados analizaban la fosa de García Lorca y el Valle de los Caídos.

Público.es/DIEGO BARCALA - Madrid - 08/07/2009


Ya hay dos jueces de instrucción que consideran que los generales sublevados en 1936 cometieron delitos que deben ser investigados por la Audiencia Nacional por tratarse, entre otros asuntos, de crímenes contra la humanidad. El juez de San Lorenzo de El Escorial, Miguel Ángel Aguilera, se sumó ayer a la jueza de Granada, Aurora Fernández. Son los únicos de los 43 jueces en los que se inhibió Baltasar Garzón el pasado noviembre que han optado por devolverle la competencia de la causa contra el franquismo.


El juez de San Lorenzo estaba encargado de investigar las tumbas que se esconden en el mausoleo del Valle de los Caídos. Sin embargo, considera, en un auto del pasado 2 de julio, que no puede investigar estos hechos de manera "independiente del resto de hechos delictivos". El juez, al igual que su compañera de Granada cuyo cometido era investigar la fosa de Federico García Lorca, argumenta que las "detenciones, secuestros, asesinatos y torturas" pretendían subvertir "el orden constitucional y el poder legítimamente constituido". Por tanto, es un delito contra el Gobierno que corresponde a la Audiencia.



La denuncia analizada por el juez Aguilera fue presentada por Fausto Canales. El padre del denunciante fue asesinado y enterrado en un pozo en Aldeaseca (Ávila) en 1936. Después de 68 años, Canales fue a buscar los restos en 2004. Para su sorpresa no encontró nada y tras investigar en el Archivo General de la Administración descubrió que había sido trasladado al Valle de los Caídos pocos días antes de su inauguración en marzo de 1959. "Se lo llevaron antes para su inauguración, pero a mi tío, que murió en el frente de Brunete, lo trasladaron en 1968", recuerda. Los traslados al Valle de Cuelgamuros, sin el consentimiento de las familias, se prolongaron hasta 1982.

Sólo tres juzgados han asumido la tarea


La devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional obliga a su titular, Baltasar Garzón, a elevar ante el Tribunal Supremo una nueva cuestión de competencia. El Alto Tribunal agrupará todos los autos en el mismo sentido para dictar un auto único. La mayoría de los juzgados en los que se inhibió Garzón han archivado la causa. Tan sólo tres juzgados han asumido la tarea y han practicado nuevas diligencias como aperturas de fosas o tomas de declaración a los familiares.


La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que añadió gran parte de la información al sumario de Garzón, espera que más juzgados tomen la misma postura que el de Granada o San Lorenzo de El Escorial. "El de Palencia acabará reenviándolo", pronostica el abogado de la ARMH, Fernando Magán. Este juez señaló en un auto que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional.

Otro juez dice que la Audiencia debe investigar la Guerra Civil

Cree que hubo un plan preconcebido de un grupo militar.


El País/JOSÉ YOLDI - Madrid - 09/07/2009



El juez Miguel Ángel Aguilera, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) rechazó ayer su competencia para investigar delitos cometidos durante la Guerra Civil, y sostuvo que debe ser la Audiencia Nacional la que globalmente investigue los hechos enmarcados en un "plan preconcebido" y cometidos por un "grupo organizado militar y rebelde".


El nuevo rechazo a la inhibición de Garzón se une al planteado por la juez de Granada sobre la exhumación de García Lorca, cuya competencia para investigar unos hechos que consideraba crímenes contra la humanidad igualmente rechazó.


El magistrado de San Lorenzo admite que los hechos ocurridos durante el llamado alzamiento pueden ser calificados jurídicamente como rebelión en relación con crímenes contra la humanidad, ya que a su entender se trató de una insurrección que se llevó a cabo para acabar con el sistema de Gobierno, y cuyo instrumento fueron los crímenes contra la humanidad.


El magistrado explica en su auto que hubo "unidades militares que se rebelaron contra el sistema y el ordenamiento jurídico legalmente constituido y para ello se sirvieron de detenciones, secuestros, asesinatos entre otras lindezas", por lo que esos delitos comunes tienen una "clara conexión con el normal desenvolvimiento de las funciones de legislar y gobernar que representa la rebelión".


"Los hechos ocurridos durante la Guerra Civil", afirma el juez Aguilera, "tuvieron incidencia en la Comunidad Internacional; todos los actos delictivos (detenciones, secuestros, asesinatos, torturas) estaban encuadrados y dirigidos al mismo fin: subvertir el orden constitucional y el poder legítimamente constituido, por lo que no puede admitirse la competencia para instruir de forma sesgada lo ocurrido en San Lorenzo de El Escorial, independientemente del resto de hechos cometidos a nivel nacional".


Y ello es así, "so pena de pensar que las acciones delictivas de nuestra historia fueron aisladas, que no estuvieron organizadas en un plan preconcebido, que no fueron cometidas por un grupo organizado militar y rebelde y que en su lugar fueron cometidos a título particular, sin conexión, con una responsabilidad también aislada e individual y diseminada por todo el territorio nacional con coincidencia en el tiempo".


El caso afecta a ocho republicanos sepultados sin su consentimiento en el Valle de los Caídos. Se trata de Celestino Puebla, Emilio Caro, Flora Labajos, Pedro Ángel Sanz, Román González, Víctor Blázquez y Valerico Canales, miembros de la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja (Ávila), que fueron fusilados el 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas. Fueron enterrados en un pozo de Aldeaseca, y desenterrados 23 años después para ser trasladados al Valle de los Caídos un mes antes de la inauguración del monumento por orden de la misma autoridad que ordenó su muerte.Garzón, como ya hizo con el caso de Granada, planteará al Supremo una nueva cuestión de competencia. La decisión afecta también a la querella por prevaricación que el Supremo admitió contra Garzón. Hay al menos seis jueces que creen que Garzón tenía razón, por lo que la prevaricación imputada no es tan grosera como los querellantes pretenden.

Una definición del fascismo español por Rose Marie Serrano

Una definición del fascismo español

Por Rose-Marie Serrano



Setenta años después de las matanzas, de las torturas, de los asesinatos ejecutados por sus abuelos, los jóvenes descendientes y parientes de fascistas españoles, bajo los rasgos amenos de sus nietos, o incluso de las esposas dominadas de éstos, adoctrinados en el odio a los « rojos », os escupen a la cara, el 13 o el 14 de abril (la II Repùblica se proclamó un 14 de abril), en una calle aùn llamada de José Antonio (promotor del Fascismo español), en algunos pueblos de Castilla-La Mancha :

« Los rojos han martirizado a toda mi familia. Mi abuelo, alcalde de 1940 a 1947 ha salvado a numerosos paisanos. ¡ No le permito a Ud reírse de mis muertos ! ».

No puede entender el joven descendiente de fascistas que lo que arranca una sonrisa es la mentira de los sumarios con los que sus abuelos condenaron a « los rojos », que él repite sin vacilar, sin dudar de ella, convencido de que los suyos no mintieron.

Ese joven descendiente de fascistas, ¿ ignora que ya hace setenta años que los suyos « se ríen » de los nuestros, fusilados, enterrados en fosas y cunetas, o incluso juntos sus huesos con la armazón de alguna tapia del Mausoleo de Franco en el Valle de los Caídos ? ¿ Ignora o quiere ignorar que su abuelo no « salvó », muy al contrario, ni a los que estuvieron en las càrceles (alguno allí murió), condenados por « Rebelión » o « Auxilio a la Rebelión » (o sea por el delito cometido contra la Repùblica por los franquistas-fascistas) en Madrid en 1939, ni a los que yacen en fosas, en Talavera o por el arroyo de Berciana (Toledo, en la capital existen también varias fosas con restos de republicanos) ? Tampoco salvó aquel abuelo, que fue alcalde durante la represión franquista, a los fusilados del 6 de marzo del 41 en el Cementerio del Este de Madrid (consta la lista de sus nombres en Consejo de Guerra de Mirta Nùñez Díaz-Balart), a los que nosotros, « rojos », homenajeamos el 11 de abril ante aquella funesta tapia, hoy del Cementerio de la Almudena . ¿Ignora ese joven descendiente de fascistas que allí fueron fusiladas a modo de genocidio, de 1939 hasta 1944, 2670 personas por « rojas » , o sea por haberse puesto del lado de la legalidad republicana ?

Ese joven, inquieto por saber si nosotros pertenecíamos a la Memoria Histórica (yo sí, joven, y muy orgullosa de ello), lleno de odio para con los « rojos », sigue empleando el término insultante, retomado con orgullo por Jean Ortiz en su película Fils de Rojo (Hijo de Rojo).

Para ese joven descendiente o pariente de fascistas, que defiende como gato tripa arriba a sus criminales genitores o parientes, y que sólo tiene unos treinta años, es « rojo » todo republicano.

Como él, otros reaccionarios por otros lugares de la Mancha o de Castilla, de la misma ralea que él, nos acusan de lo que ellos padecen (es la tàctica de los fascistas), un odio visceral hacia « los que no piensan como ellos » : « Odiàis, dicen, a cuantos no piensan como vosotros », con una mala fe absoluta y una incapacidad total a reconocer sus culpas, crímenes, agresiones, humillaciones e insultos.

Esos fascistas, ya que lo son tal vez sin saberlo, os amenazan, ante un homenaje por hacer : « ¡No vais a levantar puños y alzar banderas ! (republicanas) ».

El odio primario a la diferencia los caracteriza, y la calumnia es su herramienta predilecta. Usan la mentira, la calumnia, la presión moral, con la meta de torturar moralmente a su enemigo, cuando no pueden hacerlo físicamente.

Lydia Falcón y Eva Forest denunciaron esas torturas del final del franquismo, de las que habla en su libro apasionante Routes (Derroteros ) Acacia Condés.

El fascismo sólo tiene un « derrotero », y odia a todo el que se aparta de él : la fuerza, la violencia, la destrucción moral y física del que resiste.

El fascista no « piensa », posee, domina, somete. El fascismo es la dominación, el control, el racismo, la xenofobia, o sea, lo contrario del amor, de la fraternidad.

El fascismo sigue agazapado en la esquina de la calle. ¡ Cuidado ! Seamos vigilantes, nos acecha. Finge ignorar nuestra existencia para echàrsenos encima como el jaguar encima de su presa.

Rose-Marie Serrano, París, 19 de abril de 2009.

IU e ICV exigen al gobierno cumplir con la ley de memoria historica

IU e ICV denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la Ley de Memoria
Piden que se apruebe el método para la concesión de reparaciones y que se ponga fecha a la elaboración de un mapa de fosas y símbolos MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV), denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la conocida como Ley de Memoria Histórica, ya que, entre otras cosas, aún no ha dado luz verde al decreto que regulará la concesión de la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
Con el objetivo de conocer cuándo piensa el Ejecutivo aprobar las disposiciones y órdenes que deben desplegar todos los contenidos de esta norma y cuántas indemnizaciones ha concedido en este periodo, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el portavoz de ICV en la Cámara Baja, Joan Herrera, han presentado una extensa baterías de preguntas escritas al Gobierno.
Ambos diputados han registrado preguntas específicas sobre cada uno de los apartados de la ley por las que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que fue definitivamente aprobada por el Congreso en diciembre de 2007.
En sus preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Llamazares recuerda que el Gobierno se ampara en que aún está elaborando el desarrollo reglamentario necesario para la aplicación de la ley y que, en otros casos, 'se escuda' en que para hacerla efectiva es necesario articular las cooperación entre administraciones públicas.
En una reciente respuesta parlamentaria a Llamazares, el Gobierno admitía que el Ministerio de Justicia ya había recibido algunas peticiones para la concesión de la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas y que había acusado recibo de las mismas a los posibles beneficiarios. Sin embargo, no especificaba cuántas personas habían solicitado este reconocimiento ni ponía fecha a la aprobación del decreto que regulará este procedimiento.
CAMPAÑA INFORMATIVA
Por ello, Llamazares ha vuelto a preguntar al Gobierno cuándo tiene previsto dar luz verde a esta regulación y si ha pensado en realizar una 'campaña informativa para que los posibles beneficiarios de esta declaración puedan solicitarla en tiempo y forma'.
Según el coordinador general de IU, la necesidad de coordinarse con comunidades y ayuntamientos para, por ejemplo, la retirada de los símbolos franquistas o la localización e identificació n de víctimas enterradas en fosas comunes, 'no es eximente de la obligación del Gobierno' para poner en marcha las medidas que son de su exclusiva competencia en estas materias.
Por ello, tras recordar que el Gobierno, sin perjuicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas, tiene la obligación de impulsar medidas para la identificació n y localización de víctimas, pide saber cuándo se va elaborar el protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones, si va a confeccionar un mapa de fosas de todo el territorio y si ha determinado ya 'qué entiende por 'autoridad competente' para autorizar las exhumación.
Asimismo, se interesa por las gestiones realizadas por el Gobierno para la elaboración de un catalogo de vestigios relativos a la guerra y la dictadura y qué medidas ha tomado para la retirada de símbolos franquistas, si sabe el Gobierno qué están haciendo las comunidades autónomas en este terreno y cómo va a confeccionar el censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzados que prevé la ley.

VALLE DE LOS CAIDOS

Llamazares y Herrera también preguntan al Gobierno si ha iniciado actuaciones para que la fundación gestora del Valle de los Caídos 'acomode sus objetivos a lo que fija la ley', que establece que en en ningún lugar del recinto podrán 'llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo' y que 'incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió'.
En la misma línea, solicitan que se informe de las peticiones de indemnizaciones que se han recibido por parte de beneficiarios de los distintos artículos de la norma como los ejecutados, los presos o los que participaron en los denominados batallones disciplinarios.
También quieren saber cuándo entrará en vigor el decreto que determinará los requisitos para que los brigadistas internacionales que lucharon en España puedan obtener la nacionalidad y si se va a 'flexibilizar' la documentación que deben entregar los 'niños de la guerra' para acreditar que lo fueron, habida cuenta de las dificultades con las que se encuentran para probar que fueron autorizados a salir de España.
Por último, aspiran a que el Gobierno les aclare cuándo va a adoptar las medidas legislativas necesarias para facilitar el acceso a los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de Registros.