Barcelona: Acto por la ruptura con el Franquismo y el fin de la impunidad de los crímenes de la dictadura [Crónica, vídeo y fotos]
El acto contó con la participación de unas 150 personas de todas las edades y sirvió para dejar claro ante la ciudadanía que los crímenes del franquismo no pueden ni deben quedar impunes.
Carlos Garcia y Manel Márquez | Para Kaos en la Red | 22-6-2010 a las 12:51 | 1768 lecturas

El viernes 18 de junio en Barcelona se presentó en un cato publico en el Born se presentó el manifiesto: "Per la ruptura amb el Franquisme i la fi de la impunitat dels crims de la dictadura" [Por la ruptura con el Franquismo y el fin de la impunidad de los crímenes de la dictadura]. El acto, al que asistieron unas 150 personas, fue presentado por Laia Altarriba y amenizado musicalmente y de forma esplendida por La Portátil FM.

El acto contó con las intervenciones de: Josep Fontana, historiador y catedrático emérito (IUHJVV-UPF), Josep Maria Pi i Janeras, ex-preso político del franquismo y víctima de la tortura Diego Paredes Manot (Hermano de Txiki ‘’, uno de los últimos fusilados del franquismo), Begoña Casado, de la Asociación Memoria contra la Tortura y de Ermengol Gassiot, arqueólogo que ha participado en las exhumación de personas asesinadas por el fascismo.

El acto es el inicio de la campaña ciudadana por el fin de la impunidad franquista y los crímenes de la dictadura. Esta campaña quiere poner de manifiesto que la actual democracia, de baja intensidad, no es más que la continuación del régimen anterior, ya que de ninguna forma se ha conseguido hacer desparecer de las instituciones judiciales, políticas y policiales, algunas de las prácticas propias del franquismo.

Las intervenciones de los y las invitadas mostraron la situación esperpéntica que v se vive hoy el estado español, en los diferentes campos de la memoria histórica y de la lucha contra la impunidad del franquismo. Quedó suficientemente claro que al actual régimen político, sólo le interesa poner punto y final a la lucha memorialista contra los crímenes y por los derechos de los represaliados por la dictadura y durante la transición.

Especialmente emotiva fue la intervención de Josep Maria Pí, expreso político, que fue torturado en la prisión modelo de Barcelona por protestar contra la pena de muerte, éste tuvo palabras de recuerdo para los demás presos políticos que sufrieron, como él, lesiones crónicas debido a las palizas y la tortura a manos de la repugnante policía franquista, algunos cosos de la cual todavía patrullan por las calles del estado español. También recordó que otras personas no tuvieron tanta suerte y entraron a formar parte de la lista de asesinados o desparecidos que aún hoy se sigue sin saber dónde se encuentra sus restos.

Ermengol Gassiot, arqueólogo que participó en la exhumación de varias fosas de represaliatdos por los cuerpos militares y paramilitares en los primeros días del golpe militar, fue escalofriante. La justicia no ha llegado a la inmensa mayoría de las víctimas del terror fascista, pese a saber dónde se encuentran sus familiares enterrados y haber denunciado la situación a las autoridades. Estas personas topan con los ojos cerrados de un estamento burocrático que defiende la memoria sólo de cara a la galería.

Por parte suya Begoña Casado, miembro de memoria contra la tortura, señaló que la tortura y las condiciones de violaciones de derechos humanos son plenamente vigentes en el estado español y que constituyen una aberrante herencia del fascismo, a la cual los cuerpos de seguridad de la modélica democracia transicional, se han vuelto a acostumbrar si es que alguna vez habían dejado de hacerlo.

Escalofriante ha sido también el testigo de Diego Tabicas Manot, hermano de Txiki, uno de los últimos asesinatos por los fascismo nacional católico. Txiki murió cantante lel Eusko gudariak (himno del soldado vasco) mientras, destrozado, recibía impactos de bala en el abdomen para que sofriera más según relató su hermano mayor que asistió al "fusilamiento".

Diego señaló, que últimamente a Euskal Herria se están produciendo un retroceso en los derechos democráticos, pues se está intentando criminalizar a los antifeixistes que lucharon por la libertad de los pueblos del Estado español y que murieron o fueron torturados en las dependencias policiales y penitenciarias durante la dictadura franquista y la transición..

Josep Fontana, historiador, destacó que la ruptura con el franquismo debe darse inmediatamente puesto que las atrocidades absurdas que se cometieron por acabar con cualquier germen democrático, fue lo suficiente fuerte para perdurar todavía hoy, tras la mal denominada transición a la democracia.

Laia Altarriba ha invitado a todos los demócratas a firmar el manifiesto y hacerse eco de la campaña que pretende señalar a los herederos del fascismo que hoy siguen acomodados y disfrutando de los beneficios que ganaron de manera ilícita y criminal.

El manifiesto ha sido subscrito por más de sesenta entidades de los Países Catalanes, reivindica la ruptura con el Franquismo y el fin de la impunidad de los crímenes de la dictadura. Las entidades firmantes entendemos que para poder hablar de democracia en el estado español hace falta romper de una vez por todas con la dictadura. Pues está será la única manera de construir una verdadera sociedad democrática e igualitaria donde se respeten todas las libertades individuales y colectivas. Como dijeron las personas que intervinieron es imprescindible reivindicar la ruptura, aún pendiente, con el franquismo, pues hoy en día existen todavía elemento residuales de esa dictadura como la Audiencia Nacional española. Y además otras instituciones del estado han sido y son cuestionadas por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. El caso paradigmático es el del ex-juez de la ANE, Baltasar Garzón quien no goza de la confianza, de la credibilidad ni legitimidad suficiente por parte de amplios sectores de la izquierda consecuente para juzgar los crímenes del franquismo.

Los firmantes del manifiesto no están de acuerdo que se juzgue a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes del Franquismo. Pero en cambio, sí que consideran que se debería juzgar Garzón por haber encubierto la tortura, tal y como denuncian varios informes internacionales.

Entre las entidades firmantes del manifiesto, que fue leído en el acto se encuentran, entidades de la memoria como la Asociación Memoria Contra la Tortura, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya – ARMHC o el Foro por la Memoria del País Valenciano. Además, apoyan un amplio abanico de organizaciones de la izquierda política y sindical, entidades sociales, además de colectivos de ámbito local. De las entidades que apoyan, a la rueda de prensa de este mediodía han asistido representantes de la CGT Catalunya, Adelante, la CUP, las JERC, las Jóvenes del PSM (Partido Socialista de Mallorca). Además de las organizaciones adheridas, más de 300 personas del mundo académico, cultural, comunicativo, educativo, sindical, político y de otros ámbitos apoyan al manifiesto. Destacan las adhesiones de historiadores estudiosos del franquismo como el catedrático de la UPF Josep Fontana o el profesor de la Universidad de Sevilla Francisco Espinosa.

Entre los firmantes se encuentran diversos ex-presos políticos del franquismo, entre ellos el compañero Josep Maria Pi, quien nos explicó su terrible experiencia vital en al Cárcel Modelo de Barcelona, donde fue brutalmente torturado.

Para los intervinientes como el amigo Diego Paredes es imprescindible acabar con la hipocresía de quienes frenan la justicia con las víctimas, y con todas y cada una de ellas incluidas las del postfranquismo o transición.

La reivindicaciones del manifiesto del manifiesto unitario son las siguientes:

1. Depurar las responsabilidades políticas de los crímenes del franquismo, que además de las desapariciones y ejecuciones, también contemplan los encarcelamientos, las torturas, expropiaciones de bienes a particulares, etc.

2. Derogar la Ley de Amnistía del 1977 que mantiene la impunidad.

3. Decretar la ilegalidad de las medidas represivas del franquismo, como las derivadas de la Ley de responsabilidades políticas.

4. Suprimir la Audiencia Nacional, heredera de los tribunales de excepción de la dictadura.

5. Revisar y restituir las propiedades confiscadas, y aquellas adquiridas mediante compras forzosas a personas reprimidas (muertas, presas, exiliadas, etc.).

6. Reformar de la Ley de la memoria histórica, por tal que facilite la reparación judicial a las víctimas y no sólo un reconocimiento nominal por vía administrativa.

7. La creación de un tribunal especial por afrontar este proceso que ya hace años que s’e tendría que haber abierto contra la dictadura

Los españoles, a favor de investigar los crímenes del franquismo
Tres de cada cinco ciudadanos no quieren que queden impunes los delitos de la dictadura

PÚBLICO MADRID 10/05/2010 08:20

España demanda que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. Tres de cada cinco ciudadanos no quieren la impunidad del régimen. La conclusión, rotunda, la arroja el último Publiscopio, realizado sobre la base de 800 entrevistas entre el 3 y el 5 de mayo, apenas una semana después de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles del país a favor del castigo judicial a la dictadura y en defensa del magistrado Baltasar Garzón.

En concreto, el 59,2% de los consultados "está de acuerdo" con que se investiguen los crímenes políticos de Franco que han quedado impunes. A ello se opone un 26,9%. Otro 14% prefiere no opinar.

El 58% censura al Supremo por abrir causa contra el juez de la Audiencia

La exigencia de que se abra una causa contra el régimen ha calado hondamente entre los socialistas. Hasta un 75% de los votantes del PSOE se manifiesta a favor, y sólo un 14% se dice contrario.
Los socialistas, con el juez

El PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, han subrayado su rechazo frontal a que se pueda enjuiciar el franquismo. Sin embargo, sus electores, a tenor de los datos del Publiscopio, no lo tienen tan claro: un 34% de los votantes conservadores sí quiere que se indague el horror del régimen, y otro 53% lo cree inconveniente.

Hasta un 34% de los votantes del PP cree que hay que juzgar el régimen

Son los jóvenes de 18 a 29 años los que se expresan más partidarios de juzgar el franquismo. Un 70% está de acuerdo. El apoyo decrece en cambio conforme aumenta la edad. Así, entre los mayores de 60 años, sólo respalda la persecución judicial un 45%.

La encuesta descubre otro dato incontestable: el apoyo de la mayoría de los españoles a Garzón. Un 58,1% no está de acuerdo con que el Tribunal Supremo (TS), a instancias del juez instructor, Luciano Varela, haya decidido procesarle por haber cometido una presunta prevaricación al haberse atrevido a encausar los crímenes franquistas. Un 21,9% sí cree pertinente que se le siente en el banquillo.

De nuevo, se observan fugas en las filas conservadoras. Aunque un 52% de los electores del PP defiende el proceso al juez de la Audiencia Nacional como hace la cúpula del partido, otro importante 31% se manifiesta contrario.

La mitad de los españoles respalda que se eliminen los símbolos franquistas

Entre los electores socialistas prima la cohesión: un 75% no está de acuerdo con la decisión del TS, frente a un 8% que la avala. Asimismo se constata que los jóvenes son los más concienciados: hasta un 64% de los encuestados entre los 18 y los 29 años censura que se vaya a juzgar a Garzón.
La norma se conoce más

El Publiscopio también recoge la valoración ciudadana acerca de la Ley de Memoria Histórica, como ya hizo en octubre de 2007, dos meses antes de que las Cortes ratificaran definitivamente la norma. En menos de tres años, ha aumentado 7,5 puntos el apoyo a la misma y la concienciación social. Si en octubre de 2007 un 34% se mostraba de acuerdo con la ley, en 2010, ese porcentaje sube al 41,5%.

En tres años, sube más de siete puntos el apoyo social a la Ley de Memoria

El índice de rechazo baja, y pasa del 27,6% al 27,3%. Una variable que sí evoluciona es el volumen de sondeados que confiesa no saber nada sobre la ley. En 2007, se cifró en un 38,5%. Hoy, en el 31,3%.

La ley gusta más a los consultados con edades comprendidas entre los 30 y los 59 años. Y convence al 59% de los votantes del PSOE. Entre los electores del PP, es llamativo que un 22% defiende las líneas maestras de la norma.

Múltiples indicadores refuerzan la idea de que la Ley de Memoria ha generado mayor aceptación. Por ejemplo, cuando se pregunta si se respalda "que se eliminen los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura". El 51,1% responde que sí, que lo apoya. Tres años atrás, estaba a favor un 44,7%.

La mitad de los españoles respalda que se eliminen los símbolos franquist!

Otro abultado 62,4% secunda que se concedan ayudas a los represaliados por Franco, frente al 53% que lo creía oportuno cuando se aprobó la norma. Esta medida también cuenta con el plácet de un 47% de los votantes del PP.

Igualmente crece el porcentaje de los que juzgan conveniente que se condene la dictadura: pasa del 52,4% al 57%. Sólo se contrae el número de los que aprueban que se declaren "ilegítimas" las condenas de los juzgados franquistas por causas políticas, del 49,1% de 2007 al 41,4% de hoy.
A favor de exhumar las fosas

Las ayudas a las víctimas reciben el beneplácito de los electores del PP

Vista la ley con perspectiva, un 47,5% cree que sí ha "fomentado el odio y la división entre los españoles", mientras que un 39,5% juzga lo contrario. Son también más, en cambio, hasta un 38,1%, los que entienden que la norma no "se ha quedado corta". La afirmación suscita controversia entre los votantes del PSOE, ya que en su mayoría (un 39%) tacha la ley de insuficiente.

El Publiscopio se cierra con otra cifra de apoyo a la memoria histórica: un 64,5% pide al Gobierno central que ponga los medios para que se saquen los cadáveres de las fosas franquistas. Rechaza la intervención del Ejecutivo un 24,8%.

La contradicción en el PP emerge otra vez: un 49% de sus electores reclama que se exhumen los restos. Un 40% de ellos no lo cree sensato. Los votantes socialistas lo tienen mucho más claro. Casi un 80% considera necesario que el Gobierno aborde la cuestión.

Naciones Unidas A/HRC/13/NGO/91

Asamblea General Distr. general

26 de febrero de 2010

Español solamente

A/HRC/13/NGO/91

2

La desaparición forzada y los mecanismos de impunidad en España

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Celebramos la ratificación por España de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 24 de septiembre de 2009. A pesar de ello, el proyecto de ley para la reforma del Código Penal que el Gobierno remitió a las Cortes el 13 de noviembre de 2009, no se plantea la necesidad de incorporar el delito de desaparición forzada, lo que sería necesario en cumplimiento de las obligaciones convencionales. Se debiera aprovechar esa reforma para armonizar el derecho interno conlas exigencias del derecho internacional. La desaparición forzada que no reúne los elementos de crimen de lesa humanidad –porque es llevada a cabo de manera esporádica o aislada-, no se halla aún contemplada como tal en el Código Penal, a pesar de ser un crimen de derecho internacional. El Art. 166 del Código se refiere al delito común de detención ilegal o secuestro sin razón del paradero, cuya definición está lejos de satisfacer la tipificación del derecho internacional. La desaparición forzada de personas constituye un delito permanente o continuado. Así ha sido interpretado por tribunales y otros mecanismos internacionales. No es este el entendimiento de las autoridades judiciales españolas.

La imprescriptibilidad resulta de la condición de crimen de derecho internacional que la desaparición forzada ostenta y la jerarquía de norma imperativa que tiene la prohibición de la misma. No obstante, en caso de haber plazos de prescripción, éstos solo empezarían a contar a partir del momento en que cesa el crimen, es decir, desde que se hubiera esclarecido lo sucedido, establecido la suerte de la persona desaparecida o sus restos identificados. De ahí que no se viole el principio de irretroactividad de la ley penal.

En España, no sólo no se sigue tal tendencia, sino que el proyecto de ley para la reforma del Código Penal no contempla la modificación de los artículos 131.4 y 133.2 para ampliar la imprescriptibilidad a la acción y la pena correspondientes al delito común de detención ilegal o secuestro sin razón del paradero del artículo 166 del Código Penal.

El derecho internacional consuetudinario contiene disposiciones de carácter obligatorio que prohíben que los autores de actos de desaparición forzada se beneficien de leyes de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. En base a las disposiciones de la Convención queda igualmente patente la imposibilidad de aplicación de ninguna norma de amnistía.

Pues bien, en España sigue vigente la Ley 46/1977, de Amnistía, a pesar de que es una ley preconstitucional que choca con disposiciones de la Constitución española de 1978.Esta ley infringe normas internacionales vinculantes para el Estado tanto en el momento de su promulgación como hoy en día, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo curioso es que los tribunales españoles han considerado de manera reiterada que las amnistías u otras medidas análogas, concedidas por terceros Estados para crímenes de derecho internacional, no son vinculantes y por tanto carecen de validez en España, no ocurre lo mismo en el caso de los delitos de lesa humanidad cometidos en España.

1 Las siguientes ONG sin estatuto consultivo comparten también esta declaración: la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España A/HRC/13/NGO/91

3

El Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales al quinto informeperiódico de España, tomó nota de la decisión del Magistrado B. Garzón de examinar la cuestión de los desaparecidos en España durante la guerra civil y la posterior represión franquista (1936-1974). El Comité instó a España a tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales. Asimismo expresó su preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía y señaló a la atención de España su observación general nº 20, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto. Así, concluyó que España debía “considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977”2.

También el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales al quinto informe periódico de España de 19 de noviembre de 2009, recordó que "los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía". Por lo que el Estado debe ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, así como repararles e indemnizarles 3.

España rechazó el 8 de enero de 2009 las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos al afirmar que “el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia en España. (..) Además, no sólo la sociedad española sino también la opinión pública mundial es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley. Por estos motivos, el Estado español lamenta la inclusión de este punto en las observaciones del Comité, considerando que se han cometido disfunciones procesales en términos de (…) determinación de los hechos (desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía).”

No sorprende por tanto la ausencia de voluntad política para hacer efectivo el derecho de los familiares de las víctimas a conocer el paradero de las víctimas y acceder a mecanismos efectivos de reparación. En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para rechazar el pedido de investigar. De tal forma no sólo se perpetúan mecanismos de impunidad, sino que se está quebrantando el derecho internacional.

Por otro lado, la admisión a trámite por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella por supuesta prevariación del Magistrado B. Garzón por haber iniciado en 2008 la investigación de las denuncias de familiares de víctimas de desaparición forzada durante la guerra civil y la posterior represión franquista, muestra no sólo un preocupante desconocimiento del derecho internacional (que forma parte obligada del derecho español por mandato constitucional, conforme a los Arts. 10.2, y 96 de la Constitución), sino que incide de lleno en la obligación de proteger a las víctimas e impartir justicia que intentaba abordar el juez querellado.

El Magistrado B. Garzón simplemente había cumplido con la obligación internacional que tienen todos los Estados de investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación de derechos humanos, establecer los hechos, depurar responsabilidades y reparar a las víctimas. Aplicar la ley de forma respetuosa con el derecho internacional para eliminar los obstáculos internos que perpetúan la impunidad es, sin lugar a dudas, lo que debería hacer todo juez, máxime en el caso de graves violaciones a los derechos humanos por constituir crímenes internacionales.

2 CCPR/C/ESP/CO/5, de 27 de octubre de 2008, párrafo 9.

3 CAT/C/ESP/CO/5, de 9 de diciembre de 2009, párrafo 21.

A/HRC/13/NGO/91

4

El 3 de febrero de 2010 el Magistrado del Tribunal Supremo que imputa a B. Garzón por prevaricación confirmó su decisión argumentando que (i) “la consideración del contexto como delito de lesa humanidad no autoriza a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía”, (ii) “es manifiestamente irrazonable ignorar la prescripción de los delitos de “detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima”,

(iii) “es manifiestamente contrario a Derecho no excluir la relevancia penal de los hechos denunciados por la Amnistía establecida en la ley 46/1977, de 15 de octubre”. Al defender la aplicación de la Ley de Amnistía, el Magistrado ignora derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional y las obligaciones derivadas, por lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

Recomendaciones

Consideramos que el Consejo de Derechos Humanos debiera recomendar al Gobierno de España:

1. Respetar la independencia judicial y apoyar a través de la Fiscalía General las investigaciones judiciales sobre crímenes contra la humanidad, en particular las desapariciones forzadas.

2. Derogar inmediatamente la Ley de Amnistía de 1977 y establecer una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil y la posterior represión franquista.

3. Incluir el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal (Título de los “delitos contra la comunidad internacional”) y definirlo conforme al derecho internacional.

4. Asegurar la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

5. Asegurar que los tribunales puedan aplicar la imprescriptibilidad en forma retroactiva en los casos de crímenes de derecho internacional, cualquiera que sea la fecha

en que se hayan cometido.

6. Retirar la eximente de “obediencia debida” e introducir la responsabilidad penal de jefes y otros superiores; y

7. Asegurar que en materia de desaparición forzada y otros delitos o crímenes internacionales no sean aplicables inmunidades ni amnistías.



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AREMEHISA en Aguilar de la Frontera COMUNICADO

AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.

AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.

Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.

En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.

A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.

IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZON DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

Comunicado de prensa
IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo


Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.

Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.

La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.

Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que al respecto hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.

PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.


3 de septiembre de 2008

Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana




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AHAZTUAK CONSIDERA QUE LA INICIATIVA DE GARZON DEJA EN EVIDENCIA EL MODELO ESPAÑOL DE IMPUNIDAD

Ahaztuak considera que la iniciativa de Garzón deja en evidencia "el modelo español de impunidad"

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ahaztuak 1936-1977 consideró hoy que la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información del Gobierno central, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, deja en evidencia "el modelo español de impunidad".

En un comunicado, la Asociación de Víctimas y Represaliados del Franquismo en el País Vasco se refirió, de esta forma, a la petición judicial realizada por Garzón para conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron sus desapariciones, sus ejecuciones extrajudiciales y sus enterramientos y si constan en algún registro.

A su juicio, la iniciativa del juez Garzón, "el mero hecho de que se produzca en 2008, deja en evidencia el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo".

Para Ahaztuak, "es tan esclarecedor como interpelativo el hecho de que más de 70 años después del golpe fascista del 18 de Julio de 1936 y más de treinta años después de la muerte del dictador Franco y del inicio del actual régimen democrático todavía no exista un censo oficial de los represaliados, asesinatos y desaparecidos por el franquismo".

La asociación dijo desconocer "en qué derivará una investigación de estas características, si avanzará en la búsqueda de los desaparecidos o si llegará a investigarse los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado". Sin embargo, afirmó que esta decisión de Garzón "refleja que el modelo español de impunidad en el que se cimentó el final de la dictadura no es fácilmente sostenible".

Ahaztuak aseguró que "queda en evidencia tanto el impulso que desde los diferentes gobiernos que han dirigido el Estado desde la muerte del dictador ha tenido ese modelo de impunidad, como el que la labor que debería haber desarrollado la Justicia o una "Comisión de la Verdad" ha sido llevada a cabo durante décadas exclusivamente gracias a iniciativas populares, asociaciones de familiares y colectivos de recuperación de la memoria histórica y de victimas del franquismo como el nuestro".

Para Ahaztuak, esta nueva situación es también positiva porque supone "un nuevo impulso para la dinámica que busca esclarecer los hechos y poder avanzar hacia medidas reales de Justicia". En ese sentido, recordó que "la elaboración de un censo completo como el pedido -y pueblo a pueblo en todos los pueblos, no sólo en algunos- es una reivindicación antigua de los que trabajamos en este ámbito, que desde el comienzo de nuestra actividad hemos planteado la irrenunciable necesidad de saber y que se sepan todos los nombres, para que todos seamos conscientes de la magnitud de los crímenes cometidos por los franquistas".

Según recordó, para llevar a cabo esta labor han planteado la necesaria implicación de todas las instituciones comenzando por las instituciones municipales, "pero no con un objetivo historicista o de documentación de lo ocurrido, sino para que se convierta en un herramienta útil para la difusión, concienciación y sobre todo para conseguir justicia para todas esas miles de víctimas, anulando sus sentencias, reparando sus nombres y esclareciendo las responsabilidades de los culpables".

Ademas, Ahaztuak consideró que estos hechos "muestran que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos" y que "no sólo hemos conseguido mantener vivo el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias en la actualidad, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados por el franquismo como una herramienta democrática de presente y futuro".

Por último, la asociación pidió que la iniciativa no se convierta "en una simple cuestión de amplia repercusión mediática o aparente calculada desde los poderes que hasta ahora han impulsado el modelo español de impunidad que tantas veces hemos denunciado con otras intenciones que no sean las de ofrecer, de una vez por todas, verdad, justicia y reparación a las victimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista".